Por un momento, todo pareció confluir. La soja, principal fuente de ingreso de dólares, aumentando su valor de forma sostenida desde 2003. La deuda pública, reduciendo cada vez más su peso en la economía a partir de 2005. Y, como frutilla del postre, un comportamiento exportador en donde el mayor crecimiento relativo para el período 2003-2011 fue el de las manufacturas de origen industrial (MOI), por encima de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario (MOA), lo cual significaba la posibilidad de aumentar en el futuro los ingresos de dólares.
Era, en efecto, la posibilidad de superar los “ciclos cortos” o de “stop and go”, es decir el proceso económico que venía experimentando nuestro país desde 1958, y que básicamente consistía en un tipo de economía en la que, al cabo de un tiempo de crecimiento, se generaba una falta de dólares, los cuales producían un “stop” al ciclo de desarrollo o “go” (que era corto).
Las razones, explicitadas por los economistas Oscar Braun y Leonard Joy, tenían que ver con una industria nacional que, a medida que crecía, demandaba una mayor cantidad de insumos importados, los cuales no podían ser financiados por los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, pues sus divisas no aumentaban en la misma medida en que crecía su salida por la importación de estos insumos industriales. La habitual salida –que actualmente vuelve a demandar gran parte de la oposición– era recurrir a los planes de estabilización, entonces coordinados con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos implicaban endeudar fuertemente al país para suplir los dólares faltantes, al tiempo que se recurría a una devaluación de la moneda nacional junto a una restricción del crédito y el gasto público para lograr una rebaja en el poder adquisitivo de los salarios e ingresos. Mediante esta última medida, se buscaba el doble efecto de reducir el consumo y su necesidad de importar insumos industriales (pero también el achicamiento y/o cierre de empresas y una mayor desocupación) y un abaratamiento de la producción (por la reducción salarial) que permitía ganar mercados externos por los mejores precios industriales.
De esta forma, se regresaba en el mediano plazo a la senda del “go”, aunque luego de retroceder varios casilleros, pues se fortalecía el sector del campo o primario (que no puede ofrecer empleo para más del 30% de la población) y se debilitaba el industrial. Asimismo, la distribución se hacía regresiva, pues estas devaluaciones producían un traslado de ingresos de los asalariados (que reducían su poder adquisitivo) al campo, que obtenía un mayor valor por los dólares que exportaba.
Si esta situación se generaba desde 1948, a partir de 1976 se agudizó. El proyecto instaurado por la dictadura cívico-militar tuvo como uno de sus ejes la desarticulación del movimiento obrero, para lo cual resultaba necesario debilitar la estructura industrial (la mayor generadora de empleos), lo que implicó una aún mayor necesidad de importación de insumos industriales, los cuales se financiaron en parte con el aumento sostenido de la deuda externa. Esta situación, que no pudo ser revertida por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y que buscó ser deliberadamente continuada y profundizada por los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), comenzó a cambiar a partir del 2002. Pero además, el país se benefició del “boom” de las materias primas, las cuales aumentaron sideralmente su valor internacional (la soja, el principal producto, llegó a tocar los 600 dólares la tonelada en 2012, cuando en 2000 costaba 180), proceso que se dio casi en simultaneo con el auge de la modificación genética, que permitió aumentar el nivel de producción del complejo oleaginoso a una tasa del 12% anual desde 2002, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía.
Vía retenciones a las exportaciones, esta extraordinaria renta fue utilizada por el gobierno kirchnerista para bajar el nivel de deuda externa y para impulsar el crecimiento industrial, por medio de créditos industriales a baja tasa y el fomento a la demanda del consumo interno (a través del aumento del poder adquisitivo y de la inversión pública).
Era, en efecto, la posibilidad de superar los “ciclos cortos” o de “stop and go”, es decir el proceso económico que venía experimentando nuestro país desde 1958, y que básicamente consistía en un tipo de economía en la que, al cabo de un tiempo de crecimiento, se generaba una falta de dólares, los cuales producían un “stop” al ciclo de desarrollo o “go” (que era corto).
Las razones, explicitadas por los economistas Oscar Braun y Leonard Joy, tenían que ver con una industria nacional que, a medida que crecía, demandaba una mayor cantidad de insumos importados, los cuales no podían ser financiados por los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, pues sus divisas no aumentaban en la misma medida en que crecía su salida por la importación de estos insumos industriales. La habitual salida –que actualmente vuelve a demandar gran parte de la oposición– era recurrir a los planes de estabilización, entonces coordinados con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos implicaban endeudar fuertemente al país para suplir los dólares faltantes, al tiempo que se recurría a una devaluación de la moneda nacional junto a una restricción del crédito y el gasto público para lograr una rebaja en el poder adquisitivo de los salarios e ingresos. Mediante esta última medida, se buscaba el doble efecto de reducir el consumo y su necesidad de importar insumos industriales (pero también el achicamiento y/o cierre de empresas y una mayor desocupación) y un abaratamiento de la producción (por la reducción salarial) que permitía ganar mercados externos por los mejores precios industriales.
De esta forma, se regresaba en el mediano plazo a la senda del “go”, aunque luego de retroceder varios casilleros, pues se fortalecía el sector del campo o primario (que no puede ofrecer empleo para más del 30% de la población) y se debilitaba el industrial. Asimismo, la distribución se hacía regresiva, pues estas devaluaciones producían un traslado de ingresos de los asalariados (que reducían su poder adquisitivo) al campo, que obtenía un mayor valor por los dólares que exportaba.
Si esta situación se generaba desde 1948, a partir de 1976 se agudizó. El proyecto instaurado por la dictadura cívico-militar tuvo como uno de sus ejes la desarticulación del movimiento obrero, para lo cual resultaba necesario debilitar la estructura industrial (la mayor generadora de empleos), lo que implicó una aún mayor necesidad de importación de insumos industriales, los cuales se financiaron en parte con el aumento sostenido de la deuda externa. Esta situación, que no pudo ser revertida por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y que buscó ser deliberadamente continuada y profundizada por los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), comenzó a cambiar a partir del 2002. Pero además, el país se benefició del “boom” de las materias primas, las cuales aumentaron sideralmente su valor internacional (la soja, el principal producto, llegó a tocar los 600 dólares la tonelada en 2012, cuando en 2000 costaba 180), proceso que se dio casi en simultaneo con el auge de la modificación genética, que permitió aumentar el nivel de producción del complejo oleaginoso a una tasa del 12% anual desde 2002, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía.
Vía retenciones a las exportaciones, esta extraordinaria renta fue utilizada por el gobierno kirchnerista para bajar el nivel de deuda externa y para impulsar el crecimiento industrial, por medio de créditos industriales a baja tasa y el fomento a la demanda del consumo interno (a través del aumento del poder adquisitivo y de la inversión pública).
¿Despertar del sueño? Existía, sin embargo, más de una nube en el horizonte, que en el último año empezaron a tomar espesura. Como bien lo señaló el economista Ricardo Aronskind, durante el ciclo kirchnerista la industria engordó, pero no se desarrolló. Más precisamente, las empresas agrandaron su producción y aumentó fuertemente el número de establecimientos industriales (de acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, se establecieron más de 200 mil nuevas empresas formales), pero no se revirtieron las condiciones estructurales heredadas del período neoliberal, que implicaban una alta extranjerización y una fuerte dependencia de insumos importados, todo lo cual equivale a salida de dólares. En relación con el primer punto, la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) exhibía que para el año 2012, entre las 500 empresas con mayor valor de producción y que explican el 24% del valor agregado de todo el país, sólo 179 eran nacionales. Esta fuerte extranjerizarción explicó en gran parte los 22.000 millones de dólares que estas empresas giraron a sus casas matrices en el exterior entre 2003 y 2011, antes de que el Gobierno restringiera su salida. Y en relación con la industria nacional, la destrucción de su tejido productivo durante la etapa neoliberal tuvo como consecuencia una alta dependencia de insumos importados, fundamentalmente en el complejo automotor y en el de producción de bienes de capital: de acuerdo con el Centro Cifra de la CTA, ambos sectores requirieron más de 11.000 millones de dólares de importaciones durante el 2012, lo cual exhibía tanto las falencias gubernamentales en parte de la planificación industrial como de la misma clase industrial, que no apostó en gran medida al desarrollo de sus establecimientos productivos.
También fue compartida la responsabilidad del Gobierno y la de la petrolera española Repsol por el segundo foco que volvió a poner en escena la escasez de dólares y el posible “stop”: la necesidad de importar energía, debido a un crecimiento económico que generó una mayor demanda energética (que en nuestro país proviene en un 90% de hidrocarburos). En relación con Repsol, los investigadores del Conicet Andrés Asiain y Agustín Crivelli señalaron que la empresa española, que durante los noventa se hizo cargo de YPF, tuvo una “lógica predatoria” ya que hizo “poco y nada” en lo referente a exploraciones para aumentar sus reservas, con lo que “la brutal reducción de las reservas a que esa práctica condujo fue la causa de la declinante producción”. El hecho de que recién en 2012 el Gobierno haya decido nacionalizar la empresa, implicó que no se pudieran revertir los resultados esperados: un déficit en la balanza comercial energética (diferencia entre importaciones e importaciones) que comenzó en 2011 (erogaciones por 2.800 millones de dólares), y que el año pasado superó (y en el actual lo volverá a hacer) los 6.000 millones de dólares.
Pos si fuera poco, a las erogaciones por dividendos de las multinacionales, insumos importados, y energía (a las que debe sumarse turismo, que en 2013 llegó a los 6.000 millones de dólares, aunque fue una situación extraordinaria), en los dos últimos años el complejo cerealero, principal fuente de dólares, retuvo sus ventas a la espera de una devaluación, que en parte consiguió a comienzos de este año. E incluso en los primeros nueve meses de este 2014, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), liquidó divisas por 19.200 millones de dólares, es decir 3,5% menos que en igual período del año anterior, pese a que la cosecha superó ampliamente a la de 2013. De hecho, fuentes oficiales calculan en 27 millones de toneladas de soja, es decir, más de 10 mil millones de dólares, los montos que el complejo agroexportador mantiene retenidos en silobolsas especulando con una devaluación.
Estas situaciones fueron las que mayormente explican la caída en las reservas del Banco Central, que de 52.600 millones de dólares a comienzos de 2011 se redujeron a menos de 27.500 millones en la actualidad, exhibiendo una carencia de dólares cada vez más significativa.
También fue compartida la responsabilidad del Gobierno y la de la petrolera española Repsol por el segundo foco que volvió a poner en escena la escasez de dólares y el posible “stop”: la necesidad de importar energía, debido a un crecimiento económico que generó una mayor demanda energética (que en nuestro país proviene en un 90% de hidrocarburos). En relación con Repsol, los investigadores del Conicet Andrés Asiain y Agustín Crivelli señalaron que la empresa española, que durante los noventa se hizo cargo de YPF, tuvo una “lógica predatoria” ya que hizo “poco y nada” en lo referente a exploraciones para aumentar sus reservas, con lo que “la brutal reducción de las reservas a que esa práctica condujo fue la causa de la declinante producción”. El hecho de que recién en 2012 el Gobierno haya decido nacionalizar la empresa, implicó que no se pudieran revertir los resultados esperados: un déficit en la balanza comercial energética (diferencia entre importaciones e importaciones) que comenzó en 2011 (erogaciones por 2.800 millones de dólares), y que el año pasado superó (y en el actual lo volverá a hacer) los 6.000 millones de dólares.
Pos si fuera poco, a las erogaciones por dividendos de las multinacionales, insumos importados, y energía (a las que debe sumarse turismo, que en 2013 llegó a los 6.000 millones de dólares, aunque fue una situación extraordinaria), en los dos últimos años el complejo cerealero, principal fuente de dólares, retuvo sus ventas a la espera de una devaluación, que en parte consiguió a comienzos de este año. E incluso en los primeros nueve meses de este 2014, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), liquidó divisas por 19.200 millones de dólares, es decir 3,5% menos que en igual período del año anterior, pese a que la cosecha superó ampliamente a la de 2013. De hecho, fuentes oficiales calculan en 27 millones de toneladas de soja, es decir, más de 10 mil millones de dólares, los montos que el complejo agroexportador mantiene retenidos en silobolsas especulando con una devaluación.
Estas situaciones fueron las que mayormente explican la caída en las reservas del Banco Central, que de 52.600 millones de dólares a comienzos de 2011 se redujeron a menos de 27.500 millones en la actualidad, exhibiendo una carencia de dólares cada vez más significativa.
Alternativas. A comienzos de año, el Gobierno cedió a los grupos concentrados de la economía y realizó una devaluación del 20%, la cual ya fue en gran medida compensada por los aumentos salariales logrados en paritarias (aunque en el transcurso se redujo el poder adquisitivo de los salarios e ingresos). Actualmente, el equipo económico parece decidido a no regresar ni a una devaluación ni a un plan de estabilización como los de décadas atrás, es decir a licuar fuertemente salarios e ingresos y hacer caer el empleo en forma considerable, como forma de revertir la escasez de dólares. Y es que desde el Banco Central manifestaron la imposibilidad de una suba en el valor oficial del dólar, hasta el momento no se ha recurrido al financiamiento internacional (fundamentalmente por el alto costo de estos préstamos debido al conflicto que se mantiene con los buitres), y se siguen ofreciendo créditos públicos para la industria, además de aumentar la erogación real en parte de la inversión social, como la Asignación Universal por Hijo.
Pero tanto por herencia de la estructura económica como por el comportamiento de los grupos concentrados de la economía y los errores propios del Gobierno (anteriormente mencionados), hoy día el “stop” vuelve a lucir como probable. Negándose a un plan de estabilización tradicional, el Gobierno busca ejercer un mayor control sobre la entrada y salida de dólares del Banco Central, las operaciones del circuito financiero, acuerdos con el Banco Central Chino, y, fundamentalmente, a través de negociaciones con el complejo agroexportador, para que liquide la cosecha con la que especula.
Pero tanto por herencia de la estructura económica como por el comportamiento de los grupos concentrados de la economía y los errores propios del Gobierno (anteriormente mencionados), hoy día el “stop” vuelve a lucir como probable. Negándose a un plan de estabilización tradicional, el Gobierno busca ejercer un mayor control sobre la entrada y salida de dólares del Banco Central, las operaciones del circuito financiero, acuerdos con el Banco Central Chino, y, fundamentalmente, a través de negociaciones con el complejo agroexportador, para que liquide la cosecha con la que especula.
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