martes, 17 de febrero de 2015

SOBER TODO CON HAMBRE...MUCHA...

Elisa Carrió irá a la marcha del 18F, pero no llegará hasta Plaza de Mayo

La diputada de la Coalición Cívica (CC) y precandidata presidencial Elisa Carrió , confirmó hoy que apoya y asistirá a la marcha del silencio del miércoles, organizada por un grupo de fiscales en solidaridad con Alberto Nisman , pero con una salvedad: hará un itinerario distinto al pautado por los organizadores.
"Nosotros acompañamos la #MarchaDelSilencio hasta el Obelisco, Plaza de la República. Bajo ningún concepto vamos a Plaza de Mayo", manifestó Carrió hoy en Twitter.
Según confirmaron a LA NACION allegados a la precandidata presidencial, su decisión de finalizar la movilización en el Obelisco se debe a una "cuestión de seguridad personal" y porque "históricamente" las manifestaciones de la diputada tuvieron lugar en la Plaza de la República.
"#18F Todos a la marcha sin rencor, sin violencia y sin miedo. Con hambre y sed de justicia", señaló en otro de sus mensajes. Para la diputada, "la violencia de los discursos de dirigentes oficialistas contra la marcha del 18 y las propias palabras de la Presidenta muestran que la situación institucional se está agravando".
#18FNosotros acompañamos la #MarchaDelSilencio hasta el Obelisco, Plaza de la República.Bajo ningún concepto vamos a Plaza de Mayo.&.mp;- Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 16, 2015
Carrió había convocado a la movilización del 18 de febrero e instó a los manifestantes "a no tener miedo". "Hay que ponerle el cuerpo a la marcha. Hay que ponerle el cuerpo a la República y a la Constitución para poder salir a la libertad. Hay que marchar para dar testimonio de la verdad y mostrar sed de justicia", sostuvo Carrió, que competirá con Macri en las PASO de agosto próximo.
La marcha del silencio organizada por jueces y fiscales para el 18 de febrero próximo, cuando se cumplirá un mes de la muerte de Alberto Nisman , acrecentó las diferencias entre el kirchnerismo y la oposición. Desde el Gobierno, en cambio, intentaron deslegitimar el reclamo y calificaron de "oportunistas" a los dirigentes de la oposición que anunciaron que irán a la marcha del silencio.
Hoy, Carrió volvió a asegurar que hay una operación de inteligencia en la Argentina, presidida por el jefe del Ejército, César Milani. E informó que participará el miércoles del debate del Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
"Advertiré y expondré sobre la intromisión del Jefe de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia a su cargo en la violación de las instituciones democráticas y de la Constitución, de conformidad a lo establecido con el artículo 36", sostuvo Elisa Carrió.
"Nuestro deber es defender la Constitución y la República frente a los embates del General Milani", insistió la precandidata presidencial.

La nación

Por mayor afluencia de turistas, las ventas en carnaval subieron 4,5%

El Cronista Comercial
© El Cronista Comercial
Más de dos millones de turistas recorrieron el país este fin de semana largo, con un gasto estimado en $ 3.526 millones y un incremento interanual de 4,5 por ciento en las ventas medidas en cantidades, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
De acuerdo con el relevamiento, los veraneantes moderaron sus gastos: con una estadía media de cuatro días, el gasto promedio diario se ubicó en $ 430 por persona, o 19,4% por encima de los $ 360 calculado en los carnavales de 2014.
Pero esa retracción en términos reales (tomando tanto la inflación oficial como mediciones alternativas), se vio compensada por la mayor afluencia de turistas. Según datos del Ministerio de Turisimo, en estos carnavales hubo 450.000 turistas más que en 2014 que viajaron y pernoctaron por Argentina. En total, 2.050.000 de personas aprovecharon el fin de semana largo para hacer turismo.
La cantidad de 2 millones de turistas estuvo en línea con los carnavales de 2012 y 2013. El año pasado, la cantidad de veraneantes para este fin de semana largo había caído sustancialmente a casi 1,6 millones. Las ventas medidas en cantidades habían bajado 3,6% interanual el año pasado, de acuerdo con los datos de CAME en base a cámaras de comercio y federaciones regionales.
"En general, los turistas siguen cuidadosos con sus gastos, pero al caer en febrero este año viajó bastante más gente que en 2014. Eso provocó un mayor volumen de consumo", destacó CAME. "El buen clima, el calendario de fiestas y eventos muy amplio, y la coincidencia de la fecha con el último tramo de las vacaciones de verano, alentaron a las familias a viajar. Además, de por sí los carnavales son convocantes, lo que le da más atractivo a este feriado largo, que ya compite en importancia con Semana Santa", analizó la entidad empresaria.
A eso se sumó el festejo de San Valentín. "Casi un millón de personas se sumaron a esos festejos este año. Muchas parejas optaron por viajar unos días dentro del país, mientras otras simplemente se tomaron un día recreativo, o adquirieron algún presente. Eso generó un movimiento comercial interesante en algunos rubros", indicó CAME.
El 95 por ciento de los turistas que viajaron este fin de semana largo eligió destinos locales, según datos oficiales. A su vez, el 79% de las familias viajó en busca de "ocio o esparcimiento", mientras el 21% lo hizo "para visitar a familiares y amigos u otros motivos, aprovechando el feriado largo".
El relevamiento de CAME comprendió a cuarenta ciudades de todo el país. La Costa Atlántica, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, las Cataratas, Salta y Córdoba, fueron los destinos más elegidos.
Se estima que este año hubo más de 20.000 espectáculos y eventos artísticos, deportivos, y musicales durante los cinco días que durarán el fin de semana (entre viernes y martes). Lo más destacado fueron los carnavales, que ya no se festejan sólo en plazas tradicionales como Gualeguaychú.

› OPINION El lado útil de la marcha

Por José Massoni *
Como el próximo miércoles no estamos ante un homenaje a un funcionario judicial muerto –hasta ahora por desconocidas razones– sino ante un acto político, me permito examinarlo desde uno de los ángulos de su beneficio. Mi perspectiva es la de cuarenta años de trabajo en el Poder Judicial de la Nación, como empleado, secretario de juzgado y de cámara, fiscal, juez y juez de cámara, enriquecida con la que tuviera desde afuera de aquél, al pasar al rol de litigante como abogado del Poder Ejecutivo en mi carácter de titular de la Oficina Anticorrupción desde que se creó, en 1999, hasta 2003. El 23/9/07, una nota de La Nación calificaba como un “diagnóstico extremadamente crítico” el realizado en mi libro La Justicia y sus secretos (Del Puerto, 2007), en el que básicamente postulaba que, mediante el mantenimiento de las formas coloniales, el colectivo judicial había conformando una corporación privilegiada, de cuño ideológico y moral conservador, al servicio de la matriz oligárquica del país y a sus manifestaciones de poder real.
Era una visión fortalecida por la práctica como abogado ante la corrompida, arbitraria, menos que mediocre actividad de jueces federales. En rigor, apuntaba desde varios años antes. En 1997, siendo juez de cámara en un tribunal oral, el cronista de La Nación Revista recogía “...el juez Massoni representa, cabalmente, a decenas de jueces que trabajan en silencio; que han hecho de la honestidad y la austeridad una especie de culto. El, como tantísimos otros hombres de la Justicia, es la imagen de lo que bien podría llamarse los jueces del hartazgo”. Era verdad, una treintena, hastiados de vernos injustamente involucrados en el descrédito social, un día decidimos actuar en defensa propia, y así surgió Encuentro de Jueces, un movimiento de jueces dispuestos revertir esa sensación, o que los hiciera sentir que estábamos haciendo algo para modificarla. Entonces, en 1994, comenzamos a hacer una especie de centro de reflexión, encuentros, por así decir, semanales o quincenales. Hicimos pública nuestra opinión acerca de que era vergonzoso que los jueces no pagaran el Impuesto a las Ganancias, redactamos el primer anteproyecto de ley del Consejo de la Magistratura y nos propusimos modificar las estructuras judiciales. Es patente que no lo logramos y demasiados años han pasado.
Sin embargo, llegaron los tiempos mejores. El sostenido avance de la institucionalización democrática ocurrido en la última década, que en el campo judicial ha tenido como última manifestación el nuevo Código Procesal Penal Nacional y la ley de Inteligencia en camino de sanción, tiene una potencia democratizadora que la corporación judicial no puede tolerar. El avance de la democracia ha demostrado que la corporación no era sólo un quiste de la República, sino un absceso. En estos días reventó y el miércoles 18 derramará su pus, con sustancia de elementos ponzoñosos pero también células muertas y fluido inerte.
No es malo para el campo popular que se muestren tal como son, acompañados no sólo por políticos oportunistas, sino también por las peores escorias de nuestra sociedad.
* Ex juez. Ex titular de la Oficina Anticorrupción.

› DANIEL RAFECAS COMENZARA A ANALIZAR LA PRESENTACION DEL FISCAL La pelota en la cancha del juez

El juez federal Daniel Rafecas anticipará la vuelta de sus vacaciones y mañana ya empezará analizar el requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita para que se investigue la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, en la que involucró a Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otras personas. Rafecas deberá evaluar si la presentación tiene entidad como para abrir una causa y ordenar medidas de prueba, para lo cual cuenta con un plazo de tres a cinco días. También estudiará un escrito de la Procuración del Tesoro que refuta la acusación.
Pollicita presentó su requerimiento de instrucción el viernes último y pidió 50 medidas. Lo que hizo, como era esperable, fue dar impulso a la denuncia presentada por su colega fallecido. Lo citó con comillas y usó el potencial, sin pedir indagatorias. El dictamen de Pollicita no agrega nada, y dice que habrá que investigar. El planteo de Nisman fue que a su entender la Presidenta dio una directiva para montar un plan de encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque terrorista porque lo que se buscaba era lograr mejorar las relaciones económicas con Irán. Según se desprende de la presentación de la Procuración, se basó en hechos inexistentes: decía que se buscó levantar las alertas rojas contra los iraníes con pedido de captura, algo que el entonces secretario de Interpol Ronald Nobel refutó; que se iba a presentar una pista falsa acusando a “fachos locales” del atentado, lo que nunca nadie presentó ni al juez ni al fiscal, y que se canjearían granos argentinos por petróleo iraní, cuando la Argentina nunca compró petróleo a ese país ni tiene refinerías apropiadas.
Según Nisman, el Memorándum de Entendimiento con Irán, que buscaba lograr la declaración indagatoria de los iraníes, en realidad era la forma de allanar su impunidad. Pollicita pone en un primer plano a la Comisión de la Verdad que se proyectaba, con juristas internacionales, que nunca se creó. El memorándum fue votado por el Congreso.
Cuando hizo su presentación el 14 de enero, Nisman no adjuntó pruebas sino que citó escuchas telefónicas a Yussuf Khalil, un argentino de la comunidad chiíta. De ellas se supone que surge su imputación al diputado camporista Andrés Larroque, a los dirigentes Luis D’ Elía (Miles) y Fernando Esteche (Quebracho) y al supuesto espía Allan Bogado. En esas llamadas por supuestas gestiones con Irán, no hablan ni la Presidenta ni el canciller Héctor Timerman.

OPINION Lo que está en juego es la cloaca

 Por Martín Granovsky
El fiscal de Cámara Germán Moldes dijo ayer a Radio Mitre: “Le tememos al pronóstico meteorológico y a nada más”. Lo afirmó al explicar que los fiscales no tienen miedo tras la muerte de Alberto Nisman, aunque sus familiares sí. La frase sobre el tiempo pareció aludir a la marcha convocada para mañana por él y los fiscales afines. La página www.wea
ther.com pronosticaba ayer 80 de probabilidad de lluvias. También tormentas. Es poco serio cifrar el análisis político en que haya más o menos lluvia, porque nadie puede saber si eso significará más o menos gente marchando detrás de Moldes y su grupo integrado por Guillermo Marijuán, José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Raúl Plee y Ricardo Sáenz. Suena más interesante preguntarse por qué un magistrado que no habla en público –como es el caso de Moldes– decidió que éste es el momento de comunicarse a través de los medios todos los días.
La verborragia podría explicarse si fueran ciertas sus propias manifestaciones. El domingo, entrevistado en La Nación por Adrián Ventura, Moldes explicó lo siguiente: “Nisman demostró tener mucho coraje cuando radicó una denuncia en un tema que, hasta ahora, había sido tabú. Y ese acto de valor le costó la vida. La muerte de Nisman fue injusta. Los fiscales nos preguntábamos qué hacer y cuando advertimos que la sociedad estaba organizando una marcha, nos sumamos. Así fue como nació”.
Ante la pregunta de si Nisman fue asesinado, Moldes dijo no saberlo. Vale la pena citar textualmente qué argumentó después: “Pero la muerte ocurrió en circunstancias extremadamente dudosas. Es imposible separar la muerte de Nisman de la denuncia previa que había presentado contra la presidenta Cristina Kirchner y de la presentación que al día siguiente de su muerte iba a hacer en el Congreso. Es una secuencia que explica por sí sola que fue una muerte política. A Nisman no lo mataron por una deuda de juego, ni fue un motochorro”.
Pasadas en limpio, las declaraciones de Moldes dan lugar a varias preguntas.
¿Nisman tuvo un coraje del que Moldes careció?
¿Moldes conocía circunstancias presuntamente delictivas en relación con Irán que no dio a conocer por miedo?
Si, para Moldes, la muerte ocurrió en circunstancias dudosas, ¿para qué hacer una marcha cuando la fiscal Viviana Fein está investigando el fallecimiento justamente como “muerte dudosa”?
¿Qué quiere decir Moldes cuando habla de “un acto de valor” que a Nisman “le costó la vida”?
Cuando alguien dice que algo le costó la vida a una persona, jamás piensa en un suicidio. ¿Moldes tiene una hipótesis de homicidio y la oculta como fiscal?
¿Cómo sabe Moldes, en su carácter de funcionario público y fiscal, y no como simple ciudadano que observa una secuencia de hechos, que la muerte tiene directa relación con su denuncia pública contra la Presidenta y con el testimonio que prestaría al día siguiente en el Congreso?
¿Qué significa que “la muerte de Nisman fue injusta”? ¿Qué sería, para Moldes, una muerte “justa”?
¿Por qué afirma Moldes que la secuencia “explica por sí sola que fue una muerte política”? ¿Qué elementos tiene y qué elementos debería reunir la Justicia según su criterio de fiscal de Cámara?
Una discusión posible consiste en determinar si la ambigüedad de Moldes es completa y le quita la obligación de denunciar o si, por el contrario, midió mal los términos y debe cumplir con la obligación de denunciar un presunto delito, que alcanza a todo funcionario público.
En todo caso, parece una cuestión interesante para dirimir el jueves, cuando la marcha, con o sin lluvia, con mucha gente o con menos de la esperada por los organizadores, haya pasado. Demandar a Moldes por omisión de denuncia hoy o mañana sonaría tan poco serio como el ruego del fiscal a los dioses del servicio meteorológico. Hacerlo después, si fuese razonable, sería útil para que cada protagonista se hiciera cargo de sus palabras más allá de la acción psicológica que precede a una marcha.
La lluvia y el modo en que Moldes se convirtió en líder de una minoría intensa son fenómenos que acompañan a otros. Por ahora sólo pueden formularse en forma de interrogantes. Sobre todo uno: ¿qué sacó al fiscal de Cámara de la penumbra en la que solía moverse desde que accedió a Tribunales, luego de ser secretario de Población de Carlos Menem con José Luis Manzano de ministro del Interior?
Si alguien no se conformara con la explicación de que Moldes actúa porque sinceramente está conmovido por el miedo de los familiares, inclusive de los propios, tal vez debiera recurrir a otra línea de investigación. Un tema muy meneado en los últimos dos meses es el descabezamiento de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia con la renuncia exigida por la Presidenta a las dos cabezas políticas, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, y al director de Operaciones, Antonio Stiuso. Otro tema de debate público es la promiscuidad entre una parte de los servicios de Inteligencia y una parte de la Justicia Federal. ¿La promiscuidad suponía ir legítimamente en auxilio de la Justicia en causas importantes? ¿Abarcaba operaciones políticas en Tribunales? ¿Involucraba supuestas razones de Estado o ni siquiera ese argumento era necesario, porque cuando una práctica se instala como hábito ni necesita coartadas? ¿Se trataba de una secuencia, como diría Moldes, que incluía cajas ilegales de recaudación, para así ganar mayor poder, para así manejar más cajas, para así incrementar el poder, y seguir esa creación de nuevas estructuras al infinito? Está de moda hablar de los carpetazos. Es un eufemismo: en rigor son operaciones de extorsión para que alguien haga o diga algo, o deje de hacer, o deje de decir, por miedo a la revelación de secretos incómodos que aluden a vulnerabilidades impresentables. Las extorsiones, que se usan cuando la amenaza no alcanza, son sólo una parte de los aspectos mafiosos de la política, aquí y en cualquier país del mundo. Pero hablar de ellas y no meterse a investigar la relación entre las cajas ilegales y el poder incrementado gracias a esas cajas dejará a la vista una comprensión muy parcial del submundo de la política.
Ninguna hipótesis implica dejar de lado, naturalmente, una pregunta que sobrevuela los últimos dos meses, desde los cambios en la Secretaría de Inteligencia. ¿Por qué tantos años después, entonces, y no en el 2003, el 2007 o el 2011, para mencionar los comienzos del mandato de Néstor Kirchner y de los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Temieron ambos presidentes revolver un avispero que no estaban seguros de poder controlar? ¿Creyeron que lo administrarían si compartían el poder de fuego? ¿Eligieron descansar en la promiscuidad conocida pensando en que la manejarían o, más aún, en que la aprovecharían? Usando la famosa frase de Raúl Alfonsín, ¿no supieron, no pudieron o no quisieron? La pregunta no es menor, y como toda pregunta en historia, admite y requiere el análisis de cada momento concreto de los últimos doce años. Otra pregunta más: ¿por qué el Gobierno impulsó el enjuiciamiento del juez federal Juan José Galeano por el presunto armado de una causa durante la no investigación del atentado a la AMIA y dejó que el juicio oral languideciera mientras ex funcionarios eran sobreseídos? ¿Por qué, con tantas épicas en danza, no hubo una épica para buscar apoyo político popular y visibilidad para hacer posible un juicio ejemplar por encubrimiento? ¿O habrá sucedido que, transcurrido el tiempo, se fue consolidando la trama de operadores judiciales y jefes de Inteligencia y, como toda burocracia, terminó cruzando todo el Estado y sirviendo o haciendo que servía a funcionarios políticos de alto nivel?
La política y la investigación histórica irán dando cuenta de esas preguntas en el futuro, y en ese contexto la perduración de Moldes es una incógnita casi tan inquietante como las razones de la continuidad de sus amigos en los organismos de Inteligencia.
En su recorrido público de estos días, Moldes aún no explicó los motivos, revelados varias veces por este diario sin desmentido alguno, que los llevaron a él y al fiscal Raúl Plee a integrar la pléyade de morosos en la causa AMIA y a no impulsar medidas propuestas por Memoria Activa como querellante. ¿Esas medidas habrían significado un revés para la estructura de jueces y espías?



En declaraciones de ayer a Radio Mitre, Moldes criticó a Raúl Zaffaroni porque, según dijo, fue juez durante la dictadura mientras él y el dirigente del gremio judicial Julio Piumato eran torturados. El Estado terrorista que imperó en la Argentina entre 1976 y 1983 fue la peor etapa de la historia nacional, pero está claro que la condición de víctima tiene un solo costado absoluto: el encarnar la profunda injusticia de un delito cometido en el marco de un plan criminal. Haber sido víctima, sin embargo, convoca a la solidaridad humana y obliga a la reparación jurídica, pero no otorga inmunidad ni convalida moralmente ningún acto posterior. Si, por ejemplo, alguien hubiera sido picaneado y años después, ya en democracia, hubiese llegado primero al Poder Ejecutivo y después al Poder Judicial, ese sufrimiento no justificaría su flexibilidad ante las organizaciones de la inmigración ilegal china, ni tolerancia en el caso del ingreso a la Argentina y el blanqueo del traficante Monzer al-Kassar y, menos todavía, la falta de compromiso activo en la causa AMIA.
Quizá todo sea más simple de lo que parece y Moldes salió a la luz por una razón sencilla: el viejo sistema de cloacas reventó y ahora cada animalito debe arreglárselas por su cuenta. Si consigue ese objetivo de mínima, después podría buscar el reciclado de la vieja estructura para construir una cloaca nueva.
martin.granovsky@gmail.com

DERIVACIONES DEL CASO NISMAN > LA MIRADA EXTERIOR Y LA JUSTICIA I ¿Una aberración argentina?

Por Atilio A. Boron *
Se ha convertido un lugar común decir, a propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como éstas sólo ocurren en la Argentina”. Una nota aparecida en la página de opinión de The New York Times del martes 10 de febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquicoimperialista empeñado en acelerar, también en la Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la legislación electoral. Y decimos supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes en las principales democracias del mundo. Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y culpables de menos que improbable verosimilitud.
En lugar de sermonear a los argentinos por el caso Nisman, The New York Times podría hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F. Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que murieron bajo asombrosas circunstancias, para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario para matar a JFK y herir al gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y narcotraficante de Dallas, hizo lo mismo al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron tanto al descrédito del sistema judicial de Estados Unidos como ese informe refrendado por la Corte Suprema de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak, haría bien en tratar de develar las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama bin Laden, cuya supuesta muerte en mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades del océano Indico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad de la Justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros misterios –cada vez menos herméticos y más cuestionados– que rodean los sospechosos atentados del 11S.
La lista sería tan extensa que necesitaríamos una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos el caso de dos ex directores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976, falleció en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por sus colegas en la Agencia porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus operaciones secretas. Otro ex director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre 1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico, carecía de los escrúpulos que llevaron a su predecesor a sufrir un fatal accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación IránContra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los setenta presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el papel de la CIA en el golpe de Estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se descubrió que la CIA estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima sin que ésta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un amigo y consejero del presidente Clinton, que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.
Como vemos, el NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher Kelly. Había sido inspector de la ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la postura de los secuaces parlamentarios del primer ministro Tony Blair, íntimo aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después, y en medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones, Kelly apareció muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Nisman, la comisión parlamentaria dirigida por Lord Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del cadáver) y resguardarlos como material clasificado por un plazo de 70 años. Este sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura jurídica, aunque demuestran su incoherencia, o mala fe, cuando se cuidan de aplicarla a quienes conspiraron para encubrir “la pista siria” y la “conexión local”, también involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la cual sorprende lo poco que se habla.
Podríamos seguir con este listado: mencionemos sólo otros dos en suelo europeo. El del papa Juan Pablo I, que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, asesinado en las escalinatas de una calle céntrica de una ciudad segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás hallado al magnicida cuando en Suecia hasta el ratero más insignificante es aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.
De lo anterior se desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante “excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman; o no investigando la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio de Iron Mountain en Barracas, entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que estas cosas sólo pueden ocurrir en la Argentina.
* Investigador Superior del Conicet y director del PLED.

QUE LE RESPONDIO EL GOBIERNO A LA UNION INDUSTRIAL La postura oficial

El ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a responder el fin de semana a las críticas que una parte del empresariado de la UIA hizo a los acuerdos firmados con China. “Si había dudas genuinas, fueron evacuadas”, dijo el funcionario, aunque evaluó que un sector patronal “quiere enfrentar a la UIA con el Gobierno”. En esa línea se manifestó días atrás la presidenta Cristina Fernández, quien vinculó la posición de la entidad fabril con el proyecto político de Techint, principal grupo empresario del país. “Hace un tiempo decían que las inversiones prometidas eran un ‘cuento chino’. Cuando se consiguió lo que decíamos, con las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, el ferrocarril Belgrano Cargas y el swap de monedas por 11 mil millones de dólares, resulta que todo eso no sirve. Es raro que te critiquen porque lo que prometés es bueno pero no lo vas a poder hacer, y que cuando lo hacés, es malo”, respondió Kicillof.
El Gobierno recibió a los dirigentes de la UIA el jueves pasado, después de que la entidad pidiera en reunión de comité directivo una reunión para conocer más detalles sobre los acuerdos con China. Las diferencias políticas de los industriales habían quedado expuestas, porque antes de ese encuentro en la entidad se filtró un documento crítico sobre los acuerdos, sobre el que no todos estaban de acuerdo. Después del mitin con los funcionarios, los ánimos se calmaron. Kicillof dio nuevas precisiones sobre ese intercambio. “La UIA representa un conglomerado de empresas de diferente especialidad, rama y también de diferente orientación política. Sucede que hasta la llegada de Néstor Kirchner, las empresas ponían a los funcionarios, a los ministros de Economía. Eso dejó de pasar”, deslizó Kicillof en referencia a la molestia (ya histórica) con el kirchnerismo por parte de un sector del empresariado que se siente apartado de la gestión.
“En la reunión con los directivos de la UIA estaba presente una parte de la entidad que había elaborado un informe técnico que planteaba ciertas dudas con respecto a los acuerdos firmados con China. Todas esas inquietudes se hicieron públicas, porque era un informe interno, pero misteriosamente llegó a los diarios. Todas esas presunciones eran equivocadas. Las críticas estaban basadas en equivocaciones. Creo que un sector las planteó para enfrentar a la entidad con el Gobierno. Ahora hay elecciones en la UIA, veremos qué línea predomina”, criticó el ministro.
“Si había dudas genuinas, fueron evacuadas. Con respecto a la forma de contratación, les mostramos que es la misma de los acuerdos con Italia y España de 1987 y 1988. Son cláusulas estándar. Pero aparte, la contratación directa sólo aplica cuando la empresa que se contrata es del otro Estado. De hecho, en las represas hubo una licitación en donde ganó una empresa china junto con una empresa nacional”, señaló Kicillof en relación con las críticas por la posibilidad de la “contratación directa”.
Otro punto aludido por los industriales es la mano de obra. Kicillof aseguró que “los acuerdos no cambian ninguna legislación laboral ni migratoria argentina. O sea que una persona extranjera que viene al país a trabajar debe cumplir primero con las leyes de migración, luego con las leyes laborales y en tercer lugar, tienen que estar encuadrados en los convenios específicos según el sector. Este acuerdo no le da prioridad a nadie ni da por tierra la legislación vigente”. “Este gobierno, que tiene tanta preocupación por el empleo y la industrialización, no va a usar un convenio con China para desindustrializar y llenar el país de nuevos trabajadores cuando hay todavía espacio para incorporar trabajadores locales”, cerró Kicillof.