La Tabaré - CRUA CHAN - homenaje a Sumo

Me reuní con Hugo Moyano, podría unificarse la CGT en 2015”

Lo dijo el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en declaraciones radiales. “Cuando sacamos la agenda política de la sindical, realmente la agenda es la misma".

“Nunca dejamos de hablar con la CGT Azopardo porque lo mejor es la unidad, las diferencias políticas son transitorias. No hay que confundir lo político con lo sindical", dijo Martínez en diálogo con Dady Brieva en Radio América. "Es bueno decir, muchachos, unámonos y que el árbol no tape el bosque”, agregó.
“Sí, me reuní con Moyano por temas internacionales y también por la unidad. No fueron reuniones secretas, el diálogo es permanente en la representación internacional, nunca he dejado de mantener diálogo con las centrales sindicales, que los conflictos internos no se trasladen al ámbito internacional”.
Sobre la posibilidad de unificar las centrales, dijo no creer que "estén dadas las condiciones para la unidad antes de fin de año pero estamos en pasos firmes, concretos como para llegar a los primeros meses del año que viene a la unidad sindical. Veo un panorama muy positivo”.

“Cuando sacamos la agenda política de la sindical, realmente la agenda es la misma. Cuando empecemos a tener objetividad en la visión estratégica sindical vamos a privilegiar esa mirada por sobre cualquier sectarismo”, finalizó.

Insólito: Facundo Moyano y el FIT votaron en sintonía con la Sociedad Rural y la UIA

El diputado que proviene del sindicalismo y el Frente de Izquierda rechazaron los cambios en la ley de Abastecimiento, tal como lo reclamaron las cámaras empresariales y el diario La Nación.

Por Enrique de la Calle
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada tres proyectos oficialistas destinados a regular prácticas empresariales y proteger a los consumidores. El más cuestionado por las patronales fue el que modifica la actual ley de Abastecimiento. “Es el fin de la propiedad privada en Argentina”, exageró el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere.
Además se sancionó la creación de un fuero especializado sobre consumo y de un Observatorio de precios.

El oficialismo debió apostar a su bloque para aprobar la modificación a la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones), en la que resultó la votación más ajustada. En el proyecto de creación del Observatorio de Precios el resultado fue de 136 a 104 y en la creación del fuero específico, 202 a 36.
En el primero de los textos el kirchnerismo contó con el apoyo de habituales aliados como el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Fueguino y de ahora opositores como el sindicalista Omar Plaini.
Moyano, el FIT y la patronal
Hace unas semanas, el ahora massista Facundo Moyano aseguró en declaraciones radiales que los cambios en la ley de Abastecimiento “es algo que genera el rechazo de todo el sector (Frente Renovador), hay que analizarla con cuidado”. Sin embargo, agregó: “Yo no estaría en desacuerdo pero tengo que ver qué hace el bloque del Frente Renovador, que tuvo posturas contradictorias. Me parece que más control implica más orden y en actividades que están afectadas por el desempleo no estaría mal”.
Finalmente, Moyano decidió votar junto a otros diputados del FR y oponerse al proyecto oficialista. De este modo, coincidió en su postura con los rechazos de los empresarios más importantes del país y sus voceros, los medios hegemónicos. El otro legislador vinculado con Hugo Moyano, el canillita Plaini, acompañó todas las iniciativas oficialistas.
También sorprendió el bloque del Frente de Izquierda, que también votó en contra. De este modo, se expresaron en sintonía con el massismo, el PRO, UNEN y los radicales. El presidente de la Sociedad Rural habrá respirado aliviado al observar legisladores clasistas tan moderados.

Por su parte, los diputados de Unidad Popular (Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Antonio Riestra), decidieron abstenerse en el caso de la ley de Abastecimiento y acompañar la creación del Observatorio de Precios, que tuvo el rechazo del FIT y de Moyano, entre otros

Está preso por represor, pero su agencia de seguridad está habilitada para operar

El represor Víctor Fogelman, actualmente sometido a juicio oral por violaciones a los derechos humanos, es el titular registrado de una de las empresas de seguridad privada habilitadas por cuenta del gobierno de Daniel Scioli, que las toma como fuente de auxiliares para la Policía Bonaerense.

Por Diego Kenis
Sentado en el banquillo de los acusados, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal que en Bahía Blanca lo juzgan por su participación en delitos de lesa humanidad, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman continúa siendo titular registrado de una de las empresas de seguridad privada parapoliciales habilitadas por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, que Horacio Verbitsky denunció en su columna dominical del 7 de septiembre último como fuentes de auxiliares de emergencia para la seguridad pública provincial.
Fogelman es copropietario de Sicurezza Argentina SRL, una firma dedicada a brindar “un excelente servicio de seguridad”, promesa que garantizan “sus directivos”, que son “destacados profesionales”, y “los organismos correspondientes”, que “certifican los antecedentes intachables de todos sus componentes”. Entre estos últimos se encuentran, según la página de la empresa en internet, cuyo dominio web sugestivamente dejó de existir esta semana, no sólo el gobierno bonaerense sino también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Defensa y la Prefectura Naval.
Junto a miembros de esta última fuerza, el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Armada, el intachable Víctor Fogelman demostró sus destrezas en materia de seguridad cuando el 28 de marzo de 1976 secuestró en Punta Alta al militante peronista Rubén Jara. A bordo de un automóvil sin patente, el represor llevó a su víctima encapuchada hasta el edificio de la Policía de Establecimientos Navales, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la ciudad portuaria durante la dictadura. Minutos más tarde, Jara fue trasladado al buque “9 de Julio”, que en 1955 bombardeó la ciudad de Mar del Plata al mando de Isaac Rojas y dos décadas más tarde sirvió como CCD a sus herederos navales. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a sesiones de tortura, interrogatorios bajo tormentos y simulacros de fusilamiento. Antes de dejarlo en libertad, sus captores lo obligaron a poner en venta parte de su patrimonio y a hacer pública la oferta a través del diario La Nueva Provincia.
Otros veinte años pasaron para que Fogelman cobrara notoriedad nacional: en 1997, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lo puso al frente de la investigación por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar el 25 de enero de ese año. Al cabo de algunos meses, las indagaciones periodísticas demostraron que la pesquisa liderada por el comisario mayor había procurado desviar la atención de la búsqueda de responsables hacia una banda de delincuentes comunes, en una maniobra que la Cámara Federal interviniente supo calificar más tarde como “siniestra, propia de la época de la dictadura militar”.
Para mediados de 1998, el represor ya estaba ocupado en negar sus vínculos con el terrorismo de Estado. Una ayuda para ello le prestó el propio Duhalde, quien aseguró que “Fogelman no tiene nada que ver con la dictadura”.
Caídas las leyes de impunidad, se reactivaron en Bahía Blanca las causas por delitos de lesa humanidad. El 25 de marzo de 2009, por pedido del entonces fiscal general bahiense Hugo Cañón, Fogelman fue detenido y seis días más tarde completó su primera declaración indagatoria. Ante el juez a cargo de la causa, Eduardo Tentoni, el policía retirado no recordó el periodo en que estuvo destinado a la Comisaría de Punta Alta, aunque pudo trazar a pedido del magistrado un croquis de los ambientes de la dependencia en 1976. En esa misma audiencia se lo autorizó a firmar un poder de administración en favor de su esposa e hijos para el cobro de haberes jubilatorios y la explotación de la empresa de seguridad Sicurezza Argentina de la que continúa siendo copropietario, porque en el mismo acto se le decretó la inhibición general sobre sus bienes.

Los riesgos y la incongruencia que suponen que un acusado por los peores delitos tipificados lidere como propietario una agencia de seguridad no requieren mayor explicitación. La discusión en torno a las habilitaciones cuenta con un antecedente que oficia como piso para una decisión política. Cuando al también represor Luis Patti le fue impedida la asunción de su banca de legislador nacional electo, en 2005, quedó establecido que la carencia de la idoneidad moral requerida para el acceso a lo público no se corroboraba recién con el procesamiento ni la condena judiciales, sino ya a partir de la “sospecha fundada” de participación en delitos contra el orden democrático y/o los derechos humanos. Fogelman se encuentra ya en instancia de juicio oral, y su pericia para ofrecer seguridad a la población volverá a quedar expuesta en pocas semanas, cuando los magistrados del Tribunal que lo juzga accedan a pruebas y testimonios sobre su accionar durante la dictadura.

"Hoy la Justicia no está investigando realmente a nadie"

El periodista Werner Pertot es el coautor del libro "Los días sin López" (que escribió junto a Luciana Rosende). ¿Por qué nunca se siguieron las pistas que podrían llevar al represor Miguel Etchecolatz?

Por Enrique de la Calle
APU: ¿Qué balance se hace de lo actuado por la Justicia en estos ocho años?
Werner Pertot: Al no haber imputados, procesados ni condenados a ocho años de la desaparición de Julio López el balance es muy negativo. No hay resultados. En gran parte eso se debe a que la Justicia le dejó a la (policía) Bonaerense que se hiciera cargo de la investigación durante el primer año y medio. En ese tiempo la Bonaerense hizo lo que quiso con la causa. En relación a la justicia, hubo mucha desidia, para decirlo de algún modo suave. Si se pudo saber algo fue gracias a los abogados querellantes, militantes de organismos de Derechos Humanos.
APU: ¿Cuál fue la línea de investigación que llevó adelante la policía Bonaerense en ese primer año y medio?
WP: Investigaron a la familia de López y a los organismos de Derechos Humanos. Esas fueron las únicas líneas que siguieron. Todo, menos a los represores. Después la causa pasó a Tribunales federales y comenzó a investigarse como una desaparición forzada. Después la Bonaerense puso todos los obstáculos posibles para que no se investigara a personas vinculadas con esa fuerza y a miembros del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
APU: ¿Cuáles son las hipótesis que habría que investigar?
WP: Son tres que podrían ser una. La primera es el entorno de Miguel Etchecolatz (represor detenido en Marcos Paz), la segunda son los policías que López menciona en su testimonio y la tercera es un grupo de penitenciarios bonaerenses que aparecen vinculados a Etchecolatz. Si se observa la causa se pueden ver relaciones entre las tres líneas. En el sitio Infojus Noticias realizamos un gráfico interactivo que establece relaciones entre las diferentes líneas de investigación.
APU: Habló del entorno de Etchecolatz: ¿Cuáles son las sospechas?
WP: Hay llamados de su entorno, de su mujer, que habla con un ex infante de Marina, que se llama Jorge Boynak, cuyo currículum aparece en la celda de Etchecolatz durante un allanamiento. También hay un ex médico policial, Carlos Falcone. Un familiar suyo declaró que él tenía un auto en el que habría sido trasladado López. El auto fue encontrado dos años después: estaba desmantelado, no se pudo encontrar ninguna prueba. Está procesado por el encubrimiento de ese auto, que era robado. Muchas veces los funcionarios dicen que no encontraron nada. No es así: pasa que no investigaron nada y cuando lo hacen pasó mucho tiempo.
APU: ¿La causa está archivada?
WP: No. Un funcionario que interviene en la causa nos dijo en off the record que la causa hubiera sido archivada si no fuera famosa. Está en una instancia donde se dan pasos burocráticos y no mucho más. No se investiga realmente a nadie. Ahora se volvió sobre la primera idea de la Bonaerense, la de investigar a la familia de López.
APU: ¿Por qué volvieron sobre esa hipótesis?
WP: Hay anexos completos en la causa dedicados a la familia de López. En un momento aparece un testimonio de un pibe de barrio que dice que escuchó una conversación entre el hijo de López y un profesor de karate, donde decían que tenían escondido a López. A partir de ese testimonio del chico, que era de una familia de policías bonaerenses, investigan esa pista que después se descartó porque no encontraron ninguna prueba. Ahora volvieron a citar a esta persona, que ya es mayor edad y es integrante de la Bonaerense, y ratifica todo lo que dijo.
APU: ¿El principal testigo para seguir la pista familiar es una persona que hoy es miembro de la Bonaerense?
WP: Claro. En eso se basa el fiscal para investigar nuevamente a la familia. Hoy estamos en esa situación. Creo que no va a llevar a ningún lado.
APU: ¿Las líneas que vinculan a Etchecolatz se investigaron en profundidad? ¿Por qué se descartaron?
WP: Se investigaron hasta ahí. La causa cambia de Juzgado y todo queda a medio camino. Ni tenemos pruebas para imputar a nadie ni tampoco un escenario para rechazar de plano esas líneas. Nunca se terminó de avanzar en esas hipótesis.
APU: En algún momento, la Justicia Federal separó a la Bonaerense por “negligencia manifiesta”. ¿Hay funcionarios de esa fuerza investigados por obstaculizar la investigación?

WP: No. No habla de connivencia, sino de negligencia. Son inútiles, sería la traducción. Pero no tuvieron mala intención. Una persona señalada por los organismos de Derechos Humanos por complicidad, es Hugo Matzkin, que es el actual Jefe de la Bonaerense, por decisión del gobernador Daniel Scioli.

AFSCA objetó el plan de adecuación de Clarín y no descarta actuar de oficio

El ente que conduce Martín Sabbatella notificó a la empresa sobre posibles irregularidades en su presentación para cumplir con la ley de Medios.

Hoy al mediodía, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual notificó al Grupo Clarín sobre la presunta existencia de vinculaciones societarias en dos de las seis unidades en las que propuso dividirse para cumplir con la ley de Medios. De rechazar la propuesta de la empresa, el AFSCA podría actuar de oficio.
De acuerdo al escrito presentado por AFSCA, “se observa que algunos de los fiduciarios de LRP Grupo Clarín New York Trust (con participación accionaria en la Unidad 1) y de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELN Grupo Clarín New York Trust (ambos Trust con participación accionaria en la Unidad 2) son personas físicas vinculadas entre sí a través de sociedades, verificándose por ello vínculos entre las mismas que podrían generar prácticas de concentración indebida”.
Tras detallar las vinculaciones detectadas por los equipos de AFSCA que, junto a otras dependencias del Estado nacional, analizan las propuestas de adecuación, se expresa que “se notifica la presente para que en el plazo de 10 días alegue y acredite las circunstancias fácticas y jurídicas que desvirtúen la existencia de: vinculaciones societarias entre los distintos fiduciarios de los Trust propuestos en el proceso de adecuación en las unidades de servicios de comunicación audiovisual 1 y 2; gerenciamiento conjunto de los Trust que conforman las mismas; y, por consiguiente, violación a los principios antimonopólicos y de desconcentración de la ley n° 26.522”.
Las dos incompatibilidades sobre las que AFSCA pide explicaciones al grupo mediático, son las siguientes:
- David C. Camerini (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1), Ezequiel A. Camerini (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) y  Rafael A. Ginebra (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York y ELHN Grupo Clarín New York en la Unidad 2) serían socios de la sociedad Fox Horan & Camerini LLP.
- José María Saenz Valiente (h) (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1) y Ignacio José María Saenz Valiente (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELHN Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) serían socios del Estudio Jurídico Sáenz Valiente y Asociados.

Finalmente, el escrito de AFSCA cita la resolución 2205/12 y señala que esta intimación “se realiza bajo apercibimiento de rechazo de la conformación societaria propuesta (por el Grupo Clarín), vulneratoria de la normativa vigente y de los términos de la propuesta de adecuación voluntaria aprobada, debiéndose aplicar la transferencia de oficio”.

Romero, el “especialista” en narcotráfico de Massa

Por Norberto Emmerich
Sobre la vinculación de Roberto Romero (padre) con el narcotráfico se ha escrito mucho. El libro “Mamá Coca”, del investigador estadounidense Anthony Henman, imputaba al ex gobernador con ese delito. En 1985 las revistas españolas Interview y Cambio 16 también lo involucraron en el tráfico de estupefacientes.
En febrero de 2007 la revista Le Monde, con la firma de Carlos Gabetta, publicó el artículo “Narcotráfico versus Democracia” haciendo referencia a investigaciones de Rafael Saralegui y Raúl Kollman. Lo mismo sucedió con otras publicaciones como “Cocaína, dólares y política”, de Eduardo de Miguel y Gabriel Pasquini o “Blanca y Radiante, mafias, poder y narcotráfico en la Argentina”, de los mismos autores. Lo propio hicieron Hernán López Echagüe en “El otro”, Jorge Winter en “Días extraños, primeras crónicas de Nimrod”, Miguel Bonasso en “Don Alfredo”, Jorge Lanata en “Argentinos II” y Christian Sanz y Franco Caviglia en “La Larga Sombra de Yabrán”. El apellido Romero y el narcotráfico ya son una marca registrada.
En consecuencia la idea de que el poder político en Salta está vinculado al tráfico de drogas no es caprichosa y ni siquiera es llamativa. Un largo historial de hechos da cuenta de ello. El primer indicio fue a mediados de los años 80, cuando un avión de Roberto Romero, entonces gobernador de Salta, se estrelló en la zona de San Antonio de los Cobres con 200 Kg. de cocaína. A partir de ahí el mandatario jamás pudo quitarse la etiqueta de "narco".
El periodista Sergio Poma afirma en “Salta. El narcopoder” que Romero (padre e hijo) aparecen desde hace años en los archivos de la DEA norteamericana por sus vínculos con el mundo de las drogas. En Mamá Coca, Anthony Henman menciona a Romero padre en la página 103: "es, no obstante, de la vecina Argentina de donde han provenido las más asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a personajes que predominaron en el último periodo de la presidencia de Isabel Perón. La historia fue revelada por el Servicio de Informaciones del Ejército en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el ignominioso ministro de Bienestar Social, López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias como el ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario "El Tribuno", Roberto Romero… Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran alcance que utilizaba la Policía Federal para la distribución interna en el país y la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones".
¿Qué busca Juan Carlos Romero al presentarse como el adalid de la lucha contra el narcotráfico? Nada nuevo en realidad, pero sí una eventualidad peligrosa. El 8 de marzo de 2001, acompañado del gobernador Julio Miranda de Tucumán, Juan Carlos Romero se reunió con el embajador  norteamericano James Walsh  “para pedirle una suerte de Plan Colombia para la región”.
Al salir de la reunión el salteño dijo que el diplomático se había comprometido a evaluar la creación de un programa de cooperación para el control del narcotráfico en la frontera con Bolivia. A pesar de su sobreactuación Romero estaba ofreciendo una cabecera de playa a Estados Unidos. Quedaba claro en aquel entonces que el viejo narcotraficante se había convertido en un rehén de la DEA.
El diario Hoy de España lo dijo con claridad el 27 de enero de 2013: “a Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político”.
El periodista Rafael Saralegui se comunicó con Abel Reynoso (ex jefe de la DEA local) vía e-mail y le preguntó sobre las sospechas que vinculaban al Gobernador Juan Carlos Romero con el narcotráfico. El agente respondió: “si camina como un pato, tiene pico de pato, nada como un pato y tiene las plumas de un pato, entonces debe ser un pato”.

Mezclando con una audacia temeraria la problemática migratoria con las políticas sobre narcotráfico, el tándem Massa-Romero es una reactualización de aquella fracasada fórmula Menem-Romero. Estados Unidos va encontrando sus candidatos.