miércoles, 4 de junio de 2014

4 de junio de 1943. La revolución del GOU

Por Enrique Manson

El 4 de junio de 1943 Campo de Mayo y otras unidades del Gran Buenos Aires avanzaron sobre la Capital desde la madrugada. El presidente Castillo encargó al general Rodolfo Márquez que organizara la represión, que éste intentó sin éxito alguno. Sólo hubo un cruento tiroteo al pasar las tropas que comandaba el coronel Avalos por la Escuela de Mecánica de la Armada, con decenas de muertos y heridos. A las tres de la tarde el general Rawson se instalaba, sin oposición alguna, en la Casa Rosada. Castillo se había embarcado en el rastreador Drumont de la Flota de Río, ilusionado de que la Marina apoyaría al gobierno. No tardaría en decepcionarse. Facilitó el traslado de algunos de sus ministros a Montevideo, y se hizo llevar a La Plata, donde lo esperaba una delegación del gobierno militar, ante la cual, y en la ciudad en que lo hiciera Yrigoyen trece años antes, presentó su renuncia y se fue a su casa.

La Década Infame

Fue el periodista José Luis Torres quien tuvo la inspiración de bautizar –al ponerle nombre a uno de sus libros- al período nefasto iniciado el 6 de septiembre de 193

0. Durante la infame, al derrocamiento del gobierno popular de Hipólito Irigoyen, siguieron el fraude patriótico, la renovación de la condición colonial –simbolizada por el Tratado Roca-Runciman- y una corrupción generalizada que iba desde las coimas cobradas en el negociado de las empresas eléctricas hasta la cooptación de la mismísima UCR que se convirtió en comparsa del Régimen.

Hombres provenientes del nacionalismo uriburista, otros integrantes de la agrupación yrigoyenista FORJA y los militantes del naciente revisionismo histórico iniciaron la demolición de los mitos en que se había sustentado la argentina colonial, ya confesada por el vicepresidente Julito Roca al decir que “la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, parte integrante del Imperio británico.” Su prédica llegó a algunos oficiales del Ejército, que descubrieron de pronto la realidad y se despegaron del liderazgo del Justo, el general del fraude.
El estallido de la 2ª Guerra Mundial llevó a los Estados Unidos a aumentar su presión sobre América Latina, y en especial sobre la Argentina, siempre arisca a sus mandatos. Los nacionalistas, civiles y militares y de todos los orígenes políticos, apoyaron la política de neutralidad de nuestro país, sostenida gallardamente en la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro.

Pero además de neutralista, el presidente Castillo era un hombre del Régimen, y estaba convencido que había que mantener el fraude. Algunos delirantes lo suponen por eso un partidario del nazismo o del fascismo: era un conservador de provincia que creía firmemente que algunos han nacido para mandar y otros para obedecer. Por ese camino se aproximaba a la presidencia el magnate salteño Robustiano Patrón Costa. Los militares nacionalistas no confiaban en él, y además compartían el hartazgo popular por la permanente trampa electoral.

El GOU

Entre noviembre y diciembre de 1942 comenzaron a circular en los cuarteles papeles que transmitían el pensamiento de un grupo de oficiales jóvenes. Eran las Noticias del GOU, de las cuales los cuatro primeros números no llevan fecha, pero se sabe que fueron publicados antes del movimiento del 4 de junio.
Proclama revolucionaria

Al Pueblo de la República Argentina:

Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles y celosas guardianas del honor y tradiciones de la Patria como así mismo del bienestar, los derechos y libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa pero muy atentamente las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la nación.

Ha sido ingrata y dolorosa la comprobación. Se han defraudado las esperanzas de los argentinos, adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción.

Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándose de la cosa pública, explotada en beneficio de siniestros personajes movidos por la más vil de las pasiones.

Dichas fuerzas, conscientes de la responsabilidad que asumen ante la historia y ante su pueblo -cuyo clamor ha llegado hasta los cuarteles- deciden cumplir con el deber de esta hora: que les impone salir en defensa de los sagrados intereses de la Patria.

La defensa de tales intereses impondrá la abnegación de muchos, porque no hay gloria sin sacrificio.

Propugnamos la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos.

Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de que no son ellas, sino los hombres quienes han delinquido en su aplicación.

Anhelamos firmemente la unidad del pueblo argentino, porque el Ejército de la Patria, que es el pueblo mismo, luchará por la solución de sus problemas y la restitución de derechos y garantías conculcadas.

Lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la Nación; por cumplir firmemente el mandato imperativo de su tradición histórica; por hacer efectiva una absoluta, verdadera y leal unión y colaboración americana y cumplimiento de los pactos y compromisos internacionales.

Declaramos que cada uno de los militares, llevados por las circunstancias a la función pública, se compromete bajo su honor:

A trabajar honrada e incansablemente en defensa del honor del bienestar, de la libertad, de los derechos y de los intereses de los argentinos.

A renunciar a todo pago o emolumento que no sea el que por su jerarquía o grado le corresponde en el ejército.

A ser inflexibles en el desempeño de la función pública, asegurando la equidad y la justicia de los procedimientos.

A reprimir de la manera más enérgica, entregando a la justicia, no sólo al que cometa un acto doloso en perjuicio del Estado, sino también a todo el que, directa o indirectamente, se preste a ello”.
En noviembre había regresado a Buenos Aires el coronel Juan Perón, que había participado de las maniobras anuales en Puente del Inca. Era esperado con ansiedad por muchos de sus camaradas que confiaban en su capacidad de análisis de la realidad y su aptitud para la organización. Naturalmente se convirtió en una de las cabezas del GOU.

Ante la cercanía de las elecciones presidenciales, el radicalismo domesticado se quedó sin su candidato natural por la muerte de Marcelo Alvear. La creciente influencia de la Guerra Mundial en la política argentina venía de perlas al gran beneficiario de la desaparición del ex presidente, el general Justo. Su compromiso con las potencias democráticas, que incluía la oferta de su sable al Ejército Brasileño, del que era general honorario, para luchar contra el Eje, y su control de los principales mandos del Ejército Argentino, ayudaban a los desmemoriados a olvidar los manejos fraudulentos de su reciente presidencia. Justo cultivaba una imagen que lo diferenciaba de Castillo y, si esa diferencia era indudable en lo referente a la política exterior, era fácil imaginarla en el campo electoral. Por otra parte hacerle trampas al inventor del fraude patriótico, que además tenía a los generales con él parecía inimaginable.

Pero un aciago 11 de enero, el sonriente general ingeniero murió inesperadamente. El embajador Armour informó al Departamento de Estado que los radicales, las recientes víctimas de sus cambios de urnas, estaban “como si hubiesen perdido a su propio candidato”. Lo que en realidad era cierto a esas horas.

El 27 de mayo se entrevistaron el ministro de Guerra con varios dirigentes de la UCR. Era necesario buscar un candidato y propusieron al ministro de Guerra, Pedro Pablo Ramírez que fuera él. Al jefe del Ejército no le iban a hacer fraude. La respuesta del general fue ambigua.

Castillo, enterado, exigió a su ministro que desmintiera públicamente la versión. Ramírez envió un comunicado a los diarios en que negaba “que encabezara una fórmula presidencial;, haciendo uso, para tal fin, de las prerrogativas del cargo” . El presidente no quedó conforme

El 3 de junio, el primer mandatario redactó un decreto en que separaba del ministerio a Ramírez, quedando a cargo interinamente el almirante Fincati. Un periodista informó al teniente coronel Enrique González, secretario del ministerio de Guerra y hombre del GOU. Éste lo hizo con el ministro, quien lo dejó en libertad de acción ya que no quería encabezar abiertamente la revolución contra Castillo. González habló con Perón que estuvo “en un todo de acuerdo en que había llegado el momento de actuar” .

La logia estaba encabezada por coroneles, pero –decía Perón a Félix Luna en 1969- por una deformación profesional, los militares siempre creen que el presidente surgido de un golpe militar tiene que ser un general...En este caso, los muchachos tuvieron el tino de elegir a tres generales ‘cabresteadores’, como Rawson, Ramírez y Farrell, que iban a hacer lo que se les indicara”.

Los generales “‘cabresteadores’ que iban a hacer lo que se les indicara”: Rawson, Ramírez y Farrell,

Así se hizo. Arturo Rawson duró un par de días. Después, Ramírez y más tarde Edelmiro Farell siguieron las debidas instrucciones.

El GOU tenía bastante de bolsa de gatos. La mayoría de sus integrantes –y de los revolucionarios que no lo integraban- no tenían muy en claro para que se había hecho la revolución. Para lavar la “ofensa” a Ramírez, sí. ¿Pero después? Había que mantener la neutralidad, y había quienes sólo pensaban que había que defender al Ejército del contagio de la corrupción (para un militar no hay nada mejor que otro militar, era su lema). Otros venían del nacionalismo uriburista, o del radicalismo nacionalista. No faltaba alguno de quién diría años después Fermín Chávez que su problema seguía siendo la caída de Berlín, y Domingo Mercante era un teniente coronel de padre sindicalista.

El coronel del Pueblo

Juan Perón, con otro alcance de mirada, comprendería el camino a seguir para dar sentido al movimiento. Desde la secretaría y luego el ministerio de Guerra, conduciría al Ejército, el verdadero partido de gobierno. Desde la vicepresidencia habría de negociar el rol de la Argentina de posguerra, aún con la misión secreta norteamericana de la que salió la declaración de guerra –cuando ya no moriría ningún argentino- a cambio del levantamiento de la cuarentena internacional establecida contra nuestro país. También consiguió que éste se hiciera cargo –y no Washington- de las propiedades alemanas y japonesas establecidas en la Argentina. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se pondría a la cabeza de la obra de justicia social que permitiría integrar a las masas populares a la política, al Siglo XX y a la vida misma. Lo que se pondría de manifiesto un 17 de octubre glorioso.

Pero esto es otra historia.

CÁTEDRA LIBRE DE HISTORIA NACIONAL JOSÉ MARÍA ROSA

SE INICIAN LOS TRAMITES PARA EFECTIVIZAR LA ABDICACION DEL REY Y FRENAR LAS DEMANDAS REPUBLICANAS Rajoy apura la sucesión al trono español

El gobierno impulsó el proceso parlamentario para hacer efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. El texto no resuelve la nueva situación jurídica del ex monarca, que podría perder su inmunidad.

Por Flor Ragucci

Desde Barcelona

Ya está en marcha el proceso legal que permitirá la sucesión del trono español de Juan Carlos a su hijo, el príncipe Felipe. En el consejo extraordinario de ministros, el gobierno redactó la ley orgánica que la semana próxima tendrá que ser aprobada por la Cámara baja y, finalmente el 18 de junio, ratificada por la Cámara alta para que se formalice la abdicación y se dé paso al nuevo reinado.

La norma, por ser una ley orgánica, requiere ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y simple en el Senado. Una vez superado el trámite –y todo apunta a que así se hará– el texto se verá sancionado y promulgado por el propio Juan Carlos, que también será el encargado de ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hecho con el cual se haría efectiva la abdicación del actual monarca. Según explicó Jesús Posada, presidente del Congreso, las Cortes culminarán el día 18 de junio el trámite parlamentario de la sucesión del rey y, a partir de entonces, será la Casa Real la que establezca la fecha de la coronación de Felipe VI en el hemiciclo en sesión conjunta de Congreso y Senado.

De momento, todo parece indicar que la mayoría de los grupos parlamentarios no pondrán trabas a este calendario. Tanto el Partido Popular (PP) como el Socialista (PSOE) mostraron su claro apoyo a la sucesión directa de Juan Carlos a su hijo y el único grupo que anunció que votaría en bloque en contra es el de Izquierda Plural, dentro del que se encuentra Izquierda Unida. En cualquier caso, el porcentaje de rechazo a la sucesión no llegará al 10 por ciento de la Cámara baja, con lo cual el traspaso de la Corona es prácticamente un hecho.

Lo que, sin embargo, no está aún tan claro es cómo quedará la situación jurídica del rey, una vez fuera del cargo. El proyecto de ley orgánica aprobado ayer por el Consejo de Ministros sólo cuenta con un artículo único y una disposición final para hacer efectiva la renuncia a la Corona, pero no dedica ni una palabra a otras cuestiones que –por tratarse de una situación inédita en la historia de España– no están reguladas. Después de 36 años de reinado, ninguna ley de la Corona desarrolló el artículo 57 por el que se pauta la abdicación o renuncia del jefe del Estado. De ahí el apuro del gobierno por convocar una reunión extraordinaria y dar una solución rápida al desconcierto actual.

La normativa recién aprobada, que ordena el pase del trono desde Juan Carlos I a Felipe VI, deja muchos cabos sueltos. Uno de ellos es el relativo a la inviolabilidad y el aforamiento del monarca que abandona el cargo. De acuerdo con el artículo 56.3 de la Carta Magna, “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, pero la pérdida de tal condición sólo se da por supuesta en caso de muerte. Así es que cuando abdica se abren los interrogantes. ¿Podría ser juzgado a partir de ahora como “una persona normal”? Los juristas opinan que Juan Carlos estaría habilitado para sentarse ante los Tribunales sólo por delitos que cometiera una vez convertido en civil, pero no de forma retroactiva. Esto significa que jamás el ciudadano Juan Carlos de Borbón podría ser juzgado por sus actos oficiales y personales mientras fue rey.

El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó que si la ley orgánica en la que se recoja la sucesión al trono no protege al rey Juan Carlos de responsabilidades penales cuando deje de ser monarca, su partido será el primero en “plantear querellas por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado”.

La figura de Juan Carlos se encuentra, en cualquier caso, blindada por los principales grupos políticos. Sin ir más lejos, el gobierno aprobó en su reunión extraordinaria, además del texto que regula la abdicación, una declaración institucional de apoyo a la monarquía, agradecimiento a la labor de don Juan Carlos y afirmación de que la Constitución “asegura la normalidad en la sucesión a la Jefatura del Estado”. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declaró también ayer en unas jornadas de la revista The Economist que la decisión de renunciar de Juan Carlos fue “meditada y no fruto de la coyuntura actual”, a la vez que se encargó de ensalzar a su heredero, Felipe, como una figura con “gran apoyo popular, que conoce bien la realidad española y que sabrá desempeñar su papel al frente de la Corona con el mismo acierto que lo ha hecho el rey”.

El Partido Socialista, por su parte, anunció a través de quien hasta dentro de un mes es su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, su empeño por mantener el pacto monárquico para garantizar el poder a Felipe de Borbón, aunque esta idea empieza a no ser respaldada por amplios sectores del partido, como las Juventudes y la Izquierda Socialista, la federación balear, la gallega, el PSC de Barcelona, el alcalde de Soria o la agrupación de base Foro Etico, que cuestionan la posición oficial y exigen pasos hacia la III República.

Entre las filas del PP, en cambio, no hay fisuras. Rajoy aprovechó para retar a los que rechazan la monarquía a emprender el camino de la reforma constitucional si no comparten el modelo, después de que el movimiento republicano haya salido a protestar en las plazas de las principales ciudades del país contra la sucesión automática del rey a su hijo. “Ahora hay quien pide un referéndum (entre monarquía y república). Pueden hacerlo, pero tienen que respetar los procedimientos establecidos en la Constitución. Yo creo que la monarquía tiene el apoyo mayoritario en España pero, si no les gusta, que planteen una reforma en las Cortes, tienen pleno derecho a hacerlo. Lo único que no pueden hacer en democracia es saltarse las leyes, la democracia es el imperio de la ley”, aseguró el mandatario para dejar en claro que, si alguien quiere ese referéndum, debe llevar una reforma al Congreso que obviamente sería derrotada por la mayoría absoluta del PP.

Pero las amenazas gubernamentales no parecen amedrentar a los cientos de miles de personas que salieron a la calle con banderas amarillas, moradas y rojas, símbolo de la República española, y que hoy siguen en pie de lucha con la recolección de firmas a través de diversos portales de Internet para la convocatoria de una consulta sobre la continuidad de la monarquía.

04/06/14 Página|12
 


MEDIOS Y COMUNICACION Nacionalismo publicitario

Hugo Muleiro expone las prácticas publicitarias de empresas internacionales que pretenden exaltar y explotar sentimientos y valores asociados a la Selección de Fútbol.

Por Hugo Muleiro *

Es frecuente que los mundiales de fútbol generen un gran movimiento en el universo de la comunicación, por el hecho sencillo de que grandes porciones de receptores de los medios gráficos, radiales y televisivos están abocadas al acontecimiento. Esto determina una alteración profunda de las prioridades informativas, un cambio en las agendas causado por estos certámenes, incluso en sus etapas previas. El fenómeno ya fue visitado, en ocasiones innumerables, por expertos en comunicación, sociólogos y politólogos, con las ópticas más diversas.

Algunos posicionamientos se mantienen sin embargo en el tiempo. Uno de los más repetidos es el que empieza y termina en la denuncia del aprovechamiento político de cada mundial por parte de los gobiernos, en especial el del país sede, aunque no exclusivamente. Experiencias nefastas, como el Mundial de 1978 en la Argentina asolada por la dictadura cívico-militar, alimentan conclusiones rápidas y el trazado fácil de paralelismos a menudo carentes de rigor. En este punto, lo más común es que todo gesto o acción de identificación y simpatía de un gobierno con la selección nacional de fútbol sea señalado mecánicamente como acto “populista” y de usufructo ilegítimo del deporte para “fines políticos”, puestos de manera invariable bajo las peores sospechas. Esto es frecuente por parte de quienes quieren para sí y sus intereses sectoriales el espacio que la política llegue a ocupar.

Está visto y verificado que muchísimos deportes, y en primer lugar el fútbol profesional, fueron convertidos en una industria, privatizada en gran cantidad de países y para los mundiales, con la constitución de un verdadero cartel global, dotado de fuerza económica capaz de operar por encima de cualquier frontera y de pisar las soberanías nacionales. Bien lo sabe el gobierno brasileño: sólo para dar un ejemplo, se vio forzado a hacer enmendar una ley local y permitir con ello la venta de cerveza en inmediaciones de los estadios en que se jugarán los partidos, bajo la amenaza de perder la sede, con las consecuencias políticas desastrosas que para cualquier gestión puede tener un hecho de esas características. El cartel coaccionó, en este caso, en defensa de la multinacional Budweisser. Lo que los mundiales agregan en el campo de la comunicación es un repentino resurgimiento de sentimientos y valores que son exaltados y explotados, más que por actores políticos locales, por esos mismos poderes empresariales internacionales, ajenos por completo a cualquier noción de pertenencia a lo nacional. En la Argentina, las multinacionales de las telecomunicaciones, expertas en expoliar a sus clientes y estafarlos mediante un sinfín de estrategias frente a las cuales los Estados suelen ser por demás ineficientes, se calzaron la celeste y blanco y nos están dando lecciones de patriotismo.

Uno de los casos más alevosos es el mensaje que en estos días nos está diciendo que a los argentinos “juntos no nos para nadie”, que nos respetamos y cuidamos y mancomunamos por la Selección de Fútbol y que, en esto, nos volvemos “mejores”. Esta reivindicación de una supuesta argentinidad, estructurada en un crescendo patético de entonaciones nacionalistas, viene de la mano de una de las empresas que se sirve de la debilidad de las soberanías para quedarse con servicios esenciales y llevarse ganancias: Claro, perteneciente a América Móvil, que igual que Telmex es propiedad del Grupo Carso, cuyo accionista principal es el multimillonario mexicano Carlos Slim.

La multinacional de origen estadounidense Procter & Gamble, presente en 160 países, invita también a involucrarse en sentimientos nacionalistas apelando a la conductora Susana Giménez, que se calza para la ocasión la casaca a barras celestes y blancas por más que su patria de preferencia, como se sabe, es la ciudad de Miami. P&G es, desde 2007, propietaria de Gillette, explotadora tradicional de la argentinidad futbolística.

Si la pasión con un equipo deportivo como expresión de nacionalismo es un asunto por demás complejo y discutible, pocas dudas dejan las apelaciones patrióticas hechas por multinacionales, cuya razón de ser consiste en expoliar a los países en los que operan.

* Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (Comuna).

04/06/14 Página|12
 

PELIGRA EL COMIENZO DEL PROCESO ORAL POR LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN LA PLANTA DE FORD Una decisión que tiene en vilo al juicio

Por Ailín Bullentini

El juicio oral y público por los secuestros y las torturas sufridas por una veintena de trabajadores de Ford durante la última dictadura depende, por estos días, de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La causa, una de las pocas centradas en la participación civil en delitos de lesa humanidad, y la que más cerca está de la instancia del debate oral, fue momentáneamente frenada por uno de los tres ex dirigentes de la compañía imputados en el expediente: hace algunas semanas, el ex jefe de seguridad de la Ford Héctor Sibilla recurrió en queja a la Sala 1 de la Cámara y solicitó la nulidad de las elevaciones a juicio que lo ubican como responsable. “Es una táctica básica de todos los acusados para atrasar la cuestión. Esperamos que sea rechazado”, analizó Tomás Ojea Quintana, uno de los abogados que representan a la querella particular de las víctimas.

El expediente sobre lo sucedido en marzo, abril y agosto de 1976 en la planta que Ford tiene en la localidad bonaerense de Pacheco caminaba derecho, junto a otras grandes causas que analizan violaciones a los derechos humanos de trabajadores de otras empresas durante el terrorismo de Estado, al juicio oral y público, cuyo inicio está previsto el 8 de julio en San Martín. Hace un par de semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de ese fuero había citado a las partes para el aporte de prueba cuando se escuchó el “pero”: la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por Marcelo Fernández, Hugo Fossati y Lidia Cobo, aceptó el recurso presentado por la defensa de Sibilla y, hasta tanto no defina qué curso le da, el debate oral y público de la causa permanece en suspenso. Según informaron fuentes judiciales, la resolución es inminente.

En su recurso de queja, la defensa del militar retirado que ofició de jefe de seguridad de Ford exige la nulidad de las elevaciones a juicio que lo imputan en esta historia argumentando que no figuran especificaciones sobre los hechos que se le endilgan. “El quiere el detalle al extremo de la acusación, cuestiones que en realidad se dilucidarán en el juicio oral y público, justamente lo que este hombre quiere evitar”, evaluó Ojea Quintana, en diálogo con este diario.

La querella acusó a Sibilla por los mismos cargos que a otros ex dirigentes de la Ford, Pedro Müller y Guillermo Galarraga, ex jefe de Manufactura y ex gerente de Relaciones Laborales, respectivamente: los considera partícipes primarios en los secuestros y torturas de 24 trabajadores de la empresa. En su mayoría, los empleados fueron secuestrados en horario de trabajo, los mantuvieron detenidos en instalaciones de la empresa, donde fueron interrogados y algunos incluso torturados, y luego estuvieron cautivos en diferentes comisarías. Según esa elevación, los tres son responsables de “haber permitido el acceso a diferentes dependencias de la empresa al personal de las distintas Fuerzas Armadas y/o de seguridad y haberles suministrado información de su conocimiento relativo a los empleados de la compañía de diversos sectores”. Además, la querella particular a cargo de Ojea Quintana los imputó por “facilitar los medios necesarios, a través de diferentes mecanismos, para que los referidos numerarios castrenses procedieran a la detención” de las víctimas. En el caso específico de Sibilla, una de las víctimas lo reconoció presente mientras fue torturado.

La medida exigida por la defensa del ex jefe de Seguridad de la Ford ya fue analizada en una audiencia diagramada por la Cámara, a la que asistieron las querellas –también acusan en esta causa las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial–, pero no la fiscalía, que también debía responder por su elevación a juicio. Según denunció Ojea Quintana, “la exposición de la defensa de Sibilla fue un alegato en el que hizo referencia a la querella particular, cuestionó las declaraciones de los testigos en instrucción, se comportó como si estuviera en el juicio”. “Esperamos que el pedido de nulidad sea rechazado”, remarcó el abogado, en base a que “el recurso lo analiza la misma sala que confirmó los procesamientos de estas tres personas, con lo cual se debería mantener la lógica judicial y reiterar el rechazo”.

Las defensas de Sibilla, Müller y Galarraga habían apelado los procesamientos de la jueza federal que accionó en la primera instancia, Alicia Vence. Frente a esas apelaciones, la Cámara confirmó la decisión de Vence y la existencia de evidencias suficientes para mandarlos a juicio oral. Si ahora los camaristas opinan lo contrario, todo el expediente regresará a manos de Vence.

04/06/14 Página|12

 

martes, 3 de junio de 2014

Algunas precisiones sobre el clasismo en los setenta Por Edgardo Fontana (Camba)


El lunes 5 de octubre Beatriz Sarlo escribió un artículo de opinión en el diario La Nación, titulado "Piquetes buenos, piquetes malos". Allí la otrora intelectual orgánica al maoísmo argentino, hoy columnista de las principales empresas mediáticas del país, realiza una intervención para el asombro. Su intención es ligar el actual conflicto en Kraft con las luchas desplegadas por el sindicato de los mecánicos cordobeses a comienzos de los años setenta, para así esbozar dos hipótesis críticas: por un lado cuestionar el discurso macartista de la dirigencia de la CGT y por el otro denunciar al setentismo kirchnerista, porque sus invocaciones al pasado se refieren únicamente a la "gloriosa JP".

Lo llamativo es que Sarlo reproduce cada una de las operaciones que cuestiona, confirmando así una manera de referirse a la historia que nos incomoda muchísimo, por cómo mutila y empobrece procesos que fueron complejos y permanecen abiertos a múltiples interpretaciones. A este historicismo voraz le interesa hallar apoyaturas prestigiosas para argumentaciones políticas, que no hacen sino realimentar los estereotipos más tradicionales. El siguiente relato intenta aportar una versión apenas más matizada sobre aquellos acontecimientos, pero que tal vez alcance para desarmar algunas nociones especialmente pueriles.

Por ejemplo, la autora no menciona que entre el clasismo y las expresiones del peronismo revolucionario hubo mucha más colaboración que desconfianzas. Que tales organizaciones de base se distinguían menos por la ideología que por su fuerte contenido democrático, lo que suponía un pluralismo capaz de rechazar todas las orientaciones lineales, sean del color que fueran. Tampoco da cuenta, en su afán condenatorio de las organizaciones revolucionarias que eligieron la vía armada (a las que tilda sin empacho de terroristas), que si algo resulta aún hoy llamativo en las decisiones políticas de René Salamanca, no fue precisamente su radicalismo guerrillero sino el tardío apoyo que brindó nada menos que a Isabel Perón.

Codobazo 40 años, informe deTrama, Memoria del presente,mayo 2009
Pero ninguna de estas precisiones tiene sentido, en verdad, si aparecen desligadas de lo que sigue siendo una pregunta pendiente y muy actual para nosotros: ¿en qué puede consistir una política obrera que ya no tenga como horizonte (aún si los reconoce entre sus antecedentes) ni al peronismo ni al socialismo? Claro que para formular este tipo de interrogantes hay que preocuparse por escuchar lo que las nuevas luchas tienen para decir y no regodearse tanto en lo que cada quién hizo hace treinta años, sobre todo cuando esas reminiscencias tienen como objetivo la autopromoción y el vedettismo.

Los orígenes del clasismo

En los años setenta, René Salamanca condujo los destinos del sindicato más poderoso de Córdoba y junto a Agustín Tosco y Atilio López conformaron un polo alternativo al sindicalismo vertical representado por la ortodoxia peronista.

Eran tiempos de gran efervescencia política. Había muchas tendencias, tales como las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); el Partido Comunista Revolucionario (PCR); Vanguardia comunista (VC); el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la izquierda peronista con sus distintas vertientes, cuyas raíces se remontaban a la Resistencia, como las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y también Montoneros.

La clase obrera pasa a ser un territorio de disputa para la mayoría de las organizaciones que en su horizonte avizoran un proyecto socialista revolucionario. En este contexto, el PCR, al que luego se afiliaría Salamanca, en el primer congreso nacional realizado en diciembre de 1969, caracteriza al Cordobazo como el punto de inflexión de la lucha de clases en la Argentina. El PCR y otras organizaciones proyectan la creación de células revolucionarias en las fábricas y la formación de una "corriente sindical clasista". Para ello destina a militantes que trabajen en las fábricas o bien para que distribuyan literatura partidaria.
Salamanca fue uno de los fundadores de la agrupación Felipe Vallese (sic) y en 1970 se presenta como candidato a delegado, venciendo al representante de Elpidio Torres. Pero su designación no prosperó por carecer de la antigüedad establecida en los estatutos. Al año siguiente, insistió como subdelegado. Ganó y su triunfo fue reconocido. Su figura estaba creciendo dentro del Movimiento de Recuperación Sindical (MRS) y en 1972 encabezó la Lista Marrón pluralista.

"En aquél tiempo nos juntábamos más de 400 delegados. Un hervidero. Era la expresión política que había en la provincia. Por lo tanto, la asamblea se convertía en un foro político" afirma un compañero de lucha de Salamanca. Cuenta que una de las preocupaciones de Salamanca era el pluralismo. "Podríamos haber puesto gente nuestra solamente y no lo hicimos. Cuando ganamos las elecciones, gobernaba Lanusse y dominaba la política el tema del regreso de Juan Domingo Perón. Éramos jóvenes. Yo fui un año delegado y pasé luego a ser secretario adjunto".

Para Agustín Funes, Salamanca tenía una relación de respeto con las bases peronistas. "La izquierda en general era gorila por un problema ideológico de formación, experiencia y luchas. René hizo todo lo contrario. Cuando volvió Perón decía: el 90% de los obreros son peronistas, y convocó a recibirlo a Ezeiza".

La propuesta de la lista marrón se centraba en los siguientes puntos: reducción de los cargos sindicales pagos –de 13 a 4– y rotación obligatoria por los lugares de trabajo; una asamblea podía destituir a un delegado sin más trámite; todas las resoluciones del sindicato debían ser aprobadas por asamblea abierta; apoyo firme a la restitución del sábado inglés; afiliación de los administrativos al SMATA; un único convenio colectivo para todos los trabajadores y reajustes salariales cuatrimestrales; exigir que la empresa reconociera el trabajo insalubre; reducción del ritmo de la producción y participación gremial en la determinación de la marcha del trabajo. Durante la campaña levantaron las banderas de la honestidad y la democracia sindical.

Democracia sindical y burocracia

Emisión del programa radial Atrapados en libertad por AM 530, La Voz de las Madres
Ganadas las elecciones, Salamanca y los clasistas del SMATA se dedicaron a trabajar por la unidad de los trabajadores automotores y el cumplimiento de la plataforma que los llevó al triunfo. Uno de los puntos es el referido al contacto de los dirigentes con las bases. "La mitad de los directivos iban a trabajar y quedaban los suplentes; cosa que escucharan lo que pasaba en la planta. Fue un salto cualitativo para la organización", evalúa Funes.

Sin embargo tuvieron que enfrentarse a duras embestidas, primero del gobierno militar y después del aparato sindical peronista. Por caso, la decisión de un juzgado y del Ministerio de Trabajo de otorgar la jurisdicción de Fiat a la UOM en noviembre de 1972, provocó la reacción del SMATA quien la rechazó de plano. Plebiscitó la medida en las puertas de la planta obteniendo una amplia victoria. Ignoró lo decidido por el Ministerio y en junio realizó una segunda consulta en la que los trabajadores de Fiat se manifestaron a favor del SMATA por abrumadora mayoría.

Ante la negativa de la empresa de reconocer los resultados, los obreros de Concord ocuparon la fábrica y recibieron el apoyo de otras empresas como Perkins. Gobernaba el peronismo quien medió en la situación y en 90 días la cuestión debería ser resuelta en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, la disputa iba mucho más allá tanto del SMATA como de la UOM que pugnaban –a nivel nacional– por el control del movimiento obrero; la pelea de fondo era entre la derecha y la izquierda peronistas. El tema no se resolvió hasta 1975 y en favor de la UOM.

Combativos y disidentes

En 1973, podían reconocerse cuatro sectores gremiales bien definidos.

El ortodoxo, que se reconocía peronista y verticalista. Entre ellos se encontraban la UOM, molineros, madereros y taxistas. Respondían a la conducción de la CGT Nacional y a las 62 Organizaciones.

Los legalistas, eran peronistas pero más independientes y plurales. Controlaban unos 25 gremios y estaba liderado por Atilio López (UTA), secretario general de la CGT regional Córdoba.
El sector independiente reivindicaba un modelo de sindicalismo democrático y antiburocrático. Estaba formado por siete gremios y el referente principal era Agustín Tosco quien se definía como marxista y socialista.

Por último, el clasista representado por el SMATA conducido por René Salamanca. Dicho sector pensaba que la clase trabajadora debía motorizar un proceso revolucionario. Se descreía de la salida electoral –propiciaron el voto en blanco– y era crítico de la burocracia sindical peronista. Contaba en sus filas a trabajadores de los ex sindicatos Sitrac y Sitram que agrupaban a obreros de Fiat y Materfer.

Pero el PCR siempre fue crítico de la experiencia de los ex-sindicatos Sitrac y Sitram, porque consideraba que habían sido "rifados" por posiciones ultraizquierdistas. De acuerdo a sus tesis insurrecionalistas, el PCR decía que quería preservar el SMATA hasta el momento de la insurrección y la toma del poder, sin embargo terminó facilitando la intervención del gremio por parte del gobierno de Isabel Perón en el orden nacional y del golpista brigadier Lacabanne, en Córdoba, en agosto de 1974, con una prolongada huelga previa que el PCR justificó diciendo "un topetazo más y se cae el ruso Gelbard".

Legalistas, independientes y clasistas, configuran la CGT Córdoba. Los caciques porteños comenzaron a manifestar su decisión de disciplinar a los cordobeses. Salamanca, por su parte, había tejido una alianza con el sector de legalistas e independientes de la CGT combativa. No obstante, las elecciones de 1973 dividieron las aguas. Razones políticas e ideológicas los separan.

El SMATA criticó duramente la decisión de Atilio López de aceptar la candidatura a vicegobernador y a Tosco por apoyar la fórmula. Llamaron a la abstención. Pero los trabajadores votaron en asamblea el apoyo a la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI).

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Cordobazo Por Rodolfo Walsh*


Trabajadores metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas.
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de Mayo.
Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sin números de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la Universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El día 18 es asesinado en Rosario, el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El 23 de Mayo es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil.
El 26 de Mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades de 37 horas a partir de las 11 horas, para el 29 de Mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos.
El 29 de Mayo amanece tenso. Los trabajadores de luz y fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y Gral. Paz. Una vez más la represión está marcha.
Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población.
Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas.
El saldo de la batalla de Córdoba, "El Cordobazo", es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás.
En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo..."

* Extraído de “Periódico de la CGT de los Argentinos”. Colección Completa. Números 1 al 55. Mayo 1968 – Febrero 1970. www.cgtargentinos.org

La llama

Se agotaba la llama cuando
la lucidez fue un río con
animales en la orilla denfrente.
Qué la catástrofe que toma
fresco en ninguna parte
de sí, de sus entrañas.
Lo que cinturonea
los talveces que fueron,
el nombre del que rosas no caen, es
una morida por amor.
Dormir en un silencio se puede,
en la derrota no.

Juan Gelman.