"La relación entre narcotráfico y policía obliga a repensar el concepto de violencia institucional"

Manuel Tufro es el coordinador del equipo de “Políticas de Seguridad y Violencia Institucional” del CELS. Su visión sobre la creciente violencia en el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Santiago Asorey e Ignacio Ramirez Charré
En los últimos meses se registró en los barrios del sur de Capital Federal una serie de asesinatos de jóvenes pobres. El incremento de la violencia da cuenta de cuáles son los sectores sociales más castigados y también de las complejas relaciones de connivencia entre la policía y las organizaciones criminales, en especial las ligadas al narcotráfico. Son crímenes ejecutados por las fuerzas de seguridad o por bandas criminales que muchas veces actúan en zonas liberadas.
Se trata de un aspecto silenciado del fenómeno de la “inseguridad”. Para los medios de comunicación, en cambio, esos sectores pobres suelen ser los responsables de la violencia, no sus víctimas. AGENCIA PACO URONDO charló con Manuel Tufro, coordinador del equipo de “Políticas de Seguridad y Violencia Institucional” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
APU ¿Qué lectura hace de la situación de violencia en los barrios del cordón sur de la Capital en los últimos meses? En muchos casos se trata de casos que prácticamente no son difundidos por los medios ni los especialistas.
MT: Tenemos algunos indicios de que la situación de violencia en la zona se estaría complicando en el último año. Creo que acá habría que distinguir dos cuestiones que, al mismo tiempo, están unidas en algún punto. Por un lado, las dinámicas de violencia interpersonal o criminal y, por el otro lado, las dinámicas de violencia institucional, que a veces, obviamente, aparecen mezcladas con mercados de ilegalidad.
Digo que hay que separarlo por lo siguiente: cuando en junio del 2011 empieza el ‘Operativo Cinturón Sur’ con el desembarco de Gendarmería y Prefectura, lo que sucede, según la mayor parte de los testimonios que hemos recogido en la zona, es un descenso bastante importante de la violencia explícita u ostensiva. La situación de los tiroteos cotidianos, la imposibilidad de circular por los pasillos, se modifica para mejor. Se desplaza a la Policía Federal del patrullaje en estos barrios, entonces disminuyen también ciertos tipos de abusos de violencia institucional muy ligados a la historia de la Policía Federal en esos barrios. A la historia de comisarías como la 52, que tiene un historial extenso de casos de ejecuciones y abusos.
APU: ¿Cómo fue la relación de la Gendarmeria y la Prefectura con los vecinos?
M. T.: Tuvieron lugar otra series de problemas, que tienen que ver con la convivencia cotidiana de fuerzas como Gendarmería y Prefectura con los habitantes de estos barrios. Son fuerzas más militarizadas que la Federal y pasan a tener una presencia permanente en estos barrios. Eso no ocurría antes.
Lo que se veía ahí era una forma de violencia que nosotros denominamos de “baja intensidad”. Es decir, que no se manifestaba en casos de gatillos fáciles o ejecuciones. Se manifestaba en casos de abuso cotidiano muy sostenido sobre una parte de la población que eran los jóvenes y los consumidores de drogas. Esa era la situación que nosotros veíamos en el 2011/2012.
En los últimos meses hay una descomposición de este operativo y aparecen de nuevo ciertos vicios de la Policía Federal, como el no patrullaje en el interior de los barrios. Y aparece de nuevo la violencia cotidiana relacionada a una forma de violencia entre bandas ilegales, que vuelve a cobrar una visibilidad que había quedado atenuada. Particularmente, a partir de lo que pasó con el caso de Kevin Molina en Zavaleta. De nuevo queda expuesta la realidad de zonas liberadas, movimientos de bandas que no están siendo controladas por la presencia de Gendarmería y Prefectura. Hay indicios de un crecimiento de la violencia en todo sentido en la Zona Sur de la ciudad de Buenos Aires.
APU: Si tuviera que hacer un balance de lo actuado por Gendarmeria y Prefectura: ¿Cuál sería?
M. T.: No tenemos una evaluación sistemática como la teníamos en el 2012, cuando habíamos hecho todo un trabajo de campo sobre el tema. Pero los relatos que registramos tienen que ver con esto: cierto repliegue de la Gendarmería, menor presencia, falta de patrullaje hacia el interior de los pasillos. Más bien, una vigilancia perimetral de los barrios. Es esto lo que se percibe. Y esto es lo que deja el terreno para las disputas territoriales, entre distintos mercados de ilegalidad y distintas bandas.
APU: ¿Cómo enfrentan las organizaciones sociales y territoriales este fenómeno de violencia creciente?
M. T.: Es un fenómeno que se nos está presentando en los últimos tiempos, no solamente en Capital Federal, sino también en el conurbano, en Rosario y en Córdoba. Es un fenómeno de violencia de bandas asociados a mercados ilegales que empieza a afectar la acción de organizaciones sociales y territoriales. Estas bandas casi siempre tienen protección policial y política.
En el caso del CELS, estamos repensando la cuestión de la violencia institucional. Para nosotros, la violencia institucional estaba asociada históricamente al personal uniformado o fuera de servicio; ahora esta violencia aparece de forma más difusa, o tercerizada en bandas que ejercen formas de violencia donde no están directamente implicados agentes del Estado. Pero claramente tienen protección o, al menos, convivencia con el Estado.
APU: Más allá de las fuerzas de seguridad, ¿Qué rol desempeña el Estado?
M. T.: Hay una dificultad muy grande del Estado para brindar protección en el territorio a las organizaciones sociales, a las víctimas de estas bandas criminales. No hay instancias a la cuales recurrir. Muchas veces, ir a la propia policía es contraproducente por estas relaciones de convivencia que hay con estas bandas. Y por fuera de la Policía es muy difícil pensar en otras instancias.
Es muy difícil el acceso a la justicia en los barrios, a pesar de que hay algunos ejemplos e iniciativas incipientes, pero interesantes. Tanto en la zona sur de la ciudad con Atajo, como en Rosario con algunos Centros de Acceso a la Justicia que se han montado también. Pero son todas cuestiones todavía muy incipientes frente a una sensación de desprotección de las organizaciones sociales que se encuentran frente a un fenómeno para el cual no están preparadas para responder. Su antagonista histórico era el Estado, y en esta situación no aparece como una cara visible.
Esta situación se da en un contexto en el cual aparece la idea del avance del narcotráfico como una amenaza para todo el país: el nuevo enemigo. El narcotráfico aparece construido de forma homogénea pero, en realidad, no se sabe bien qué es. Y en la forma que se tematiza en los grandes medios de comunicación y en la comunicación política, aparece totalmente soslayado el papel de las fuerzas de seguridad en la producción y reproducción de esta red de ilegalidad.
Entonces, por un lado, hay un discurso muy alarmista respecto al avance del narcotráfico y, por el otro, se hace muy poco para afrontar los verdaderos problemas; no solamente en relación al narcotráfico, sino en otros mercados ilegales, como el tráfico de armas en los barrios pobres.
APU: ¿Qué debería hacer el Estado para poder intervenir de forma rápida?
M. T.: El desafío de intervención sería que el Estado pudiera tener una presencia territorial permanente, bajos las formas de políticas de prevención de consumo de droga. Pero también políticas de protección frente a los embates que sufren organizaciones sociales y vecinos de los barrios por parte de las bandas. Por otro lado, una política criminal diferente a la que se implementa en estos momentos y que apunte a desarmar estas redes; que no se fije tanto en el microtráfico, o en el pequeño transa, que es rápidamente reemplazable, si no que apunte a desarmar las redes. Esto no se logra con la saturación policial, sino con la inteligencia, la investigación compleja. Toda una serie de cuestiones que representa un gran desafío para las fuerzas de seguridad y para la Justicia.
APU: Por último, ¿Qué lectura realizan del cambio de la causa de Luciano Arruga a partir del encuentro de su cuerpo?

M. T.: La identificación del cuerpo de Luciano abre, en realidad, todo un nuevo terreno de irregularidades y oscuridades en torno al funcionamiento burocrático, que se suman a las que ya conocíamos y que había iluminado la misma causa. Toda la cuestión de las irregularidades policiales se suma a todas las denuncias sobre hostigamiento y reclutamiento que ya se conocían y que son problemáticas que siguen absolutamente vigentes. Se suman, también, las dificultades de la Justicia para investigar. El CELS está impulsando el juicio político a dos fiscales que intervinieron, y al Juez que había intervenido desde la provincia de Buenos Aires en la causa

25 de Octubre de 2014 Regulación estatal Opinión Horacio Rovelli Economista. Profesor UBA

Desde el punto de vista de la economía, el principal rol del Estado es establecer las reglas de comportamiento de todos los sectores de la sociedad, en una situación de la historia en que existen dos tipos de regulaciones, una generada por los mercados y otra establecida por el Estado (que lo hace en nombre del bien común), y si bien trabajan en forma conjunta, es el Fisco el responsable final al ser el depositario de la administración y, por ende, el que debe fijar las pautas y la estrategia de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población.
El Estado debe orientar qué vamos a producir, cómo nos vamos a integrar en el mercado internacional y cómo se distribuye lo que producimos.
Al Estado le conferimos la potestad de mirar lejos y promover el bienestar general, cuando sabemos que la lógica del mercado es maximizar las ganancias y/o minimizar las pérdidas, por ende, la colisión de intereses es permanente, ya lo decía en El Príncipe Maquiavelo, a los ricos sólo les interesa obtener la mayor ganancia posible, mientras que el pueblo, lo que pide es trabajar dignamente, por ende, le cabe al Estado limitar una y apuntalar la otra pretensión, pero teniendo en cuenta, como también afirmaba el gran florentino: “Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento”.
Tarde, pero el Gobierno ha procedido a gravar con el impuesto a las ganancias a las operaciones llamadas contado con liqui, que consiste en comprar en nuestra moneda (pesos) títulos y acciones y venderlos en el exterior en divisas (que ahora deberán pagar el 35% de su valor en concepto del impuesto), por un lado, y por otra parte, por disposiciones regulatorias de la actividad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se les puso un límite a las compañías aseguradoras de los títulos que pueden tener en cartera (como antes a los bancos que la tenencia de divisas no podía superar en enero el 30% y en septiembre 2014 el 20% de su patrimonio), que sumado a los mayores controles por el trabajo conjunto del BCRA, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la AFIP lograron no sólo que disminuyeran en la última semana las operaciones y el dólar implícito del contado con liqui, sino también que se cayera el dólar blue, demostrando que cuando se emplean los medios estatales con estrategia y con firmeza se logra regular los mercados (en este caso el cambiario).
Lo mismo se puede decir cuando el Estado obliga a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos a vender, según reza la misma declaración de La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) que ingresarán unos 5.700 millones de dólares en el último trimestre del año 2014, que lo deben hacer al tipo de cambio oficial.
La defensa de nuestra moneda es la principal misión del BCRA, sustentado en el Art. 3ero. de la Ley 24.144 de su Carta Orgánica y esculpido en el marco de la puerta de entrada de Reconquista 266, CABA, sólo preservando el poder adquisitivo del peso se puede mantener el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y pensiones y de todas las erogaciones que se realicen en nuestro dinero, de otro modo se favorece la adquisición a precio vil de nuestro trabajo, de nuestra producción y de nuestros activos, por ende, defender la paridad del tipo de cambio oficial ante especuladores y quienes fugan capital es una tarea primordial del Estado.
Desde que asumió el gobierno el 25 de mayo de 2003, hasta el final del año 2013, el gobierno de los Kirchner impuso la regulación estatal de los mercados, y si bien es cierto que la inflación fue de menor a mayor, fruto que parte importante de las empresas en lugar de ampliar la inversión fueron sistemáticamente comprando divisas para fugar recursos a fuera del país, con lo que la oferta potencial de bienes y servicios fue disminuyendo (por la menor inversión), pero el gobierno, con el fin de mantener el nivel de actividad siguió impulsando la demanda, de manera tal que los salarios por convenio crecieron por encima del nivel general de precios cualquiera sea la institución o ente que lo mida.
En el corriente año, el Gobierno fue más permisivo con los mercados en la creencia de que se autorregularían (igualando la oferta y la demanda); transcurrido más de diez meses demuestra el craso error, el tipo de cambio blue y el dólar implícito del contado con liqui es un 72% y un 58% más alto, respectivamente, que el valor del dólar oficial, las tasas de interés activa (la que le cobran a sus clientes) es confiscatoria del capital de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores de a pie, mientras que la tasa pasiva es menor al crecimiento de los precios y quedan abiertas las expectativas que el incremento del dólar pueda ser mayor o no a dicha tasa, y el nivel de actividad desciende sin poder dar pautas de que se restablezca alguna vez.
De nada valió la devaluación de enero de este año, que lo único que hizo fue que se cayera la producción, el comercio, la construcción, los salarios, y con ello, el nivel de consumo, generando un ajuste de las cuentas internas para que las importaciones disminuyan (la de energía, de autopartes, de insumos para la producción de celulares en particular y para el resto de la producción en general), entonces, dejar que los mercados decidan nos lleva a un camino ya recorrido con Martínez de Hoz, con Sourrouille y con Cavallo, que significan una economía más chica y mayor desocupación.
Se continúa con la misma tesitura, cuando se da a entender que en enero del año 2015 y una vez superada la cláusula RUFO (que no se le puede dar mejores condiciones de pago al resto de los tenedores de deuda Argentina que la que se le dio a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010), se va a poder acordar con los acreedores holdouts, y de esa manera volver a los mercados internacionales de capital para poder financiar el déficit en la cuenta corriente. Esa vuelta a los mercados de capitales la ven posible porque (pese a la baja actual del precio del petróleo) nuestro país cuenta con los importantes yacimientos de shale oil y shale gas en Vaca Muerta y otros, y con las tierras más fértiles del mundo, donde mayor es el rendimiento de la producción de soja por hectárea.
El problema reside en que todos estos mecanismos son más dependientes de la inversión extranjera y generan poco trabajo (¿cuántas horas hombre al año implica la producción de gas o petróleo en las piedras o una tonelada de soja?), entonces se adoptan mecanismos que hacen que sea el mercado el que configure nuestro país, y ya sabemos, nuestra historia lo demuestra con la exportación de carne y trigo en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que implica que nuestro país se configure desde afuera en la distribución del ingreso y en la población, una minoría de ricos y una amplia mayoría de pobres.
La economía Argentina crece cuando crece su mercado interno; el problema es que se incrementan mucho más las importaciones que somos incapaces de sustituir, y eso provoca el estrangulamiento del sector externo, agravado por el pago de los servicios de la deuda externa, que se refleja en la falta de divisas. La receta promercado es que nos internacionalicemos y allí incurrimos en el fatídico error de que nos dejamos modelar por los requerimientos del exterior, que nos integran pero a costa de la desintegración nacional.
Esto explica que los principales y posibles candidatos a presidente sean promercado, porque el discurso dominante sigue siendo que la regulación de los mercados es mejor que la regulación estatal, y todo lo que se hizo hasta ahora queda desdibujado ante la suba generalizada de los precios y la caída del nivel de actividad provocada esencialmente por la devaluación de enero y todas las medidas promercado que se tomaron este año 2014, que hace que se vislumbre como único camino el de volver a los plazas internacionales para financiar el rojo de la cuenta corriente y conseguir dólares para financiar las importaciones, o cuando las actuales autoridades de economía plantean el ingreso de dólares por nuevos acuerdos financieros.
Es ese marco, el que permite que el candidato Sergio Massa y su equipo propongan que pueden en 100 –cien– días eliminar el último bastión de la regulación estatal, el mal llamado por los grandes medios Cepo Cambiario, que no es que impida a doña Rosa, como decía ese otro difusor de la derecha Bernardo Neustad, comprar dólares, es el que no permite que las grandes sumas de dinero que ganan en nuestro país la conviertan en dólares y la fuguen, y en ese caso el precio de equilibrio del dólar estaría dado por las grandes corporaciones y volveríamos a sentir hablar de economías y producciones que no son viables, etc., etc.
Si el Gobierno, desde el 28 de enero de 2014 deja que se puedan comprar como máximo hasta 2.000 dólares por mes y por persona (denominado dólar - ahorro) y hasta el 24 de octubre de 2014, en nueve meses, significan pérdidas de reservas internacionales por 2.000 millones de dólares, imaginemos la sangría que implica sacar ese límite y permitir dolarizar la ganancia de las grandes corporaciones, el precio que la divisa norteamericana debería alcanzar para que no compren dólares y se queden en el país (al día de hoy no menos de $ 20 por unidad) y el impacto negativo que tendría sobre el poder adquisitivo de los asalariados, jubilados y pensionados. Además de lo que representa en la deuda externa y en los servicios de la deuda cuando el Estado recauda en pesos, todo para beneficiar a la minoría más rica de nuestro país.
Cuando uno observa que el Presidente Evo Morales obtiene el 60% de los votos en las últimas elecciones celebradas el domingo 12 de octubre 2014 en Bolivia se pregunta por qué, la respuesta es porque ha sido consecuente con un modelo que con todas sus limitaciones se basó en proteger su mercado interno y el trabajo local. No muy distinto al que aplicó el kirchnerismo desde sus comienzos y que le dieron la reelección a la Presidenta con el 54% de los votos en el año 2011.  En ese momento se debería haber vuelto sobre los pasos y restablecer el modelo original, con todas las correcciones (cambiaria, fiscal, monetaria) que se podían haber ejecutado desde el Estado. Sin embargo se optó por el sendero que parecía más fácil, menos conflictivo, en el que se priorizaron las razones de mercado, donde el Estado en lugar de avanzar retrocedió, profundizando la inconsistencia macroeconómica de déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente y falta de un plan ordenador.
Los senderos se bifurcan y se erró en la elección; ahora, con la derrota electoral del año 2013, en lugar de replantearse la situación se insiste en agradar a los mercados, que como dice el economista y experto en economías emergentes, el chileno Gabriel Palma, en los tigres asiáticos los países están pleno si los empresarios invierten y el Estado fiscaliza esa inversión, en latinoamérica se depende del humor de los empresarios y la lógica de ellos es la lógica de la maximización de la ganancia en desmedro del presente y del futuro de la población.
Atahualpa Yupanqui, en su tema “Tu que puedes vuélvete” dice: “Tu que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando Los cerros que tanto quieres –me dijo– allá te están esperando”. Se debe retornar a lo mejor del kirchenrismo que ha sido la regulación estatal de los mercados.

Don’t Stop La escasez de dólares amenaza con ubicar nuevamente a la economía en los denominados ciclos cortos o de “stop and go”, es decir recesión tras el crecimiento. Qué alternativas promueven el Gobierno y la oposición. Julián Blejmar

Por un momento, todo pareció confluir. La soja, principal fuente de ingreso de dólares, aumentando su valor de forma sostenida desde 2003. La deuda pública, reduciendo cada vez más su peso en la economía a partir de 2005. Y, como frutilla del postre, un comportamiento exportador en donde el mayor crecimiento relativo para el período 2003-2011 fue el de las manufacturas de origen industrial (MOI), por encima de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario (MOA), lo cual significaba la posibilidad de aumentar en el futuro los ingresos de dólares.
Era, en efecto, la posibilidad de superar los “ciclos cortos” o de “stop and go”, es decir el proceso económico que venía experimentando nuestro país desde 1958, y que básicamente consistía en un tipo de economía en la que, al cabo de un tiempo de crecimiento, se generaba una falta de dólares, los cuales producían un “stop” al ciclo de de­sarrollo o “go” (que era corto).
Las razones, explicitadas por los economistas Oscar Braun y Leonard Joy, tenían que ver con una industria nacional que, a medida que crecía, demandaba una mayor cantidad de insumos importados, los cuales no podían ser financiados por los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, pues sus divisas no aumentaban en la misma medida en que crecía su salida por la importación de estos insumos industriales. La habitual salida –que actualmente vuelve a demandar gran parte de la oposición– era recurrir a los planes de estabilización, entonces coordinados con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos implicaban endeudar fuertemente al país para suplir los dólares faltantes, al tiempo que se recurría a una devaluación de la moneda nacional junto a una restricción del crédito y el gasto público para lograr una rebaja en el poder adquisitivo de los salarios e ingresos. Mediante esta última medida, se buscaba el doble efecto de reducir el consumo y su necesidad de importar insumos industriales (pero también el achicamiento y/o cierre de empresas y una mayor desocupación) y un abaratamiento de la producción (por la reducción salarial) que permitía ganar mercados externos por los mejores precios industriales.
De esta forma, se regresaba en el mediano plazo a la senda del “go”, aunque luego de retroceder varios casilleros, pues se fortalecía el sector del campo o primario (que no puede ofrecer empleo para más del 30% de la población) y se debilitaba el industrial. Asimismo, la distribución se hacía regresiva, pues estas devaluaciones producían un traslado de ingresos de los asalariados (que reducían su poder adquisitivo) al campo, que obtenía un mayor valor por los dólares que exportaba. 
Si esta situación se generaba desde 1948, a partir de 1976 se agudizó. El proyecto instaurado por la dictadura cívico-militar tuvo como uno de sus ejes la desarticulación del movimiento obrero, para lo cual resultaba necesario debilitar la estructura industrial (la mayor generadora de empleos), lo que implicó una aún mayor necesidad de importación de insumos industriales, los cuales se financiaron en parte con el aumento sostenido de la deuda externa. Esta situación, que no pudo ser revertida por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y que buscó ser deliberadamente continuada y profundizada por los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), comenzó a cambiar a partir del 2002. Pero además, el país se benefició del “boom” de las materias primas, las cuales aumentaron sideralmente su valor internacional (la soja, el principal producto, llegó a tocar los 600 dólares la tonelada en 2012, cuando en 2000 costaba 180), proceso que se dio casi en simultaneo con el auge de la modificación genética, que permitió aumentar el nivel de producción del complejo oleaginoso a una tasa del 12% anual desde 2002, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. 
Vía retenciones a las exportaciones, esta extraordinaria renta fue utilizada por el gobierno kirchnerista para bajar el nivel de deuda externa y para impulsar el crecimiento industrial, por medio de créditos industriales a baja tasa y el fomento a la demanda del consumo interno (a través del aumento del poder adquisitivo y de la inversión pública).

¿Despertar del sueño? Existía, sin embargo, más de una nube en el horizonte, que en el último año empezaron a tomar espesura. Como bien lo señaló el economista Ricardo Aronskind, durante el ciclo kirchnerista la industria engordó, pero no se desarrolló. Más precisamente, las empresas agrandaron su producción y aumentó fuertemente el número de establecimientos industriales (de acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, se establecieron más de 200 mil nuevas empresas formales), pero no se revirtieron las condiciones estructurales heredadas del período neoliberal, que implicaban una alta extranjerización y una fuerte dependencia de insumos importados, todo lo cual equivale a salida de dólares. En relación con el primer punto, la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) exhibía que para el año 2012, entre las 500 empresas con mayor valor de producción y que explican el 24% del valor agregado de todo el país, sólo 179 eran nacionales. Esta fuerte extranjerizarción explicó en gran parte los 22.000 millones de dólares que estas empresas giraron a sus casas matrices en el exterior entre 2003 y 2011, antes de que el Gobierno restringiera su salida. Y en relación con la industria nacional, la destrucción de su tejido productivo durante la etapa neoliberal tuvo como consecuencia una alta dependencia de insumos importados, fundamentalmente en el complejo automotor y en el de producción de bienes de capital: de acuerdo con el Centro Cifra de la CTA, ambos sectores requirieron más de 11.000 millones de dólares de importaciones durante el 2012, lo cual exhibía tanto las falencias gubernamentales en parte de la planificación industrial como de la misma clase industrial, que no apostó en gran medida al desa­rrollo de sus establecimientos productivos.
También fue compartida la responsabilidad del Gobierno y la de la petrolera española Repsol por el segundo foco que volvió a poner en escena la escasez de dólares y el posible “stop”: la necesidad de importar energía, debido a un crecimiento económico que generó una mayor demanda energética (que en nuestro país proviene en un 90% de hidrocarburos). En relación con Repsol, los investigadores del Conicet Andrés Asiain y Agustín Crivelli señalaron que la empresa española, que durante los noventa se hizo cargo de YPF, tuvo una “lógica predatoria” ya que hizo “poco y nada” en lo referente a exploraciones para aumentar sus reservas, con lo que “la brutal reducción de las reservas a que esa práctica condujo fue la causa de la declinante producción”. El hecho de que recién en 2012 el Gobierno haya decido nacionalizar la empresa, implicó que no se pudieran revertir los resultados esperados: un déficit en la balanza comercial energética (diferencia entre importaciones e importaciones) que comenzó en 2011 (erogaciones por 2.800 millones de dólares), y que el año pasado superó (y en el actual lo volverá a hacer) los 6.000 millones de dólares.
Pos si fuera poco, a las erogaciones por dividendos de las multinacionales, insumos importados, y energía (a las que debe sumarse turismo, que en 2013 llegó a los 6.000 millones de dólares, aunque fue una situación extraordinaria), en los dos últimos años el complejo cerealero, principal fuente de dólares, retuvo sus ventas a la espera de una devaluación, que en parte consiguió a comienzos de este año. E incluso en los primeros nueve meses de este 2014, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), liquidó divisas por 19.200 millones de dólares, es decir 3,5% menos que en igual período del año anterior, pese a que la cosecha superó ampliamente a la de 2013. De hecho, fuentes oficiales calculan en 27 millones de toneladas de soja, es decir, más de 10 mil millones de dólares, los montos que el complejo agroexportador mantiene retenidos en silobolsas especulando con una devaluación.
Estas situaciones fueron las que mayormente explican la caída en las reservas del Banco Central, que de 52.600 millones de dólares a comienzos de 2011 se redujeron a menos de 27.500 millones en la actualidad, exhibiendo una carencia de dólares cada vez más significativa.

Alternativas. A comienzos de año, el Gobierno cedió a los grupos concentrados de la economía y realizó una devaluación del 20%, la cual ya fue en gran medida compensada por los aumentos salariales logrados en paritarias (aunque en el transcurso se redujo el poder adquisitivo de los salarios e ingresos). Actualmente, el equipo económico parece decidido a no regresar ni a una devaluación ni a un plan de estabilización como los de décadas atrás, es decir a licuar fuertemente salarios e ingresos y hacer caer el empleo en forma considerable, como forma de revertir la escasez de dólares. Y es que desde el Banco Central manifestaron la imposibilidad de una suba en el valor oficial del dólar, hasta el momento no se ha recurrido al financiamiento internacional (fundamentalmente por el alto costo de estos préstamos debido al conflicto que se mantiene con los buitres), y se siguen ofreciendo créditos públicos para la industria, además de aumentar la erogación real en parte de la inversión social, como la Asignación Universal por Hijo.
Pero tanto por herencia de la estructura económica como por el comportamiento de los grupos concentrados de la economía y los errores propios del Gobierno (anteriormente mencionados), hoy día el “stop” vuelve a lucir como probable. Negándose a un plan de estabilización tradicional, el Gobierno busca ejercer un mayor control sobre la entrada y salida de dólares del Banco Central, las operaciones del circuito financiero, acuerdos con el Banco Central Chino, y, fundamentalmente, a través de negociaciones con el complejo agroexportador, para que liquide la cosecha con la que especula.

07 de Noviembre de 2014 Kirchnerismo y grupos económicos

En estos años se han realizado varios análisis sobre el proceso de extranjerización en las últimas dos décadas y sus principales impactos sobre el funcionamiento de la economía argentina. Pero no se avanzó de la misma manera sobre la evolución de otra de las fracciones del poder económico: los grupos empresarios locales. A esa tarea nos abocamos en “Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo” (editorial Futuro Anterior). Aquí presentamos algunas conclusiones de dicho estudio.
Como surge del Cuadro, entre 2001 y 2012, los grupos locales redujeron su presencia dentro de la cúpula empresaria (las 200 firmas más grandes del país): tanto en lo referido a la cantidad de organizaciones (pasaron de 34 a 30), como en lo que refiere al número de empresas controladas (de 47 a 40) y a la significación relativa de éstas en la facturación agregada del panel (del 22,6% al 20,9%).
Al analizar la evolución de la presencia de los grandes holdings nacionales en el seno del poder económico del país se constata un importante grado de rotación que se inscribe en el despliegue de trayectorias disímiles. 
Para identificar a los “perdedores” y los “ganadores” del período aludido se dividió a los conglomerados en dos grandes universos. El primero está integrado por aquellos grupos que salieron del panel de firmas líderes (tipología I) y los que redujeron su participación en los montos globales de facturación (II). El segundo agrupa a las organizaciones que lograron mantener su participación en las ventas totales (III), las que la aumentaron (IV) y las que lograron ingresar a la cúpula (V).
Dentro de los “perdedores” se destacan, en primer lugar, catorce grupos que dejaron de tener presencia en la elite entre 2001 y 2012. En la mitad de los casos la salida se produjo porque estas organizaciones o sus empresas más importantes fueron vendidas a capitales foráneos, consolidando el proceso de extranjerización. Esto sucedió con los grupos Fortabat, Bemberg, Acevedo, Peñaflor, Rohm y Garovaglio y Zorraquín. En el resto de los casos, la salida se debió a la pérdida de posiciones de las firmas de su propiedad en el ranking de ventas de las 200 compañías de mayor tamaño del ámbito doméstico. 
Como parte de los holdings “perdedores” figuran, en segundo lugar, los que lograron permanecer en la elite empresaria pero perdieron importancia relativa entre los años bajo estudio: Pérez Companc, Eurnekián, Sancor, Temis Lostaló y Roemmers. En los casos más relevantes este proceso también estuvo vinculado con la venta de firmas al capital extranjero, aunque las operaciones no implicaron la enajenación total del grupo en cuestión sino sólo una reducción de su tamaño (Pérez Companc constituye el ejemplo más relevante).
En el agrupamiento de los “ganadores” de la posconvertibilidad se encuentran, por un lado, aquellos grupos que lograron mantener prácticamente estable su significación en las ventas de la elite. Se trata de tres conglomerados centrales del poder económico de la Argentina (Techint, Clarín y Madanes) que en 2012 explicaron, de conjunto, el 3,5% de la facturación agregada de la cúpula y el 17% de las ventas de los grupos locales que la integran. Cabe señalar que Techint entra en este agrupamiento debido a que las ventas que figuran en los rankings empresarios utilizados para construir la base corresponden sólo a las empresas locales y no al total de las firmas que el holding posee a nivel internacional. Esto es importante porque la expansión del conglomerado en la última década se produjo, en buena medida, allende las fronteras nacionales.
A su vez, se comprueba que fueron doce los grupos empresarios que aumentaron su ponderación dentro la cúpula. Se trata principalmente de conglomerados de base agroindustrial especializados en la producción de aceites y harinas (Urquía, Vicentín y Navilli), del sector lácteo (Mastellone), el azucarero y rubros derivados (Ledesma) y golosinas y otros alimentos (Arcor). También aparece un actor vinculado a la construcción y los servicios públicos (Roggio), un fabricante de electrodomésticos (BGH), uno que presta servicios de medicina prepaga (Osde), uno centrado en actividades comerciales (Braun), un productor de cueros (Sadesa) y uno especializado en maquinarias y grandes obras de infraestructura (Pescarmona). La inserción sectorial anclada en la producción de bienes industriales de origen agropecuario marca un punto de continuidad con ciertas transformaciones del capital concentrado nacional durante la década de 1990 y se articula con algunos rasgos distintivos del patrón de acumulación de la posconvertibilidad asociados a la ausencia de cambio estructural en la pauta de especialización e inserción internacional del país.
Un perfil diferente presentan los grupos que pasaron a formar parte de la cúpula empresaria entre 2001 y 2012. Se trata de diez holdings “ganadores” entre los que sobresalen los vinculados a la construcción y los servicios públicos (fundamentalmente a la producción y distribución de energía). Los conglomerados ODS (Calcaterra), Caputo, José Cartellone e IRSA son actores destacados en el rubro de la construcción (privada y pública). Por su parte, Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo (Cristóbal López) lograron expandirse gracias a la política de “argentinización” del sector energético que propició el gobierno nacional y, en los dos últimos casos, a instancias de ciertos “nichos de acumulación de privilegio” que se concedieron en los últimos años desde el sector público (grandes obras, concesiones, medios de comunicación, juegos de azar). Además figuran dos grupos del rubro farmacéutico. El primero, Bagó, es un actor relevante en el sector y ha tenido una presencia intermitente en la cúpula empresaria en las últimas décadas, mientras que el segundo, Insud, ha experimentado un crecimiento importante en la posconvertibilidad. En 2012 todos estos conglomerados controlaban 13 compañías dentro de la cúpula, las cuales explicaron, de conjunto, aproximadamente el 4% de la facturación global.
Así, luego del abandono de la convertibilidad se redujo aún más la presencia global de los grupos locales dentro de la elite empresaria de la Argentina. Esto constituye una continuidad con el punto de inflexión que, en lo atinente a la trayectoria de esta fracción del poder económico, se comenzó a manifestar en la segunda mitad del decenio de 1990. Sin embargo, no se debería soslayar que tuvo lugar un recambio importante dentro de este estamento del gran capital local. Básicamente, ello se asoció al afianzamiento estructural de un puñado de grupos especializados en el procesamiento y la comercialización de materias primas (se trata, en su mayoría, de actores muy volcados a los mercados externos), y a la irrupción de actores “nuevos” cuya expansión reciente (en algunos casos notable) se vinculó, en lo sustantivo, con su inserción, vía las distintas empresas de su propiedad, en sectores no transables y/o con una vinculación estrecha con el sector público. En este sentido, no se trata de un nuevo conjunto de “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos y/o intensivos en conocimiento, sino que se vinculan con el aprovechamiento de espacios de acumulación a resguardo de la competencia externa.
Más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales y los anteriores, es claro que, vistos en conjunto, su crecimiento en los últimos años no ha contribuido a impulsar una reindustrialización basada en el desarrollo de nuevas capacidades productivas que puedan potenciar las ventajas competitivas dinámicas de la economía argentina. Los pocos avances en esta materia han venido mayormente de la mano del Estado y no del sector privado.

07 de Noviembre de 2014 Opinión Inconsistencia monetaria y cambiaria

La causa principal de la inconsistencia de la macroeconomía Argentina es que los empresarios en general (y los más grandes que tienen mercados cautivos más), en lugar de invertir parte de sus ganancias, la sacaron del circuito económico legal, con lo que el Gobierno, procurando mantener el nivel de actividad, siguió expandiendo la demanda (gasto público, consumo, paritarias libres), que al no haber aumentado la oferta, provoca un proceso de incremento generalizado de los precios.
El proceso inflacionario impacta directamente en la capacidad adquisitiva de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones y pensiones) e indirectamente en la producción y el comercio ligado a esos ingresos.  También, al no ajustarse el valor nominal del dólar oficial en similar magnitud que los precios, produce un atraso cambiario que combinado con el mantenimiento del nivel de actividad, implica que se acrecienten más las importaciones que las exportaciones y que el crecimiento del PIB.
La expansión del gasto fiscal se fue financiando cada vez más con emisión monetaria, eso explica que, por ejemplo, al 15/02/2013 las Reservas Internacionales eran de U$s 42.171 millones y los adelantos transitorios al Tesoro significaban el 43% de la Base Monetaria, cuando al 17/10/2014 las Reservas Internacionales descendieron a U$s 27.299 millones y los adelantos al Tesoro representaban el 55% de la Base,  esto es, desciende fuertemente el crecimiento del dinero por el sector externo y se incrementa por el sector público. Mejorando parcialmente la relación (las Reservas superan los U$s 28.500 millones) gracias al swaps (pase) acordado con la República Popular China del 30 de octubre 2014.
Las entidades financieras, en lugar de priorizar colocar créditos para financiar la producción, tienen un negocio seguro en prestarle al Estado,  y comprando Letras del BCRA (Lebac) cuya tasa supera a la que le pagan a sus depositantes. Las fuertes tasas de ganancia de los bancos las paga básicamente el Estado, y es más, las perspectivas inmediatas ante el mayor gasto público y la disminución de las reservas por el pago de los servicios de la deuda, obligarán a la autoridad monetaria a incrementar la esterilización vía Lebac u otro activo del BCRA.  El costo de financiamiento de las entidades financieras es negativo en términos reales, con lo que no se logra desalentar el incentivo a que se endeuden en pesos para invertir en dólares a futuro o en bonos dólar linked (se ajusta por la depreciación del valor oficial del dólar), reasegurando ganancias y a costa del Estado.
Según el mismo Banco Central y en los primeros ocho meses del corriente año, las 90 entidades del sistema financiero argentino acumularon una ganancia neta de $ 87.982 millones, 67% más que en el mismo lapso del 2013.
Sin embargo, y esto es lo paradójico del tema, es que las tasas que se pagan son incluso menores a la tasa esperada de depreciación de nuestro tipo de cambio (pesos por dólar), según el mercado a futuro del Roflex, que es el mercado de exportación de granos de Rosario –Pcia. de Santa Fe–, a un año (noviembre 2015) el valor del dólar es de $11,02, lo que significa una tasa de depreciación de 28,9%.
Por ende, cuál es la razón por la que se va a ahorrar en pesos si la tasa esperada de ajuste del dólar es mayor, y eso que hablamos del tipo de cambio oficial, sin contar el amplio abanico entre los distintos tipos de dólares que se cuenta y que no es de difícil acceso por los interesados (dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar contado contra liqui, dólar blue, etc.).
La situación descripta no puede sostenerse en el tiempo, debe darse una solución que para un sector importante del Gobierno pasa por esperar que el 2 de enero de 2015 se caiga la cláusula RUFO (que obliga a dar las mejoras en la negociación a los que entraron en los canjes de los años 2005 y 2010) y establecer con los houldouts una forma y plan de pago, lo que generaría un horizonte de estabilidad y previsibilidad que haría que los distintos tipos de cambio si no convergen con el oficial, al menos no se dispersen.
Es cierto que es imposible seguir realizando operaciones de exportación y de ingresos de divisas con una brecha del orden del 60% entre el precio oficial y el paralelo o blue, brecha que es muy grande y es que se redujo con respecto a septiembre por la política de control conjunta del BCRA-AFIP-Procelac-CNV y UIF, que le permite sancionar a General Electric, Procter & Gamble (P&G), Maltería Pampa SA y Farmacéutica Monte Verde y de esa amanera disciplinar al mercado. 
Pero lo que no debe olvidarse es que el dólar tiene un valor técnico o económico (que refleja la productividad de un país), pero también tiene un costo político: de descreer del valor de la moneda local, que se acrecienta interesadamente en lo que se denominó el “golpe del mercado”, que es huir de nuestro dinero y atesorar divisas a cualquier precio,  y como lo demostró en las crisis anteriores (1975 -1976 con el fin del gobierno de Isabel Perón, 1982 tras la derrota en Malvinas y fin de la dictadura militar, 1989 con el fin del gobierno de Alfonsín, 2001 con el fin del gobierno de De la Rua y del plan de convertibilidad) la corrida cambiaria es la antesala de la disparada de los precios, por ejemplo la hiperinflación de 1989 -1990 es hija de la hiperdevaluación de esa época.
Por lo tanto, el Gobierno debe instrumentar medidas de corrección cambiaria y monetaria, pero haciendo un seguimiento exhaustivo y de control sobre las variables, para saber si se liquida el grueso de las exportaciones al tipo de cambio oficial (en esto se debe reconocer  como un gran logro el acuerdo con la Cámara de industrias aceiteras –Ciara–, y con el CEC –Exportadores de granos–), y sobre las operaciones financieras de ingreso y egreso de divisas, donde es fundamental acordar con fondos de inversión el ingreso de dólares al país, dado que tanto los exportadores como las inversiones generan oferta de divisas que, desde fines del año 2011 fue cubierto principalmente con reservas internacionales del BCRA. 
En ese sentido es importante también el swaps o pase de monedas acordado con la República Popular de China, en que el Banco Central de la República Argentina recibió el 30 de octubre 2014 yuanes por el equivalente a los US$ 814 millones, que es parte del acuerdo por U$s 11.000 millones, que si bien es cierto que se utilizarán principalmente para comprar productos chinos, tampoco es menos cierto que indirectamente acrecienta las reservas internacionales.
No es un tema menor, porque en el marco de un default selectivo amparado por la justicia estadounidense, al revés que en las crisis cambiarias de 1989 y 2001, donde no ingresaba un solo dólar al país por ningún concepto, ahora se cuenta con ingresos, que se deben seguir y controlar, pero que están demostrando que al tipo de cambio oficial las acciones y las empresas Argentinas son más baratas que en el resto de la región, y eso permite que se conserve el poder adquisitivo de nuestra moneda, y es la garantía de que no hay derrape cambiario.
La puja entre los que en defensa de sus ingresos ligados al mercado interno defienden nuestra moneda y su paridad, y los que habiendo tomado posición en dólares (los más de U$s 200.000 millones que reconoce el Indec de activos financieros de residentes argentinos en el exterior) y los exportadores (desde las cerealeras, a Techint, a Arcor, a las mineras, etc.) apuestan a que el tipo de cambio suba para tener mayor poder adquisitivo en el país y comprar por la mitad lo que vale el doble. 
La diferencia con las crisis cambiarias por endeudamiento y déficit en la cuenta corriente que supimos tener cíclicamente en la Argentina desde que el gobierno de Frondizi acordó con petroleras y automotrices extranjeras (y con ello un mayor y sistemático endeudamiento, con giro de utilidades, royalties y pago de servicios de deuda) y la actual, está dada porque el endeudamiento real sobre el PIB es bajo (por más que estemos en un default selectivo por la justicia de los Estados Unidos), y se tiene un importante stock de granos para vender, amén de que el país cuenta con las reservas energéticas de vaca muerta y otros, de las tierras más fértiles del mundo, y una mano de obra capacitada y disciplinada que incorpora y puede ampliar la incorporación del conocimiento, lo que delinea un futuro cierto (y capacidad de repago). 
Que el problema coyuntural de falta de divisas tenga un marco cierto en el fuerte crecimiento de las importaciones, y otro, provocado por la negación a exportar y la fuga de divisas, no puede ni debe ser impedimento para que un país como el nuestro, con la capacidad potencial que se tiene, no se plantee vertebrar en un plan de mediano y largo plazo de sustitución dinámica y de diversificación de la producción con un Estado que cumpla el rol orientador y de liderazgo que la situación y la historia nos exigen.
Si en cambio es de temer cuando ese Estado se torna ausente y deja a los mercados y a los grandes formadores de precios de esos mercados que modelen el país a su gusto y conveniencia.
Eva Perón decía: “Hay Patria para todos o no habrá Patria para nadie”, si los ricos de este país comprendieran que pueden ganar más que en cualquier lugar del mundo apostando a la inversión y a la grandeza de la Nación, en lugar de jugar al derrape cambiario y a ganar en base a la destrucción de riqueza y liquidación de activos y trabajo por la devaluación. Deben entender que no puede ser su único camino el saqueo periódico del país usufructuando una brutal transferencia de recursos de la población a su favor.
Tal vez el ejemplo más simple y lineal del grado de egoísmo y pequeñez de nuestros sectores dominantes es cuando proponen la eliminación del mal llamado “cepo cambiario”, cuando ello implicaría un valor de la divisa (del dólar) recontra alto, como dijera alguna vez Guido Di Tella al ser consultado en 1989 antes que asumiera el Gobierno de Menem  de qué medida principal tomarían.  Proponen con esa aparente sencillez del ignorante frenar el nivel de actividad interno para morigerar el crecimiento de los precios, entonces con un dólar recontra alto (digamos al precio de hoy superior a los $ 20.- por unidad de moneda norteamericana), y baja inflación (fruto del menor nivel de actividad), por si solo generaría condiciones para que ingresen capitales, incluso retornarían “alegremente” a los mercados internacionales de crédito. Sin contemplar que ello sería a costa de una brutal caída del poder adquisitivo de los salarios (jubilaciones y pensiones) empujando a amplios sectores de la población a la pobreza y a la marginalidad, fuerte caída del consumo y con ello del nivel de actividad conformando un círculo perverso de achicamiento, que se retroalimentaría permanentemente como fue con el Plan de Martínez de Hoz, el Plan Austral o el Plan de Convertibilidad.
Cuando el camino debe ser otro, plantearse y replantarse un futuro para todos, con aumento de la inversión y del trabajo, de la producción y de la productividad, de la obtención de divisas para financiar las importaciones necesarias a un modelo que sea capaz de generar bienes y servicios de calidad, bien remunerados, condiciones materiales para llevar adelante una vida digna para nosotros y nuestros descendientes, de eso se trata la puja entre los devaluacionistas y los que defienden el valor de nuestra moneda, que ingresen divisas por acuerdos con China, por la explotación de petróleo, por liquidación de la soja, por licitación de frecuencias para ofrecer la tecnología 4G en celulares, etc. es un límite firme a la pretensión de los “conocidos de siempre”, sobre esa base se debe rediseñar el país inclusivo y democrático que anhelamos.

Panorama económico Bajo control

Al tiempo que se profundizan las regulaciones y controles públicos, baja la cotización de los diferentes tipos de dólar y caen las presiones devaluatorias. Expectativas para 2015.

Julián Blejmar

Fue la muletilla elegida por gran parte de la oposición política, económica y mediática a principios de este año. El supuesto “giro ortodoxo” de un gobierno que abandonaba sus políticas intervencionistas para responder a los dictados del mercado, recurriendo a endeudamientos a cualquier costo, devaluando la moneda nacional de forma sostenida, recortando el gasto público y privilegiando el negocio especulativo (suba de las tasas de interés) por sobre la producción y el consumo. Existieron, en efecto, algunas medidas que apuntaban en esta dirección, tomadas por la anterior conducción del Banco Central, y que en los hechos contribuyeron para que este fuera el primer año del ciclo kirchnerista con una significativa disminución en el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y los planes sociales, así como de estancamiento en el nivel de empleo.
Pero si la en todo caso pragmática combinación que intentó realizar el Gobierno –entre algunas demandas del establishment y el sostenimiento de sus tradicionales políticas económicas de fomento al consumo y el empleo–, incluyó una veta ortodoxa, la profundización en los controles y la regulación estatal de las últimas semanas volvió a dejar desubicada a gran parte de esta oposición, que no solo erró en su pronostico de “giro ortodoxo” sino que además fue testigo de cómo la profundización de las intervenciones permitieron un mayor control sobre una variable clave, como lo es la cotización del dólar paralelo, a contramano de lo que indica su manual. 
En efecto, las últimas semanas económicas exhibieron un inédito control de parte de diversos estamentos públicos sobre operaciones ilegales realizadas por grupos concentrados de la economía, mientras que el flamante presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, no se cansó de repetir ante quien quiera oírlo de que no habría una nueva devaluación, rechazando de esta forma las presiones de ciertos grupos económicos con tenencias dolarizadas y/o ligados a la exportación. Así y todo, en estas mismas semanas el dólar paralelo y sus primos hermanos, el dólar bolsa y contado con liquidación, descendieron su cotización hasta en un 10%, contrariando la teoría ortodoxa que afirma que a mayores regulaciones, mayor suba del dólar ilegal.  
De hecho, la intervención pública por medio de operativos coordinados entre diversas entidades reguladoras del mercado financiero, como la Superintendencia de Entidades Financieras, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tiene en la actualidad como principal objetivo disuadir las operaciones de actividades ilegales especulativas, que desestabilizaron en el pasado el mercado cambiario. Que el Banco Central haya aplicado en la semana una multa de 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por no poder justificar los fondos que en 2008 transfirieron al exterior fue de hecho tan sólo un paso más en un camino iniciado el mes pasado, en el que se denunciaron y efectuaron suspensiones temporales a diversas entidades financieras.
A estas regulaciones se sumaron las de la AFIP, que suspendió a la empresa Procter & Gamble (P&G, que fabrica los productos Pampers, Ariel, Duracell, Gilette y Ayudín, entre otras) por fraude fiscal y fuga de divisas, pues de acuerdo con el ente recaudador la empresa incurrió en una sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares, lo que traducido implica menores reservas de dólares y subas en el precio del paralelo. También, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció en la semana a General Electric SA, Maltería Pampa SA (que produce las cervezas Quilmes y Brahma), y al laboratorio Monte Verde SA, como empresas que realizan procedimientos fraudulentos, mientras que la misma AFIP avanzó también sobre el comercio electrónico, detectando operaciones de al menos 690 monotributistas que realizaban ventas que superaban ampliamente sus declaraciones de ingresos, con lo cual fueron recategorizados y en algunos casos excluidos del régimen.

La otra intervención. Difícilmente los renovados controles no hayan disuadido a grandes especuladores de realizar futuras maniobras ilegales que restrinjan la disponibilidad de dólares y alteren el mercado cambiario. Pero por cierto, estas medidas no alcanzan a explicar la disminución de la cotización en los diferentes tipos de dólar que logró el Gobierno. Aquí, es necesario dar cuenta de otras intervenciones, como el acuerdo al que llegó con los exportadores de granos, quienes dos semanas atrás comprometieron 1.500 millones de dólares adicionales en carácter de adelanto de prefinanciamiento, de los cuales ya ingresaron 900 millones, y que en su conjunto permitirán superar en casi un 45% el monto liquidado en 2013, al pasar de 4000 a 5700 millones. También los 834 millones provenientes de China como parte del acuerdo de prefinanciamiento mutuo de exportaciones (swap) con el Banco Central de ese país, a los que por otra vía se sumará, en diciembre, otro monto por la licitación de la telefonía 4-G, mientras se negocian nuevos acuerdos financieros y comerciales con Francia y con Rusia. Paralelamente, Economía emitió un original bono atado a la  cotización oficial del dólar, que permite a aseguradoras, bancos y empresas orientar sus pesos hacia estos títulos en lugar del dólar, lo cual resta presión a la cotización de la moneda norteamericana y permite al mismo tiempo al Tesoro financiarse con casi 9.000 millones de pesos adicionales.
Así, estas diferentes intervenciones públicas para el control de salida e ingreso de dólares, que en parte permitieron recomponer las reservas del Banco Central por encima de los 28.000 millones de dólares en octubre, parecen haber sumado credibilidad a la reiterada negativa a devaluar por parte de Vanoli, todo lo cual muy posiblemente haya incidido en una modificación de las expectativas a corto plazo, con las consecuentes derivaciones a la baja en la cotización del dólar.

Por detrás. En cualquier caso, difícilmente pueda pensarse que estas acciones regulatorias y financieras puntuales puedan brindar una estabilidad sostenida en lo que respecta al mercado cambiario.
Con una industria y un sector energético altamente deficitario, al que se sumó la caída en cantidad y valor de los productos con más peso en la exportación argentina, la escasez de dólares o restricción externa continúa siendo un importante problema de cara al futuro.
Por caso, el principal producto de exportación argentina, la soja, cotiza en casi un 20% menos que a comienzos de año, mientras que también es fuerte la caída en las exportaciones de uno de los principales sectores dentro de las manufacturas de origen industrial (MOI), como lo es el automotor. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), entre enero y octubre sus ventas al exterior se redujeron en un 22,9% (se exportaron 289.692 vehículos) en comparación con igual período de 2013, aunque el dato positivo fue el crecimiento de las ventas a Brasil (allí se coloca el 87% de las exportaciones) en octubre pasado, donde se experimentó un aumento del 23,8% con respecto a septiembre.
Por eso, no son pocos los analistas que sostienen la necesidad de recurrir al financiamiento externo de cara a 2015. Aquí, los buitres representan el mayor escollo, pues el Gobierno se resiste a acordar con estos fondos antes de la finalización de este año (debido a una cláusula legal que dispararía juicios millonarios por parte de otros bonistas) y no parece dispuesto a recurrir a financiamiento a altos costos, tal como le vienen ofreciendo distintas entidades bancarias internacionales, justificando sus altas tasas de interés a causa, justamente, del conflicto abierto con los buitres. 
Sobre la posibilidad de un acuerdo a partir del año próximo, esta semana volvieron a manifestarse el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Vanoli. Mientras que el primero señaló que “a partir de enero es posible” pero siempre y cuando estos fondos se atengan a una negociación atada “a la ley, a la Justicia, a la igualdad y a no darles a los bonistas más de los que se les da a otros”, el presidente del Banco Central señaló que “si alguien espera que el 1º de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional”, aunque no descartó la posibilidad de una negociación.
En cualquier caso, el tiempo no sólo corre para nuestro país. Durante la semana que finalizó, el fondo Quantum Partners, liderado por el famoso financista húngaro George Soros, así como el Hayman Capital Management, propiedad del gran financista norteamericano Kyle Bass, reclamaron ante la Justicia inglesa que el Bank of New York Mellon (BoNY) les transfiera los 282 millones de dólares que la Argentina les abonó pero que actualmente se encuentran bloqueados por una orden de la Justicia norteamericana a favor de los fondos buitres. Argumentando que sus bonos expresados en euros y regidos por legislación inglesa no atraviesan jurisdicción norteamericana, los poderosos Soros y Bass anticipan una posible nueva ofensiva contra el tándem formado por los buitres y la Justicia norteamericana.

Se vienen los rusos, se vienen Por Daniel Cechini

En 1966, en plena guerra fría, el director de cine Norman Jewison produjo y dirigió una comedia bélica, Ahí vienen los rusos, una rara avis en años de tensión política y militar entre Occidente y el bloque comunista. En el film, un submarino soviético, realizando actividades de espionaje, encalla en las costas de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, al Noreste de Estados Unidos. El capitán del barco desciende con un grupo de marineros para buscar ayuda y –haciéndose pasar por marineros noruegos– se dirigen al poblado. La simulación dura poco tiempo y cuando los pobladores se dan cuenta, reaccionan ante lo que creen es una invasión del comunismo soviético y se disparan una serie de incidentes en los que no faltan (como en toda película de Hollywood que se precie) las situaciones humorísticas, los equívocos, los personajes queribles, los malos, los buenos y hasta el romance entre la linda del pueblo y el joven marinero ruso. Hacia el final, cuando todo parece encaminarse a un enfrentamiento inevitable, un hecho fortuito, un niño en peligro, atrae la atención de ambos bandos que –dejando de lado su disputa– se unen en el rescate del chico. La película, en final feliz, termina con los pobladores ayudando a los rusos a liberar el submarino y acompañándolo en sus embarcaciones mar afuera hasta aguas seguras. 

Desde luego, esta producción fue una de pocas excepciones en un ambiente cultural dominado por la paranoia de la guerra nuclear y la vigencia del equilibrio de la Mutua Destrucción Asegurada por los arsenales atómicos de la URSS y Estados Unidos. El cine occidental produjo sátiras de pesimismo sombrío como el que campea en Dr. Insólito o cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba, de Stanley Kubrick, en el que un desquiciado general de la Fuerza Aérea norteamericana inicia por las suyas una guerra nuclear, o directamente subproductos comerciales que destacaban en trazos gruesos y propagandísticos las “bondades” de Occidente y las “maldades” del Oriente comunista. La televisión, los diarios, las revistas, los púlpitos de los predicadores, las novelas y hasta los comics, chorreaban anticomunismo burdo, esquemático y demonizante: los rusos quieren dominar el mundo, en Rusia el Estado te quita todo, hasta los hijos, prohíbe la religión, no hay partidos políticos, no hay elecciones, está todo racionado, no hay libertades, no hay nada, sólo trabajo esclavo para el Estado, un Panóptico burocrático que todo lo observa y todo lo reglamenta.

El temor a la marea roja, al comunismo apátrida y disolvente, había empezado muy temprano, no bien el Partido Obrero Socialdemócrata ruso en su versión bolchevique se había hecho con el poder en octubre de 1917 (del viejo calendario gregoriano ruso) aprovechando una coyuntura en la que las consecuencias dramáticas de la I Guerra Mundial habían dejado al imperio zarista en una situación económica, política y militar de extrema debilidad, con la economía devastada, la población empobrecida y el ejército al borde de la sublevación. Desde su cuartel general en el Instituto Smolny, en la ciudad imperial de San Petersburgo, los bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza, lanzaron una insurrección que con la sencilla pero contundente consigna que clamaba por Paz, Pan y Tierra, arrasó, con la punta de las bayonetas de los Guardias Rojos, con la república de Kerensky, con la autocracia, la nobleza y el capitalismo. El fantasma que había recorrido Europa durante las insurrecciones obreras de 1848 y 1870 se corporizaba finalmente en un Estado obrero, un nuevo tipo de organización social que –se esperaba– fuera el puntapié inicial de un proceso de extensión a Europa y el mundo de la Revolución Proletaria que permitiera a la Humanidad el tránsito del “reino de la necesidad al reino de la libertad”. Horrorizadas por esa perspectiva, las burguesías de catorce países se aliaron en una fuerza militar que invadió territorio ruso hasta que fueron expulsadas luego de una sangrienta guerra en 1922. Y precisamente a fines de ese año, en diciembre, en la conferencia de Alma Ata, en Kazajstán, nació formalmente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la participación original de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Georgia y Azerbaiján.

Pero la Historia, con su astucia y su violencia, iba a dictaminar un destino divergente al imaginado por los padres fundadores del nuevo orden social. Pese al esfuerzo colosal de varias generaciones de trabajadores, pese al sacrificio de millones de soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, pese a los innegables avances científicos y técnicos, pese a la formidable maquinaria militar convencional y nuclear, pese a la extensión continental de sus áreas de influencia y a la vastedad de sus recursos naturales, el Estado soviético, encuadrado en las áreas de influencia delineadas en las conferencias de Yalta, Teherán y Postdam, fue perdiendo progresivamente fuerza estratégica en su oneroso enfrentamiento con el mundo capitalista. La carrera armamentística y espacial, los esfuerzos en África y Medio Oriente, y especialmente la desastrosa intervención en Afganistán fueron hemorragias que sangraron sus recursos hasta el punto que hacia fines de los ochenta se hizo insostenible su rígido esquema económico y político. La glasnost y la perestroika de Gorbachov no hicieron más que acelerar el proceso: el 8 de diciembre de 1991 el tratado de Belavezha puso fin a casi setenta años de Unión Soviética. Al año siguiente, en su State of the Union, el discurso anual con que el presidente norteamericano se dirige al Congreso, George Bush pudo decir orgulloso: este año, por la gracia de Dios, ganamos la Guerra Fría. En la ex URSS el paso al capitalismo fue desordenado, salvaje y pródigo en corrupción privada y estatal. Las consecuencias fueron las de siempre: desocupación, salarios bajos, inestabilidad, inflación, pobreza, marginalidad.

Luego de varias situaciones de inestabilidad, intento de golpes de Estado, presidencias sin control de alcoholemia y apropiación privada de los grandes conglomerados económicos estatales, un oscuro y desconocido abogado nacido en Leningrado, ex miembro de la temida KGB y entusiasta practicante de artes marciales que había sido primer ministro de Boris Yeltsin y Dimitri Medvedev, llegó a la presidencia de Rusia donde permanece hasta hoy. Vladimir Putin, el hombre que –nacido bajo el comunismo– fue bautizado en secreto por sus padres, el hombre que considera una enfermedad la homosexualidad y afirma enfáticamente que “el código moral del comunismo era una mala copia de la Biblia” y es necesario reemplazarlo por los valores tradicionales de la Iglesia Ortodoxa rusa, es el nuevo hombre fuerte de Rusia. El que pretende –y en parte lo está logrando– poner de pie al viejo y cansado Oso ruso y reverdecer los brillos imperiales del Águila zarista y también ¿por qué no? el poder y la influencia de la Estrella Roja soviética. Putin ha sacado a Rusia del estancamiento, tiene un sólido apoyo popular y ha reconstruido alianzas estratégicas en Asia, Europa y América. Sus fuerzas aéreas y navales vuelven a surcar cielos y mares del mundo y sus modernos misiles balísticos apuntan a los blancos de siempre. ¿Se vienen los rusos otra vez?

09/11/14 Miradas al Sur