Elecciones en medio del conflicto

Colombia es un país en guerra. Si bien los fuciles callan en los últimos días y no hay humo ni estruendos desde las montañas que rodean su capital, los rastros del conflicto se pueden encontrar en las esquinas, los barrios, los relatos de la gente. Pero es quizás en la actividad política de sus ciudadanos la que más desvela la raíz profunda de esta guerra que ya lleva más de medio siglo.
El día de las elecciones, en Bogotá es muy fácil ver correr a toda velocidad por las calles caravanas de autos blindados y polarizados, seguidos de escoltas y policías en muchos de los casos. Suele suceder en todas las grandes capitales del mundo, cuando funcionarios de alto nivel se trasladan de un lugar al otro. Sin embargo en Bogotá el número de personas protegidas es exponencialmente superior a cualquier otra capital de América latina.
“Los carros los pone el Estado, pero sólo los dejamos manejar a gente de confianza”, cuenta Omer Calderón, presidente de la Unión Patriótica, amenazado de muerte desde febrero pasado. Pesa sobre su cabeza, y la de otros cuatro dirigentes de su partido, una recompensa de 50 millones de pesos –unos 25.000 dólares– puesta por un grupo paramilitar que se hace llamar “Los Rastrojos”. La candidata de su partido, Aída Avella, el domingo de elecciones debía moverse con cuatro camionetas 4x4 al séquito, y varios hombres armados y de civil alrededor. “Durante la campaña, cuando yo llegaba a un pueblo la gente se preguntaba qué pasaba que había tantos carros. Es increíble que para hacer política de oposición en este país tenga todas estas escoltas”.
Pero el problema de la protección a quienes tienen algún tipo de actividad dirigencial en la política colombiana va más allá de los partidos de oposición. Movimientos sociales y campesinos también tienen que girar por las calles con escoltas. “Yo estuve 7 años exiliada en Suiza, hasta que terminó el período de Uribe”, cuenta Luzperly Córdoba, dirigente de la Asociación Campesina del Arauca e integrante de la mesa de diálogo entre el gobierno y la Cumbre Agraria. “Incluso me persiguieron hasta Suiza. El gobierno colombiano interpuso una acción especial para que la Policía Federal me allanara la casa, y me abrieron un proceso en Suiza. Osea que ni allá pude estar tranquila”. Córdoba fue judicializada junto con toda la dirigencia campesina del Arauca, y antes de exiliarse pasó un año y medio en la cárcel. “El hecho de que nos coloquen una escolta, o un carro blindado eso no es garantía. Nosotros lo que estamos pidiendo son garantías políticas porque en cuanto las haya nosotros vamos a poder ejercer nuestro trabajo, nuestra actividad que es absolutamente legítima”.
Olga Quintero, dirigente campesina del Catatumbo, región que entre agosto y septiembre pasado vivió una dura represión ante el paro agrario convocado por labriegos e indígenas que dejó 19 muertos y decenas de heridos, también se ve preocupada por lo que sucede en su país. “Si gana Zuluaga no sé qué va a ser de nosotros. Es la vuelta del uribismo que ya ha asesinado a miles de militantes”, cuenta mientras dos hombres de campera de cuero la escoltan por las vías del centro histórico de Bogotá. “Hace poco entraron a mi casa para matarme. Por suerte no me ha pasado nada pero esto sucede a diario”.
Mientras tanto, Santos votaba en la céntrica Plaza Bolívar, la misma que había sido tomada por unos 300 desplazados durante 23 días hasta el viernes anterior. Luego de una rápida negociación fueron desalojados para permitir la instalación de las urnas. Centenares de policías y militares los tenían rodeados e impedían que se les diera agua y comida.
La mayoría de estos dirigentes no tiene mucha esperanza en la segunda vuelta de junio. Pero a partir de sushistorias, saben que harán lo que puedan para lograr la paz, con justicia social.

Miradas al Sur, Federico Larsen

“Hablábamos de la guerra con mis hijos y con mis nietos”

Entrevista. Aída avella. La candidata a la vicepresidencia por la coalición de izquierda entre la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, analizó para Miradas al Sur los resultados de las elecciones del domingo y las perspectivas del país ante la segunda vuelta.

Cuando yo era muy niña, no había entrado a la escuela todavía, escuchaba el relato de la guerra de los 1.000 días de mi bisabuelo paterno. Luego mi abuelo me contaba también de sus guerras. Luego a mi padre le tocó la muerte de Gaitán. A nosotros nos tocó también la guerra. Y mis hijos, cuando nos reuníamos a almorzar hablábamos de los conflictos, y la guerra. Y ya tengo nietos, y hablan de la guerra. Llevamos seis generaciones que conocí, pero si hubiese conocido a mi tatarabuelo y su padre también me habrían hablado de la guerra. Esto hay que pararlo. Y yo creo que hay una ansiedad de todos para que la paz se haga.” Aída Avella es reconocida en Colombia como una de las dirigentes políticas más respetadas del país. Volvió luego de 17 años de exilio en Suiza, luego de que en mayo de 1996 un grupo de paramilitares hiciera saltar por los aires su auto. Ella salió ilesa, pero sus compañeros de la Unión Patriótica le armaron las maletas y la pusieron en el primer vuelo a Ginebra. “Siempre digo que ellos me salvaron la vida, pero al regresar jamás me hubiese esperado esto”. Volvió a Bogotá para participar del V Congreso de la UP, a partir del cual el partido comenzó los trámites para volver a obtener la personería jurídica, perdida tras los malos resultados de las elecciones de 2002, y presentarse a estas nuevas elecciones. Los resultados de las legislativas de marzo fueron desilusionadores, pero decidieron construir una coalición con el centroizquierda del Polo Democrático Alternativo, y acompañar a la candidata a presidenta Clara López en la fórmula presidencial. “La izquierda obtuvo un resultado bueno. No fuimos la tercera fuerza por pocos votos, pero tuvimos una votación muy buena en todas las grandes ciudades del país, especialmente en Bogotá. Pero además en departamento tradicionalmente muy conservadores la izquierda se posicionó como la segunda fuerza”, comentó la dirigente, que destacó que su primer objetivo para estas semanas es “mantener la unidad. Vamos a consolidar esa unidad que hemos construido para las presidenciales. Hay otros sectores que no pertenecían orgánicamente a la unidad pero que votaron por nosotros. Otros decidieron irse para el voto en blanco. Pero creo que el espectro político de Colombia es para que todos pensemos que si no nos unimos va a haber dificultades en el país. Va a ser un trabajo sostenido y ya estamos llamando a otros sectores, porque ya nos estamos aprestando para las elecciones por el poder local de 2015”.
La UP es un partido nacido luego de los acuerdos de paz de 1984 entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt. Su historia está ligada a la masacre que sufrió a partir de su incursión en la política oficial. Desde 1985 fueron asesinados más de 5.000 militantes, entre los cuales se cuentan dos candidatos a presidente –uno de ellos, Bernardo Jaramillo Ossa, en plena campaña electoral de 1990– centenares de alcaldes y concejales, además de los miles de exiliados y desaparecidos. Es por ello que la posibilidad de sellar definitivamente la paz en Colombia luego de 50 años, es un tema muy importante para Avella. Y el 15 de junio se presenta, en este sentido, un nuevo desafío. “Han quedado para la la segunda vuelta dos hombres que no son de las mejores cosas que ha pasado en este país. Uno tiene que asombrarse de la capacidad que tiene este pueblo para aceptar la indecencia en la política. Está en juego una buena parte de la paz. Pero lo único que diferencia Santos de Zuluaga, es que arrancó los diálogos”, sentenció Avella que no arriesgó ningún pronóstico acerca de la posición que tomará la izquierda ante el ballottage, aunque se dé casi por descontado que harán lo posible para que Zuluaga no llegue a la Casa de Nariño. “El pueblo decidirá”, concluyó.

Las claves del ballottage colombiano

La gran mayoría de los colombianos no votó el domingo pasado por los dos candidatos finalistas de la elección. Concretamente, tres cuartas partes del padrón electoral no ingresó en las urnas la boleta del presidente Juan Manuel Santos ni del uribista Oscar Zuluaga. Seis de cada diez ciudadanos prefirieron quedarse en casa viendo televisión o jugando con su tablet personal antes de cumplir con los deberes cívicos. El abstencionismo es un hecho tradicional en el país caribeño pero, esta vez, la franja no sabe/no contesta/ni vota en blanco rompió su propia marca personal, que estaba en torno del cincuenta por ciento. Otros sectores que rompieron la polarización Santos- Zuluaga fueron la base social ascendente del izquierdista Polo Democrático, que hiló una histórica convergencia con la Unión Patriótica (ligada al Partido Comunista), y el nuevo conservadurismo liderado por la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Por último, un seis por ciento anuló su voto o depositó su sobre vacío; y un millón de colombianos siguieron otorgando su confianza al alicaído Partido Verde. Con este panorama no hace falta contar con un postgrado en ciencia política para concluir que los renovados bunkers ganadores, ahora serán comandados por dos ex presidentes: el liberal César Gaviria será el número uno del comando santista y el centroderechista Andrés Pastrana cumplirá el mismo rol para Zuluaga, intentarán captar el voto de esta enorme franja de la población para vencer en el ballottage del próximo 15 de junio.
Paradójicamente, los hombres fuertes de la política colombiana, Santos y Zuluaga, tienen su suerte atada al pronunciamiento de dos mujeres en el ballottage: la conservadora Marta Lucía Ramírez y Clara López, que ha logrado unir después de mucho tiempo a las principales formaciones de izquierda de Colombia. Ramírez y López fueron la gran sorpresa de las elecciones de mayo. Ambas consiguieron dos millones de votos, un quince por ciento de los votos sufragados, diez puntos menos de lo logrado por el poderoso aparato partidario de la coalición oficialista. “En el caso de Polo-Unión Patriótica parece más clara la tendencia a respaldar al presidente Santos, por la sintonía que hay en torno al proceso de paz y por la necesidad de evitar el retorno del uribismo al poder. En el caso de Marta Lucía Ramírez, la respuesta es menos clara y habrá un pulso entre la fuerza parlamentaria santista (que reclamó a Ramírez acompañar al gobierno) y el grupo que ella representa”, intenta anticipar escenarios el jefe de la sección política del diario El Tiempo. “Enrique Peñalosa (candidato del Partido Verde) está dedicado a escuchar a la dirigencia de su partido, que tiene opiniones diversas. Algunos creen que debería dejar a sus electores en libertad, otros quieren apoyar a Santos y algunos más son partidarios del voto en blanco. La dirección nacional de esa colectividad se reunirá próximamente y el anuncio del ex candidato lo haría inmediatamente después de ese encuentro. Peñalosa obtuvo 1.065.142 votos el pasado domingo y su apoyo sería definitivo para cualquiera de los dos candidatos que van a segunda vuelta”, detalla y complementa conjeturas sobre cómo se comportaran los tres grandes partidos que no llegaron al segundo turno electoral la revista Semana.
La otra clave de la segunda ronda electoral pasa por elucubrar cómo se comportará la gran masa de abstencionistas. En general, esa población reviste un posicionamiento antisistémico, alejado de todas las orillas partidarias, pero aún más distanciado de la costa ultraderechista del uribismo. Sin embargo, tierra macondeana finalmente, Zuluaga cosechó su mayor caudal de votos en los territorios rurales y selváticos donde con más intensidad se desarrolla el fuego cruzado entre el Ejército y las FARC. El gobierno, en cambio, fue más fuerte en las ciudades y la costa atlántica y caribeña, donde las escaramuzas del conflicto son más irrelevantes. Por último, está el factor Mundial de fútbol. Según una politóloga consultada por el diario El Espectador: “Hay un hecho que no se debe menospreciar: el efecto Selección Colombia. En su concepto, el hecho de que el 14 de junio (un día antes de los comicios) el equipo de Pekerman juegue contra Grecia en el Mundial de Brasil puede fomentar la abstención, bien sea porque la gente se enrumbe en las casas (habrá ley seca) o porque esté baja de nota (con el ánimo caído)”.
Por otro lado, ¿por qué razón el presidente Santos fue medalla de plata en el primer turno electoral luego de su ininterrumpida pole position en todas las encuestas? Por el momento, hay múltiples respuestas –errores en la estrategia comunicacional, poco despliegue territorial en el interior– para explicar el inesperado desangre electoral del número uno del Palacio de Nariño, pero existe un solo dirigente político colombiano que llegó al paraíso luego de ver en vivo y en directo por televisión siete días atrás el estrepitoso derrumbe en las urnas de su ex ahijado político. El actual Senador Álvaro Uribe, el gran caudillo de la derecha local, el hombre mimado por el Comando Sur norteamericano y los think tanks conservadores de Miami, tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando comprobó que su trabajo como coach de su delfín Zuluaga había logrado opacar el lubricado aparato electoral de su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Un año atrás, Uribe era casi un cadáver político. Pero, en marzo de este año, su nuevo sello partidario –el Centro Democrático– fue la gran sorpresa de las elecciones parlamentarias obteniendo veinte escaños en la Cámara Alta, además de vencer inesperadamente en Bogotá, donde suelen triunfar los verdes o la centroizquierda. “La gente conoce los escándalos de la para-política (los vínculos del uribismo con los grupos paramilitares) y los falsos positivos (asesinatos de inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos), pero Uribe parece tener un efecto teflón, por el cual nada se le pega. Su estilo de liderazgo, mezcla de campechano, autoritario y caudillista, generó un impacto muy fuerte en la política colombiana, sumado a una gran efectividad en su principal bandera, que fue el ataque a la guerrilla”, sintetiza el analista político colombiano Francisco Miranda en declaraciones al portal La Silla Vacía.
La guerra y la paz. La agenda política del ballottage colombiano volverá a centrarse en clave tolstiana. Juan Manuel Santos y Oscar Zuluaga tienen varios denominadores en común pero difieren, enormemente, en los costos y las ventajas políticas que podría precipitar el acuerdo de una paz definitiva con la guerrilla de las FARC. “Si llego a ganar, el 7 de agosto decretaré una suspensión temporal de los diálogos en La Habana para que las FARC decidan que, si quieren continuar una paz negociada, tiene que haber un cese permanente y verificable de toda acción de ellos contra los colombianos de bien”, arremetió Zuluaga este fin de semana y sus declaraciones tuvieron amplia repercusión en los principales medios de comunicación. “No creo en las falacias de Zuluaga. Con la paz crecemos dos o tres puntos del PIB para mejorar las condiciones de los colombianos y el progreso de este país”, respondió el ex presidente César Gaviria, quien desde el último lunes se instaló como jefe supremo de la campaña reeleccionista de Santos. Los dichos de Gaviria son significativos porque evidencian el criterio economicista que el gobierno de Santos tiene depositado en el proceso negociador con los herederos de Tirofijo. El Jefe de Estado hace el siguiente cálculo: un interior rural menos militarizado puede ser una oportunidad excelente de negocios para los principales inversores extranjeros en el rubro de los agro- negocios. Necesitamos menos paramilitares y más dólares enraizando el crecimiento de la minería, la soja, los biocombustibles, intenta convencer Santos. El problema es que el voto de las poblaciones que colindan con los principales escenarios de la guerra eligió al uribismo. Es decir, votaron por más guerra. El mundo gira al revés, Colombia lo demuestra.

Miradas al Sur.

Sin plata para las villas

Por Werner Pertot

Entre 2008 y 2013, el gobierno de Mauricio Macri utilizó sólo el 46 por ciento del dinero que tenía disponible para urbanizar las villas. Tomando una población de 200 mil personas, la gestión PRO invirtió 514 pesos por cada habitante de las villas y asentamientos. Ese dinero representa un poco más del 4 por ciento de todos los fondos ejecutados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en toda la gestión de Macri. En el presupuesto general también cayó la participación del dinero destinado a las villas, del 1,1 por ciento se redujo a un 0,7 por ciento en 2014. Los números provienen de un informe del legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli. Mientras tanto, los directivos del IVC gastaron tres millones de pesos en una consultora que replica tareas que podría hacer el organismo público. También utilizaron otros dos millones en una contratación “de emergencia”, que se autorizó luego de hecha una demolición de 27 casillas.

Desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, diversos dirigentes opositores y ONG denunciaron la reducción de las partidas de Vivienda, ya sea por subejecución de fondos o por recorte liso y llano. Medio millón de personas sin vivienda digna, el triple de habitantes de las villas con respecto a 1991, cerca de dos mil personas en situación de calle: éste es el telón de fondo de algunos de los gastos que hace el IVC.

Una consultora con historia

Por contratación directa y sin licitación, el IVC contrató a Syasa Argentina S.A. por 3.484.000 pesos para “el diagnóstico, seguimiento y control de las obras pertenecientes al IVC”. Se trata de una facultad que ejercía la gerencia técnica del IVC, pero que de esta forma se delegó en un privado. El dictamen por el que se aprueba la contratación directa lo firma el gerente general Ivan Kerr, quien dice que “resultaría conveniente a los fines de este Organismo continuar con los servicios encomendados a la firma Syasa S.A., proponiendo para ello la contratación directa por exclusividad de la misma”. El documento es de 2013, pero ya le extendieron el contrato hasta mediados de este año. “Es una empresa que se especializa en auditoría de obra. Esa especialidad no la teníamos en la gerencia técnica. Revisamos los contratos de 18 empresas que estaban hace muchos años. Nos trajo una reducción de costos”, se defiende el presidente del IVC Emilio Basavilbaso ante Página/12.

Pero Seminario y Asociados (o Syasa S.A.) es una empresa con historia con el gobierno de Macri. El presidente de la consultora es Rodolfo Seminario, un ex director de la constructora del Grupo Roggio. El ingeniero, de 75 años, vive en Puerto Madero y está inscripto ante la AFIP como monotributista con ingresos hasta 144 mil. La gestión PRO la contrató también para auditar el plan de obras de restauración del Teatro Colón. “Se hizo una gran cantidad de contratos separados, pero luego había que juntarlos y, cuando el gobierno vio la situación, buscó a alguien que los aglutinara”, le explicó Seminario a la revista Mercado.

El gerenciamiento privado de las obras del Colón se hizo a través de un decreto que lleva la firma de Macri (decreto 97/12) y que le costó a la Ciudad la bicoca de 6.469.000 de pesos. Desde entonces, la empresa aparece firmando una serie de informes técnicos que habilitan las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Daniel Chain. “Gestionamos negocios y construimos sueños”, dice en la página web del Grupo Syasa, en la que asegura que asesoran en tareas de construcción e infraestructura a nivel regional con “1.700.000 metros cuadrados de obra en ejecución”. La página menciona su participación en el Teatro Colón, pero no el contrato que tiene con el IVC.

Contratación extraordinaria

En la obra pública existen licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas. Pero para la demolición de unas viviendas de la Villa 31 que estaban linderas al Ferrocarril Belgrano sus directivos decidieron innovar. Pagaron dos millones de pesos por la demolición de 27 viviendas precarias en una “contratación extraordinaria”. Se trataba de las viviendas que estaban sobre las vías del Belgrano Cargas.

La orden de demoler la presentaron el 17 de enero de este año “con urgencia” y le dieron el trabajo a la cooperativa de trabajo Ce.Ma.Co., que conduce Oscar Remorino. El argumento por el que optaron por esta cooperativa sin proceso licitatorio alguno quedó plasmado en un documento del IVC: “Por tratarse de una zona de alta vulnerabilidad social en la cual realizar un evento de la magnitud descripta puede ocasionar graves prejuicios y alteraciones al orden social, resultó necesario realizar los trabajos mediante un procedimiento de contratación excepcional y con una cooperativa del barrio”. “Era una cooperativa del barrio –remarca Basavilbaso–. Todos los gobiernos lo hacen para dar empleo a la gente del lugar.”

La cooperativa “del barrio” presentó un presupuesto en el que no se detallan los gastos, sino únicamente el costo final. Y luego entregó una factura por 2.186.000 pesos, que fueron autorizados por el gerente de logística Gonzalo Moriola y el gerente general Ivan Kerr. La dirección que figura en la factura es Avenida Olivera 790, en el barrio de Parque Avellaneda. “Esa cooperativa tiene obras con la Ciudad y con la Nación. No se sabe cómo hace para obtenerlas, pero está facturando a lo loco”, indican fuentes que conocen el territorio de la Villa 31.

Para cuando el expediente llegó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos –señala otro documento–, “los servicios ya se encontraban prestados, por lo que a fin de no incurrir en la figura del enriquecimiento sin causa por parte de la administración pública, esta área de asesoramiento legal entiende que corresponde declarar el gasto como de legítimo abono”. Esta lógica de hechos consumados se repite en otros casos, como con el pago de 959 mil pesos a la empresa Construcciones y Servicios Buenos Aires (Coseba) por la construcción de rejas en un inmueble. La urgencia, en ese caso, provenía de un amparo.

“El IVC es hoy un organismo casi vacío de políticas públicas, que maneja pocos programas y que se dedicó a gastar dinero en marketing. Es un espacio de discusión de políticas públicas inexistentes. Subejecuta cada vez más y se dedica a publicidad del Gobierno de la Ciudad”, sostiene el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo. “He visto camionetas ploteadas con promotoras con calzas ajustadas repartiendo folletería en los bosques de Palermo”, advierte.

La contracara

Un informe del legislador José Cruz Campagnoli remarca que la participación del presupuesto del IVC sobre el total se reduce año a año: en 2008 era del 3,65 por ciento y fue bajando hasta llegar a ser el 1,6 en 2014. Está en su mínimo de toda la gestión de Macri. “El presupuesto del IVC ha sido sistemáticamente subejecutado”, destaca el informe. Entre 2008 y 2013, se gastó el 63 por ciento de lo sancionado. Dicho de otra forma, se dejó de usar el 37 por ciento del dinero que podría haber ido a viviendas sociales: una cifra que supera los 1500 millones de pesos.

En 2012 y 2013, el presupuesto total de vivienda tuvo una ejecución inferior al 50 por ciento (41,4 por ciento en 2012 y 46,8 por ciento en 2013) y hay cuatro programas del IVC que tienen niveles de ejecución menores al 55 por ciento entre 2008 y 2013. Los créditos de la ley 341 tuvieron una ejecución del 54 por ciento y vienen siendo recortados desde 2011 (tuvo una reducción del 46,6 por ciento). El programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas tuvo una ejecución del 45,97 por ciento; el de Rehabilitación de La Boca, del 41 por ciento; el de Viviendas con Ahorro Previo, del 34 por ciento.

“Dos cosas me parecen llamativas: en el medio de la problemática por las villas, el IVC destinó 223 millones de pesos en los seis años de gobierno de Macri y ejecutó 102 millones, a razón de 514 pesos por habitante”, señala Campagnoli. Tan sólo el 0,68 por ciento de esos fondos fueron destinados a los créditos para Primera Vivienda en 2012 y 2013. “El IVC destinó en estos dos años ocho millones de pesos. Y en 2014 está presupuestado cuatro millones de pesos. Si la casa vale 800 mil pesos, podés dar seis créditos por año”, grafica Campagnoli.

Además, el informe destaca que el gobierno de Macri incumple una serie de leyes para urbanizar las villas, como la Ley 403 para la 1-11-14 (nunca se creó la mesa de planeamiento participativo que estipulaba), la Ley 1333 para el barrio Ramón Carrillo (el gobierno porteño no inició ningún trabajo hasta tener dos fallos judiciales –en primera y segunda instancia– en contra), la ley 1770 para urbanizar la villa 20 (no avanzó con las obras), y la ley 3343 para las villas 31 y 31 bis, cuyo proyecto de urbanización está en la Legislatura.

En contrapartida con la falta de avance en la urbanización, el informe de Campagnoli detalla una activa participación del gobierno macrista en los desalojos, cuyos principales hitos fueron el del Parque Indoamericano –con un saldo de dos muertos– y los de-salojos en Almirante Brown 1287, en La Boca. “Macri desfinancia sistemáticamente cualquier tipo de inversión en vivienda social u organización de villas. No urbanizó nada en seis años de gobierno (salvo una manzana en el barrio Pirelli) y destina para este año el equivalente a cuatro o cinco seis créditos de vivienda”, sostiene Campagnoli. “Además, Macri habilita desarrollos inmobiliarios por parte del mercado donde se construyen viviendas suntuosas, a las que sólo tienen acceso sectores de alto poder adquisitivo”. Entre 2007 y 2013 se construyeron 111.591 viviendas, de las que el 40 por ciento fueron construcciones lujosas o suntuosas (46.143). En Villa Soldati, por ejemplo, durante todo el período 2007-2013 se construyeron 64 viviendas, mientras que en Palermo en un solo mes se hicieron 244 (diciembre de 2013).

“La resultante, en el tiempo, es un proceso de gentrificación: los sectores de menos recursos abandonan la ciudad porque es cada vez más cara, y terminan asentándose en la ciudad sectores de alto poder adquisitivo –advierte el legislador de Nuevo Encuentro–. Todo esto se hace en forma subrepticia, sigilosa, silenciosa. Por eso, la Carpa Villera le preocupa a Macri. Porque visibiliza el tema y deja al desnudo su política.”

Página 12

LA REGRESION BONAERENSE EN MATERIA DE SEGURIDAD Camps, Rückauf, Granados

 Por Horacio Verbitsky

Matzkin, Ferrari, Carlotto, Scioli y Granados.

Con un aumento del 5 por ciento en lo que va de este año, Buenos Aires roza ya los 200 detenidos por cada 100.000 habitantes, la tasa de prisionización más alta de la Argentina y una de las mayores de la región. Dada la selectividad del sistema penal y su predilección por los varones jóvenes de los barrios populares, esta política sostenida desde principios de siglo y acentuada ahora ha dado lugar a una subcultura. En esos sectores, la cárcel es un dato de la realidad que afecta a un alto número de familias, con las consecuencias imaginables, sobre todo por el estado calamitoso de las instalaciones en que son alojados y la gobernabilidad de esos institutos por métodos violentos. El Servicio Penitenciario de un lado de las rejas y la policía del otro cumplen el mismo rol. Los jóvenes son obligados a delinquir por cuenta y obra de las respectivas agencias de seguridad, que los eliminan cuando no se someten a esa regla. Para acomodar este incremento de población reclusa, el ministro de Seguridad Alejandro Granados anuló cinco resoluciones de su predecesor que en 2011 y 2012 habían inhabilitado calabozos en comisarías para el alojamiento de detenidos. El alcaide mayor penitenciario Ricardo Blas Casal había dispuesto esas clausuras en cumplimiento de un fallo emitido en 2005 por la Corte Suprema de Justicia y debido a las exigencias del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Luego de años de irregular y gradual disminución, la cantidad de detenidos en comisarías ha vuelto a crecer y ya supera las dos mil personas, mientras los 31.200 ciudadanos privados de su libertad constituyen la marca más alta de la historia provincial. Todos los estudios sobre el tema indican que las detenciones corren por un andarivel distinto a la cantidad de delitos, sin ninguna relación proporcional. Estas medidas contradicen las propuestas del propio gobierno provincial de incrementar la cantidad de personal policial dedicado a tareas preventivas de seguridad ya que el alojamiento de detenidos en instalaciones policiales distrae de esa tarea a un número muy grande de efectivos.

Triunfalismo sin sustancia

Scioli comunicó con tono triunfal cifras de consistencia más que dudosa. La Comisión Bonaerense por la Memoria señaló que desde diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos sobre delitos. Sin embargo, para “evaluar los primeros 45 días de la emergencia se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales” que los elaboraron, lo cual descalifica la pretensión de que se ha reducido el delito en forma instantánea gracias a la Emergencia. Según ese organismo creado por la Legislatura a fines del siglo pasado entre los resultados positivos para el gobierno provincial y su discurso bélico, de guerra contra el delito, está “la muerte de los enemigos, que ya no son personas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos”. Proyectada la cifra de los primeros 45 días a todo un año da más de 290 personas muertas en los denominados enfrentamientos. “Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia.” Los 18.000 “procedimientos preventivos y proactivos” de los que blasonó Scioli reflejan “la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial”. Esta es “la condición de posibilidad del reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas”. También inquieta a la Comisión el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos porque la función constitucional de la policía “no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos”. De manera que lo expresado profundiza “el esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial”. El único consuelo para tanta euforia es que buena parte de los anuncios son meros productos de la imaginación y la propaganda.

Comando llama

La recreación de los Comandos de Patrullas Comunitarias, que deberían actuar en 1.080 zonas de 40 municipios, evoca al Comando Radioeléctrico que fue la principal herramienta de gestión del general Ramón Camps hace cuatro décadas. Pero oficiales de la ciudad de La Plata dijeron al portal político Letra P que “no podemos salir a patrullar todas las cuadras que quieren con los pocos litros de nafta que tenemos”. Al anunciar los presuntos éxitos y la incorporación de un millar de patrulleros (una parte de ellos fueron estacionados sobre el césped y los canteros de la plaza Bernardino Rivadavia), Scioli se hizo acompañar en el Salón de las Banderas por el ministro Granados, el jefe de la policía Hugo Matzkin, el asesor general del gobierno Gustavo Ferrari y el secretario de derechos humanos Guido Carlotto. Ferrari llegó a ese cargo como parte del acuerdo del gobernador con el diputado nacional Francisco De Narváez. Aprovechando el carácter preverbal de Granados, en la escuela de Herminio Iglesias, Ferrari recorre los programas de televisión como si él fuera el ministro, algo a lo que aspira sin disimulos. Granados lo sabe y cuando se reúnen coloca sobre la mesa el arma que siempre lleva a la cintura. La presencia de Carlotto intentó legitimar la desordenada convocatoria de personal retirado, aventando temores sobre sus antecedentes. En una declaración titulada “Una falsa dicotomía que debe superarse”, Carlotto dijo que la secretaría de Derechos Humanos analizó los legajos de los policías y penitenciarios en situación de retiro que fueron convocados y que ninguno de ellos tiene antecedentes por crímenes de lesa humanidad, violencia de género y asuntos internos. En Justicia, donde aún rumian despecho por la división del superministerio que Casal encabezó durante cuatro años, sostienen que la Secretaría de Derechos Humanos sólo recibió la lista de los candidatos a la reincorporación y que vetó a la mitad pese a lo cual Granados les dio el alta. En cambio, afirman que los legajos nunca fueron puestos a disposición de Derechos Humanos, así como no fueron ofrecidos a la Comisión Provincial por la Memoria ni al CELS, que se rehusaron a responder sobre un simple listado de nombres. Los legajos se archivan en un edificio que queda a varios kilómetros del Ministerio de Seguridad. La dependencia que los administra carece de personal, impresoras, papel ni vehículos para procesar y mover más de una veintena por día. Reducida a 45 personas, de las cien que tenía, no se da abasto para registrar altas, bajas, nacimientos, sanciones, licencias y respuestas a tribunales. El traslado de los legajos de 3.500 postulantes hubiera constituido una verdadera mudanza, que no ocurrió. Tampoco se imprimieron los poco confiables legajos informatizados, que contienen apenas datos generales y referencias crípticas, como el número de un sumario, pero sin especificar su causa. Por eso, sólo remitieron una lista con apellido y nombre, clase, matrícula individual y número de legajo. Tampoco se solicitó un certificado de cada caso a la Dirección de Antecedentes Personales (que funciona un piso más abajo del que alberga los despachos de Matzkin y Granados) por lo que podría volver a la actividad un prófugo de la Justicia.

Número mágico

Granados finca su política en la repetición del mágico número 100.000. Con esa cantidad de efectivos policiales, a la que llegaría en un plazo nunca definido, la seguridad sería un asunto resuelto. Para lograrlo recurre a la reincorporación de jubilados, el egreso de cadetes de las escuelas descentralizadas, la colaboración de las agencias privadas de seguridad y la estadística creativa. El gobierno declara contar con 57.000 efectivos, pero omite que hay unos 10.000 con carpeta médica o en las denominadas “Tareas No Operativas” (TNO), de menos horas y en ocupaciones de escritorio. Tampoco da cuenta de las 3.000 bajas pedidas a raíz del cumplimiento de los años de servicio necesarios para la jubilación u otras razones. Pero Granados los computa como activos, por el mero recurso de no firmarles la baja, aunque luego de un mes de solicitada hayan dejado de concurrir al trabajo. Unos cuatro centenares de postulantes fueron rechazados por la Dirección de Sanidad, pero Granados ignoró esos dictámenes y los reincorporó. La primera tanda fue destinada a la Casa de Gobierno, luego de que Scioli anunciara el envío a la calle de su custodia. En un intento por restringir las carpetas médicas, Matzkin ordenó por Circular General 4770 retener los haberes a los funcionarios que excedan los 45 días de licencia por enfermedades de corto tratamiento. Esto provocó una queja generalizada. Para compensar y granjearse la simpatía de la tropa, el ministro sigue una práctica de ascensos indiscriminados. Entre los miles de beneficiarios los hay con licencia médica o tareas no operativas, lo que debió haberlos relegado. Tal generosidad enfureció a muchos de quienes no ascendieron que, en represalia, solicitaron carpeta médica. El ministro tampoco cuenta con los recursos para cumplir los anuncios que prodiga. Todos los meses, la Ministra de Economía, Silvina Batakis le comunica que no hay dinero para pagar todo lo que está prometiendo (desde aumentos de sueldo y de Compensación por Recargo de Servicio, hasta adicionales por uniforme y remuneración de los 12.000 cadetes). Matzkin notificó al personal un cambio en el sistema de horarios. En lugar del esquema anterior de 12 horas de servicio por 36 de descanso, la nueva norma prescribe 16 x 32. Esto implica alternar una semana laboral de 48 horas en tres jornadas con otra de 64 horas en cuatro jornadas, en violación de toda legislación laboral. En Semana Santa cadetes de la Escuela Vucetich que aún no tienen estado policial participaron en Operativos de Saturación en Villas del Conurbano, en jornadas de 14 horas que son contabilizadas como Horas Cátedra. La premura oficial por lanzarlos a la calle, con riesgo para sí mismos y para terceros, llevó a mantenerlos un mes y medio recluidos en el instituto de formación sin un solo franco. Algunos denunciaron a las autoridades por privación ilegal de la libertad ante la fiscal Virginia Bravo en la UFI 7 de la Plata, quien giró el escrito a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas 8 de Jorge Paolini. Allí hay también otra denuncia que concierne a las medidas anunciadas por Granados, en este caso la designación de las agencias privadas de seguridad como auxiliares de la fuerza pública, tal como ocurría durante la gestión de Camps. La denuncia sostiene que las habilitaciones se expedían en una semana, sin cumplir los trámites reglamentarios, mediante el pago de coimas. Por ejemplo, Rodolfo Mario González Arrascaeta habría pagado 250.000 pesos a funcionarios de la Oficina para la Gestión de Seguridad Privada del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad para tramitar la habilitación de la firma “Torresco AES”. Por el trámite irregular se habría omitido la consulta a la Secretaría de Derechos Humanos. De otro modo tal vez hubiera saltado el antecedente que mencioné hace tres décadas en el capítulo “Los fierros” de mi libro Ezeiza. Como auxiliar 3º de la policía ferroviaria, el 13 de junio de 1973 González Arrascaeta fue uno de los ocupantes de la administración general de Ferrocarriles Argentinos, de donde desaparecieron 23 pistolas Ballester Molina, 23 pistolas Colt y cinco pistolas ametralladoras, que fueron utilizadas el 20 de junio durante el tiroteo que ensombreció el regreso de Perón. La ocupación se realizó pretextando que el ERP planeaba apoderarse de los ferrocarriles.

Dentro de las situaciones anómalas de la cúpula policial la más notoria es la de su jefe, a quien la comisión senatorial que investigó el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez recomendó destituir y procesar, en un informe en el que describe los nexos policiales con organizaciones dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Confirmado por Scioli luego de la difusión del informe y por Granados al asumir el ministerio, Matzkin reorganizó la conducción policial. En la cuarta jerarquía del escalafón designó al comisario general Lautaro Darío Cardo, quien quedó a cargo de la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito, cacofónica nomenclatura para la antigua dirección de inteligencia policial. Al mismo tiempo, Cardo es titular de una consultora política, que realiza estudios de mercado y encuestas de opinión pública. Con el CUIT 20-14591430-3, tiene domicilio fiscal en el número 142 de la Avenida 32 de La Plata. Los policías de las delegaciones departamentales de esa Superintendencia recorren la provincia contando los carteles proselitistas de Massa y Scioli, información por completo ajena a la seguridad pero muy valiosa para la consultora del jefe.

CFK CRITICO A LOS FONDOS BUITRE TRAS EL ACUERDO CON EL CLUB DE PARIS “Se les acabaron las excusas”

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que tras la negociación exitosa para saldar la deuda que la Argentina tiene desde hace décadas con el Club de París “se desarticuló el argumento de los fondos buitre de que Argentina es un deudor serial”. Desde Río Gallegos, donde inauguró obras para las provincias de Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires, la mandataria también destacó que “este acuerdo va a permitir que muchísimas empresas de origen extranjero puedan conseguir financiamiento en sus agencias de crédito para los proyectos de inversión” en este país, o “por lo menos se les va a acabar la excusa a algunos de que no pueden conseguir dinero, porque las agencias de crédito no las dan, porque no se le paga al Club de París”. Durante el discurso también se refirió al conflicto en la fábrica de autopartes Gestamp (ver pág. 9).

“Algunos vienen a reprochar que no pagamos la deuda toda junta, justamente cuando esos son los que la contrajeron y endeudaron al país”, manifestó Fernández de Kirchner, que en ese sentido recordó que “cuando se comenzó a contraer la deuda”, el ministro de Economía, Axel Kicillof, “no había nacido” mientras que ella misma apenas “tenía tres años”. La Presidenta también destacó que el acuerdo que se alcanzó es ventajoso para la Argentina porque “solucionar como solucionaron algunos las cosas mejor ni acordarse, como el megacanje o el blindaje”. Por el contrario, esta negociación se llevó a cabo “de acuerdo a los intereses del país y sin arrodillarnos”.

Por otra parte, la jefa del Estado elogió la gestión de Kicillof al afirmar que “aunque algunos lo calificaban de inexperto, el ministro cerró el acuerdo con el Club de París luego de tantísimos años”. CFK destacó que “no sólo en algunos casos es su juventud lo que más molesta, sino que se trata de la convicción con la que se defienden las ideas, los intereses del pueblo y de la patria”, y dijo que “si uno mira lo que hicieron los expertos economistas en este país, mejor no acordarse de la experiencia”, en referencia a maniobras financieras como el megacanje o el blindaje. Por el contrario, finalizó, “cuando lo sentís y lo llevás en el corazón, también sos un militante negociando los intereses del país y de la Nación”.

En la madrugada del jueves la delegación argentina había cerrado el acuerdo con el Club de París para pagar una deuda de 9700 millones de dólares que será cancelada de manera total en un plazo de cinco años, con un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares en julio próximo y un segundo pago de 500 millones en mayo de 2015. El acuerdo se alcanzó sin la participación del Fondo Monetario Internacional, una de las condiciones que había puesto el Gobierno para acceder a negociar y que marcó un quiebre histórico respecto de los antecedentes del organismo.

Servicios esenciales

La Presidenta, que pasa este fin de semana en Santa Cruz, inauguró ayer desde Río Gallegos, por videoconferencia, obras de infraestructura en la provincia de Córdoba y en los municipios bonaerenses de Capitán Sarmiento y Lanús, además de en la provincia patagónica. En Capitán Sarmiento quedó inaugurada una red de gas; en Córdoba, el reequipamiento del Hospital de Clínicas; en Lanús, el complejo Cultural Leonardo Favio; y en Río Gallegos, obras de pavimentación. Allí estuvo acompañada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y también fue de la partida el gobernador Daniel Peralta, que está dejando atrás sus enfrentamientos con el gobierno nacional y retomó el diálogo con la Casa Rosada.

En el primer contacto por teleconferencia, la jefa de Estado inauguró una red de gas natural para la localidad de Capitán Sarmiento, situada a unos 150 kilómetros al noroeste de la Capital Federal, una obra que demandó una inversión del gobierno nacional de casi 12 millones de pesos. En ese sentido, la mandataria afirmó: “Sé lo que significa para cualquier familia tener un servicio tan esencial como el gas”. Luego, la Presidenta dialogó con la ministra de Cultura, Teresa Parodi, y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, al inaugurar el complejo cultural Leonardo Favio en ese distrito del sur del conurbano bonaerense.

Además, la Presidenta puso en marcha el reequipamiento de aparatología médica para el Hospital Nacional de Clínicas dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Al respecto, CFK resaltó la tradición de “más de 100 años” del Hospital Nacional de Clínicas que depende de la Universidad de Córdoba y destacó que esa institución “es todo un símbolo en la historia estudiantil” por “la articulación de una universidad que no se encierra en la academia” y que sale al encuentro de la comunidad en la que se desarrolla. Además de la inversión de 10 millones de pesos en aparatología que se realizó hasta el momento, la Presidenta confirmó la “ampliación edilicia” del hospital universitario a cargo del Ministerio de Planificación Federal.

Página 12

ECONOMIA › COMO RESULTARIA EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE AQUI AL 2021 Sin corbata ni soga al cuello

 Por Raúl Dellatorre

Del acuerdo firmado en la última semana con el Club de París podría decirse que es una rareza para la época: no es el acreedor el que somete al país deudor a cumplir toda una serie de condiciones para garantizarle el cobro, sino que es el deudor quien fija las condiciones “para hacer viable” el cumplimiento del pago en los términos establecidos. La diferencia del resultado es, al menos en los papeles, notable: Argentina tendrá un plazo de cinco a siete años para la cancelación, pudiendo optar por el monto de pago en cada año dentro de un rango bastante amplio, que condicionará a su propia capacidad de crecimiento y holgura financiera y, además, a la llegada de inversiones de largo plazo (no financieras o especulativas de corto plazo) provenientes de los propios países acreedores. Parecería la contracara de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en los que las condiciones de ajuste en las cuentas públicas, apertura comercial y desregulaciones de normas sobre el sector privado, que acompañan esos acuerdos como “garantía de cumplimiento”, suelen terminar en la depresión de la economía y estrangulamiento adicional de las cuentas públicas. Y no se trata de una figura del pasado o estigmatizada del FMI, como bien lo puede atestiguar la Grecia de nuestros días.

Cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, es consultado acerca de este curioso cambio de roles entre quién impone las condiciones y quién debe aceptarlas, elude el planteo y prefiere hablar del consenso alcanzado entre las partes a partir de la manifiesta voluntad de pago de la Argentina. Pero ese consenso se alcanzó con negociaciones y compromisos que excedieron a los firmantes (como se describe en la nota principal de estas páginas).

El resultado es un cronograma de pagos flexible, en el que el gobierno argentino define los montos a pagar en cada período, según la propia evaluación sobre sus posibilidades y cuidando de no afectar sus condiciones de crecimiento, ni quedar prisionero de una crisis de divisas o sometido a una gravosa refinanciación ante el riesgo de cesación de pagos, como tantas veces en el pasado. Sólo el tiempo podrá decir si efectivamente será así, pero repasemos el cronograma de compromisos, haciendo un ejercicio de pagos probables para explicarlo.

El acuerdo fija la suma total a pagar (el capital) en 9700 millones de dólares, cifra inamovible. El plazo de cancelación, en cambio, podrá ser de cinco o de siete años, respetando un mínimo de cancelación en cada año de 1100 millones de dólares. Por encima de esa cifra, el deudor (Argentina) define en qué año hace un pago mayor para completar los 9700 millones de dólares antes de los siete años. Para el pago de cada año se establece también una suma que funciona como “cuota objetivo”, de 2250 millones, que no es obligatoria pero tiene un premio, que es una tasa preferencial de interés del 3 por ciento (sobre saldos) en el período del que se trate.

Los pagos anuales por cifras menores (siempre con el piso de 1100 millones), tendrán dentro de los primeros cinco años, un interés del 4,5 por ciento anual sobre saldos. Si Argentina dejara un saldo a cancelar en el sexto y séptimo año, sobre esa deuda pagará un interés del 9 por ciento, pero sobre un saldo menor, ya que corresponde al tramo final de deuda.

Así armada la ingeniería financiera, Kicillof adelantó a los miembros del Club de París que Argentina no comprometerá su posición de reservas con un pago anticipado este año por más de 650 millones de dólares, y que se compromete a un pago muy moderado el año próximo (500 millones) debido a que coincide con el vencimiento del Boden 2015, un título de deuda con una emisión (vencimiento en octubre) de 5800 millones de dólares. De tal forma, lo que constituiría la primera cuota del plan, por 1150 millones de dólares, se pagará con un adelanto de 650 millones en julio próximo (no paga intereses) y un segundo en mayo de 2015 por 500 millones (4,5 por ciento sobre la deuda, de 9050 millones de dólares tras el pago de este año).

De este modo, Argentina logró diseñar el cronograma sin sobresaltos para 2014 y 2015, comprometiendo pagos por una cifra menor cualquiera sea el parámetro que se tome (monto de reservas, ingresos mensuales por exportaciones, etcétera).

Para las cuotas 2 y 3 (2016 y 2017), el Gobierno advirtió que haría uso de la facultad de pagar el monto mínimo de 1100 millones de dólares en 2017, dado que coincide con el vencimiento de otro bono importante de la deuda, el Bonar X (abril de aquel año), con un vencimiento de 6800 millones de dólares, el más importante de los de corto y mediano plazo. En cambio, 2016 es un año de pocos vencimientos, lo cual podría posibilitar la cancelación de la “cuota objetivo” de 2250 millones en ese año, beneficiándose con una tasa del 3 por ciento (sobre los 8550 millones de deuda tras el pago en dos veces de la primera cuota). La cuota 3, en 2017, reducida, pagaría el 4,5 por ciento de interés (sobre un saldo de 6300 millones).

En los dos tramos restantes (pagos de 2018 y 2019), años con bajos vencimientos de deuda para Argentina, el gobierno de ese momento tendría la chance de cancelar 2250 millones de dólares en cada año, pagando la tasa de interés reducida del 3 por ciento sobre saldo. Al quinto año, 2019, y tras pagar la cuota 5, Argentina podría optar por cancelar el remanente (1800 millones de dólares) con un interés del 3 por ciento sobre ese saldo (54 millones), o bien diferir a 2020 y 2021 el pago de ese monto final, pero asumiendo una tasa del 9 por ciento anual. Es una decisión que se tomará, en definitiva, de acuerdo con las condiciones del momento.

Este esquema de pagos es el que resultaría de postergar al máximo posible las fechas de pago. Y, según se observa, no presenta “períodos críticos” por acumulación de vencimientos en ninguna etapa: primer gran mérito del acuerdo. Vale recordar que el pago a Repsol se hizo con bonos 2015 y 2017, ya incluidos como previsión en el cronograma descripto, y con bonos 2024 (por 3250 millones) con vencimiento posterior a la finalización del Acuerdo con el Club de París.

En el equipo económico, sin embargo, esperan más que ese alivio que se señala. Confían en una llegada significativa de inversiones del exterior de la mano de este acuerdo, que reforzaría las reservas y, con ello, las posibilidades de cancelación anticipada. Kicillof no descarta que para mayo de 2015 pueda haber una disponibilidad mayor de divisas, como para extender el pago previsto y reducir el saldo pendiente para períodos posteriores.

Más allá de esta expectativa, lo verificable hoy es que Argentina se queda con la facultad de acompasar sus pagos a las posibilidades reales de cada momento, en función de cómo se reflejen en sus reservas el crecimiento del país, la inversión y un desarrollo autónomo con menor dependencia de las importaciones. Un marco diametralmente opuesto al conocido esquema de las políticas neoliberales que impone el Fondo condicionando cada reestructuración de deuda. Los costos de estas políticas son bien conocidos, pese a lo cual se siguen aplicando en el mundo.

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