EL PAIS › DESTACAN EN OXFORD LAS INVESTIGACIONES SOBRE COMPLICIDAD EMPRESARIAL Un caso único

Mientras en Buenos Aires un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobaba sin disidencias el establecimiento de una comisión bicameral investigadora de la complicidad económica con la dictadura militar, en un seminario académico realizado en la universidad inglesa de Oxford la Argentina era señalada como el país que más ha avanzado en señalar y enjuiciar esas responsabilidades.

› Por Horacio Verbitsky

El caso argentino en Oxford: Leigh Payne, Phil Bloomer, Sheldon Leader, Sabine Michalowski y Juan Pablo Bohoslavsky.

La Argentina “ha demostrado gran capacidad de innovación, conformando verdaderos modelos de responsabilidad empresarial y combinando en forma creativa el derecho del trabajo, los códigos penal, civil y comercial y el derecho internacional de los derechos humanos, modelo que puede utilizarse en otras partes”, dijo la socióloga estadounidense Leigh Payne durante el seminario realizado en Londres y en Oxford, donde dirige el Centro Latinoamericano de la Facultad Saint Anthony. Junto con sus colaboradores Gabriel Pereira, de Tucumán, y Tricia Olsen, de la Universidad de Denver, consideró cuatro formas de responsabilidad: la complicidad directa en hechos criminales, las violaciones al derecho del trabajo, la ayuda financiera a la represión y los beneficios ilegales obtenidos mediante la violencia. La Argentina tiene ejemplos en cada una de ellas: Ledesma, Mercedes-Benz y Ford, como complicidad directa en los crímenes; los casos Ingegnieros, de Techint, y Bordi-sso, de Siderca, como violación del derecho laboral; los casos Ibáñez y Garragone, por el financiamiento a la represión prestado por bancos como el Citi y el Bank of America, que fueron investigados por Juan Pablo Bohoslavsky; y los casos Vildoza y Papel Prensa como muestra de transacciones ilegales.

Sobre 117 países de Africa, América Latina, Asia y Europa analizados por la base de datos que dirigen, sólo en 17 también se investigó al poder económico. De los 65 casos de todo el mundo sobre la responsabilidad empresarial, 20 corresponden a la Argentina, seguida recién por Irak, con ocho casos, pero que se tratan en tribunales estadounidenses. La investigación comprendió los distintos mecanismos utilizados: comisiones por la verdad, juicios penales y civiles, tanto domésticos como transnacionales. Según sus conclusiones, “la Argentina utilizó la mayor cantidad de mecanismos (4) para examinar el mayor número de casos (20)”. Para explicar la ubicación de cada país, desde la absoluta impunidad, como Brasil, Costa de Marfil, Kenya o México, a la plena responsabilidad, como la Argentina, Payne consideró cuatro factores: el reclamo de la sociedad civil, el liderazgo judicial, la presión internacional y la ausencia de actores con capacidad de veto. “Pocos países han seguido el extenso conjunto de mecanismos usados por la Argentina, cuyas innovaciones indican las distintas posibilidades que existen. Como ya ocurrió con la responsabilidad de actores estatales, los progresos argentinos sobre responsabilidad empresarial pueden adaptarse a otros contextos.” Una lección del caso argentino “es que los casos civiles tienen mayor probabilidad de avanzar que los penales y que los obstáculos a la Justicia por la complicidad empresarial son grandes, pese al propicio ambiente político y judicial”. Pero el impacto no puede medirse sólo por el resultado de los juicios. Para compañías muy conocidas como Ledesma, Ford, Mercedes, Volkswagen, Bank of America, Grupo Clarín, Citibank o Techint, cuando el esclarecimiento de la verdad asocia sus nombres con prácticas inescrupulosas hay un costo en su reputación. Mientras las prácticas tradicionales han involucrado al Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos, en los casos de responsabilidad empresarial también participan la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores. “La participación de una amplia gama de dependencias del Estado, judiciales y no judiciales, puede ser un factor coadyuvante al proceso de responsabilidad”, concluye.

El despojo

La economista Judith König, directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) explicó el trabajo de esa dependencia de la Procuración General de la Nación en apoyo de los fiscales que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad. Encabezó su exposición con una frase de la Carta Abierta de Rodolfo J. Walsh a la Junta Militar: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. En una primera etapa la agenda de la justicia transicional se limitó a las violaciones de derechos básicos a la integridad física. Más adelante se incluyó el aspecto económico de los crímenes contra la humanidad, pero la Justicia, limitada por una mirada tradicional del derecho que tiende únicamente a la defensa de la propiedad privada, sólo trató el “desapoderamiento de bienes” sufrido por algunos empresarios y no los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas no propietarias de bienes. Este marco conceptual que excluye de la responsabilidad penal y civil a los sectores económicamente poderosos, beneficiarios y muchas veces impulsores de los regímenes de terror, también se produce en el ámbito internacional. Por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sólo es aplicable a personas físicas, no a las empresas como tales. La actual agenda de los juicios de lesa humanidad en la Argentina, en cambio, apunta al despojo sufrido por la mayoría de la población, aquella que sólo es propietaria de su fuerza de trabajo. La profunda redistribución regresiva del ingreso llevó la participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional del 45 por ciento en 1974 al 22 por ciento en 1982, con un incremento proporcional de la ganancia obtenida por el empresario, mientras el Producto Bruto Interno permaneció constante (ver gráfico 1).

Para obtener esas cuasi rentas de privilegio gracias al trabajo barato, numerosos representantes sindicales de trabajadores fueron secuestrados, torturados y desaparecieron, “en muchos casos con la participación directa de empresarios que suministraron los nombres y la infraestructura para que se elimine toda forma de reclamación colectiva”. König estableció una fuerte correlación entre la abrupta caída en la participación de los asalariados en el ingreso nacional y la cantidad de personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas o desaparecidas por las fuerzas represivas durante ese período (ver gráfico 2).

También analizó las prebendas estatales obtenidas por algunos empresarios, como el acceso al crédito externo o determinados beneficios impositivos, que estaban al alcance de quienes tenían mayor grado de vinculación con las autoridades estatales. Estas circunstancias quedaron registradas en los balances de las empresas, con los que la OFINEC procura cuantificar en cada causa judicial el daño económico sufrido por los trabajadores y de esta forma explicitar tanto las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas como la motivación económica de los crímenes contra la humanidad. “Esta visibilización podría dar lugar al inicio de acciones de reparación de ese daño”, contempladas en el derecho argentino y en las reglas internacionales, como la Resolución 60/147 del año 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece que la reparación por violaciones masivas de derechos humanos debe cubrir “todo daño económicamente mensurable y ser proporcional a la gravedad de los hechos y circunstancias”.

El Joven Orson

El juez federal de Tucumán y subrogante de Jujuy Luis Fernando Poviña, quien leyó una intervención muy formal en la que sólo habló de “presuntos delitos”, dijo que las investigaciones judiciales de los últimos años incluyeron al poder económico entre las causas que hicieron posible el asalto al poder constitucional en 1976; que algunos de los grupos económicos más importantes intervinieron en la planificación y posterior ejecución del golpe de Estado, al que prestaron asistencia financiera; y que se intenta determinar su participación en delitos de lesa humanidad, en ayuda o complicidad con los ejecutores materiales y mediatos. Este magistrado de 43 años, cuyo asombroso parecido con el joven Orson Welles llamó la atención de argentinos y británicos, es el juez que procesó por complicidad en la privación ilegal de la libertad de 29 personas al poderoso empresario Carlos Pedro Blaquier, accionista del Ingenio Ledesma. Entre las víctimas están el médico y ex intendente de General San Martín, Luis Arédez, y dos docenas de trabajadores y sindicalistas secuestrados en la Noche del Apagón de julio de 1976. Pero Poviña no mencionó ni esos nombres ni las causas en las que interviene, porque su exposición fue de tono académico. Sólo repasó doctrina y jurisprudencia de Europa, Estados Unidos y el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, la incorporación de los instrumentos de derechos humanos en las constituciones latinoamericanas y el establecimiento de tribunales penales internacionales.

Los procesos internacionales celebrados hace siete décadas luego de la Segunda Guerra Mundial, también incluyeron a civiles que participaron como cómplices en los crímenes cometidos por las potencias del Eje, como el industrial del carbón y el acero Friedrich Flick y el químico Bruno Tesch, inventor del insecticida Zyklon B, que vendió a los campos de concentración nazi a sabiendas de que se usaría para asesinar a personas. Quince años después, la captura en la Argentina de Adolf Eichmann y su juicio en Israel fueron el tema de la tesis doctoral de Klaus Roxin, “Autoría y Dominio del Hecho”, que reformuló el concepto de autor mediato, a través del “dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder”. Esta doctrina se aplicó por primera vez en el juicio a las Juntas Militares de la Argentina, en 1985, para condenar a los ex Comandantes en Jefe que no participaron por mano propia en los crímenes que ordenaron cometer.

Poviña dijo que en años más recientes nuevas investigaciones identificaron al círculo de políticos, economistas e intelectuales, asociados a grandes empresarios, que acercaron a los militares que preparaban el golpe el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz. Sin ser militar “fue uno de los artífices ideológicos” de lo sucedido. Las grandes empresas azucareras y mineras del norte argentino, vinculadas con el poder político, han explotado el trabajo de campesinos e indígenas aislados y marginados, por muy bajos salarios y en condiciones extremas sin ningún tipo de protección. Una vez instalada la última dictadura, aquellas personas que por sus reclamos gremiales podían constituir un riesgo para el modelo económico a implantar, fueron secuestradas junto a sus familias. Las empresas aportaron nóminas de trabajadores y sindicalistas, facilitaron instalaciones e inclusive vehículos para el transporte de las víctimas. La consecuente intimidación general desalentó reclamos laborales posteriores, lo cual benefició a esos grupos económicos, en forma directa o indirecta.

Muchos de los afectados temen prestar testimonio porque hasta hoy sus parientes, vecinos y amigos trabajan en las grandes fábricas de la región, circundadas por pequeños pueblos. Esto hace tan difícil como esencial el análisis del papel de algunas grandes empresas en el período dictatorial, requisito necesario para la verdadera comprensión del pasado y culminación de los procesos de justicia. La literatura sobre regímenes autoritarios ha sido simplista al concentrarse en la autoridad del Estado, sin darle la debida trascendencia a la autoridad estructural que, si bien puede no ser estatal, la circunda o inclusive la controla. Esto se aprecia con mayor nitidez allí donde una empresa tiene influencia decisiva sobre la economía y la población de una determinada zona geográfica. Además de los instrumentos jurídicos y la evolución jurisprudencial el avance de estas causas requiere el involucramiento de los tres poderes del Estado y el invalorable acompañamiento de organizaciones no gubernamentales. Esta es la única forma de superar los obstáculos derivados de la desidia o confusión de roles de ciertos actores judiciales (como los planteos dilatorios), o extrajudiciales (como el temor en las poblaciones circundantes a las empresas, las declaraciones de solidaridad de instituciones empresariales, las publicaciones periodísticas distorsivas). Estas investigaciones y procesos judiciales que arrojan luz sobre los aspectos sistémicos de la dictadura y los factores económicos que permitieron la toma y conservación del poder por la Junta Militar y la prolongada impunidad de sus crímenes “deben realizarse con respeto por el debido proceso legal y las garantías constitucionales que caracterizan al Estado de Derecho propio del sistema democrático”, concluyó.

La esperanza en España

El historiador español de la economía Fernando Mendiola, lamentó que luego de la dictadura franquista el silencio y la impunidad hayan prevalecido hasta 2001 y describió sus investigaciones sobre el mercado laboral, incluyendo el trabajo esclavo en los ferrocarriles, la infraestructura y la construcción. Banqueros y terratenientes financiaron el golpe de 1936, ayudaron a los rebeldes, apoyaron las expropiaciones y aprovecharon el trabajo forzado. Los salarios habían crecido hasta 1936 y cayeron a partir de entonces. A diferencia de lo sucedido en Alemania después de la guerra, en España no fue posible realizar un censo de beneficiarios, ni abrir archivos ya que el Ministerio de Defensa frenó la desclasificación de documentos, ni hubo publicaciones realizadas por las empresas. Una luz de esperanza se encendió con el proceso iniciado en Buenos Aires con apoyo de los organismos argentinos de derechos humanos, a cargo de la jueza María Servini. La abogada Lina Malagón, quien estuvo a cargo del departamento de derechos laborales de la Comisión Colombiana de Juristas, analizó la violencia antisindical en su país, que produjo tres mil asesinatos, 167 secuestros y 225 desapariciones de gremialistas entre 1980 y 2010, con una impunidad del 98 por ciento. Entre las escasas excepciones está el caso de la multinacional bananera Chiquita, que fue multada en Estados Unidos por financiar a grupos paramilitares en Colombia. Marjorie Jobson, de la organización sudafricana Khulumani, dijo que a 16 años de publicado el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación “la gente está muy herida”, porque hubo diálogo pero sin reparación y “la impunidad es total”. La abogada alemana Annelen Micus, del Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales, también presentó a la Argentina como una excepción en el mundo. Narró un caso de la multinacional suiza Nestlé en Colombia, y señaló el doble mensaje de la justicia. “Las puertas se cierran cuando la demanda afecta a los poderosos”, dijo. Sheldon Leader y Sabine Michalowski, del Proyecto de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y la Red de Justicia Transicional, plantearon la necesidad de vincular los campos de la Justicia Transicional y de la responsabilidad empresarial. Michalowski presentó un amicus curiae en el caso de la complicidad de los bancos con la dictadura argentina. Leader insistió en la responsabilidad de las casas centrales sobre los actos de sus subsidiarias y objetó la doctrina de la personalidad separada. Juan Pablo Bohoslavsky, flamante relator sobre la deuda externa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reclamó extender la atención no sólo sobre los bancos cuyos créditos contribuyeron a perpetuar las dictaduras, sino también a los organismos financieros internacionales como el FMI y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Fuente: Eduardo Basualdo. Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Siglo Veintiuno Editores, 201

› EN LA UCR BUSCAN A MACRI Y MASSA PARA RETENER PODER EN EL CONGRESO Todo por conservar las bancas

El año próximo el radicalismo pone en juego 9 de sus 13 senadores y 14 de sus 38 diputados. Si no logran colgar su boleta de un candidato presidencial competitivo, podrían perder la segunda minoría parlamentaria.

› Por Sebastian Abrevaya

“Ganar no vamos a ganar porque no tenemos un candidato propio para hacerlo. Pero lo que no nos puede pasar es perder la segunda minoría en el Congreso. Nos quedaríamos sin la Auditoría General de la Nación, lugares en el Consejo de la Magistratura, en el directorio de la Afsca y RTA...” El análisis de un operador radical todoterreno refleja uno de los motivos principales para el acuerdo que algunos dirigentes impulsan con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y también con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Independientemente de que un acuerdo nacional mejora las chances de algunos radicales para pelear por sus gobernaciones, saben que ampliar el Frente Amplio Unen hacia esos dos espacios también implicará la ruptura con el socialismo, el GEN, Proyecto Sur y Libres del Sur, lo que, lejos de significarles un problema, representaría un beneficio para la UCR: menos lugares para repartir en las listas de candidatos y una mejor performance electoral a nivel nacional.

Un análisis atento por los números que viene cosechando la UCR en el Congreso enciende las luces de alerta en el Comité Nacional. Sobre todo en el Senado, donde la disminución del bloque radical comenzó a preocupar a la conducción partidaria. En su peor momento, tras la salida del poder de Fernando de la Rúa, la UCR tenía 21 senadores. El número fue disminuyendo. Hasta 2013 contaba con 16 bancas (contando a 2 aliados del Frente Cívico y Social de Catamarca). En esa última elección perdió 3 de los 4 senadores en juego, quedándose entonces con 13 escaños. En 2015 pondrá en juego 9 de esas 13 bancas, es decir el 70 por ciento de su fuerza parlamentaria.

Se trata de Nito Artaza (Corrientes), Marta Borello (Córdoba), Mario Cimadevilla (Chubut), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Juan Carlos Marino (La Pampa), Laura Montero y Ernesto Sanz (Mendoza). Además, los dos senadores de Catamarca, Oscar Castillo y Blanca Monllau. Precisamente varios de ellos acompañan la idea de competir en una primaria con el ex intendente de Tigre y con el jefe de Gobierno porteño.

Salvo en Mendoza y Catamarca, donde obtuvieron los dos senadores por la mayoría, resultaron la segunda fuerza más votada y se quedaron con una banca. En ese contexto, si la elección de 2015 termina polarizada entre un candidato presidencial del Frente para la Victoria y otro del PRO o el Frente Renovador, el efecto arrastre de la boleta presidencial podría dejar a muchos de los radicales afuera de la Cámara alta. En cantidad de bancas, detrás de la UCR en el Senado se encuentra el peronismo disidente, hoy bastante disperso. Sin embargo, según como se reacomode el escenario después de la elección, no sería descabellado que los peronistas no kirchneristas se reagrupen para arrebatarle la segunda minoría al radicalismo y con ello los cargos y recursos que implica.

En Diputados, como la elección que se renueva es la de 2011 y no la de 2009, el panorama no es tan complejo. El bloque de la UCR tiene allí 36 diputados, a los que se suma Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social de Catamarca, y Bernardo Biella, de la Udeso salteña. Los porteños Martín Lousteau y Carla Carrizo ingresaron al Congreso por la lista radical, pero luego formaron un bloque propio, Sumá+, y comparten con la Coalición Cívica el interbloque Unen. En definitiva, el interbloque de la UCR tiene 38 bancas, de las cuales pone en juego 14. El Frente Renovador está lejos, con 22 bancas, pero sólo pone en juego 5. El PRO y aliados acumula 20 bancas y también pone en juego 5 lugares.

Ese panorama se suma a la posibilidad de recuperar las gobernaciones de varias provincias si cuentan con un candidato presidencial competitivo y logran encolumnar a toda la oposición detrás suyo. Actualmente el radicalismo cuenta con una sola gobernación, la de Corrientes, y se ilusiona con un triunfo en Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santa Cruz, entre otras.

Independientemente de los distritos en los que la elección provincial sea desdoblada, las bancas en el Congreso Nacional se juegan con la elección presidencial, por lo que la política de alianzas del Frente Amplio Unen será clave para definir si la UCR sigue siendo la segunda minoría. Este tema será también parte del debate que se realizará este lunes, cuando más de 70 dirigentes radicales se reunirán en San Fernando para cortar con la crisis que sufre el FA-Unen desde su fundación, en abril pasado.

LA PRESIDENTA, CON EXCELENTE IMAGEN POSITIVA. EL FPV, CON LA MAYOR INTENCION DE VOTO Buen momento de buenos números

Una encuesta muestra que CFK tiene el 49 por ciento de aprobación y su partido, el 35 por ciento de intención de voto, un potente núcleo duro. Un sólido 54 por ciento ve el período kirchnerista como positivo.

› Por Raúl Kollmann

La medición de principios de noviembre le permite a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ostentar la mejor imagen positiva de los últimos tiempos, 49 por ciento, y un dato que hace tiempo no registraba: la imagen positiva supera a la negativa. “Venía subiendo desde que empezó la pelea con los fondos buitre y es posible que también haya influido su enfermedad”, analizó Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP). En paralelo, el Partido Justicialista-Frente para la Victoria retiene su supremacía como fuerza con más votos, con casi el 35 por ciento de los sufragios, lo cual refleja la potencia de la marca del peronismo. Después, esto se traducirá en candidaturas, pero ese 35 por ciento ya habla –como se menciona desde hace rato– de un núcleo duro del oficialismo, que lo acompañó aun en sus momentos de peor performance.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por el CEOP a nivel nacional, entrevistando a 1085 personas de todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El trabajo se hizo en los últimos días de octubre y se procesó la semana que acaba de terminar.

La Presidenta

“Es un buen momento de la imagen presidencial –señala Bacman–. Con algunos altibajos, viene mejorando desde la crisis con los fondos buitre. La gente aprueba la forma en la que actúa en ese conflicto. Es muy posible que también haya influencia de la enfermedad, que siempre plantea un ambiente mayor de solidaridad y comprensión.”

Los datos ratifican los puntos de apoyo que hoy tiene CFK. Por un lado, los jóvenes. Entre los menores de 35, la imagen positiva trepa al 54 por ciento. Es una base de fuerte valor para el Frente para la Victoria. Pero del otro lado está la base tradicional del peronismo, los sectores de menos poder adquisitivo. “Es cierto –explica Bacman–, yo diría que en el Gran Buenos Aires la imagen positiva de Cristina está por arriba del 60 por ciento. Se supone que son los más castigados por la inflación. Sin embargo, no es lo único que se mira en esos sectores. Mucho más importante es, por ejemplo, la existencia de trabajo. No dudo que pesan también la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y el programa Conectar Igualdad. Diría que los sectores más vulnerables tienen la mirada de que hay cierta protección. Lo más problemático para el oficialismo y para la imagen presidencial son las grandes ciudades: Capital, Rosario, Córdoba, Mendoza, pero en las segundas ciudades y en los cordones, la imagen presidencial es fuerte.”

Para Bacman es importante que dentro de los que tienen buena opinión de la Presidenta, hay una franja del 33 por ciento que tiene muy buena imagen de la mandataria. Aquí aparece lo que se llama el núcleo duro del kirchnerismo, algo así como los incondicionales. “También tenemos para decir y es algo que se verá en toda la encuesta, que vemos una sociedad dividida casi en dos: porque efectivamente hay un 49 por ciento que opina bien, pero casi el mismo porcentaje opina mal de la Presidenta. Este mes, Cristina volvió a datos que no registraba hace mucho: que la imagen positiva supera levemente a la imagen negativa. Sin dudas podría ser al revés. Lo que se ve es ese cuadro de división casi al medio del electorado”, explica el titular del CEOP.

¿Fin de ciclo?

Uno de los debates centrales del proceso electoral que se viene es la existencia o no de una voluntad de los ciudadanos de cambiar el rumbo en forma total o casi total. En ese aspecto, el CEOP les pidió a los encuestados una evaluación sobre los 11 años de gestión kirchnerista. En ese cuadro se percibe una mayoría, 54 por ciento, que opina que este período fue positivo, mientras que 43 por ciento lo evalúa como negativo. Es obvio que una parte del 54 por ciento son personas que tienen algún enojo con el oficialismo pero que, igual, consideran que hubo logros.

“Este cuadro demuestra que es un error hablar de fin de ciclo –sostiene Bacman–. Esta misma pregunta hecha a principios de siglo sobre el menemismo hubiera arrojado que el 25 por ciento decía que el ciclo de Carlos Menem fue positivo y el 75 por ciento hubiera dicho que fue un ciclo negativo. Esto explica por qué el riojano sacó algo parecido a ese 25 por ciento en las elecciones de 2003, pero también explica por qué se retiró del ballo-ttage contra Menem: sabía que el 75 por ciento le votaba en contra. Incluso podía haber sido más, casi seguro perdía votos obtenidos en la primera vuelta. El cuadro es ahora muy distinto. Insisto en el concepto de sociedad muy dividida, pero incluso en gente que está enojada con el Gobierno, creo que no hay voluntad de hacer un cambio grande, arriesgado. Me parece que algo así hemos visto en Brasil y Uruguay, con Dilma y Tabaré. El modelo es un modelo que conoce y terminó pesando mucho a la hora del voto. Fíjese que el candidato del FpV no necesitará hablar de lo que va a hacer, sino de lo que ya se hizo. Del otro lado hay una cruzada épica, orientada hacia lo anti K, pero todavía no se sabe bien con qué modelo”.

raulkollmann@hotmail.com

La imagen presidencial

La década ganada

ECONOMIA › OPINION Pulseada

Por Alfredo Zaiat

El análisis financiero habitual se construye sobre metáforas de los sujetos económicos e instituciones que intervienen en el mercado. Los movimientos de las variables son narrados en términos de catástrofes de la naturaleza o de estados de ánimo de las personas. Así el dólar se “agita”, la plaza cambiaria “sufre”, las acciones registran bruscas “sacudidas”, sube la “fiebre” por el dólar, existe “sequía” de créditos o una “tormenta” se descargó sobre el negocio financiero. Detrás de esa forma de interpretación de la dinámica del mercado como un acontecimiento de la naturaleza o de sentimientos se oculta el comportamiento de los principales protagonistas de la actividad financiera. Las explicaciones de quienes pronosticaban una cotización de 18 a 20 pesos del denominado dólar blue para fin de mes son una muestra de esa confusión deliberada y, a la vez, de la impunidad que tienen de decir un día una cosa y al otro, todo lo contrario. Un día sentencian que el blue bajó por los controles, violentando el postulado de los fanáticos del mercado libre que dice que si un bien es prohibido el precio sube, y al siguiente aseguran que subió por los controles. El análisis de la evolución cambiaria es tan variado que hasta permite sumar el humor en esas variantes interpretativas, como el desplegado en una reciente columna publicada en La Nación titulada “el dólar blue, en baja por el ritmo que ya impone el futuro gobierno”.

No hubo elementos provenientes de la naturaleza, acciones mágicas ni especulación electoral que modificaran la tendencia en la plaza cambiaria de las últimas semanas. Muchos en la city están sorprendidos y otros frustrados porque estaban lanzados a reeditar las jornadas turbulentas del año pasado, cuyo desenlace fue la traumática devaluación de fines de enero. En el mercado se había construido una fuerte expectativa devaluacionista pensando en condicionar el proceso electoral 2015 más que en consideraciones de competitividad de la economía. Esas expectativas perturbadoras de la estabilidad fueron revertidas por el Gobierno con iniciativa política y una serie de medidas financieras específicas. Esto no significa la neutralización de los motores de la corrida, que pueden encenderse en cualquier momento y que varios están calentando, sino que revela una mayor capacidad de reacción oficial ante un sistema financiero que no descansa. La pulseada en el mercado cambiario es permanente.

El equipo económico tuvo como objetivo desde el inicio de su gestión reducir la brecha cambiaria (el tipo de cambio oficial en relación con el contado con liqui y el dólar Bolsa) para ubicarla debajo del 40 por ciento, considerando peligroso si se ubicara por encima del 60 por ciento porque impactaría sobre las reservas al incentivar la sobrefacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones. Disminuir la brecha era una cuestión central en la estrategia del ministro Axel Kicillof para incentivar la inversión productiva, impulsar expectativas positivas sobre la evolución de la economía y recuperar márgenes de maniobra para relajar la restricción externa. Con esa línea de acción, Kicillof habilitó a trabajadores en relación de dependencia con sueldos medios y altos la posibilidad de comprar dólares para ahorrar, y también flexibilizó la adquisición de dólares para turismo. Con la forzada devaluación de enero y el alza de la tasa de interés, terminó de recuperar el control efectivo del mercado de cambios que había quedado en manos de los privados.

El estallido del conflicto con los fondos buitre, que mantienen lazos con operadores financieros locales para impulsar la estrategia explícita de desestabilización cambiaria, y la imprudencia de la anterior conducción del Banco Central de sugerir a sus interlocutores habituales acerca de una probable nueva devaluación brusca, gatillaron una nueva corrida cambiaria que elevó el dólar Bolsa, el contado con liqui y el blue por encima de los 15 pesos. El comercializado por canales informales tocó un máximo de 15,95 pesos. Otra vez el mercado de cambios pasó a ser administrado por los privados con un potencial desestabilizador aún mayor porque el dique defensivo de las reservas estaba más castigado y porque se estaba ingresando en el último año del actual período kirchnerista.

La reacción oportuna del gobierno de CFK logró quebrar esas expectativas devaluacionistas reafirmando el objetivo de reducir la brecha con las siguientes medidas políticas y financieras.

–Remover la conducción del Banco Central que, ya sea por un acuerdo con bancos o por convencimiento de que así podía domesticar a las fieras, había comentado la posibilidad cercana de una nueva devaluación.

–Desplazar a funcionarios de la línea gerencial del Banco Central que estaban muy ocupados en cuidar los negocios de las entidades que debían controlar.

–Gatillar el acuerdo de intercambio de monedas (swap) con China por 840 millones de dólares. Antes de fin de año se habilitará una segunda cuota por un monto similar.

–Ratificar que ingresarán unos 500 millones de dólares de China por el financiamiento para la construcción de las dos represas en Santa Cruz. Esa posibilidad de más dólares para abultar las reservas actúa sobre la formación de expectativas desalentando un poco la corrida.

–Definir un acuerdo con el complejo agrario exportador para reanudar la venta de dólares de la actual cosecha por unos 4200 millones de dólares y adelantar 1500 millones de la próxima.

–Plantear eventuales líneas de financiamiento para sumar reservas provenientes del Banco de Francia.

–Sumar poco más de 2200 millones de dólares por la licitación de la frecuencia de telefonía móvil de cuarta generación (4G).

–Limitar la dolarización de las carteras de inversión de las compañías de seguros con bonos utilizados en el contado con liqui. Esas empresas tuvieron que vender esos papeles y para mantener el porcentaje de cobertura cambiaria el Gobierno emitió bonos atados al tipo de cambio (linked).

–Emisión de dos bonos atados al tipo de cambio: el primero por el equivalente a 938 millones de dólares con vencimiento en 2016, y el otro por 653 millones de dólares hasta el 2018.

–Subir la tasa de interés para pequeños y medianos ahorristas por colocaciones a plazo.

–Fiscalizar el funcionamiento del sistema financiero para obturar los canales de comunicación entre la franja formal y la ilegal del mercado cambiario.

–Generar la “percepción de riesgo” por parte de la AFIP sobre grandes empresas locales y extranjeras que utilizan precios de transferencia y sobre y subfacturación en operaciones de comercio exterior, maniobras que impactan negativamente en el stock de reservas.

–Coordinar la acción del BCRA, UIF, Procelac, CNV y AFIP. Una de las principales tareas del trabajo en conjunto fue la de un mayor control sobre las operaciones de contado con liqui, que son legales para determinados fines y otras son difíciles de justificar al encubrir evasión y lavado de dinero.

La recuperación del control del mercado de cambios por parte de la gestión económica, que derivó en el desinfle de las cotizaciones del dólar (el contado con liqui bajó a 12,05, el dólar Bolsa a 12,45 y el blue a 13,30 pesos), fue por ese conjunto de iniciativas que defendió el actual stock de reservas y brindó opciones de inversión a pequeños y medianos ahorristas y a grandes operadores. Fueron medidas para tranquilizar las expectativas sobre una pronta devaluación brusca, a lo que se agregó la necesaria intervención de los organismos públicos para combatir el delito cambiario y el lavado de dinero. Estas acciones generaron sorpresa entre protagonistas de la city porque no han sido frecuentes, a diferencia de lo que ocurre en las plazas desarrolladas donde se castiga con multas millonarias el fraude financiero. Esta semana las autoridades de regulación del mercado financiero de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza multaron al Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS, y UBS, a pagar unos 3300 millones de dólares por la manipulación de los tipos de cambio en el mercado de divisas.

La batería de medidas para disminuir la brecha cambiaria fue el golpe adecuado para tranquilizar las expectativas de devaluación y recuperar el control del mercado por parte del Banco Central. En el equipo económico saben que esta reacción no significa inmunidad a una nueva corrida cambiaria en los meses calientes de la contienda electoral del año próximo. Dicen que se están preparando para continuar esta pulseada fortaleciendo la actual estrategia financiera y de control del mercado, adelantando que puede escalar en su intensidad hasta la estatización de un gran banco nacional “flojo de papeles” muy activo en estimular las corridas cambiarias.

azaiat@pagina12.com.ar

El documento final de la Cumbre

Los países del Grupo de los 20 coincidieron en Brisbane en que la recuperación de la economía global “es lenta, despareja y no está generando los empleos que se necesitan” y diagnosticaron que este freno es consecuencia de “un déficit de demanda” y “restricciones a la oferta” en el comercio internacional. Debido a esto, la situación de crisis aún sigue vigente y hace que “persistan los riesgos” tanto a nivel financiero como geopolítico.

El documento final de la Cumbre del G-20 fue dado a conocer por el primer ministro australiano, Tony Abbott, tras dos días de deliberaciones en los que participaron los jefes de Estado y líderes de las naciones que explican el 85 por ciento del PBI mundial, foro del que forma parte la Argentina.

El documento final refleja en varios puntos el pensamiento del gobierno argentino, en especial el que refiere a la necesidad de abordar la cuestión de los procesos de reestructuración de deuda y el peligro que implican los fondos buitre para el sistema financiero internacional.

También quedaron reflejadas otras posiciones que desde el 2008 a la fecha –desde la primera cumbre llevada a cabo en Washington-, Argentina viene postulando, como la necesidad de “crear empleos de calidad”, impulsar la concreción de obras de infraestructura, implementar políticas destinadas a “agregar valor” por parte de los países en desarrollo, hacer “frente al desempleo”, enfrentar la “informalidad laboral” y mejorar la eficiencia energética y el acceso a ella, entre otras cuestiones.

Tal como pretendía el gobierno australiano desde el inicio de las deliberaciones para terminar de pulir el documento final de la cumbre, el pronunciamiento –de tres páginas- consta de 21 puntos, a los que se suma un anexo con detalles de acuerdos específicos, declaraciones ministeriales, documentos respaldatorios y un ítem con los “temas para la acción futura” en la que advierten los “desafíos que presenta la litigiosidad” llevada adelante por los fondos buitre y la necesidad de dar previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda. En ese marco, piden a los “ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales (del G-20) que discutan el progreso alcanzado en este tema y en temas relacionados” y que encaren la discusión de medidas para solucionar esta cuestión.

En el comunicado final, los países del G-20 dijeron estar “decididos a superar los desafíos y a intensificar nuestros esfuerzos para lograr un crecimiento fuerte, sostenible y balanceado, y para crear empleos”. También postularon la necesidad de asegurar que “nuestras políticas macroeconómicas sean las adecuadas para apoyar el crecimiento, fortalecer la demanda y promover el rebalanceo global”.

Entre los objetivos previstos en el documento final, uno de los más ambiciosos es el de elevar el PIB de los países del G-20 en “por lo menos un 2 por ciento adicional para el 2018”, lo que permitiría sumar “más de dos trillones de dólares a la economía global y crear millones de nuevos puestos de trabajo”. A propuesta de Australia, decidieron crear un Centro Global de Infraestructura con un mandato de cuatro años, que tendrá que desarrollar una plataforma y una red de intercambio entre el sector privado, los bancos de desarrollo y otras organizaciones internacionales para “mejorar el financiamiento y el funcionamiento” de los mercados de infraestructura.

En materia de empleo acordaron buscar reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en cada uno de los países miembro en un 25 por ciento para 2008, de manera de sumar a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral. Como en anteriores oportunidades, explicitaron el “firme compromiso” de reducir el desempleo juvenil, al que calificaron de “inaceptablemente alto”.

Los países del también G-20 afirmaron que se están “tomando acciones para asegurar que el sistema fiscal internacional sea justo y para asegurar los flujos de ingresos públicos de los países”. Ratificaron como plazo final el año 2015 para concretar el plan acordado por el G-20 y la OCDE destinado a modernizar las normas impositivas internacionales. También saludaron la implementación del sistema de intercambio de información automática, que debería estar concluido en 2017 o 2018, y que depende en gran medida de los procedimientos legislativos necesarios para internalizar esas normas.

Sobre el FMI dijeron estar “profundamente decepcionados por la persistente demora en el progreso de la reformas de cuota y gobernanza del organismo”, que fueron acordados en 2010, ratificados en 2013 y que aún se encuentran pendiente de avance debido a que Estados Unidos “no ratifica” esas reformas, en las que los países emergentes pasarían a contar con un mayor margen de decisión.

También la cuestión del cambio climático estuvo presente en el documento final, así como el brote del Ébola en países africanos.

CUMBRE EN AUSTRALIA Reestructuraciones y buitres en el documento del G20

"Por primera vez en la historia del G-20 la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas fue planteada en el comunicado final", remarcó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Los jefes de Estado reunidos en Brisbane incluyeron un punto en el que llaman a "reforzar el orden y la previsibilidad" en este tipo de procesos y en un anexo reconocieron la "litigiosidad" que representan los planteos de los fondos buitre.

Los países del G20 reconocieron el problema de la reestructuración de la deuda en el comunicado final emitido hoy al término de la cumbre en la ciudad australiana de Brisbane. "Saludamos el progreso realizado en el reforzamiento de la disciplina y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de la deuda soberana", se indica en el punto 12 del comunicado final.

Asimismo, en el punto referido a "Asuntos para mayores acciones" se reflexiona en torno a "los retos que plantean los litigios y con el fin de reforzar el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas".

En ese sentido, el G20 reitera su complacencia por el trabajo internacional respecto a la adopción de acciones colectivas y en torno a las cláusulas "pari passu", que obliga a un pago simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los tenedores de bonos sin quitas. Los países del G20 pidieron a sus ministros de Finanzas y titulares de bancos centrales del bloque a seguir analizando este problema y los avances en la materia.

En un anexo, en tanto, bajo el título "Temas de Acción Futura", el G20 refiere a la "litigiosidad" desatada a partir de la acción de los fondos buitre y ante la necesidad de "dar previsibilidad" a las procesos de reestructuración de deuda.

El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman calificaron como "un hecho histórico" a la decisión de incluir el tema en el documento final de la Cumbre.

En un contacto mantenido con la prensa en el Centro de Convenciones de esta ciudad australiana, al finalizar las deliberaciones de la Cumbre, Kicillof manifestó que en la delegación argentina se encuentran "extremadamente conformes porque la cuestión quedó reflejada en el documento final". Remarcó también que se reconoció la "litigiosidad" que representa el planteo de los fondos buitre y "la necesidad de otorgarle "previsibilidad" a los procesos de deuda soberana.

"Por primera vez en la historia del G-20 la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas fue planteada en el comunicado final", dijo el titular del Palacio de Hacienda. "En el cuerpo del comunicado se habla de deuda soberana y después en un anexo, donde se abunda en la cuestión, queda en claro el tema de la litigiosidad, que es un eufemismo para referirse a los fondos buitre porque son ellos los que entran en litigio para el cobro de deuda soberana", explicó.

En la discusión previa del comunicado final algunos países pretendían la inclusión del FMI como organismo a cargo del tema, posición que quedó de lado ante el consenso mayoritario de que en la discusión fluyan las distintas alternativas que puedan existir para solucionar el tema.

Kicillof, al brindar detalles sobre las sesiones de trabajo del G-20, dijo que "la situación argentina en términos de los ataques de los fondos buitre fueron planteadas abiertamente por muchos de los presidentes y comentada por el FMI" en la sesión de trabajo en la que se abordó la cuestión financiera internacional.

Timerman, por su parte, dijo que el documento final significó "un resultado impresionante" para la lucha que viene llevando adelante el país en el tema de los fondos buitre y la necesidad de dar previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda. El canciller, tras señalar que la solución del tema no será un proceso de corto plazo, sostuvo que "fue interesante ver a los lideres de varios países hablar de los fondos buitre dentro del G-20. No hablaban de grupos financieros, decían fondos buitre".

Scioli, Saintout y la comezón de los medios Por Miguel Russo

Hace unos cuantos años, Eduardo Galeano contaba una misión evangelizadora con la que el pastor Miguel Brun había llegado hasta el Chaco paraguayo. Miguel y los misioneros hablaron con un cacique –“gordo quieto y callado, que escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua aborigen”, lo pintó Galeano–. Cuando la lectura terminó, el cacique se tomó su tiempo. Y dijo: “Eso rasca. Y rasca mucho, y rasca muy bien. Pero rasca donde no pica”.

Sirva el recuerdo para ilustrar los motivos por los cuales los medios hegemónicos comenzaron a rascar de manera compulsiva y despiadada contra aquello que les picaba. Esta vez, en contrapartida del cacique del Chaco paraguayo, los medios saben dónde pica, pero no rascan bien.

O rascan de manera mentirosa, para decirlo todo. La cuestión es que en menos de una semana, dos noticias trascendieron de manera meteórica y rebotaron en varios medios. Una: El gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli en un partido de futsal durante las últimas inundaciones. Otra: La presencia de Horacio Braga (uno de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas) en el Concejo Deliberante platense cuando la decana de Periodismo de la UNLP y concejala Florencia Saintout presentó su proyecto de reinserción laboral para ex presos.

Si bien es cierto que tanto Daniel Scioli como Florencia Saintout pertenecen al Frente para la Victoria, no caben dudas de que las ideas –y las palabras con las que hacen llegar sus ideas al pueblo– desde las cuales adscriben al proyecto son distintas, muy distintas. Claro que para los medios hegemónicos –los encargados al fin y al cabo de brindarles todo tipo de argumentaciones a los partidos políticos de la oposición (con mayor o menor resultado), para que esos políticos de esos partidos de esa oposición traten de ordenar un poco sus desordenados discursos– Scioli –ahora, cuando lo avizoran como “el” candidato– y Saintout –desde siempre– son el enemigo. Y como tales, creen, hay que tratarlos. Una manera de señalar que, aunque todavía no haya arrancado, la campaña con miras a diciembre de 2015 ya se largó. Y con todo.

Por eso, la noche del 3 de noviembre, el programa Intratables (de lunes a viernes a las 22 por América) dejó de lado el debate gritón sobre cierta actualidad política y cierta actualidad mediática para que su conductor Santiago del Moro anunciara –mirada a cámara seria, transida de indignación maquillada– la inminencia de un video que mostraba a Scioli en un club de Pilar, vestido de futbolista, mientras continuaban las inundaciones provocadas por el temporal de esos días. El zócalo reclamaba impacto: “En medio de la inundación, Scioli juega al futsal”. El que siguió, trataba de que los datos numéricos, por más equívocos que fueran, generaran más impacto aún: “Scioli jugó un partido de futsal mientras hay más de 5000 evacuados”. En el video, se veía lo que se veía: el gobernador de Buenos Aires, de pantaloncito blanco y camiseta, campera y medias naranjas, parado delante del banco de suplentes mientras un grupo de personas jugaba el partido. El debate en el estudio –airado, con voces que se pisoteaban unas a otras, un tanto sobreactuado– llevaba poco menos de media hora cuando Scioli llamó por teléfono a la producción del programa para hacer su descargo. No saludó. Sencillamente le dijo a Del Moro “nos parecen poco felices estas imágenes”. Y ante el silencio del conductor, arremetió: “En primer lugar, yo no jugué un solo minuto del partido de fútbol, si quieren pregúntenle a cualquier persona que estaba ahí, así que pongamos las cosas como son. Estaba en Pilar porque fui a uno de los tantos centros de evacuados que visité estos días. En el club de la Sociedad Hebraica se estaba jugando un campeonato y pasé a saludar a los pibes pero no a jugar. Esto es una operación burda. Ya me lo habían avisado: ‘No pases por Hebraica que están Massa con Zuccaro (N. de la R.: el intendente de Pilar, perteneciente al Frente Renovador) que te van a hacer una operación, te van a sacar una foto y la van a mandar a las redes sociales’. Pero no soy hipócrita, pasé por el lugar, saludé a la gente, hicimos una foto de recuerdo y me vine para La Plata”.

El gobernador, una persona renuente a mostrarse enojado, se enojó. Y en el enojo, quizás comprendiendo que los medios –hasta ahí bastante amistosos con su figura– ya lo daban como “el candidato” del FpV en las presidenciales de 2015, arremetió con todo: “Parece que alguno está nervioso porque no le están yendo bien las cosas como pensó que le iban a ir. Y dicen que son la renovación, que son el cambio, que son el futuro, que son los que hacen la nueva política de no agresión, pero se la pasan haciendo estas cosas. Desde el primer momento de la tragedia, se la pasaron hablando de que las obras no se habían hecho, acusando a todo el mundo sin admitir sus propias responsabilidades. Me dijeron que Zuccaro mandó un tipo por orden de Massa para hacer las fotos, dárselas a un diario y a América”. Como para que no queden dudas, la noticia y las imágenes se difundieron primero en el portal de Clarín y minutos después en Intratables. Después del llamado de Scioli, llamó Massa, tratando de despegarse del conflicto. Mientras hablaba Scioli, la pantalla partida mostraba una foto estática del gobernador y las imágenes del video del partidito. Mientras hablaba Massa, la misma pantalla dividida mostraba una foto del referente del Frente Renovador y diversas escenas del diputado en campaña, abrazando gente, festejando el triunfo en las elecciones 2014. Todo un ejemplo de periodismo comprometido.

Unos días después, le llegó el turno a Saintout. Horacio Braga –uno de los hombres de la banda de Los Horneros que el 25 de enero de 1997 asesinaron a José Luis Cabezas–, condenado a 18 años de prisión, beneficiado por el régimen del 2 x 1, liberado en 2005, entró al Concejo Deliberante de La Plata y trató de que todos lo vieran aplaudir la presentación del proyecto de reinserción laboral para ex presos. La noticia, por supuesto, tuvo el efecto buscado por Braga y los impulsores de su presencia en ese recinto. El diario Clarín no reparó en gastos y apeló en su nota denunciatoria al increíble recurso de “historias paralelas” entre el asesino y la concejala: “Ahora el asesino forma parte de la ‘Cooperativa de Los Kbrones’, manera poco imaginativa, aunque sintomática y a la vez sincera de autodenominarse ‘Cabrones’. Es una agrupación de liberados cercanos al oficialismo y a Vatayón Militante. Florencia Saintout es la decana de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata”. En el prontuario de Braga resaltaron el secuestro, asesinato e incineración de Cabezas. Para Saintout, a modo de prontuario, señalaron que “le entregó el Premio Rodolfo Walsh a la Libertad de Expresión, entre otros, al difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a Hebe de Bonafini y a Cristina Fernández de Kirchner”. 

Poco importó que, desde el Decanato, se lanzara un comunicado: “Ante esta presencia (la de Braga) se le solicitó a la seguridad del Honorable Concejo Deliberante de La Plata que le pidiera que se retirara y que no permitiera su reingreso al recinto, pedido que fue desoído”. Para Clarín, “el repudio fue tardío y retórico”. Y, dando letra, remató: “Saintout es la ejecutora oficial del credo comunicacional del Gobierno. Braga es uno de los asesinos de Cabezas. La historia los juntó. Aplaudiendo a Saintout, Braga aplaudía por carácter transitivo a Cristina Fernández, mentora intelectual de Saintout. Es la escena desnuda de la era de la comunicación K”.

Las operaciones mediáticas, como la campaña, comenzaron fuerte. Es lógico. Como sabe cualquier pichón de gorila, cuando empiezan a despuntar los pelos, pica. Y poco importa si el que rasca lo hace mal. Lo único que interesa es que esté dispuesto a hacerlo.

16/11/14 Miradas al SurMiguel Russo