Teresa Seco era golpeada habitualmente por su marido. En uno de los ataques,
ella le dio un puntazo que derivó en su muerte. El tribunal no tuvo en cuenta la
historia de violencia y le aplicó una pena durísima. La Corte tucumana revirtió
el fallo y criticó a los jueces.
Por Mariana Carbajal
Un fallo de un tribunal tucumano dejó en evidencia, otra vez, marcados
prejuicios machistas de los jueces, su desconocimiento de las características de
la violencia doméstica y la resistencia a analizar los hechos y las pruebas a la
luz de un enfoque de género. La sentencia en cuestión fue dictada por la Sala I
de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, al sur de la provincia, y
condenó a 12 años de prisión a una mujer de 32 años que, para defenderse de las
agresiones de su esposo y proteger también a su hijo de 13 años de los golpes,
le dio un puntazo con un cuchillo de cocina, que derivó en la muerte del hombre.
Los jueces no tuvieron en cuenta que se trataba de una víctima de violencia
doméstica, que había querido denunciar a su marido varias veces en la comisaría
local pero la policía la había persuadido de que no lo hiciera y que esa
madrugada fatídica del 25 de diciembre de 2010 –cuando ocurrió el hecho– él
había entrado violentamente a la casa, después de que ella lo había echado. En
el fallo, además, se cuestiona la credibilidad de la mujer por no haberse
mostrado como una “esposa atribulada”, preocupada por la salud de quien había
atentado contra su vida y la de su hijo. La Corte tucumana acaba de revocar la
sentencia y absolvió a la mujer, al interpretar –como sostuvo su defensa en el
juicio– que actuó en legítima defensa.
El fallo cuestionado fue firmado por los jueces José Alfredo Garzia, María
Raquel Asís y Elena del Tránsito Grellet. Asís integra el Consejo Asesor de la
Magistratura de Tucumán, elegida por el voto de la mayoría de los magistrados
del Centro Judicial de Concepción.
La condena recayó sobre Teresa Malvina Seco, quien llegó a juicio privada de su
libertad y alejada de sus hijos. Estuvo detenida tres años y cuatro meses. Tiene
tres hijos, el mayor ahora de 16 años, una niña de 7 y un nene de 4. Los dos más
pequeños son hijos de la relación de Seco con Cristian Eduardo Olivera, por cuya
muerte fue condenada por el delito de homicidio agravado por el vínculo,
atenuado por circunstancias extraordinarias. Hacía cuatro años que convivían, en
la localidad de Medinas, departamento de Chicligasta, 85 kilómetros al sur de la
capital provincial. Estaban casados legalmente. El ejercía violencia
psicológica, física y económica contra ella. Seco se dedicaba a arreglar
celulares. El no trabajaba y muchas veces le quitaba el dinero que ella ganaba y
que era para alimentar a sus hijos y se lo gastaba en comprar bebidas
alcohólicas, según contó la defensora oficial de la mujer, Carola Ballesteros.
“Lamentablemente pasó lo que pasó, que yo no lo esperaba. Yo no creía cuando me
dijeron que había muerto”, contó Seco a este diario. El 4 de mayo recuperó su
libertad. “Me siento frustrada por cómo me trataron los jueces. Estoy tratando
de rearmar mi vida desde cero. Es como que tengo un rompecabezas y no sé cómo
van las piezas”, agregó (ver aparte).
La sentencia en su contra fue dictada por la Cámara Penal el 8 de octubre de
2013. Y apelada por Ballesteros, defensora oficial penal de la IIª Nominación
del Centro Judicial Concepción. En el recurso de Casación, Ballesteros –quien
acompañó a la mujer en todo el proceso judicial– detalló uno a uno los sesgos
machistas que atraviesan el análisis del caso. Así llegó la causa a la Corte
tucumana. En su fallo del 28 de abril, el alto tribunal cuestionó en duros
términos a los magistrados que condenaron a Seco y se explayó en forma extensa y
pedagógica sobre cómo deben ser abordados los casos de violencia de género.
Puntualmente, los jueces Antonio Gandur, Daniel Estofan y Daniel Oscar Posse
advirtieron que debe aplicarse la perspectiva de género, tal como lo establecen
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (conocida por su sigla en inglés, Cedaw),
ratificada por la Argentina; la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
incorporada al bloque constitucional mediante la sanción de la ley Nº 24.632, y
la Ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres,
sancionada en 2009.
“Atento a los argumentos desarrollados, la contundencia de las pruebas valoradas
a la luz de una perspectiva que contempla integralmente el fenómeno de la
violencia de género y doméstica”, se impone sostener que la imputada “actuó en
legítima defensa”, concluye la Corte provincial. En ese sentido, advirtió que el
puntazo que le dio a su esposo fue el único modo que tuvo de evitar que él la
matara a ella y a su hijo de 13 años.
El caso muestra una vez más la imperiosa necesidad de que la incorporación del
enfoque de género sea una estándar de calidad a la hora de impartir justicia y
que no dependa de la decisión personal de cada magistrado de capacitarse en ese
sentido. También refleja cómo el machismo en los tribunales afecta la vida de
las mujeres que llegan a juicio –como víctimas o victimarias– y de sus hijos. Y
cómo son tratadas de forma diferencial las mujeres que actúan en situaciones de
legítima defensa en relación con los hombres, cuya credibilidad no se suele
poner en duda (ver aparte).
El episodio por el cual Seco llegó a juicio ocurrió el 25 de diciembre de 2010,
a las cinco y media, luego de la Nochebuena. La pareja había discutido. Ella lo
había echado de la casa, según contó, y él irrumpió violentamente y pretendía
pegarles a ella y al hijo de 13 años. Habitualmente los maltrataba a ambos.
Varios testigos ratificaron esas circunstancias. Esa madrugada, el niño buscó un
cuchillo para defenderse y la mujer se lo sacó. “Yo le agarro el cuchillo a mi
hijo y le digo que se vaya. Le va a pegar a mi esposo por la espalda, pero yo le
quito el cuchillo. Yo quedé en posesión del cuchillo. Yo y mi hijo salimos
corriendo hacia afuera, nos alcanza, me da vuelta y se me vino encima, y lo
empujé con el cuchillo en la mano”, relató la mujer durante el juicio. Su
versión, destacó el fallo de la Corte tucumana, fue confirmada por el relato del
niño en el debate oral. “Yo quise separar y me pegó a mí. Ante ello me fui a un
cajón y saqué un cuchillo para pegarle a él y mi mamá me lo quitó. El se lastima
con un cuchillo que lo tenía mi mamá. Yo lo saqué desde un cajón donde estaban
los cubiertos dentro de la casa. Era blanco y celeste. Yo lo saqué porque quería
separarlo. Ella me quitó el cuchillo. Salimos para el patio corriendo y vino
queriendo pegarnos a los dos, y mi mamá lo empujó con el cuchillo en la mano”.
Una perito psicóloga que actuó en el caso, Patricia Estela Ricaud, dio cuenta
del “sentimiento de culpa que pesaba sobre el menor por haberle alcanzado a su
madre el cuchillo”.
LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA
Condena machista
Durante el juicio, la imputada Teresa Malvina Seco dio cuenta del maltrato y la
violencia que su esposo, Cristian Olivera, ejercía sobre ella y su hijo mayor.
Varios testigos ratificaron ese contexto de violencia doméstica. La mujer
declaró: “Yo conviví con él cuatro años y medio, lo único malo que tenía es que
cuando se machaba me pegaba, o a veces me pegaba cuando se encontraba sano,
porque era una persona violenta”. En otro tramo de su declaración, afirmó: “En
algunas otras ocasiones me golpeaba y últimamente las golpizas eran más
seguidas. Mi hijo siempre me defendía. Yo hice la denuncia, pero nunca me las
tomaron por distintos motivos. Generalmente en la comisaría había una sola
policía. Agresiones que sufría fueron vistas por mi padre y la familia de él
también sabía. Una vez me partió la cabeza con un palo y el padre de él me vio
la cabeza ensangrentada. Cuando me golpeaba, a veces estaba alcoholizado, a
veces no”.
A pesar de la contundencia del relato, los miembros de la Sala I de la Cámara
Penal de Concepción ignoraron el contexto de violencia doméstica, a la hora de
analizar el hecho juzgado. Llamativamente, uno de los jueces, José Alfredo
Garzia, directamente descartó la existencia de una situación acreditada de
violencia de género. Otra de las magistradas, Elena del Tránsito Grellet, al
contrario, reconoció que la imputada fue “una víctima de una evidente violencia
intrafamiliar y de género”. Pero minimizó esa situación. Sin embargo, lo más
insólito fue que la tercera integrante del tribunal, María Raquel Asís, adhirió
a ambos votos, contradictorios entre sí. De todas formas, los tres rechazaron
que se hubiera tratado de una situación de legítima defensa, como planteaba la
defensa de la imputada. Y votaron por unanimidad por la condena a 12 años de
cárcel.
Otra de las perlitas del fallo está en la foja 965, último párrafo, y es en
definitiva la razón por la cual no le creen a la mujer su versión de los hechos.
Se ve claramente cómo se le reprocha, más bien se le exige que, luego de una
situación de extrema violencia con la presencia de altos riesgos para la vida y
la integridad física suya y de su hijo, asuma un rol de “esposa atribulada”
frente a aquel que atentó contra la vida de ambos, al no haber estado a su lado
cuando fue hospitalizado. En ese sentido, la Sala I consideró que esa actitud
“no se compadece con una esposa atribulada cuya intención no era agredir a su
esposo, entendiendo que esta circunstancia singulariza el caso en estudio
dejando al desnudo el desinterés por el occiso y demostrando ello frialdad de
ánimo en la encartada”.
El hombre falleció en el hospital de Concepción, donde recién fue intervenido
quirúrgicamente unas 16 horas después de haber resultado herido, según indicó a
este diario la defensora oficial Carola Ballesteros, quien advirtió que si
hubiera sido atendido antes posiblemente podría haberse salvado su vida, dado
que un perito forense evaluó que no tenía una lesión letal y podría haberse
recuperado. Su muerte se produjo dos horas después de entrar al quirófano, dijo
Ballesteros. Primero había sido trasladado al hospital de Medina y desde allí se
hizo la derivación a Concepción.
POR QUE LA CORTE ENTENDIO QUE HUBO LEGITIMA DEFENSA
“Influyó el contexto de violencia”
El fallo de la Corte tucumana que revoca la condena a Teresa Seco contiene
abundante jurisprudencia e incluso citas de libros especializados en la
problemática de la violencia de género y en los casos puntuales de mujeres que
matan a sus esposos en legítima defensa, en contextos de maltrato en el hogar.
En ese sentido, señala que es “determinante tener en cuenta” que Sylvie Frigon,
en su trabajo Mujeres que matan: tratamiento judicial del homicidio conyugal en
Canadá de los ’90, concluye que “estas mujeres sufrían mucho, vivían una
pesadilla con los ojos abiertos. Resultado del terror cotidiano y el acto tiene
por objetivo terminar con el terror y no necesariamente busca eliminar al
otro... el día del homicidio hay algo de particular, anormal. Según las mujeres,
hay una suerte de disparador. La mujer puede predecir una violencia desusada. Se
percibe muy a menudo que algo ocurrió en esas mujeres que hizo que no pudieran
continuar soportando. Han sobrepasado una frontera y, a veces, cuando además los
niños están involucrados, algo se dispara. El umbral de lo tolerable es superado
y lo insoportable es alcanzado. Dos parámetros importantes son puestos en escena
aquí: la acumulación de frustraciones, de sufrimientos y de miedo, en el tiempo
y la relación de pareja alcanzando un crescendo... Es como si hubiera una
frontera, un lugar donde es cuestión de vida o muerte y donde no se discute más.
El gesto homicida es en verdad una suerte de consecuencia, es la acumulación de
todo un tramo de la vida: la vida de pareja difícil, marcada por el abuso.
Finalmente no aguantan más sufrir, quieren detener el sufrimiento, quieren
vivir. Quieren preservar su integridad” (Cfr. Frigon Sylvie, Mujeres que matan:
tratamiento judicial del homicidio conyugal en Canadá de los ‘90, en Capítulo
III, Travesías 9, Temas del debate feminista contemporáneo, Mujer, Cuerpo y
Encierro, Documento del Cecym, Editora: Silvia Chejter, Buenos Aires, Diciembre
2000, pág. 76).”
Los jueces del alto tribunal encuentran esas características en la historia de
Teresa Seco: por un lado, “niños involucrados”; por el otro, “acumulación de
frustraciones y sufrimientos”. En ese sentido, destaca parte de la declaración
de la mujer cuando dijo que “entonces yo me fui para el comedor de la casa,
reclamándole que yo estaba cansada de todo, que trabajaba, atendía mis hijos,
atendía los clientes ya que trabajaba en telefonía celular, o sea yo me partía
en diez mil para cumplir todas mis obligaciones, que yo le reclamaba que ya no
podía seguir viviendo así”. El tercer eje es “acumulación de todo un tramo de la
vida... marcado por el abuso”. Seco contó en el juicio: “Una vez me partió la
cabeza con un palo y el padre de él me vio la cabeza ensangrentada”. Su hijo
describió: “A mi mamá le pegaba con las manos y con un palo. Nos trataba mal.
Usaba palabras groseras, pero no recuerdo qué palabras. Le pegaba mucho. Yo
varias veces me metía cuando le pegaba a ella. Una vez le vi pegarle. Fue con un
palo en la cabeza...”
Así, la Corte tucumana concluye que “todo ello habla de un contexto de violencia
que necesariamente influyó en el trágico día en que la imputada hirió a su
marido, pero que –sin embargo– no fue tenido en cuenta por la Cámara Penal a la
hora de analizar la causal de justificación aducida por la defensa”.
EL DRAMA QUE VIVIO TERESA MALVINA SECO
Volver a empezar
Teresa Malvina Seco recuperó su libertad el 4 de mayo, luego de que un fallo de
la Corte de Tucumán revocara la sentencia que la había condenado por el
homicidio de su esposo y la absolviera al interpretar que actuó en legítima
defensa. La mujer, de 32 años y madre de tres hijos, estuvo privada de su
libertad desde la noche del 25 de diciembre de 2010: tres años y cuatro meses.
“Estoy tratando de rearmar mi vida desde cero. Es como tener un rompecabezas y
no saber cómo van las piezas”, contó a este diario. Vive en una casita humilde,
en la localidad de Medinas, al sur de la provincia de Tucumán. Arregla
celulares. Enorme sorpresa y congoja sintió, dijo, cuando esa noche se enteró de
que su marido se había muerto, como consecuencia del puntazo que ella le había
dado, sin intención, al defenderse de los golpes que pretendía propinarle –como
tantas veces– a ella y a su hijo mayor, entonces de 13 años. No había querido
matarlo. Sólo protegerse ella y al niño. Pero los jueces de la Cámara Penal de
Concepción no le creyeron. Esa actitud de la Justicia le generó “frustración”,
contó a este diario.
Estuvo los primeros seis meses detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de
Mujeres, en Banda de Río Salí, a unos 120 kilómetros de su domicilio, en la
provincia de Tucumán. Hasta que el 5 de julio de 2011 le otorgaron la prisión
domiciliaria, por sus dos hijos pequeños: en ese momento el más chiquito tenía 1
año y 6 meses y la nena, 3 años. Pero con el menor no pudo reencontrarse hasta
16 meses después. La familia de su esposo le había pedido el bebé para cuidarlo
el día que ocurrió la muerte del hombre y nunca más se lo quiso devolver. Recién
pudo recuperarlo a fines de noviembre de 2012, por intervención de un Juzgado de
Familia. “El chiquito no me reconocía. Fuimos recuperando el vínculo a través de
mi hija, que a ella sí la conocía. Sufrió mucho: él me decía que se quería ir a
su casa, por la de su abuela. He tenido mucha paciencia, mucho amor y hemos
podido recuperar el vínculo. No sólo yo sufrí en estos años, mis tres hijos
también, muchísimo. El mayor se sentía culpable por toda la situación, porque él
había agarrado el cuchillo que yo le quité. Y lamentablemente pasó lo que pasó,
y yo no me lo esperaba. Yo no creía cuando esa noche me vinieron a contar que mi
esposo había muerto”, contó Seco.
El mismo tribunal que la condenó a 12 años de prisión, sin contemplar el
contexto de violencia de género que ella sufría y en el que se dio el hecho, le
revocó la prisión domiciliaria en diciembre. Fue un día que ella tuvo un
accidente en su casa y se lastimó una pierna. La defensora oficial, Carola
Ballesteros, contó que Seco llamó a la comisaría de Medinas, para que la fueran
a buscar con un patrullero, pero que le dijeron que no tenían ninguno. Entonces,
la joven se dirigió a la seccional y dejó constancia de que iba a ir al
hospital. Pero la familia de su esposo denunció que había violado la
domiciliaria y la Sala I de la Cámara Penal de Concepción la volvió a alejar de
sus hijos y la mandó nuevamente a la cárcel de mujeres, a pesar de que la fiscal
de Cámara sostuvo que la salida había sido justificada y no había riesgo
procesal. Su defensora reclamó que le permitieran visitar a los chicos, dado que
el penal está ubicado a más de cien kilómetros de su domicilio y la mamá de
Seco, de condición humilde, no tenía medios para llevarlos a ver a su mamá. La
Sala I, señaló Ballesteros, le autorizó una salida cada dos meses, de seis
horas, de las cuales tres horas se le iban de viaje, entre la ida y la vuelta.
“Los chicos lloraban y lloraban por no poder verla”, contó Ballesteros.
–¿Qué les diría a otras mujeres que sufren violencia de género de parte de su
pareja? –le preguntó Página/12.
–Que se separen, que salgan, averigüen, hablen con psicólogos, con abogados. No
es fácil salir. Muchas mujeres se quedan por miedo. Con el tiempo me he dado
cuenta de que no me separé por el miedo que le tenía. Pero no es imposible
salir: con ayuda se puede. Mi esposo me amenazaba con quitarme a los hijos. Me
decía: “Si te vas, los chicos se quedan”. El maltrato no es sólo físico. Es
psicológico y económico también. Me interesa ayudar a otras mujeres. La sufrí
mucho en estos años. La peleé mucho. Pero la vida continúa. Me gustaría que mi
historia fuera ejemplo para que no le vuelva a pasar a otra lo que me pasó a mí.
“A una mujer no se le cree”
Es interesante analizar la credibilidad de las mujeres que matan a sus maridos
en una situación de violencia frente a la credibilidad que les merecen los
hombres, por parte de los tribunales, cuando matan a otras personas también en
situaciones de violencia, advirtió la defensora oficial de Teresa Seco, Carola
Ballesteros. “Al varón se le cree. El hombre es beneficiado por la
excarcelación. El caso se cierra desde etapas tempranas y, en caso de algún
resquicio de responsabilidad penal, son encuadrados en el exceso de la legítima
defensa. A una mujer, como le pasó a Teresa, no se le cree y llega a juicio
privada de su libertad. Los jueces suelen ser mucho más rigurosos en el análisis
de las distintas categorías dogmáticas y casi siempre se presume en la mujer la
ausencia del elemento subjetivo de la justificación. Las situaciones de
violencia de género y violencia doméstica son minimizadas y a lo sumo son
valoradas como atenuantes, encuadrándolas en ‘circunstancias extraordinarias de
atenuación’”, señaló Ballesteros a Página/12.
19/05/14 Página|12
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 19 de mayo de 2014
La verdad es otra cosa Por Hernán Invernizzi. Periodista contratapa@miradasalsur.com
El 1º de mayo de 1974 se concretó en la Plaza de Mayo aquella especie de
asamblea popular en la cual el presidente Perón trató de imberbes e infiltrados
al llamado peronismo de izquierda, cuyas columnas abandonaron la Plaza entonando
consignas como “Qué pasa, qué pasa General, que está lleno de gorilas el
gobierno popular” o “Aserrín, aserrán, es el pueblo que se va”. Apenas 10 días
después, un comando de la Triple A asesinaba al padre Carlos Mugica en el barrio
porteño de Villa Luro. Y como nadie quería aparecer como responsable del
asesinato del mártir católico, todos salieron a proclamar su inocencia y a
culpar a sus adversarios.El proceso penal por aquel crimen se reabrió en el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Juan Carlos Almirón, jefe operativo de la Triple A, fue imputado como autor material y falleció en 2009 mientras cumplía arresto domiciliario. Otros procesados con prisión preventiva permanecen detenidos en la cárcel de Marcos Paz a la espera de una sentencia definitiva –o de una amnistía si en los próximos años llegara a triunfar la política de reconciliación sin justicia–.
La semana pasada se recordó el 40º aniversario de su asesinato. Hubo quienes aprovecharon ese ambiente de homenaje a un mártir para hacer gala de su buena memoria y trajeron al presente un dato que parecía dormido en el baúl de los recuerdos: Mugica había sido asesor de López Rega...
El dato es correcto. Como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo acordó internamente que no aceptarían cargos electorales, el padre Carlos declinó integrar la lista de diputados del Frejuli, pero aceptó la propuesta del general Perón para incorporarse como asesor del Ministerio de Bienestar Social, que en el reparto entre las líneas internas peronistas había quedado en manos de José López Rega. Como es obvio, la relación Mugica-López Rega no podía durar. Meses después, durante una asamblea del Movimiento Villero Peronista, el padre Carlos informó públicamente que iba a renunciar al cargo por sus desacuerdos con el ministro que fundó la Triple A. Poco después de su renuncia, y poco después de aquella asamblea espontánea en la Plaza de Mayo, la organización de López Rega lo asesinó.
San Martín cruzó Los Andes. El dato, entonces, es correcto: fue asesor ad honórem del ministerio encabezado por López Rega. Es un hecho. Ahora bien: ¿cuál es su sentido? ¿Qué significa? Alguien puede decir: “San Martín cruzó Los Andes”, “Julio César cruzó el Rubicón” o “Fulano fue funcionario de la dictadura militar”. Cada una de esas oraciones simples (simples oraciones) es portadora de sentido –y de mucho sentido–. No obstante, ese sentido no es un producto de la buena memoria sino resultado del trabajo de la historia.
El cruce de los Andes sintetizado en la frase escolar que todos recordamos, adquiere sentido más o menos pleno cuando se tiene en cuenta que esa acción fue parte de una admirable estrategia político-militar contra el imperialismo español de entonces. Julio César cruzó muchos ríos, pero sólo cruzar el Rubicón significaba desatar una guerra civil en la cual podía ganar o perder. Está lógicamente mal visto que alguien fuera funcionario de la dictadura, pero no es lo mismo un joven universitario que ingresó a la carrera estatal en 1975 y al año siguiente se encontró con el golpe de Estado, que un funcionario jerárquico designado por Videla.
Cuando alguien en estos días dice: “El padre Carlos Mugica fue asesor López Rega” no miente ni se equivoca. Pero tampoco dice la verdad. La verdad es otra cosa. La verdad no es un hecho ni un conjunto de hechos sino una teoría acerca de los hechos comprobadamente ocurridos. Aquella oración acerca del sacerdote y el ministro asesino es la simple manifestación en palabras de un hecho ocurrido. Podemos analizar el gorilismo, el ateismo o el anticlericalismo de quien lo dice; se puede analizar su intencionalidad política, y quizás concluyamos que quiere cuestionar la política de derechos humanos oficial. Pero el recuerdo de un hecho o la enumeración de un conjunto de hechos ocurridos, no constituyen una teoría verdadera sino un elemento necesario para la construcción del sentido, que es la razón de ser de la historia.
Analizar las cosas de esta manera genera el problema de confrontar la simplificación engañosa del hecho (“el cura era asesor de un criminal”) con la complejidad de la historia. Como aquel diálogo entre Mirtha Legrand y Estela de Carlotto, cuando la anfitriona le preguntó capciosamente a su invitada si recibía subsidios estatales. De un lado la simplificación que pretende representar al sentido común: “A ustedes las banca el Estado”. Del otro la necesidad de explicar algo complejo aunque verdadero y que no se puede expresar en una oración simple: los nietos fueron secuestrados por el Estado y lo lógico y lo justo (aunque sorprenda) es que el Estado repare de alguna manera el monstruoso daño cometido.
Asumir el proyecto de ser más o menos fieles a la historia (y sobre todo la historia reciente) no sólo demanda un ejercicio de honestidad intelectual inmenso. Además, demandaría un ejercicio de síntesis descomunal. Al padre Mugica lo asesinan el 11 de mayo de 1974; un año antes había asumido Cámpora y un mes y medio después fallece Perón. Fue un año apabullante y abrumador. En la dinámica extraordinariamente compleja de aquellos días un militante popular asume dos decisiones políticas que probablemente le costaron la vida: aceptó ser asesor del Ministerio de Bienestar Social y después renunció al cargo, haciendo públicas sus diferencias con el ministro –que también era secretario privado del Presidente al cual el padre Carlos reconocía como el conductor estratégico del movimiento nacional–.
A modo de ejemplo recordemos una situación paradojal y perversa que ocurrió unos pocos meses después. La Triple A ya había atentado contra el senador radical Solari Yrigoyen y contra el decano de la Facultad de Derecho, Raúl Laguzzi (matando a su bebé de cinco meses), había asesinado al diputado Rodolfo Ortega Peña, al abogado Alfredo Curutchet y al militante peronista Julio Troxler, entre otros cientos de atentados. A fines de septiembre de 1974, la Asociación Argentina de Actores dispuso un paro general debido a las amenazas de muerte de la Triple A contra actores y actrices, entre los que se encontraban Luis Brandoni, Norman Briski, Nacha Guevara y Héctor Alterio, algunos de los cuales iniciaron sus primeros exilios.
Una delegación de la Asociación mantuvo entrevistas con funcionarios del Ministerio del Interior y con Ricardo Balbín, líder del radicalismo. ¡Pero también se entrevistaron con el mismísimo José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social! Le explicaron que la Triple A amenazaba de muerte a sus afiliados y por supuesto el líder de los asesinos trató de tranquilizarlos... Escena que recuerda otras de años posteriores, durante la dictadura, cuando todavía las cosas no estaban del todo claras, y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado se entrevistaban con los asesinos o con los responsables de los asesinatos de sus familiares, sin saber que quien los consolaba quizás acababa de torturar, matar o encarcelar a sus hijos. Como decía Shakespeare, a veces la vida parece un sueño relatado por un idiota. La historia trata de poner un poco de cordura en el relato de la vida.
18/05/14 Miradas al Sur
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MILANI SALIO AL CRUCE DE UN INFORME DEL CELS SOBRE LA CAUSA EN LA RIOJA Las respuestas del general
El jefe del Ejército sostuvo que no pudo “ejercer de manera real y efectiva el
derecho de defensa” en la causa donde se investiga su participación en el
terrorismo de Estado.
El jefe del Ejército, César Milani, salió a responder a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que daba cuenta de una serie de irregularidades en la causa en La Rioja en la que se investiga la participación del militar en la represión ilegal. El general sostuvo que no pudo “ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa” en esa causa y negó que se le dé un trato especial en la Justicia por ser el jefe del Ejército. Una segunda causa en Tucumán investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, sobre el que Milani instruyó el sumario en el que se lo declaró desertor.
El informe del CELS alerta sobre el pedido que hizo el fiscal Horacio Salman de que se declare la nulidad de la investigación en La Rioja, donde Milani fue denunciado en 1979 y luego en 1984 por el ex preso político Ramón Alfredo Olivera. El ex detenido acusó a Milani de hostigarlo en un traslado del centro de detención al juzgado federal y de haber participado del secuestro de su padre.
El CELS advirtió que el fiscal, al pedir la nulidad, tomó como propios los argumentos de la defensa oficial. Según remarca el CELS, el fiscal dio por cierto un documento de la dictadura que decía que Milani estaba detenido cuando ocurrió el secuestro, cuando en diversas causas se probó que muchas veces los documentos no reflejan la realidad.
Milani respondió con los argumentos de su defensor privado, Fernando Susini. Lo hizo en un comunicado con membrete del Ministerio de Defensa: “Me sorprende el silencio guardado por el CELS y su presidente, Horacio Verbitsky, quienes conociendo los detalles de la causa, omitieron revelar las irregularidades señaladas en torno de la actuación del fiscal Darío Illanes y el señor Ramón Alfredo Olivera”. Milani recusó a Illanes, quien se apartó de la causa.
Según Milani, él fue el primero en denunciar “las graves irregularidades cometidas en la causa judicial, desde su inicio en julio de 2013”. “Me presenté voluntariamente por escrito, en forma personal y a través del defensor oficial en varias oportunidades ante el fiscal Illanes, pero contrariamente a lo que afirma el CELS no pude ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio”, indicó Milani, quien le reclamó a la procuradora Alejandra Gils Carbó que investigue al fiscal Illanes y lo aparte del cargo “por mal de-sempeño de su función”.
Milani destacó que “no estaba a cargo, ni pude haber participado del procedimiento que concluyó con la detención de Pedro Adán Olivera”. “No incurrí en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos político –dijo–. Fue dispuesto en el marco de una causa judicial iniciada en 1975, a partir de la cual resultó posteriormente condenado por una sentencia que, además, fue confirmada por la Cámara Federal de Córdoba.” La causa era por la Ley 20.840. El CELS aclara que esa norma “fue utilizada para blanquear detenciones ilegales”.
“El reconocimiento que dio origen a la denuncia no ocurrió realmente y la denuncia estaba armada desde su inicio. Olivera se expresó con mendacidad al momento de realizar la denuncia y prestar declaración testimonial en mi contra”, sostuvo Milani. “Ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre”, aseguró Milani. “Es falso que que por ser el actual jefe del Ejército se me brinde impunidad o la posibilidad de ser juzgado con un estándar probatorio distinto”, afirmó.
“Milani no puede renegar de lo que ha hecho y de que actuó de esa manera. Tiene que saber qué pasó con Ledo”, sostuvo el ex conscripto Alvaro Illanes, uno de los denunciantes en Tucumán.
19/05/14 Página|12
EL JEFE DEL EJERCITO ANTE LA JUSTICIA EN LA RIOJA Y EN TUCUMAN
La verdad de la milanesa
La presión castrense produjo resultados opuestos. En La Rioja condicionó procedimientos irregulares de la fiscalía y la defensa oficial para buscar un cierre apresurado de la causa Olivera. Pero la Cámara Federal de Tucumán recomendó a la fiscalía en términos de inusitada dureza profundizar la investigación sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición del conscripto Ledo. Presunción de inocencia y manipulación de la Justicia.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Sandra Cartasso
La fuerte presión castrense para desligar al jefe del Ejército de las imputaciones por crímenes de lesa humanidad antes de la celebración institucional de la semana próxima produjo resultados opuestos en La Rioja y en Tucumán. En La Rioja, el fiscal se excusó y su reemplazante pidió el cierre de la causa en vez de instar la acción, como corresponde a su rol. Adhirió para ello a los argumentos de la defensa, que también llegaron al tribunal en forma irregular: fueron elaborados por el defensor privado de Milani pero firmados por el defensor oficial. En Tucumán, en cambio, la Cámara Federal recomendó al ministerio público investigar la participación de Milani y evaluó la desaparición forzosa de un conscripto, decisión inusual y de extrema gravedad que torna ineludible su declaración indagatoria. Ante la impugnación del CELS a su ascenso, el Poder Ejecutivo sostuvo que regía la presunción constitucional de inocencia y que la decisión quedaba en manos de la Justicia. Las anomalías producidas en la causa riojana relativizan la validez de ese criterio y los avances del expediente tucumano agravan la situación del militar.
Juego de roles
La función constitucional del ministerio público es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y la ley orgánica del ministerio público indica que los fiscales deben “promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos”. Sin embargo, el fiscal subrogante de La Rioja Michel Horacio Salman solicitó el sobreseimiento de Milani, en una asombrosa valoración prematura de la prueba. Para llegar a tan inusitado corolario pidió la nulidad del requerimiento de instrucción que había presentado su antecesora en la fiscalía, la subrogante Marta Elena Kumah, por el secuestro y las torturas a Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera. El titular de la fiscalía, Darío Illanes, fue recusado por Milani y decidió excusarse. En febrero de este año se hizo cargo Salman, quien era fiscal ante el Tribunal Oral riojano. Designado en 1994 por su relación con Eduardo Menem y Julio Nazareno, en 1999 integró la comitiva del procurador Nicolás Becerra en su visita a China. En 2012 se excusó de intervenir en el juicio por el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, una vez que en su despacho apareció un informe de Inteligencia con un mapa de la provincia de La Rioja en el que se señalaba a una treintena de integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a quienes se menciona como “curas rojos” y agentes “infiltrados” en “el catolicismo riojano”. La policía lo había entregado a la fiscalía en 2004, pero Salman no lo incorporó a la causa.
Los argumentos de Milani fueron elaborados por su defensor privado, el profesor de sociología del Holocausto Fernando Susini, tal como consignó el domingo pasado la edición impresa de este diario en una primicia nacional que ningún otro medio reprodujo. Susini era el defensor de Milani en la causa por enriquecimiento ilícito, pero un alto funcionario civil le indicó que se hiciera cargo también del expediente riojano. Sin embargo quien firmó y presentó el dictamen de Susini ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena fue el defensor oficial Eduardo Narbona. Susini sigue así las huellas del incomparable Máximo Rags to Riches Rosconi. En vez de cumplir con su deber de impulsar la investigación, el anfibio Salman tomó los argumentos de la defensa y pidió la nulidad del requerimiento, liberando de la investigación a Milani. La nulidad es un procedimiento excepcional que sólo se justifica cuando es manifiesto que no hay delito y cuando un fiscal actúa fuera de su jurisdicción y competencia. Aún así, en el ya célebre caso del fiscal José Campagnoli con Lázaro Báez la justicia no anuló sus actuaciones. No obstante la Procuración General lo suspendió y lo sometió a juicio político, el mismo camino que ahora deberá seguir con Salman.
Estos son los insostenibles argumentos del fiscal-defensor:
- Privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera: Milani no pudo ser su autor, porque su legajo dice que ese día estaba detenido dentro del Batallón.
La jurisprudencia rechaza que la responsabilidad de un imputado en crímenes de lesa humanidad se acredite sólo en base a prueba documental. Así lo establecieron el Tribunal Oral Federal 4 en la causa Vesubio y la sala II de la Cámara de Casación Penal en Esma II. La Casación restó valor al legajo del marino Juan Carlos Rolón para establecer cuándo dejó la ESMA, ya que hay testigos que lo vieron después de la fecha del legajo.
- Privación ilegítima de la libertad de su hijo Ramón Alfredo Olivera: Milani sólo actuaba como custodio cuando la policía trasladaba detenidos entre dos sedes legales: el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) y el juzgado federal, en el marco de la ley antisubversiva 20.840.
El juzgado federal 3 de Mar del Plata estableció en la causa contra la CNU que la vigencia de esa ley, promulgada en 1974 bajo un gobierno constitucional, “no implicaba necesariamente” la legalidad de los procedimientos. Por el contrario, la 20.840 sirvió como pantalla a quienes usurparon el poder para simular un proceso legal cuando en verdad incluía “detenciones ilegales en centros clandestinos, tratos vejatorios y aplicación de tormentos”. Es el mismo criterio que aplicó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la condena contra el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa. En el informe de la Comisión riojana de Derechos Humanos y en diversas causas de esa provincia, confirmadas por la Cámara Federal de Córdoba, quedó establecido que a partir del golpe la cárcel legal que funcionaba en el IRS “se transformó en un centro de detención, torturas e interrogatorios” con picana eléctrica, submarino y golpes a prisioneros vendados. Tampoco la intervención del juzgado federal confería legalidad a los procedimientos. De hecho, su titular de entonces, Roberto Catalán, ante quien Milani condujo a Olivera, está detenido como partícipe secundario en privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, tormentos y homicidio. Aunque sólo se acreditara la participación en el traslado, Milani habría intervenido en un tramo de la comisión de un delito. Así lo abordó el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital y lo confirmó la sala IV de la Cámara de Casación, en la sentencia por la Masacre de Fátima. El policía Carlos Enrique Gallone fue condenado aunque no participó en el traslado y ejecución de los secuestrados, porque sí lo hizo en los de las víctimas, actos preparatorios que lo convirtieron en partícipe necesario de los treinta homicidios.
- La importancia de la prueba testimonial: Según Susini-Narbona-Salman los testigos del allanamiento que identificaron a Milani son familiares de las víctimas, lo que les resta verosimilitud. El fiscal-defensor sostiene que el reconocimiento de los Olivera es de importancia relativa ante los dichos de Milani y su legajo.
Este argumento contradice la jurisprudencia sentada ya en 1985 en el juicio a las juntas. La Cámara Federal que condenó a Videla sostuvo que la declaración testimonial es un medio privilegiado de prueba en delitos cuya forma de ejecución incluye el borrado de huellas, por lo que las víctimas de la represión clandestina son “testigos necesarios”. Otro tanto hizo la sala IV de la Cámara de Casación en noviembre pasado al confirmar la sentencia por el asesinato de Murias y Longueville. Como “los crímenes fueron cometidos por integrantes del Estado bajo su cobertura y amparo y se trató de borrar toda huella, la prueba testimonial adquiere singular importancia” para reconstruir lo sucedido. Lo mismo sostuvo el Tribunal Oral de San Martín en la causa Campo de Mayo, que además valoró la persistencia y estabilidad del testimonio. En el caso de Olivera, su primera denuncia contra Milani fue presentada en 1979 y reiterada en 1984 ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos y ahora.
- Nombrar o no nombrar: El dictamen fiscal valora que no haya otras denuncias contra Milani.
Con el mismo criterio el tribunal de la causa ESMA absolvió a Juan Carlos Rolón. Pero la sala II de la Cámara de Casación dijo que esa sentencia era un círculo vicioso, ya que descalifica los testimonios de quienes vieron a Rolón invocando a la mayoría de detenidos que no lo vio. Como ese razonamiento es falaz la Casación anuló la absolución y ordenó al tribunal de juicio un nuevo fallo contra Rolón.
- El interrogatorio que el fiscal no valoró: Desde su denuncia de 1979 por los apremios ilegales sufridos, Olivera reitera que Milani lo hostilizó durante su declaración en el juzgado. Sin embargo, el dictamen fiscal omitió la cuestión en su pronunciamiento. De este modo, los propios elementos de la defensa de Milani demuestran la necesidad de investigar y descalifican la solicitud de nulidad presentada por Salman.
La imputación
La decisión de la Cámara Federal de Tucumán (integrada por los civilistas Ernesto Clemente Wayar y Marina Cossio de Mercau y la penalista Graciela Fernández Vecino) se produjo al confirmar el procesamiento del coronel Esteban Sanguinetti por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado del conscripto Alberto Agapito Ledo. El 17 de junio de 1976 a la una de la mañana el entonces capitán Sanguinetti, a cargo del vivac del Batallón 141 de Ingenieros en Construcciones de La Rioja, que se encontraba en comisión en Tucumán, sacó del campamento a Ledo, quien nunca reapareció. Cinco días después, Sanguinetti designó a Milani como instructor del sumario en el que se dio por demostrada la deserción de Ledo. Marcela Brizuela de Ledo acusó a Sanguinetti por la desaparición forzosa de su hijo y al conocerse el acta falsa de deserción extendió el cargo a Milani. En las conclusiones los camaristas consideraron “necesario recomendar al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación sobre otras responsabilidades por delitos cometidos en perjuicio de Alberto Agapito Ledo, consumados en la provincia de Tucumán”, para “determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se habría producido su muerte”. Mencionan las recientes declaraciones testimoniales de los hermanos Juan Carlos y Alvaro Raúl Illanes, “quienes dan cuenta de la posición jerárquica que habría detentado el entonces Subteniente César Milani”, a la fecha de los hechos y con relación a determinados conscriptos. Asimismo la prueba que surge de los autos “Milani, César s/falsificación de documentos públicos, Expte. NCFP7372/2013, acumulado en autos”, en la que varios soldados dicen haber visto en la unidad elementos que el instructor dijo que se había llevado Ledo.
Alvaro Raúl Illanes había sido compañero de Ledo en la Escuela Normal de La Rioja y en el servicio militar. En el Batallón 141 de Ingenieros conoció a los entonces subtenientes Milani y Molina. Al declarar en la causa, Illanes narró que por las tardes ambos subtenientes hablaban con los conscriptos y Milani les hacía preguntas a él y a Ledo “sobre su postura política”. El 24 de marzo de 1976, cuando ya había sido dado de baja del servicio, fue detenido. Dos veces vio a Milani, quien recorría celda por celda para ver a los detenidos, y una vez a Ledo, quien llegó a la cárcel como asistente de un sacerdote. Luego de la misa, le dijo que lo llevaban a Tucumán. Esa fue la última vez que lo vio. Juan Carlos Illanes, quien conocía a Ledo por su hermano Raúl Alvaro Illanes, “que participaba en política”, lo vio un par de veces en Monteros, Tucumán. Juan Carlos Illanes cumplía el servicio militar en el Regimiento Aerotransportado de Catamarca. En junio de 1976 también a él lo llevaron a Tucumán. En Concepción realizó rastrillajes de cañaverales y cuidó de “presos políticos”. Un grupo de oficiales lo llevó a Monteros como custodio. Al entrar a una escuela vio a Ledo, quien lo reconoció: “Vos sos hermano de Yopo”, le dijo. Illanes le contó que su hermano había sido detenido y que en Catamarca era asistente del subteniente Mujica. “Ledo le comentó que también era asistente de un subteniente de apellido Milani.” La recomendación de la Cámara a la fiscalía es una práctica excepcional y una crítica implícita a la pasividad del Ministerio Público y coloca a Milani a las puertas del procesamiento.
Cuentas Pendientes
Por Horacio Verbitsky
El jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, coeditor del libro Cuentas Pendientes, sobre los cómplices económicos de la última dictadura argentina, fue elegido Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el efecto de la deuda externa y otras obligaciones financieras sobre los Derechos Humanos. Bohoslavsky, quien nació en Bahía Blanca en abril de 1976, al mes del golpe, era coordinador del Grupo de Expertos de Deuda Soberana de la UNCTAD, que desarrolló los Principios sobre Préstamos Responsables Soberanos a los que han adherido numerosos países. Al ser designado Relator renunció a aquel cargo para radicarse en Río Negro, en cuya Universidad Nacional del Comahue creó un master en Derecho Administrativo Global. Con doctorados y postgrados en las Universidad Austral de Buenos Aires y en las universidades de Salamanca, Viena y Nueva York, Bohoslavsky defendió a la República Argentina en los juicios entablados por Aguas Argentinas y Yacyretá. Compitió por el mandato con el jurista y economista australiano radicado en Estados Unidos Philip Alston y con otros cinco expertos de Grecia, Costa Rica, Canadá, Nigeria y la República de Níger. Pese a su extrema juventud, fue calificado en segundo lugar luego de Alston, quien es una eminencia mundial del derecho internacional y los derechos humanos, con un currículum académico y político impresionante, que hubiera hecho desistir a cualquier persona sensata. Pero el Grupo Consultivo compuesto por un embajador representando cada región que a lo largo de seis meses tuvo a su cargo el proceso de selección y estudió los planes de trabajo que presentó cada candidato, no quiso perder el aporte de Bohoslavsky. Su propuesta, aceptada por el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada: que Alston fuera Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, y Bohoslavsky sobre Deuda Externa y Derechos Humanos. El mandato de Bohoslavsky (2014-2017) consiste en trabajar sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Esta Relatoría es de especial interés para los países en de- sarrollo. Otros dos argentinos encabezaron las evaluaciones del Grupo Consultivo: la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Mónica Pinto, para integrar el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en América Latina y el Caribe, y el arquitecto urbanista Fernando Murillo, coordinador técnico del Observatorio Urbano de Buenos Aires, para la Relatoría de Vivienda. Pero en ambos casos el presidente del Consejo recomendó y el pleno designó a quienes ocuparon el segundo lugar en la evaluación: el mexicano José Guevara y la canadiense Leilani Farha.
La puerta giratoria
Por Horacio Verbitsky
La estrecha relación de Human Rights Watch con el gobierno de los Estados unidos plantea un conflicto de intereses y afecta su independencia, sostiene una nota con la firma de más de un centenar de personalidades de la comunidad de derechos humanos, la cultura y la Academia, que incluye a un ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, a dos premios Nobel de la Paz y al cineasta Oliver Stone. La nota fue enviada al Director Ejecutivo de HRW, el ex fiscal de Manhattan Kenneth Roth, a quien insta a tomar medidas concretas a favor de su independencia, comenzando por la calusura de la puerta giratoria por la cual funcionarios que diseñaron o aplicaron la política exterior de los Estados Unidos pasan a integrar el equipo de trabajo o los consejos asesores o la junta directiva de la organización, o en la dirección inversa. Cómo mínimo, dicen los críticos, debería establecerse un período de espera para ese intercambio de personal. Los firmantes se manifiestan de acuerdo con una declaración formulada en 2010 por el mayor donante de Human Rights Watch y miembro de su consejo directivo, el inversor financiero George Soros, quien dijo que para ser más efectiva, la organización debería ser vista menos como estadounidense y más como internacional. Los firmantes brindan algunos ejemplos de esta porosidad entre esta ONG y el gobierno estadounidense:
- Tom Malinowski, Director de Promoción de la oficina central de HRW en Washington, fue asistente especial del presidente Bill Clinton y redactor de los discursos de su ministra de Relaciones Exteriores, Madeleine Albright. En 2013 dejó su cargo en HRW para asumir como Secretario Adjunto de Relaciones Exteriores para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo con el actual ministro John Kerry.
- Susan Manilow, vicepresidente de la junta directiva de Human Rights Watch, se presenta en su biografía oficial como vieja amiga de Clinton y consigna que fue anfitriona en “docenas de eventos” para el Comité Nacional del Partido Demócrata.
- Myles Frechette, ex embajador en Colombia y ex representante adjunto para asuntos comerciales, integra el Consejo Asesor de HRW.
- Miguel Díaz, analista de la CIA en la década de 1990, integró el Consejo Asesor de HRW entre 2003 y 2011 y en la actualidad actúa como “interlocutor entre la comunidad de Inteligencia y expertos no gubernamentales”.
Esta promiscuidad entre la organización y el Estado tiene consecuencias en sus definiciones. Los autores de la carta recuerdan que en 2009, como director de Promoción de HRW, Malinowski afirmó que en ciertas limitadas circunstancias era legítima la política de la CIA que en inglés se denomina de “Extraordinary Renditions”, es decir “la práctica ilegal de secuestrar y transferir a sospechosos de terrorismo a otros lugares del mundo”, según los firmantes. También mencionan una frase de Malinowski, quien parafraseó el argumento oficial de que llevaría cierto tiempo diseñar una alternativa al envío de sospechosos “para ser torturados en mazmorras extranjeras”. En cambio, agregan, HRW no aplicó el mismo criterio a Venezuela. Recuerdan que en 2012 la organización objetó la candidatura venezolana a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque no “cumplió con normas mínimas aceptables”, lo cual inhabilita a su gobierno para actuar “como una voz creíble en materia de derechos humanos”. Esa comunicación fue firmada en noviembre de 2012 por el director de la sección Américas de HRW, José Miguel Vivanco. En cambio, HRW nunca cuestionó la participación del gobierno estadounidense en el mismo Consejo a pesar del programa global de asesinatos selectivos secretos que practica su gobierno y de la ilegal detención de personas en Guantánamo, dicen los firmantes. Acuerdan con HRW sobre la ilegalidad del uso de misiles por parte de Siria en la guerra civil, pero señalan que Estados Unidos amenazó con el lanzamiento de misiles sobre ese mismo país y la organización permaneció en silencio. Tales ejemplos podrían condonarse “como inconsistencias u omisiones” naturales en cualquier organización grande y con muchas actividades. “Pero la estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos impregna estos casos con la apariencia de un conflicto de intereses”, afirman. Entre los suscriptores de la carta están el ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Hans von Sponeck; su actual Relator Especial para Derechos Humanos en los territorios palestinos, Richard Falk; el director de cine Oliver Stone; el presidente emérito del Centro de Derechos Constitucionales, Michael Ratner, quien denunció al ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld por torturas ante tribunales de Francia y Alemania y es el defensor de Julian Assange; los premios Nobel de la Paz Mairead Maguire y Adolfo Pérez Esquivel y el director del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Mark Weisbrot.
18/05/14 Página|12
El jefe del Ejército, César Milani, salió a responder a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que daba cuenta de una serie de irregularidades en la causa en La Rioja en la que se investiga la participación del militar en la represión ilegal. El general sostuvo que no pudo “ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa” en esa causa y negó que se le dé un trato especial en la Justicia por ser el jefe del Ejército. Una segunda causa en Tucumán investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, sobre el que Milani instruyó el sumario en el que se lo declaró desertor.
El informe del CELS alerta sobre el pedido que hizo el fiscal Horacio Salman de que se declare la nulidad de la investigación en La Rioja, donde Milani fue denunciado en 1979 y luego en 1984 por el ex preso político Ramón Alfredo Olivera. El ex detenido acusó a Milani de hostigarlo en un traslado del centro de detención al juzgado federal y de haber participado del secuestro de su padre.
El CELS advirtió que el fiscal, al pedir la nulidad, tomó como propios los argumentos de la defensa oficial. Según remarca el CELS, el fiscal dio por cierto un documento de la dictadura que decía que Milani estaba detenido cuando ocurrió el secuestro, cuando en diversas causas se probó que muchas veces los documentos no reflejan la realidad.
Milani respondió con los argumentos de su defensor privado, Fernando Susini. Lo hizo en un comunicado con membrete del Ministerio de Defensa: “Me sorprende el silencio guardado por el CELS y su presidente, Horacio Verbitsky, quienes conociendo los detalles de la causa, omitieron revelar las irregularidades señaladas en torno de la actuación del fiscal Darío Illanes y el señor Ramón Alfredo Olivera”. Milani recusó a Illanes, quien se apartó de la causa.
Según Milani, él fue el primero en denunciar “las graves irregularidades cometidas en la causa judicial, desde su inicio en julio de 2013”. “Me presenté voluntariamente por escrito, en forma personal y a través del defensor oficial en varias oportunidades ante el fiscal Illanes, pero contrariamente a lo que afirma el CELS no pude ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio”, indicó Milani, quien le reclamó a la procuradora Alejandra Gils Carbó que investigue al fiscal Illanes y lo aparte del cargo “por mal de-sempeño de su función”.
Milani destacó que “no estaba a cargo, ni pude haber participado del procedimiento que concluyó con la detención de Pedro Adán Olivera”. “No incurrí en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos político –dijo–. Fue dispuesto en el marco de una causa judicial iniciada en 1975, a partir de la cual resultó posteriormente condenado por una sentencia que, además, fue confirmada por la Cámara Federal de Córdoba.” La causa era por la Ley 20.840. El CELS aclara que esa norma “fue utilizada para blanquear detenciones ilegales”.
“El reconocimiento que dio origen a la denuncia no ocurrió realmente y la denuncia estaba armada desde su inicio. Olivera se expresó con mendacidad al momento de realizar la denuncia y prestar declaración testimonial en mi contra”, sostuvo Milani. “Ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre”, aseguró Milani. “Es falso que que por ser el actual jefe del Ejército se me brinde impunidad o la posibilidad de ser juzgado con un estándar probatorio distinto”, afirmó.
“Milani no puede renegar de lo que ha hecho y de que actuó de esa manera. Tiene que saber qué pasó con Ledo”, sostuvo el ex conscripto Alvaro Illanes, uno de los denunciantes en Tucumán.
19/05/14 Página|12
EL JEFE DEL EJERCITO ANTE LA JUSTICIA EN LA RIOJA Y EN TUCUMAN
La verdad de la milanesa
La presión castrense produjo resultados opuestos. En La Rioja condicionó procedimientos irregulares de la fiscalía y la defensa oficial para buscar un cierre apresurado de la causa Olivera. Pero la Cámara Federal de Tucumán recomendó a la fiscalía en términos de inusitada dureza profundizar la investigación sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición del conscripto Ledo. Presunción de inocencia y manipulación de la Justicia.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Sandra Cartasso
La fuerte presión castrense para desligar al jefe del Ejército de las imputaciones por crímenes de lesa humanidad antes de la celebración institucional de la semana próxima produjo resultados opuestos en La Rioja y en Tucumán. En La Rioja, el fiscal se excusó y su reemplazante pidió el cierre de la causa en vez de instar la acción, como corresponde a su rol. Adhirió para ello a los argumentos de la defensa, que también llegaron al tribunal en forma irregular: fueron elaborados por el defensor privado de Milani pero firmados por el defensor oficial. En Tucumán, en cambio, la Cámara Federal recomendó al ministerio público investigar la participación de Milani y evaluó la desaparición forzosa de un conscripto, decisión inusual y de extrema gravedad que torna ineludible su declaración indagatoria. Ante la impugnación del CELS a su ascenso, el Poder Ejecutivo sostuvo que regía la presunción constitucional de inocencia y que la decisión quedaba en manos de la Justicia. Las anomalías producidas en la causa riojana relativizan la validez de ese criterio y los avances del expediente tucumano agravan la situación del militar.
Juego de roles
La función constitucional del ministerio público es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y la ley orgánica del ministerio público indica que los fiscales deben “promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos”. Sin embargo, el fiscal subrogante de La Rioja Michel Horacio Salman solicitó el sobreseimiento de Milani, en una asombrosa valoración prematura de la prueba. Para llegar a tan inusitado corolario pidió la nulidad del requerimiento de instrucción que había presentado su antecesora en la fiscalía, la subrogante Marta Elena Kumah, por el secuestro y las torturas a Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera. El titular de la fiscalía, Darío Illanes, fue recusado por Milani y decidió excusarse. En febrero de este año se hizo cargo Salman, quien era fiscal ante el Tribunal Oral riojano. Designado en 1994 por su relación con Eduardo Menem y Julio Nazareno, en 1999 integró la comitiva del procurador Nicolás Becerra en su visita a China. En 2012 se excusó de intervenir en el juicio por el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, una vez que en su despacho apareció un informe de Inteligencia con un mapa de la provincia de La Rioja en el que se señalaba a una treintena de integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a quienes se menciona como “curas rojos” y agentes “infiltrados” en “el catolicismo riojano”. La policía lo había entregado a la fiscalía en 2004, pero Salman no lo incorporó a la causa.
Los argumentos de Milani fueron elaborados por su defensor privado, el profesor de sociología del Holocausto Fernando Susini, tal como consignó el domingo pasado la edición impresa de este diario en una primicia nacional que ningún otro medio reprodujo. Susini era el defensor de Milani en la causa por enriquecimiento ilícito, pero un alto funcionario civil le indicó que se hiciera cargo también del expediente riojano. Sin embargo quien firmó y presentó el dictamen de Susini ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena fue el defensor oficial Eduardo Narbona. Susini sigue así las huellas del incomparable Máximo Rags to Riches Rosconi. En vez de cumplir con su deber de impulsar la investigación, el anfibio Salman tomó los argumentos de la defensa y pidió la nulidad del requerimiento, liberando de la investigación a Milani. La nulidad es un procedimiento excepcional que sólo se justifica cuando es manifiesto que no hay delito y cuando un fiscal actúa fuera de su jurisdicción y competencia. Aún así, en el ya célebre caso del fiscal José Campagnoli con Lázaro Báez la justicia no anuló sus actuaciones. No obstante la Procuración General lo suspendió y lo sometió a juicio político, el mismo camino que ahora deberá seguir con Salman.
Estos son los insostenibles argumentos del fiscal-defensor:
- Privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera: Milani no pudo ser su autor, porque su legajo dice que ese día estaba detenido dentro del Batallón.
La jurisprudencia rechaza que la responsabilidad de un imputado en crímenes de lesa humanidad se acredite sólo en base a prueba documental. Así lo establecieron el Tribunal Oral Federal 4 en la causa Vesubio y la sala II de la Cámara de Casación Penal en Esma II. La Casación restó valor al legajo del marino Juan Carlos Rolón para establecer cuándo dejó la ESMA, ya que hay testigos que lo vieron después de la fecha del legajo.
- Privación ilegítima de la libertad de su hijo Ramón Alfredo Olivera: Milani sólo actuaba como custodio cuando la policía trasladaba detenidos entre dos sedes legales: el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) y el juzgado federal, en el marco de la ley antisubversiva 20.840.
El juzgado federal 3 de Mar del Plata estableció en la causa contra la CNU que la vigencia de esa ley, promulgada en 1974 bajo un gobierno constitucional, “no implicaba necesariamente” la legalidad de los procedimientos. Por el contrario, la 20.840 sirvió como pantalla a quienes usurparon el poder para simular un proceso legal cuando en verdad incluía “detenciones ilegales en centros clandestinos, tratos vejatorios y aplicación de tormentos”. Es el mismo criterio que aplicó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la condena contra el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa. En el informe de la Comisión riojana de Derechos Humanos y en diversas causas de esa provincia, confirmadas por la Cámara Federal de Córdoba, quedó establecido que a partir del golpe la cárcel legal que funcionaba en el IRS “se transformó en un centro de detención, torturas e interrogatorios” con picana eléctrica, submarino y golpes a prisioneros vendados. Tampoco la intervención del juzgado federal confería legalidad a los procedimientos. De hecho, su titular de entonces, Roberto Catalán, ante quien Milani condujo a Olivera, está detenido como partícipe secundario en privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, tormentos y homicidio. Aunque sólo se acreditara la participación en el traslado, Milani habría intervenido en un tramo de la comisión de un delito. Así lo abordó el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital y lo confirmó la sala IV de la Cámara de Casación, en la sentencia por la Masacre de Fátima. El policía Carlos Enrique Gallone fue condenado aunque no participó en el traslado y ejecución de los secuestrados, porque sí lo hizo en los de las víctimas, actos preparatorios que lo convirtieron en partícipe necesario de los treinta homicidios.
- La importancia de la prueba testimonial: Según Susini-Narbona-Salman los testigos del allanamiento que identificaron a Milani son familiares de las víctimas, lo que les resta verosimilitud. El fiscal-defensor sostiene que el reconocimiento de los Olivera es de importancia relativa ante los dichos de Milani y su legajo.
Este argumento contradice la jurisprudencia sentada ya en 1985 en el juicio a las juntas. La Cámara Federal que condenó a Videla sostuvo que la declaración testimonial es un medio privilegiado de prueba en delitos cuya forma de ejecución incluye el borrado de huellas, por lo que las víctimas de la represión clandestina son “testigos necesarios”. Otro tanto hizo la sala IV de la Cámara de Casación en noviembre pasado al confirmar la sentencia por el asesinato de Murias y Longueville. Como “los crímenes fueron cometidos por integrantes del Estado bajo su cobertura y amparo y se trató de borrar toda huella, la prueba testimonial adquiere singular importancia” para reconstruir lo sucedido. Lo mismo sostuvo el Tribunal Oral de San Martín en la causa Campo de Mayo, que además valoró la persistencia y estabilidad del testimonio. En el caso de Olivera, su primera denuncia contra Milani fue presentada en 1979 y reiterada en 1984 ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos y ahora.
- Nombrar o no nombrar: El dictamen fiscal valora que no haya otras denuncias contra Milani.
Con el mismo criterio el tribunal de la causa ESMA absolvió a Juan Carlos Rolón. Pero la sala II de la Cámara de Casación dijo que esa sentencia era un círculo vicioso, ya que descalifica los testimonios de quienes vieron a Rolón invocando a la mayoría de detenidos que no lo vio. Como ese razonamiento es falaz la Casación anuló la absolución y ordenó al tribunal de juicio un nuevo fallo contra Rolón.
- El interrogatorio que el fiscal no valoró: Desde su denuncia de 1979 por los apremios ilegales sufridos, Olivera reitera que Milani lo hostilizó durante su declaración en el juzgado. Sin embargo, el dictamen fiscal omitió la cuestión en su pronunciamiento. De este modo, los propios elementos de la defensa de Milani demuestran la necesidad de investigar y descalifican la solicitud de nulidad presentada por Salman.
La imputación
La decisión de la Cámara Federal de Tucumán (integrada por los civilistas Ernesto Clemente Wayar y Marina Cossio de Mercau y la penalista Graciela Fernández Vecino) se produjo al confirmar el procesamiento del coronel Esteban Sanguinetti por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado del conscripto Alberto Agapito Ledo. El 17 de junio de 1976 a la una de la mañana el entonces capitán Sanguinetti, a cargo del vivac del Batallón 141 de Ingenieros en Construcciones de La Rioja, que se encontraba en comisión en Tucumán, sacó del campamento a Ledo, quien nunca reapareció. Cinco días después, Sanguinetti designó a Milani como instructor del sumario en el que se dio por demostrada la deserción de Ledo. Marcela Brizuela de Ledo acusó a Sanguinetti por la desaparición forzosa de su hijo y al conocerse el acta falsa de deserción extendió el cargo a Milani. En las conclusiones los camaristas consideraron “necesario recomendar al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación sobre otras responsabilidades por delitos cometidos en perjuicio de Alberto Agapito Ledo, consumados en la provincia de Tucumán”, para “determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se habría producido su muerte”. Mencionan las recientes declaraciones testimoniales de los hermanos Juan Carlos y Alvaro Raúl Illanes, “quienes dan cuenta de la posición jerárquica que habría detentado el entonces Subteniente César Milani”, a la fecha de los hechos y con relación a determinados conscriptos. Asimismo la prueba que surge de los autos “Milani, César s/falsificación de documentos públicos, Expte. NCFP7372/2013, acumulado en autos”, en la que varios soldados dicen haber visto en la unidad elementos que el instructor dijo que se había llevado Ledo.
Alvaro Raúl Illanes había sido compañero de Ledo en la Escuela Normal de La Rioja y en el servicio militar. En el Batallón 141 de Ingenieros conoció a los entonces subtenientes Milani y Molina. Al declarar en la causa, Illanes narró que por las tardes ambos subtenientes hablaban con los conscriptos y Milani les hacía preguntas a él y a Ledo “sobre su postura política”. El 24 de marzo de 1976, cuando ya había sido dado de baja del servicio, fue detenido. Dos veces vio a Milani, quien recorría celda por celda para ver a los detenidos, y una vez a Ledo, quien llegó a la cárcel como asistente de un sacerdote. Luego de la misa, le dijo que lo llevaban a Tucumán. Esa fue la última vez que lo vio. Juan Carlos Illanes, quien conocía a Ledo por su hermano Raúl Alvaro Illanes, “que participaba en política”, lo vio un par de veces en Monteros, Tucumán. Juan Carlos Illanes cumplía el servicio militar en el Regimiento Aerotransportado de Catamarca. En junio de 1976 también a él lo llevaron a Tucumán. En Concepción realizó rastrillajes de cañaverales y cuidó de “presos políticos”. Un grupo de oficiales lo llevó a Monteros como custodio. Al entrar a una escuela vio a Ledo, quien lo reconoció: “Vos sos hermano de Yopo”, le dijo. Illanes le contó que su hermano había sido detenido y que en Catamarca era asistente del subteniente Mujica. “Ledo le comentó que también era asistente de un subteniente de apellido Milani.” La recomendación de la Cámara a la fiscalía es una práctica excepcional y una crítica implícita a la pasividad del Ministerio Público y coloca a Milani a las puertas del procesamiento.
Cuentas Pendientes
Por Horacio Verbitsky
El jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, coeditor del libro Cuentas Pendientes, sobre los cómplices económicos de la última dictadura argentina, fue elegido Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el efecto de la deuda externa y otras obligaciones financieras sobre los Derechos Humanos. Bohoslavsky, quien nació en Bahía Blanca en abril de 1976, al mes del golpe, era coordinador del Grupo de Expertos de Deuda Soberana de la UNCTAD, que desarrolló los Principios sobre Préstamos Responsables Soberanos a los que han adherido numerosos países. Al ser designado Relator renunció a aquel cargo para radicarse en Río Negro, en cuya Universidad Nacional del Comahue creó un master en Derecho Administrativo Global. Con doctorados y postgrados en las Universidad Austral de Buenos Aires y en las universidades de Salamanca, Viena y Nueva York, Bohoslavsky defendió a la República Argentina en los juicios entablados por Aguas Argentinas y Yacyretá. Compitió por el mandato con el jurista y economista australiano radicado en Estados Unidos Philip Alston y con otros cinco expertos de Grecia, Costa Rica, Canadá, Nigeria y la República de Níger. Pese a su extrema juventud, fue calificado en segundo lugar luego de Alston, quien es una eminencia mundial del derecho internacional y los derechos humanos, con un currículum académico y político impresionante, que hubiera hecho desistir a cualquier persona sensata. Pero el Grupo Consultivo compuesto por un embajador representando cada región que a lo largo de seis meses tuvo a su cargo el proceso de selección y estudió los planes de trabajo que presentó cada candidato, no quiso perder el aporte de Bohoslavsky. Su propuesta, aceptada por el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada: que Alston fuera Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, y Bohoslavsky sobre Deuda Externa y Derechos Humanos. El mandato de Bohoslavsky (2014-2017) consiste en trabajar sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Esta Relatoría es de especial interés para los países en de- sarrollo. Otros dos argentinos encabezaron las evaluaciones del Grupo Consultivo: la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Mónica Pinto, para integrar el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en América Latina y el Caribe, y el arquitecto urbanista Fernando Murillo, coordinador técnico del Observatorio Urbano de Buenos Aires, para la Relatoría de Vivienda. Pero en ambos casos el presidente del Consejo recomendó y el pleno designó a quienes ocuparon el segundo lugar en la evaluación: el mexicano José Guevara y la canadiense Leilani Farha.
La puerta giratoria
Por Horacio Verbitsky
La estrecha relación de Human Rights Watch con el gobierno de los Estados unidos plantea un conflicto de intereses y afecta su independencia, sostiene una nota con la firma de más de un centenar de personalidades de la comunidad de derechos humanos, la cultura y la Academia, que incluye a un ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, a dos premios Nobel de la Paz y al cineasta Oliver Stone. La nota fue enviada al Director Ejecutivo de HRW, el ex fiscal de Manhattan Kenneth Roth, a quien insta a tomar medidas concretas a favor de su independencia, comenzando por la calusura de la puerta giratoria por la cual funcionarios que diseñaron o aplicaron la política exterior de los Estados Unidos pasan a integrar el equipo de trabajo o los consejos asesores o la junta directiva de la organización, o en la dirección inversa. Cómo mínimo, dicen los críticos, debería establecerse un período de espera para ese intercambio de personal. Los firmantes se manifiestan de acuerdo con una declaración formulada en 2010 por el mayor donante de Human Rights Watch y miembro de su consejo directivo, el inversor financiero George Soros, quien dijo que para ser más efectiva, la organización debería ser vista menos como estadounidense y más como internacional. Los firmantes brindan algunos ejemplos de esta porosidad entre esta ONG y el gobierno estadounidense:
- Tom Malinowski, Director de Promoción de la oficina central de HRW en Washington, fue asistente especial del presidente Bill Clinton y redactor de los discursos de su ministra de Relaciones Exteriores, Madeleine Albright. En 2013 dejó su cargo en HRW para asumir como Secretario Adjunto de Relaciones Exteriores para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo con el actual ministro John Kerry.
- Susan Manilow, vicepresidente de la junta directiva de Human Rights Watch, se presenta en su biografía oficial como vieja amiga de Clinton y consigna que fue anfitriona en “docenas de eventos” para el Comité Nacional del Partido Demócrata.
- Myles Frechette, ex embajador en Colombia y ex representante adjunto para asuntos comerciales, integra el Consejo Asesor de HRW.
- Miguel Díaz, analista de la CIA en la década de 1990, integró el Consejo Asesor de HRW entre 2003 y 2011 y en la actualidad actúa como “interlocutor entre la comunidad de Inteligencia y expertos no gubernamentales”.
Esta promiscuidad entre la organización y el Estado tiene consecuencias en sus definiciones. Los autores de la carta recuerdan que en 2009, como director de Promoción de HRW, Malinowski afirmó que en ciertas limitadas circunstancias era legítima la política de la CIA que en inglés se denomina de “Extraordinary Renditions”, es decir “la práctica ilegal de secuestrar y transferir a sospechosos de terrorismo a otros lugares del mundo”, según los firmantes. También mencionan una frase de Malinowski, quien parafraseó el argumento oficial de que llevaría cierto tiempo diseñar una alternativa al envío de sospechosos “para ser torturados en mazmorras extranjeras”. En cambio, agregan, HRW no aplicó el mismo criterio a Venezuela. Recuerdan que en 2012 la organización objetó la candidatura venezolana a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque no “cumplió con normas mínimas aceptables”, lo cual inhabilita a su gobierno para actuar “como una voz creíble en materia de derechos humanos”. Esa comunicación fue firmada en noviembre de 2012 por el director de la sección Américas de HRW, José Miguel Vivanco. En cambio, HRW nunca cuestionó la participación del gobierno estadounidense en el mismo Consejo a pesar del programa global de asesinatos selectivos secretos que practica su gobierno y de la ilegal detención de personas en Guantánamo, dicen los firmantes. Acuerdan con HRW sobre la ilegalidad del uso de misiles por parte de Siria en la guerra civil, pero señalan que Estados Unidos amenazó con el lanzamiento de misiles sobre ese mismo país y la organización permaneció en silencio. Tales ejemplos podrían condonarse “como inconsistencias u omisiones” naturales en cualquier organización grande y con muchas actividades. “Pero la estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos impregna estos casos con la apariencia de un conflicto de intereses”, afirman. Entre los suscriptores de la carta están el ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Hans von Sponeck; su actual Relator Especial para Derechos Humanos en los territorios palestinos, Richard Falk; el director de cine Oliver Stone; el presidente emérito del Centro de Derechos Constitucionales, Michael Ratner, quien denunció al ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld por torturas ante tribunales de Francia y Alemania y es el defensor de Julian Assange; los premios Nobel de la Paz Mairead Maguire y Adolfo Pérez Esquivel y el director del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Mark Weisbrot.
18/05/14 Página|12
domingo, 18 de mayo de 2014
El trabajo manda en Ecuador
El nuevo Código laboral propuesto por el presidente Correa refleja las nuevas relaciones entre fuerzas sociales.
Como una meta más en la profundización de la denominada Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa se plantea revolucionarizar las relaciones laborales, en ese país. En el acto por la celebración del 1º de Mayo, realizado en la ciudad portuaria de Esmeraldas, fue el mismo mandatario quien hiciera público el anuncio de un nuevo Proyecto de Código Orgánico del Trabajo en Ecuador. Allí, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le entregó copias del proyecto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y a representantes obreros de esa ciudad, con la finalidad de socializar el texto y comenzar el debate. Ese mismo día, las calles de Quito se encontraban atestadas por dos grandes movilizaciones, una organizada por la Alianza País y gremios afines, y la otra por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que es una coalición de centrales sindicales, principalmente de izquierda. Mientras los primeros celebraban que ese mismo día se estuviese presentando en Esmeraldas el nuevo código, los otros expresaban que hay varios puntos del mismo, que son para el debate. “Pedimos debatir el nuevo Código de Trabajo. Queremos que el Gobierno, la Asamblea y el pueblo ecuatoriano lo discutamos tripartitamente”, dijeron.
En Esmeraldas, bajo el lema de que “El trabajo humano está por encima del capital” Correa hizo hincapié en que la Revolución Ciudadana es un proceso político de transformación de las relaciones de poder en beneficio de las mayorías populares y principalmente de los trabajadores. En su intervención no se limitó a hablar solamente del nuevo código laboral, sino que intentó enmarcarlo en un proceso general que es el de cambio de la matriz productiva. Según Correa no es posible salir del atraso estructural de la región sin revertir la injusta división internacional del trabajo, que condenó a los latinoamericanos a ser nada más que productores de materias primas. Para eso resaltó la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico, como lo demuestra la reciente inauguración de la ciudad del conocimiento Yachay. Por todas estas razones un nuevo código del trabajo, no representa nada más que una simple herramienta de arbitrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, sino un proyecto integral que permita que el Ecuador despegue como ese mentado “jaguar latinoamericano” al que el viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, Hans Jürgen Beerfeltz, asociaba con los emergentes “tigres asiáticos”.
En su discurso en la Plaza Cívica de Esmeraldas, Correa dijo que “lo mejor está por venir” para los trabajadores con el nuevo Código “revolucionario y socialista”, que prioriza al ser humano sobre el capital, haciendo referencia a que hoy en Ecuador las relaciones de fuerzas cambiaron y que por esa misma razón se debe seguir combatiendo contra la terrible desigualdad, que aún no fue erradicada. Correa señaló que durante el imperio del neoliberalismo “para competir se tenía que lograr ‘flexibilización laboral’, eufemismo para disfrazar la explotación laboral… So pretexto de incrementar la competitividad y atraer inversiones, la política neoliberal implementó mecanismos de explotación y precarización del trabajo, como la tercerización laboral. Ahora es prohibida la tercerización, compatriotas. ¡Prohibido olvidar!”. Según el mandatario hoy están dadas las condiciones para revertir la injusta explotación de la que fueron víctimas los trabajadores de ese país, y que esa reversión implica en simultáneo la transformación productiva y la autonomía nacional.
Por su parte el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, en el mismo acto haciendo entregas de copias del proyecto de código laboral, dijo que “este es un día de conmemoración, histórico, para la reflexión, para la unidad de la clase trabajadora”, explicando luego que con este Código comienza un “debate serio, profundo y democrático”, invitando a todos los ciudadanos a aportar con este proyecto. Según informara por esos días el diario El Telégrafo, Marx Carrasco subrayó que se busca que el Código permita la máxima libertad de organización sindical, pero enmarcada en la Constitución y las leyes. Se pretende, además, que se dinamicen las relaciones laborales, así como una más efectiva administración de justicia de los derechos de los trabajadores, en el marco de la equidad y justa distribución de ingresos, indicando a su vez que el debate marcará “una nueva armonía social” entre empleadores, trabajadores y el Estado. “Sin trabajo no hay ganancia”, manifestó el Ministro, al recalcar que el proyecto debe debatirse sobre la mesa. “Aquí no hay secretos”, apuntó, señalándoles a los presentes que “con este nuevo Código, el poder lo tienen ustedes, compañeros trabajadores”.
En Esmeraldas, bajo el lema de que “El trabajo humano está por encima del capital” Correa hizo hincapié en que la Revolución Ciudadana es un proceso político de transformación de las relaciones de poder en beneficio de las mayorías populares y principalmente de los trabajadores. En su intervención no se limitó a hablar solamente del nuevo código laboral, sino que intentó enmarcarlo en un proceso general que es el de cambio de la matriz productiva. Según Correa no es posible salir del atraso estructural de la región sin revertir la injusta división internacional del trabajo, que condenó a los latinoamericanos a ser nada más que productores de materias primas. Para eso resaltó la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico, como lo demuestra la reciente inauguración de la ciudad del conocimiento Yachay. Por todas estas razones un nuevo código del trabajo, no representa nada más que una simple herramienta de arbitrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, sino un proyecto integral que permita que el Ecuador despegue como ese mentado “jaguar latinoamericano” al que el viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, Hans Jürgen Beerfeltz, asociaba con los emergentes “tigres asiáticos”.
En su discurso en la Plaza Cívica de Esmeraldas, Correa dijo que “lo mejor está por venir” para los trabajadores con el nuevo Código “revolucionario y socialista”, que prioriza al ser humano sobre el capital, haciendo referencia a que hoy en Ecuador las relaciones de fuerzas cambiaron y que por esa misma razón se debe seguir combatiendo contra la terrible desigualdad, que aún no fue erradicada. Correa señaló que durante el imperio del neoliberalismo “para competir se tenía que lograr ‘flexibilización laboral’, eufemismo para disfrazar la explotación laboral… So pretexto de incrementar la competitividad y atraer inversiones, la política neoliberal implementó mecanismos de explotación y precarización del trabajo, como la tercerización laboral. Ahora es prohibida la tercerización, compatriotas. ¡Prohibido olvidar!”. Según el mandatario hoy están dadas las condiciones para revertir la injusta explotación de la que fueron víctimas los trabajadores de ese país, y que esa reversión implica en simultáneo la transformación productiva y la autonomía nacional.
Por su parte el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, en el mismo acto haciendo entregas de copias del proyecto de código laboral, dijo que “este es un día de conmemoración, histórico, para la reflexión, para la unidad de la clase trabajadora”, explicando luego que con este Código comienza un “debate serio, profundo y democrático”, invitando a todos los ciudadanos a aportar con este proyecto. Según informara por esos días el diario El Telégrafo, Marx Carrasco subrayó que se busca que el Código permita la máxima libertad de organización sindical, pero enmarcada en la Constitución y las leyes. Se pretende, además, que se dinamicen las relaciones laborales, así como una más efectiva administración de justicia de los derechos de los trabajadores, en el marco de la equidad y justa distribución de ingresos, indicando a su vez que el debate marcará “una nueva armonía social” entre empleadores, trabajadores y el Estado. “Sin trabajo no hay ganancia”, manifestó el Ministro, al recalcar que el proyecto debe debatirse sobre la mesa. “Aquí no hay secretos”, apuntó, señalándoles a los presentes que “con este nuevo Código, el poder lo tienen ustedes, compañeros trabajadores”.
El nuevo Código. La necesidad de comenzar a debatir el borrador, obedece a que el actual –que data de 1934–, según Marx Carrasco ya no se ajusta a la realidad ecuatoriana. En una entrevista que le realizara El Ciudadano TV el pasado 7 de mayo, el ministro, lo primero que aclaró es que no se trata de un código laboral, sino “de Trabajo” y que su cartera debería volver a llamarse como corresponde “Ministerio de Trabajo y no de Relaciones Laborales”, señalando que hace falta un decreto, para recuperar “nombre y apellido”. En tal sentido, subrayaba que “hay una diferencia no menor, no solamente formal, en hablar de relaciones laborales y hablar del trabajo” ya que las relaciones laborales necesariamente implican un vínculo entre empleado y empleador, y de esa forma se deja de lado una gran variante de trabajadores hoy no contemplados en ese esquema. Hoy existen subempleados, desempleados y formas mixtas que no se encuentran enmarcados dentro del antiguo modelo. Por esa misma razón para Marx Carrasco se hace imprescindible un nuevo código que contemple un “nuevo marco jurídico que dinamice la generación de empleo, que dinamice al trabajo y que sirva de tutelaje de la seguridad jurídica del derecho de los trabajadores”. El nuevo código debe establecer la equidad entre el trabajo y el capital, pero para eso según él hoy se dan formas confusas como la figura del trabajador autónomo, que en su gran mayoría son semiempleados, sin los beneficios que les otorgaría la ocupación plena. Habría trabajadores que de esa manera no gozarían de derechos, y en ese sentido –dijo–, el presidente Correa fue bien enfático en decir que su gobierno es un gobierno de los trabajadores, pero no sólo de los que se encuentran bajo relación de dependencia, sino de todos los trabajadores cualquiera sea su condición. Se trata del quinto borrador sobre la reforma, y se espera que el debate se abra a toda la sociedad. En tal sentido el ministro señalaba su anhelo de que se incorporen además de los trabajadores, diferentes sectores como son colegios de abogados, economistas, sociólogos e incluso diferentes partidos políticos y empresarios.
Si bien el proyecto aún no ha sido remitido formalmente a la Asamblea para su debate, un borrador fue entregado simbólicamente a su presidenta, Gabriela Rivadeneira, el 1º de Mayo, tal como se señalara más arriba. La propuesta consta de 528 artículos, doce disposiciones generales, cinco transitorias, diez reformatorias, cuatro derogatorias y una final, y parte de sus reformas han generado cierta disconformidad. Dos de ellas son el reemplazo de la jubilación patronal por un bono y la mensualización del décimo tercero, que equivale a un sueldo que se recibe en diciembre con el fin de cubrir los gastos de fin de año; y décimo cuarto, que es un Salario Básico Unificado para la compra de útiles por el inicio de clases. Ambos artículos son los principalmente cuestionados por las direcciones sindicales del FUT. También entre los puntos a debatir pero en el que pareciera existir consenso es la creación de una normativa que permita la conformación de sindicatos por rama de actividad. Según lo expresado por Carlos Marx Carrasco, esto obedece a que en el modelo de sindicato por empresa, hoy existen muchos establecimientos con muy pocos trabajadores, en muchos casos precarizados, y que eso dificulta su sindicalización. De tal forma el sindicato por rama permitiría que trabajadores de una misma especialidad, aunque trabajando en diferentes empresas, puedan tener el resguardo sindical. En el discurso pronunciado el 1º de Mayo, Correa recordaba que “en el 2007, la cementera más grande del país, con más de 600 millones de dólares en ventas, en un juicio laboral declaraba que no tenía trabajadores porque a todos los tenía tercerizados”. Por otra parte, el jefe de la cartera laboral, en el programa televisivo de El Ciudadano TV afirmaba que la falta de sindicalización en determinadas empresas, además de perjudicar a los trabajadores, crea una competencia desleal entre el mismo empresariado, ya que no es lo mismo que sus trabajadores tengan una asociación gremial que vele por sus derechos, a que no la tengan y por ende se encuentren sujetos a la manipulación patronal. Según el ministro esto podría beneficiar la construcción en Ecuador de una gran central unitaria de trabajadores. Hoy existen varias pequeñas centrales en un marco de fragmentación. Aunque lo de la central sindical no sea un tema del que se hable en el nuevo código.
Entre otras propuestas, el borrador del nuevo código contempla la regulación de las horas suplementarias de trabajo, la remuneración requerida para esa modalidad, la creación y sostenimiento por parte de los empresarios de comedores para sus empleados, protección de las trabajadoras embarazadas, y principalmente la adquisición de derechos, de los trabajadores autónomos, los voluntarios, los no remunerados domésticos, cooperativos, comunitarios, trabajadores sexuales y subordinados. La mensualización de los sueldos decimotercero (aguinaldo) y el salario básico unificado, al igual que el reemplazo de la jubilación por un bono, son los que generan mayor debate, principalmente por las posiciones que los representantes sindicales tienen acerca de ello.
Si bien el proyecto aún no ha sido remitido formalmente a la Asamblea para su debate, un borrador fue entregado simbólicamente a su presidenta, Gabriela Rivadeneira, el 1º de Mayo, tal como se señalara más arriba. La propuesta consta de 528 artículos, doce disposiciones generales, cinco transitorias, diez reformatorias, cuatro derogatorias y una final, y parte de sus reformas han generado cierta disconformidad. Dos de ellas son el reemplazo de la jubilación patronal por un bono y la mensualización del décimo tercero, que equivale a un sueldo que se recibe en diciembre con el fin de cubrir los gastos de fin de año; y décimo cuarto, que es un Salario Básico Unificado para la compra de útiles por el inicio de clases. Ambos artículos son los principalmente cuestionados por las direcciones sindicales del FUT. También entre los puntos a debatir pero en el que pareciera existir consenso es la creación de una normativa que permita la conformación de sindicatos por rama de actividad. Según lo expresado por Carlos Marx Carrasco, esto obedece a que en el modelo de sindicato por empresa, hoy existen muchos establecimientos con muy pocos trabajadores, en muchos casos precarizados, y que eso dificulta su sindicalización. De tal forma el sindicato por rama permitiría que trabajadores de una misma especialidad, aunque trabajando en diferentes empresas, puedan tener el resguardo sindical. En el discurso pronunciado el 1º de Mayo, Correa recordaba que “en el 2007, la cementera más grande del país, con más de 600 millones de dólares en ventas, en un juicio laboral declaraba que no tenía trabajadores porque a todos los tenía tercerizados”. Por otra parte, el jefe de la cartera laboral, en el programa televisivo de El Ciudadano TV afirmaba que la falta de sindicalización en determinadas empresas, además de perjudicar a los trabajadores, crea una competencia desleal entre el mismo empresariado, ya que no es lo mismo que sus trabajadores tengan una asociación gremial que vele por sus derechos, a que no la tengan y por ende se encuentren sujetos a la manipulación patronal. Según el ministro esto podría beneficiar la construcción en Ecuador de una gran central unitaria de trabajadores. Hoy existen varias pequeñas centrales en un marco de fragmentación. Aunque lo de la central sindical no sea un tema del que se hable en el nuevo código.
Entre otras propuestas, el borrador del nuevo código contempla la regulación de las horas suplementarias de trabajo, la remuneración requerida para esa modalidad, la creación y sostenimiento por parte de los empresarios de comedores para sus empleados, protección de las trabajadoras embarazadas, y principalmente la adquisición de derechos, de los trabajadores autónomos, los voluntarios, los no remunerados domésticos, cooperativos, comunitarios, trabajadores sexuales y subordinados. La mensualización de los sueldos decimotercero (aguinaldo) y el salario básico unificado, al igual que el reemplazo de la jubilación por un bono, son los que generan mayor debate, principalmente por las posiciones que los representantes sindicales tienen acerca de ello.
“Tensiones creativas.” Así las denominó el vicepresidente de Bolivia Álvaro, García Linera, a las ya clásicas recomendaciones maoístas de resolución de “las contradicciones en el seno del pueblo”. En su libro Las tensiones creativas de la revolución, García Linera dice que en la actualidad del proceso de cambio en Bolivia se está frente a cómo limar esas tensiones entre los diferentes sectores populares, de forma creativa para avanzar en la profundización del cambio social. Al parecer eso se puso en práctica, ya que hoy la Central Obrera Boliviana (COB) –ubicada a la izquierda del gobierno– se alineó a la fuerza del presidente Evo Morales para aislar a la derecha. La mención al proceso de Bolivia resulta válida, ya que Ecuador, si bien no cuenta con una central sindical de envergadura, ambos países se encuentran en rumbos similares, con procesos constituyentes que llevaron a la reforma de las cartas magnas, y ambos se pronuncian por el “socialismo del Buen Vivir”. No hace tanto las diferentes expresiones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores ecuatoriano señalaban que “dejamos claro que nuestra posición es absolutamente consecuente con nuestra clase y con los objetivos de nuestro pueblo encaminados al Buen Vivir, y que bajo ningún concepto le hacemos el juego a la derecha, a la oligarquía, ni a ningún aventurero que propicie la anarquía, lo que hacemos es defender con dignidad y de pie nuestros legítimos derechos laborales” sostenían en un documento firmado por las diversas centrales sindicales.
El debate por la mensualización del decimotercer mes y el Salario Básico Unificado (SUB) confronta posiciones, pero de forma saludable. Para entender un poco más qué está en juego, hay que precisar que ya no se trata de una contradicción entre los trabajadores y los empresarios, sino entre los trabajadores y el Estado. La propuesta que realizó el gobierno de repartir mensualmente el aguinaldo y el SUB, está principalmente dirigida a los trabajadores de la esfera pública y no de la privada. Los empleados de los privados podrían optar por si cobrarán de esa manera o no. El principal argumento que utiliza el gobierno es que considerando que la economía ecuatoriana está dolarizada, resulta imposible emitir moneda para pagar esos sueldos complementarios y que de esa manera, es el Estado quien debe ahorrar todo el año para pagar esos salarios. De esa forma se plantea que los trabajadores vayan adquiriendo una cultura del ahorro, y que no sigan dependiendo asistencialmente del Estado. Marx Carrasco, en tal sentido, planteó que lo bueno sería que los trabajadores abran una cuenta bancaria para depositar esa diferencia, y a fin de año cobrar con intereses. Por su parte, desde el sindicalismo se esgrime que, teniendo en cuenta que el valor de los salarios hoy no resulta del todo favorable, los trabajadores no podrían ahorrar, y que en todo caso se debería realizar una sustancial mejora salarial. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), consideró que no pueden aceptarse mecanismos que atenten contra conquistas laborales conseguidas desde hace décadas. Los décimos, dijo, son un ahorro forzoso en una economía familiar en la que es casi imposible guardar dinero por el ajustado ingreso frente al nivel de gasto. Según informara el diario El Universo, el presidente Correa en su habitual Enlace Ciudadano realizado el pasado sábado 10 de mayo en Machala dijo que es incomprensible la posición de los sindicalistas: “Esa discusión no resiste el menor análisis, pídanme que les entregue mi diploma antes que ceder a discusiones tan absurdas. En eso no vamos a retroceder, pero que quede muy claro: la mensualización de los décimos es sólo ganar, nadie pierde”, dijo, asegurando que a petición escrita del empleado se pagará, el primero, en diciembre, y el segundo, antes del inicio del año escolar, lo que para él es “aumentar opciones, márgenes de acción y oportunidades”. Según Correa, “el empleador va a estar contentísimo en no pagar mensualmente el décimo, porque el empleador gana, el que pierde es el trabajador. El ejemplo es muy fácil, suponiendo que el décimo tercero que recibe en diciembre sea de $ 1.200, si en lugar de recibir los $ 1.200 en diciembre, reciben 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo y lo ponen en el banco, en diciembre van a tener $ 1.200 más intereses. ¿Ganaron o perdieron?”, preguntó el presidente al público, y dirigiéndose a su ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le preguntó dónde estaba lo “revolucionario” del texto, ya que “yo veo simples reformas, nosotros somos un gobierno revolucionario, no reformista”, dijo.
Más allá de la prédica de Correa se espera que los trabajadores puedan debatir seriamente el proyecto de Código del Trabajo, y que salgan beneficiados de ello. Sería parte de resolver favorablemente las tensiones creativas que propone García Linera, y que obviamente no son exclusivas de Bolivia.
El debate por la mensualización del decimotercer mes y el Salario Básico Unificado (SUB) confronta posiciones, pero de forma saludable. Para entender un poco más qué está en juego, hay que precisar que ya no se trata de una contradicción entre los trabajadores y los empresarios, sino entre los trabajadores y el Estado. La propuesta que realizó el gobierno de repartir mensualmente el aguinaldo y el SUB, está principalmente dirigida a los trabajadores de la esfera pública y no de la privada. Los empleados de los privados podrían optar por si cobrarán de esa manera o no. El principal argumento que utiliza el gobierno es que considerando que la economía ecuatoriana está dolarizada, resulta imposible emitir moneda para pagar esos sueldos complementarios y que de esa manera, es el Estado quien debe ahorrar todo el año para pagar esos salarios. De esa forma se plantea que los trabajadores vayan adquiriendo una cultura del ahorro, y que no sigan dependiendo asistencialmente del Estado. Marx Carrasco, en tal sentido, planteó que lo bueno sería que los trabajadores abran una cuenta bancaria para depositar esa diferencia, y a fin de año cobrar con intereses. Por su parte, desde el sindicalismo se esgrime que, teniendo en cuenta que el valor de los salarios hoy no resulta del todo favorable, los trabajadores no podrían ahorrar, y que en todo caso se debería realizar una sustancial mejora salarial. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), consideró que no pueden aceptarse mecanismos que atenten contra conquistas laborales conseguidas desde hace décadas. Los décimos, dijo, son un ahorro forzoso en una economía familiar en la que es casi imposible guardar dinero por el ajustado ingreso frente al nivel de gasto. Según informara el diario El Universo, el presidente Correa en su habitual Enlace Ciudadano realizado el pasado sábado 10 de mayo en Machala dijo que es incomprensible la posición de los sindicalistas: “Esa discusión no resiste el menor análisis, pídanme que les entregue mi diploma antes que ceder a discusiones tan absurdas. En eso no vamos a retroceder, pero que quede muy claro: la mensualización de los décimos es sólo ganar, nadie pierde”, dijo, asegurando que a petición escrita del empleado se pagará, el primero, en diciembre, y el segundo, antes del inicio del año escolar, lo que para él es “aumentar opciones, márgenes de acción y oportunidades”. Según Correa, “el empleador va a estar contentísimo en no pagar mensualmente el décimo, porque el empleador gana, el que pierde es el trabajador. El ejemplo es muy fácil, suponiendo que el décimo tercero que recibe en diciembre sea de $ 1.200, si en lugar de recibir los $ 1.200 en diciembre, reciben 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo y lo ponen en el banco, en diciembre van a tener $ 1.200 más intereses. ¿Ganaron o perdieron?”, preguntó el presidente al público, y dirigiéndose a su ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le preguntó dónde estaba lo “revolucionario” del texto, ya que “yo veo simples reformas, nosotros somos un gobierno revolucionario, no reformista”, dijo.
Más allá de la prédica de Correa se espera que los trabajadores puedan debatir seriamente el proyecto de Código del Trabajo, y que salgan beneficiados de ello. Sería parte de resolver favorablemente las tensiones creativas que propone García Linera, y que obviamente no son exclusivas de Bolivia.
MIRADAS AL SUR
Un martillo yanqui en Chile
Mike Hammer, el nuevo embajador estadounidense, alineado con las poderosas usinas mediáticas de Wall Street, no tuvo reparos en hacer declaraciones que configuran una clara injerencia en los asuntos internos chilenos.
Cuando hay cambios es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas) y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente.” Chile debe tener “reglas claras” frente a las reformas en discusión, pues los EE.UU. están “tomando nota” de los cambios que la administración de Michelle Bachelet intenta en la actualidad implementar.
Con estas palabras, Mike Hammer, actual embajador estadounidense en Santiago, se refirió a las propuestas de reforma educacional y tributaria que el actual gobierno chileno busca realizar.
Según el medio electrónico El Mostrador en su sección Mercados, las inversiones directas de EE.UU. en el país trasandino alcanzan a la fecha los US$ 25.000 millones, convirtiéndose en el primer inversor extranjero directo. Además, las señaladas reformas tocarían los intereses de importantes holdings (grupos económico-empresariales) norteamericanos, tales como Laureate (sector educacional), AES (sector energético) Freeport-MacMoran (sector minero) Principal Financial (sector pensiones, seguros y ahorro) y Met-Life (una de las principales transnacionales de seguros de vida).
Pero no solamente el principal representante diplomático estadounidense ha metido presión sobre el actual gobierno de Bachelet. La gigantesca usina mediática del país del norte, con sendos artículos de The Wall Street Journal y The Washington Post, han abordado, con distintos sesgos, el clima de reforma que se vive allende la cordillera.
Esta bajada de línea de los medios corporativos internacionales ha polarizado asimismo a los medios nacionales del país vecino. El artículo del Post, que llama a “suavizar los extremos” mediante la muy discutida reforma tributaria y que “apunta a abordar algunos de los niveles de desigualdad más altos del mundo”, sería un artículo “desequilibrado” para Diario Financiero, conocida usina del pensamiento patronal chileno. Desequilibrado en cuanto a sus sesgos políticos y económicos en comparación con el artículo del Wall Street, cuya escritora habría titulado a las reformas como un “asalto al milagro económico chileno” de los últimos 30 años. O sea y para llamar las cosas por su nombre, el parcial desmantelamiento del sistema neoliberal en sus aristas educativa y tributaria significaría, en palabras delWall Street, un peligroso giro hacia la izquierda allendista representada por sectores de la Nueva Mayoría herederos del gobierno socialista de Salvador. Del legado dictatorial de Pinochet y que se manifiesta de manera completa y hegemónica, silencio absoluto.
Volviendo al representante diplomático de la Casa Blanca en Santiago, hay que tener en cuenta quién es el personaje en cuestión para visualizar sus declaraciones. Michael Hammer se desempeñó como portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., director de Asuntos Andinos y vocero del Consejo Nacional de Seguridad, partiendo como subsecretario de Asuntos Públicos, todos cargos dentro del Departamento de Estado. En los diversos roles desempeñados se manifestó siempre como la cara visible y el defensor del gobierno norteamericano en asuntos complejos. Por ejemplo, fue el encargado de señalar que el cadáver de Ossama Bin Laden se encontraba “debajo del mar”, después de ser asesinado de manera selectiva por tropas especiales bajo las órdenes directas de Obama. Al mismo tiempo, expresó que era “injusto” el encarcelamiento del contratista Alan Gross en Cuba bajo cargos de espionaje. Encubrió el uso de drones en las diversas guerras actuales y manifestó su preocupación por la “tolerancia religiosa” en Libia, lo que sirvió como excusa formal para el derrocamiento de Khadafi.
“De igual manera ha señalado que Bashar Al Assad, actual presidente de Siria, ‘debe largarse’, admitiendo posteriormente que “estamos apoyando a la oposición para intentar facilitar una transición política”, consignó el medio especializado Verdad Ahora.
Posteriormente se habría desempeñado en la embajada de su país en Bolivia, hasta la expulsión del embajador y de la DEA por parte de Evo Morales. Ahí aterrizó en el Departamento de Estado bajo las órdenes de Hillary Clinton. La posterior bajada de la ex candidata presidencial demócrata debilitó la posición de Hammer, quien fue sustituido en una pugna de poderes por Victoria Nuland, famosa en todo el mundo por haber mandado “al carajo” a la Unión Europea por la tensión en Ucrania.
Finalmente, su aterrizaje en Santiago ha sido interpretado por medios especializados como Foreign Policy como un alejamiento de las reales esferas del poder. Pues si bien Chile es una plaza pequeña y de incidencia regional, el alineamiento prácticamente instantáneo de Santiago a las directrices de Washington habría hecho pensar a Hammer que se encontraba en un feudo que fácilmente podía dirigir. Al parecer, el actual embajador no se habría dado cuenta (hasta antes de su profundo desacierto) de que la situación con los EE.UU. en la región atraviesa por un momento delicado y de que Chile, inserto en América latina, no se encuentra ajeno a estas tensiones.
La proyección mediática a nivel continental que Chile ha cultivado por largo tiempo es el de un país serio, estable y respetuoso de la institucionalidad y las reglas del juego. Esta imagen les permite a los distintos sectores de las clases dominantes dotarse de un poderoso discurso ideológico, en el cual la estabilidad institucional chilena es usada como contraparte de los gobiernos “irresponsables” y “populistas” del resto de los países. En nuestro contexto actual, este recurso ideológico se ha usado de manera masiva contra los gobiernos de Argentina y Venezuela.
Sin embargo, el esquema comienza a mostrar fisuras. A días de asumir su segunda presidencia, tanto la presidenta Bachelet como su canciller Heraldo Muñoz habían anticipado que apoyarían la “institucionalidad” venezolana ante la ola de violencia que azotaba (y aún sigue azotando) al país. De esta forma, usando el mismo argumento de la institucionalidad, el nuevo gobierno chileno mostraba su apoyo al gobierno dirigido por Nicolás Maduro.
Y es que la posición ultraliberal cultivada por Sebastián Piñera terminó por aislar a Chile del concierto regional. Si bien la administración derechista dirigida por el empresario y ex dueño de LanChile tuvo acercamientos pragmáticos con los gobiernos del eje ABV (Argentina, Brasil y Venezuela) como en el caso de la Celac, el irrestricto apoyo y el poderoso impulso que le brindó a la Alianza del Pacifico terminó por alejar al país trasandino de sus pares sudamericanos. Tan fuerte fue este alejamiento, particularmente con su socio tradicional del Brasil, que la presidenta Dilma Rousseff nunca accedió a visitar Santiago y cambió el usual eje de alianzas apoyando al Perú de Ollanta Humala.
“Brasil se ha alejado de Chile. Santiago ya no constituye su aliado natural. Tampoco parece serlo para Chile. El enfriamiento de las relaciones si bien puede comprenderse dentro del marco de un ‘momento político’, todo parece indicar que es más profundo que eso”, señalaba el analista Cristian Leyton en 2012. “Todo parece indicar que es el tiempo de la diplomacia de las elites”, determinaba este analista de tendencia liberal y que asumía que la mejor estrategia geopolítica para el Chile actual es apoyarse en la dupla EE.UU.-Canadá, mediante la profundización de la Alianza del Pacifico (México, Colombia, Perú y Chile). A confesión de parte, relevo de pruebas. La diplomacia de las elites chilenas dictaminó el camino de la profundización de los tratados de libre comercio y el alineamiento geoestratégico con Washington. La instalación de la base militar de Fuerte Aguayo, cerca de Valparaíso, demostró la voluntad de las clases dirigentes del país vecino de ampliar su cercanía con el vecino del norte.
Pero este esquema ha mostrado sus primeras fisuras. Incipientes grietas perceptibles para el ojo diplomático, acostumbrado a los pequeños gestos. Gestos como el de la primera visita de Estado al exterior llevada a cabo por Bachelet nada menos que a la Argentina, un país con profundos problemas en la región debido a su decisión de consolidar su política internacional mediante el MERCOSUR como estrategia de integración y apostar por la concertación regional en el marco de la UNASUR. Gira internacional que buscará llevar a Bachelet a Brasilia, en el entendido de reparar desconfianzas con su par brasileña. Y es que para nadie escapa que en este preciso momento tres mujeres gobiernan el proyectado ABC de Perón (Argentina, Brasil y Chile), lo que eleva la responsabilidad histórica del bacheletismo respecto al actual proceso de integración regional sudamericano.Con estas palabras, Mike Hammer, actual embajador estadounidense en Santiago, se refirió a las propuestas de reforma educacional y tributaria que el actual gobierno chileno busca realizar.
Según el medio electrónico El Mostrador en su sección Mercados, las inversiones directas de EE.UU. en el país trasandino alcanzan a la fecha los US$ 25.000 millones, convirtiéndose en el primer inversor extranjero directo. Además, las señaladas reformas tocarían los intereses de importantes holdings (grupos económico-empresariales) norteamericanos, tales como Laureate (sector educacional), AES (sector energético) Freeport-MacMoran (sector minero) Principal Financial (sector pensiones, seguros y ahorro) y Met-Life (una de las principales transnacionales de seguros de vida).
Pero no solamente el principal representante diplomático estadounidense ha metido presión sobre el actual gobierno de Bachelet. La gigantesca usina mediática del país del norte, con sendos artículos de The Wall Street Journal y The Washington Post, han abordado, con distintos sesgos, el clima de reforma que se vive allende la cordillera.
Esta bajada de línea de los medios corporativos internacionales ha polarizado asimismo a los medios nacionales del país vecino. El artículo del Post, que llama a “suavizar los extremos” mediante la muy discutida reforma tributaria y que “apunta a abordar algunos de los niveles de desigualdad más altos del mundo”, sería un artículo “desequilibrado” para Diario Financiero, conocida usina del pensamiento patronal chileno. Desequilibrado en cuanto a sus sesgos políticos y económicos en comparación con el artículo del Wall Street, cuya escritora habría titulado a las reformas como un “asalto al milagro económico chileno” de los últimos 30 años. O sea y para llamar las cosas por su nombre, el parcial desmantelamiento del sistema neoliberal en sus aristas educativa y tributaria significaría, en palabras delWall Street, un peligroso giro hacia la izquierda allendista representada por sectores de la Nueva Mayoría herederos del gobierno socialista de Salvador. Del legado dictatorial de Pinochet y que se manifiesta de manera completa y hegemónica, silencio absoluto.
Volviendo al representante diplomático de la Casa Blanca en Santiago, hay que tener en cuenta quién es el personaje en cuestión para visualizar sus declaraciones. Michael Hammer se desempeñó como portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., director de Asuntos Andinos y vocero del Consejo Nacional de Seguridad, partiendo como subsecretario de Asuntos Públicos, todos cargos dentro del Departamento de Estado. En los diversos roles desempeñados se manifestó siempre como la cara visible y el defensor del gobierno norteamericano en asuntos complejos. Por ejemplo, fue el encargado de señalar que el cadáver de Ossama Bin Laden se encontraba “debajo del mar”, después de ser asesinado de manera selectiva por tropas especiales bajo las órdenes directas de Obama. Al mismo tiempo, expresó que era “injusto” el encarcelamiento del contratista Alan Gross en Cuba bajo cargos de espionaje. Encubrió el uso de drones en las diversas guerras actuales y manifestó su preocupación por la “tolerancia religiosa” en Libia, lo que sirvió como excusa formal para el derrocamiento de Khadafi.
“De igual manera ha señalado que Bashar Al Assad, actual presidente de Siria, ‘debe largarse’, admitiendo posteriormente que “estamos apoyando a la oposición para intentar facilitar una transición política”, consignó el medio especializado Verdad Ahora.
Posteriormente se habría desempeñado en la embajada de su país en Bolivia, hasta la expulsión del embajador y de la DEA por parte de Evo Morales. Ahí aterrizó en el Departamento de Estado bajo las órdenes de Hillary Clinton. La posterior bajada de la ex candidata presidencial demócrata debilitó la posición de Hammer, quien fue sustituido en una pugna de poderes por Victoria Nuland, famosa en todo el mundo por haber mandado “al carajo” a la Unión Europea por la tensión en Ucrania.
Finalmente, su aterrizaje en Santiago ha sido interpretado por medios especializados como Foreign Policy como un alejamiento de las reales esferas del poder. Pues si bien Chile es una plaza pequeña y de incidencia regional, el alineamiento prácticamente instantáneo de Santiago a las directrices de Washington habría hecho pensar a Hammer que se encontraba en un feudo que fácilmente podía dirigir. Al parecer, el actual embajador no se habría dado cuenta (hasta antes de su profundo desacierto) de que la situación con los EE.UU. en la región atraviesa por un momento delicado y de que Chile, inserto en América latina, no se encuentra ajeno a estas tensiones.
La proyección mediática a nivel continental que Chile ha cultivado por largo tiempo es el de un país serio, estable y respetuoso de la institucionalidad y las reglas del juego. Esta imagen les permite a los distintos sectores de las clases dominantes dotarse de un poderoso discurso ideológico, en el cual la estabilidad institucional chilena es usada como contraparte de los gobiernos “irresponsables” y “populistas” del resto de los países. En nuestro contexto actual, este recurso ideológico se ha usado de manera masiva contra los gobiernos de Argentina y Venezuela.
Sin embargo, el esquema comienza a mostrar fisuras. A días de asumir su segunda presidencia, tanto la presidenta Bachelet como su canciller Heraldo Muñoz habían anticipado que apoyarían la “institucionalidad” venezolana ante la ola de violencia que azotaba (y aún sigue azotando) al país. De esta forma, usando el mismo argumento de la institucionalidad, el nuevo gobierno chileno mostraba su apoyo al gobierno dirigido por Nicolás Maduro.
Y es que la posición ultraliberal cultivada por Sebastián Piñera terminó por aislar a Chile del concierto regional. Si bien la administración derechista dirigida por el empresario y ex dueño de LanChile tuvo acercamientos pragmáticos con los gobiernos del eje ABV (Argentina, Brasil y Venezuela) como en el caso de la Celac, el irrestricto apoyo y el poderoso impulso que le brindó a la Alianza del Pacifico terminó por alejar al país trasandino de sus pares sudamericanos. Tan fuerte fue este alejamiento, particularmente con su socio tradicional del Brasil, que la presidenta Dilma Rousseff nunca accedió a visitar Santiago y cambió el usual eje de alianzas apoyando al Perú de Ollanta Humala.
“Brasil se ha alejado de Chile. Santiago ya no constituye su aliado natural. Tampoco parece serlo para Chile. El enfriamiento de las relaciones si bien puede comprenderse dentro del marco de un ‘momento político’, todo parece indicar que es más profundo que eso”, señalaba el analista Cristian Leyton en 2012. “Todo parece indicar que es el tiempo de la diplomacia de las elites”, determinaba este analista de tendencia liberal y que asumía que la mejor estrategia geopolítica para el Chile actual es apoyarse en la dupla EE.UU.-Canadá, mediante la profundización de la Alianza del Pacifico (México, Colombia, Perú y Chile). A confesión de parte, relevo de pruebas. La diplomacia de las elites chilenas dictaminó el camino de la profundización de los tratados de libre comercio y el alineamiento geoestratégico con Washington. La instalación de la base militar de Fuerte Aguayo, cerca de Valparaíso, demostró la voluntad de las clases dirigentes del país vecino de ampliar su cercanía con el vecino del norte.
De esta manera, la agenda diplomática prevé un acercamiento pragmático con la región y otros ejes de poder. A la reciente visita de Rafael Correa al Palacio de la Moneda, se suma la invitación cursada por Heraldo Muñoz al presidente de Rusia Vladimir Putin para visitar en conjunto con Bachelet la Antártida. Se especulan nuevos tratados científico-militares tras esta movida en el juego de influencias internacional. Sin embargo, estas señales no alejan a Santiago de su socio tradicional: la Embajada de Washington en Chile ya ha anunciado la visita de Michelle Bachelet a La Casa Blanca a fines de junio.
“El radicalismo, en este ejercicio de oposicionismo ciego, se deslizó hacia el centroderecha”
Entrevista. Leopoldo Moreau. Dirigente radical
Leopoldo Moreau lidera el Movimiento Nacional Alfonsinista y se ha plantado críticamente a la actual conducción de la UCR. Viene con un planteo controversial que lo arrima al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a las reformas sociales que se han implementado. Aun así, es un analista filoso, con pocas concesiones. Sus conocimientos de la historia y la sociología lo ubican como uno de los más destacados intelectuales de la política nacional. Conversamos con él de la actualidad, como de la historia que nos trajo a ella.
–¿Cómo se encuentra tu relación con la conducción oficial del radicalismo?
–Estoy en franca disidencia. Dando una pelea adentro y a su vez afuera también con los que pensamos parecido. Por un lado, venimos desde hace muchos años, desde el gobierno de la Alianza, dando esta batalla para recuperar la identidad del radicalismo.
–El radicalismo participa ahora oficialmente en UNEN. ¿Qué opinás de eso?
–Nosotros creamos el Movimiento Nacional Alfonsinista, que es una corriente de pensamiento donde, obviamente, se congregan radicales, sectores progresistas de izquierda, y sectores que simpatizan con el Gobierno. Que es de alguna manera volver a la naturaleza del alfonsinismo, porque el alfonsinismo fue eso. Superó la baldosa partidaria y pudo convocar a sectores de la vida argentina alineados con un concepto nacional, popular, progresista y democrático. De allí que Alfonsín llamara a que siguieran esa epopeya a los socialistas, a los peronistas que seguían a Perón y a Evita. Así que estamos tratando de recuperar ese espíritu y a la vez dar la batalla dentro del partido, pero con fuertes restricciones y limitaciones por lo que decía antes, porque no hay ámbitos de debate. La decisión del partido de participar en UNEN fue tomada por la cúpula sin siquiera que se cumpliera con la Carta Orgánica del radicalismo, que establece que las alianzas las debe resolver el congreso partidario, y el congreso partidario nunca se reunió.
–¿Cuál es la principal crítica a la conducción del radicalismo en este contexto?
–La principal crítica es que se pone por delante lo que denomino lo táctico electoral, cuando lo primero es la ideología y el proyecto de país. Y después viene recién la cuestión electoral. Aquí esos términos se han invertido. Y en este caso, eso sí altera el producto.
–¿Qué cosas se deberían profundizar y qué cosas te parecen bien y cuáles mal del Gobierno?
–Lo que creo es que la Argentina sigue teniendo un problema de desigualdad estructural, que no niega los procesos de inclusión que hubo en estos años. Pero que han sido insuficientes para remover esos factores estructurales que hacen persista esa desigualdad. Creo que esto es un desafío para el conjunto del sistema político argentino. Creo que eso no se puede resolver ni en uno ni en dos períodos de gobierno. Sería necio negar que en estos casi tres períodos de gobiernos que se iniciaron en 2003 no ha habido inclusión, se manifiesta claramente en el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, en lo previsional, en algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y recientemente el programa Progresar. Pero no han podido quebrar o perforar ese bloque duro de desigualdad. Que por otra parte tiene que ver no solamente con razones de orden económico, sino con un proceso de marginalidad al que fueron empujados vastos sectores del pueblo argentino y que tuvo sus picos más álgidos durante la dictadura militar y durante la década del noventa. Es una paradoja: la antipolítica que gobernó en la década del noventa nos ha dejado esa herencia de la cual la política se tiene que hacer cargo para resolver el problema de la desigualdad estructural.
–¿Qué opinás de la estatización de los fondos previsionales y la recuperación de YPF?
–Creo que el Gobierno Nacional ha recuperado resortes esenciales para que el Estado pueda desarrollar políticas económicas, tributaria, fiscal, cambiaria, creo que la estatización de las AFJP y la nacionalización de YPF son herramientas centrales para los gobiernos que vengan. Los radicales siempre hemos recibido herencias muy pesadas. Alfonsín recibió una herencia tremendamente gravosa. No solamente en materia de violación de derechos humanos, sino que el país estaba devastado. Y el gobierno de la Alianza recibió también una herencia muy pesada. En este caso se hizo más pesada todavía porque no fue capaz de cambiar las políticas que venían desarrollándose en la década del noventa.
–¿Qué recibirá el gobierno que surja en 2015?
–Creo que el gobierno que surja en 2015 va a tener la suerte de recibir un país que le transmite herramientas esenciales como para poder seguir desarrollando una política de inclusión y de autonomía respecto de los grandes centros de poder, fundamentalmente porque en esta etapa se han recuperado esas herramientas. Creo que quedan pendientes muchos problemas. Hay problemas en el ciclo educativo, sobre todo en el secundario, donde hay niveles altos de deserción, tanto directa como indirecta. Creo que hay problemas vinculados a la infraestructura, de vivienda, si bien el plan Pocrear es un buen plan, la Argentina tiene un estrangulamiento en materia de tierras que es un tema a discutir en términos inmediatos. No hay posibilidad de realizar una política de viviendas en la Argentina si no se resuelve el tema de la tierra, de la propiedad de la tierra. Hay que resolver problemas vinculados a la concentración de la comercialización. Porque es cierto que la inflación tiene causas macroeconómicas, pero también es cierto que hay una gravísima distorsión producida por los fenómenos de concentración en la cadena de comercialización. El tema de los supermercados. Creo que éstas son las cuestiones que hay que ir encarando, pero se hace desde una plataforma más sólida en tanto y en cuanto el Estado ha recuperado autonomía de decisión. Hay que cuidar mucho de no tener una derrota cultural que nos haga retroceder. Uno puede ganar o perder una elección. Lo grave fue lo que ocurrió en 1989 (cuando Alfonsín dejó el gobierno con anticipación), porque la sociedad argentina en su conjunto abrió el camino a la década del noventa que fue nefasta para la Argentina, porque dejó un país devastado, lleno de excluidos y marginados, y con un aparato productivo prácticamente desarmado.
–Empezaste la carrera política como militante universitario. ¿Cómo evalúas aquella universidad hasta la realidad actual?
–Cuando inicié la militancia universitaria había un contexto muy complejo. El de Onganía, para la universidad argentina, fue el peor momento. De retroceso, en lo conceptual y científico. Inicié mi militancia después de la “Noche de los bastones largos” de Onganía, que fue una tragedia argentina, que hasta el día de hoy estamos pagando. Porque la universidad argentina con todos su avatares venía en ascenso. Los mejores años tal vez habría que ubicarlos entre 1958 y 1966. En aquel momento, nosotros luchábamos por cuestiones más elementales. Esto trascendió, porque después la lucha fue por la libertad, la soberanía popular. Implicaba también la libertad de cátedra, el cogobierno, la autonomía universitaria, que habían sido esenciales para la Reforma Universitaria del ’18.
–Después llegó el gobierno de Cámpora.
–Después hubo un breve interregno en 1973, en lo que se dio en llamar la ‘Primavera camporista’. Pero fueron apenas unos meses, hasta que vuelve a reaparecer el oscurantismo en la universidad de la mano de (Oscar) Ivanissevich (ministro de Educación) y (Alberto) Ottalagano (rector de la UBA). Estaban las Tres A. Alfonsín caracterizó eso de una manera muy audaz, porque fue el único político argentino que lo hizo, cuando dijo que ‘esto es un golpe de Estado de derecha’, en alusión al desplazamiento de Cámpora. Había que decirlo, porque la renuncia de Cámpora parecía un tributo al liderazgo de Perón. No se equivocó en la definición Alfonsín, porque inmediatamente después el fenómeno del autoritarismo y el incipiente terrorismo de Estado se hicieron presentes.
–¿Cómo ves la situación de la Universidad desde 1983?
–En estos treinta años hemos ido recuperando la universidad para la sociedad. Hoy podemos decir que tenemos una universidad del pueblo; además, así como se han extendido derechos sociales se extendió también la oferta educativa para los sectores populares, el nacimiento de las universidades emergentes en el conurbano, el ingreso irrestricto que está vigente en todas las universidades, aun en las tradicionales. No sé si hemos recuperado la calidad educativa. Ahora hay ofertas de carreras cortas con salida laboral. Muchas de las universidades emergentes han establecido este tipo de carreras. Creo que estamos frente a una universidad que se corresponde al momento político que estamos viviendo. Dentro de la etapa democrática que empezó en 1983. Hay un hecho político que pasó desapercibido, que pasó hace dos años. Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de Córdoba y dio un discurso inédito para un militante y dirigente peronista, porque hizo una gran reivindicación de la Reforma Universitaria del 18 e incluso leyó párrafos del manifiesto que había escrito Deodoro Roca, y esto tiene un significado muy profundo porque el peronismo nunca había reivindicado la Reforma Universitaria. Para mí fue un giro muy importante.
–La Presidenta recientemente hizo una autocrítica respecto a la no participación de sectores peronistas en elecciones universitarias en los ’70.
–Eso está en línea con lo que comentaba. Lo dijo hace poco tiempo cuando se hizo el homenaje a Sergio Karakachoff, en la Universidad Nacional de La Plata. Sergio era un militante radical detenido y asesinado durante la última dictadura. En la inauguración de la Facultad de Humanidades en esa Universidad. Este fue un hecho simbólico muy importante porque allí funcionaba el Batallón de Infantería de Marina número 3, que supo ser un centro de detención clandestino. Allí estuvieron secuestrados Karakachoff, que fue un militante universitario y profesional muy importante, y Domingo Teruggi.
–¿El presidente de la FUA?
–Originalmente la Franja Morada de La Plata era un conglomerado donde había gente del radicalismo, anarquistas y gente vinculada al pensamiento de Jorge Abelardo Ramos. Teruggi estaba entre estos últimos. Karakachoff era un militante del movimiento reformista de Franja Morada. Después Franja Morada se transforma en el brazo universitario del radicalismo. Y Terruggi se incorpora a lo que se denominó la –AUN– Agrupación Universitaria Nacional, que es el brazo universitario del Frente de Izquierda Popular, del FIP, de Abelardo Ramos. En esa condición llega a la presidencia de la FUA, en 1969. Poco después de 1976 son secuestrados y acribillados, y sus cuerpos aparecieron en la ruta hacia Magdalena. Y allí la Presidenta emite esa frase de reproche o autocrítica sobre los sectores del peronismo que no participaban de las elecciones en las universidades, en los centros de estudiantes. Y en la Asamblea Legislativa, algo que no fue registrado ni siquiera por la dirigencia radical. Cristina dijo que los radicales les habían enseñado a los peronistas la democracia, que es también una autocrítica fuerte, aunque ella entendía que los peronistas no estaban apegados a la democracia porque habían sido excluidos a través de las proscripciones durante casi veinte años y las persecuciones. Del mismo modo se podría decir que el peronismo a nosotros nos enseñó la justicia social. Siempre recuerdo una frase que pronunció un dirigente radical que se llamaba Crisólogo Larralde, de Avellaneda, que es quien en 1957 impone en la reforma de la Constitución el derecho de huelga. Algo que ni siquiera el peronismo había hecho. Crisólogo Larralde, el 17 de octubre estaba parado con un grupo de dirigentes radicales, en la Avenida Mitre (Avellaneda) cuando venían desde Berisso las columnas de trabajadores a pedir la libertad de Perón, que estaba preso en Martín García. Entonces, me contaron que cuando pasaban las columnas obreras, Larralde les dijo a los que estaban con él: “No se equivoquen, allí están pasando nuestros hermanos”.
–¿El radicalismo tenía dos corrientes, allá por la época de los primeros gobiernos peronistas, específicamente en los ’50?
–Sí. Una antiperonista y otra no peronista, que no era exactamente lo mismo, que representaban Larralde, Balbín, Frondizi, Moisés Lebensohn. Tenían una posición popular a pesar de que confrontaban con el peronismo. Tanto el peronismo como el radicalismo se fueron nutriendo mutuamente. Sin dudas.
–¿Qué opinión tenés de los trabajos por la integración de América latina?
–Creo que el proceso de integración ha sido el proyecto estratégico más coherente y sustentable en el tiempo que hemos tenido a lo largo de estos treinta años de democracia. Porque desde el inicio de la etapa democrática, Alfonsín advirtió que había dos factores que eran esenciales para sostener sobre esos pilares a la democracia, que son la paz y la integración. Sin paz y sin integración no había posibilidades de mantener las democracias en América latina. Y antes de dar el paso con Sarney (entonces presidente de Brasil) con el Mercosur, se dieron pasos en esa dirección de carácter preparatorio: la paz con Chile, para lo cual se realizó en la Argentina un plebiscito; el papel que tuvo la Argentina en el Grupo Contadora para impedir la invasión norteamericana a Nicaragua, porque apenas se desplazó a Somoza y se hizo cargo el gobierno sandinista, el gobierno de Reagan preparó una invasión a Nicaragua, que fue impedida por el Grupo Contadora, que surgió del consenso de Cartagena, a fines del ’85 y principios del ’86.
–¿Cómo viviste todas esas actividades políticas continentales desde la Argentina?
–Todo eso me tocó vivirlo muy de cerca porque me tocó entrevistarme con Fidel Castro en Cuba, en una conversación de unas cinco horas, para lograr que Fidel Castro actuara sobre el sector más duro del sandinismo para que aceptara la mediación de estos países de Contadora, que dio como resultado una salida electoral. Si no hubiéramos actuado de esta manera seguramente Estados Unidos, que ya tenía a los “Contras” desplegados en la frontera, hubiera actuado por medio de la OEA invadiendo Nicaragua. Hubiera significado una desestabilización de las democracias recientes, que eran muy pocas en América latina, porque eso nos hubiera retrotraído a la doctrina de la seguridad nacional y además en ese momento había guerra civil en El Salvador y en Guatemala.
–Entonces, este proceso de integración viene realizándose como política de Estado y se retrocedió en la década del ’90 cuando se dieron las “relaciones carnales” con Estados Unidos. Si hay algo que se distingue y da la existencia de un puente entre el gobierno de Alfonsín y el de Kirchner es la política exterior. Porque todo este proceso que se materializa primero con el Mercosur y después se extiende con la Unasur y por último con la Celac tiene una continuidad con los gobiernos que se iniciaron en 1983 y después en 2003.
–Y el rechazo de América latina al ALCA que proponía Estados Unidos.
–Siempre que me refiero al rechazo del ALCA asocio la imagen de Alfonsín en aquel famoso discurso en los jardines de la Casa Blanca, en la cara de Reagan, de reproche al intento norteamericano de invadir Nicaragua y le dice, porque tiró el discurso oficial que llevaba, que las democracias de América latina no le van a permitir a Estados Unidos volver a la política del garrote.
–Incluso Menem, a pesar de todo, firma el Tratado de Asunción, de creación del Mercosur.
–Claro, exactamente.
–¿Ves que ahora también hay mucha voluntad política en pos de la integración?
–Estuve en la reunión del Celac, en Cuba, como parte de la delegación oficial que acompañó a Cristina, y tuve el honor de ser el único representante no oficialista en esa reunión. Siempre digo que yo soy “no oficialista” y no un opositor.
–¿Cómo ve la conducción oficial del radicalismo tus posturas en torno del Gobierno?
–Es obvio que no las comparte. El radicalismo es un partido horizontal y democrático, pero de todas maneras hoy no podemos hablar ni de connivencia ni de disidencia, porque no hay un ámbito de debate político para estas cuestiones. El gran problema que tiene el radicalismo hoy es que no tiene discusión política y cuando no tenés discusión política no tenés política y cuando no tenés política terminás atado a agendas ajenas. Generalmente impuesta por los poderes fácticos. Por eso el radicalismo en este ejercicio de oposicionismo ciego y en esta actitud negatoria se ha ido deslizando hacia posiciones de centroderecha, que son impropias de su historia. Porque el radicalismo no nació como una fuerza de centroderecha ni se desenvolvió en la historia de la Argentina como una fuerza de centroderecha.
–El fenómeno del radicalismo K, con gobernadores e intendentes, que había creado Néstor Kirchner, ¿qué evalúas de ese hecho político?
–Eso es lo que yo denomino una concertación por intereses y no por ideología. Y por eso duró tan poco, por eso fue tan efímera. Por eso, apenas apareció la primera tensión, se deshizo. Porque no era la consecuencia de una confluencia de comunes denominadores en el plano ideológico y programático. Me da la impresión de que allí Kirchner, que necesitaba ensanchar la base de sustentación del gobierno, porque en definitiva había sido un gobierno que se había iniciado con el 22% de los votos, incorpora radicales, en ese caso para el gobierno de Cristina. Pero lo hizo por la vía de la conveniencia y el oportunismo. No tenía consistencia ideológica la concertación.
–Teniendo en cuenta la conflictividad permanente entre los gobiernos nacional y porteño, ¿cómo vez el tema de la autonomía de la Ciudad, que fue uno de los temas de la reforma de la Constitución en 1994?
–La Ciudad ganó en calidad institucional a través de la autonomía, porque era anacrónico tener un sistema en el que el presidente de la Nación designaba a dedo a quien iba a gobernar la ciudad. Es cierto que tal vez se debió llevar adelante una reglamentación de esa autonomía más paulatina, más sustentable, porque hubo mucha improvisación. Por ejemplo, el tema de la policía propia. A la larga eran instrumentos que hacían a la autonomía, pero creo que se tendría que haber marcado un ritmo diferente en ese sentido. Lo que no hay que olvidar es que Alfonsín, así como promovió la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para terminar con ese anacronismo, porque los ciudadanos de Buenos Aires eran actores pasivos de su propio destino, fue el que planteó el traslado de la Capital Federal. Pensaba que la Capital debía trasladarse como sede administrativa. Ahora tanto Cristina como Julián Domínguez, sin tanta fortaleza, han retomado esa idea. Apuntando a una localización diferente, esta vez hacia el Norte o Noroeste. La Argentina necesita rediseñarse desde el punto de vista geopolítico. Un debate, por ejemplo, acerca de rediseñar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Tal como está hoy concebida se torna en algunos momentos ingobernable. Pero enmarcado dentro de un rediseño geográfico y geopolítico. Tenemos que mirar más hacia el Pacífico. Algo de esto estuvo en el diálogo entre Cristina y Bachelet, hace unos días. Creo que hay que trasladar a la Capital Federal, que debe conllevar un rediseño geopolítico de la Argentina.
–¿Cómo se encuentra tu relación con la conducción oficial del radicalismo?
–Estoy en franca disidencia. Dando una pelea adentro y a su vez afuera también con los que pensamos parecido. Por un lado, venimos desde hace muchos años, desde el gobierno de la Alianza, dando esta batalla para recuperar la identidad del radicalismo.
–El radicalismo participa ahora oficialmente en UNEN. ¿Qué opinás de eso?
–Nosotros creamos el Movimiento Nacional Alfonsinista, que es una corriente de pensamiento donde, obviamente, se congregan radicales, sectores progresistas de izquierda, y sectores que simpatizan con el Gobierno. Que es de alguna manera volver a la naturaleza del alfonsinismo, porque el alfonsinismo fue eso. Superó la baldosa partidaria y pudo convocar a sectores de la vida argentina alineados con un concepto nacional, popular, progresista y democrático. De allí que Alfonsín llamara a que siguieran esa epopeya a los socialistas, a los peronistas que seguían a Perón y a Evita. Así que estamos tratando de recuperar ese espíritu y a la vez dar la batalla dentro del partido, pero con fuertes restricciones y limitaciones por lo que decía antes, porque no hay ámbitos de debate. La decisión del partido de participar en UNEN fue tomada por la cúpula sin siquiera que se cumpliera con la Carta Orgánica del radicalismo, que establece que las alianzas las debe resolver el congreso partidario, y el congreso partidario nunca se reunió.
–¿Cuál es la principal crítica a la conducción del radicalismo en este contexto?
–La principal crítica es que se pone por delante lo que denomino lo táctico electoral, cuando lo primero es la ideología y el proyecto de país. Y después viene recién la cuestión electoral. Aquí esos términos se han invertido. Y en este caso, eso sí altera el producto.
–¿Qué cosas se deberían profundizar y qué cosas te parecen bien y cuáles mal del Gobierno?
–Lo que creo es que la Argentina sigue teniendo un problema de desigualdad estructural, que no niega los procesos de inclusión que hubo en estos años. Pero que han sido insuficientes para remover esos factores estructurales que hacen persista esa desigualdad. Creo que esto es un desafío para el conjunto del sistema político argentino. Creo que eso no se puede resolver ni en uno ni en dos períodos de gobierno. Sería necio negar que en estos casi tres períodos de gobiernos que se iniciaron en 2003 no ha habido inclusión, se manifiesta claramente en el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, en lo previsional, en algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y recientemente el programa Progresar. Pero no han podido quebrar o perforar ese bloque duro de desigualdad. Que por otra parte tiene que ver no solamente con razones de orden económico, sino con un proceso de marginalidad al que fueron empujados vastos sectores del pueblo argentino y que tuvo sus picos más álgidos durante la dictadura militar y durante la década del noventa. Es una paradoja: la antipolítica que gobernó en la década del noventa nos ha dejado esa herencia de la cual la política se tiene que hacer cargo para resolver el problema de la desigualdad estructural.
–¿Qué opinás de la estatización de los fondos previsionales y la recuperación de YPF?
–Creo que el Gobierno Nacional ha recuperado resortes esenciales para que el Estado pueda desarrollar políticas económicas, tributaria, fiscal, cambiaria, creo que la estatización de las AFJP y la nacionalización de YPF son herramientas centrales para los gobiernos que vengan. Los radicales siempre hemos recibido herencias muy pesadas. Alfonsín recibió una herencia tremendamente gravosa. No solamente en materia de violación de derechos humanos, sino que el país estaba devastado. Y el gobierno de la Alianza recibió también una herencia muy pesada. En este caso se hizo más pesada todavía porque no fue capaz de cambiar las políticas que venían desarrollándose en la década del noventa.
–¿Qué recibirá el gobierno que surja en 2015?
–Creo que el gobierno que surja en 2015 va a tener la suerte de recibir un país que le transmite herramientas esenciales como para poder seguir desarrollando una política de inclusión y de autonomía respecto de los grandes centros de poder, fundamentalmente porque en esta etapa se han recuperado esas herramientas. Creo que quedan pendientes muchos problemas. Hay problemas en el ciclo educativo, sobre todo en el secundario, donde hay niveles altos de deserción, tanto directa como indirecta. Creo que hay problemas vinculados a la infraestructura, de vivienda, si bien el plan Pocrear es un buen plan, la Argentina tiene un estrangulamiento en materia de tierras que es un tema a discutir en términos inmediatos. No hay posibilidad de realizar una política de viviendas en la Argentina si no se resuelve el tema de la tierra, de la propiedad de la tierra. Hay que resolver problemas vinculados a la concentración de la comercialización. Porque es cierto que la inflación tiene causas macroeconómicas, pero también es cierto que hay una gravísima distorsión producida por los fenómenos de concentración en la cadena de comercialización. El tema de los supermercados. Creo que éstas son las cuestiones que hay que ir encarando, pero se hace desde una plataforma más sólida en tanto y en cuanto el Estado ha recuperado autonomía de decisión. Hay que cuidar mucho de no tener una derrota cultural que nos haga retroceder. Uno puede ganar o perder una elección. Lo grave fue lo que ocurrió en 1989 (cuando Alfonsín dejó el gobierno con anticipación), porque la sociedad argentina en su conjunto abrió el camino a la década del noventa que fue nefasta para la Argentina, porque dejó un país devastado, lleno de excluidos y marginados, y con un aparato productivo prácticamente desarmado.
–Empezaste la carrera política como militante universitario. ¿Cómo evalúas aquella universidad hasta la realidad actual?
–Cuando inicié la militancia universitaria había un contexto muy complejo. El de Onganía, para la universidad argentina, fue el peor momento. De retroceso, en lo conceptual y científico. Inicié mi militancia después de la “Noche de los bastones largos” de Onganía, que fue una tragedia argentina, que hasta el día de hoy estamos pagando. Porque la universidad argentina con todos su avatares venía en ascenso. Los mejores años tal vez habría que ubicarlos entre 1958 y 1966. En aquel momento, nosotros luchábamos por cuestiones más elementales. Esto trascendió, porque después la lucha fue por la libertad, la soberanía popular. Implicaba también la libertad de cátedra, el cogobierno, la autonomía universitaria, que habían sido esenciales para la Reforma Universitaria del ’18.
–Después llegó el gobierno de Cámpora.
–Después hubo un breve interregno en 1973, en lo que se dio en llamar la ‘Primavera camporista’. Pero fueron apenas unos meses, hasta que vuelve a reaparecer el oscurantismo en la universidad de la mano de (Oscar) Ivanissevich (ministro de Educación) y (Alberto) Ottalagano (rector de la UBA). Estaban las Tres A. Alfonsín caracterizó eso de una manera muy audaz, porque fue el único político argentino que lo hizo, cuando dijo que ‘esto es un golpe de Estado de derecha’, en alusión al desplazamiento de Cámpora. Había que decirlo, porque la renuncia de Cámpora parecía un tributo al liderazgo de Perón. No se equivocó en la definición Alfonsín, porque inmediatamente después el fenómeno del autoritarismo y el incipiente terrorismo de Estado se hicieron presentes.
–¿Cómo ves la situación de la Universidad desde 1983?
–En estos treinta años hemos ido recuperando la universidad para la sociedad. Hoy podemos decir que tenemos una universidad del pueblo; además, así como se han extendido derechos sociales se extendió también la oferta educativa para los sectores populares, el nacimiento de las universidades emergentes en el conurbano, el ingreso irrestricto que está vigente en todas las universidades, aun en las tradicionales. No sé si hemos recuperado la calidad educativa. Ahora hay ofertas de carreras cortas con salida laboral. Muchas de las universidades emergentes han establecido este tipo de carreras. Creo que estamos frente a una universidad que se corresponde al momento político que estamos viviendo. Dentro de la etapa democrática que empezó en 1983. Hay un hecho político que pasó desapercibido, que pasó hace dos años. Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de Córdoba y dio un discurso inédito para un militante y dirigente peronista, porque hizo una gran reivindicación de la Reforma Universitaria del 18 e incluso leyó párrafos del manifiesto que había escrito Deodoro Roca, y esto tiene un significado muy profundo porque el peronismo nunca había reivindicado la Reforma Universitaria. Para mí fue un giro muy importante.
–La Presidenta recientemente hizo una autocrítica respecto a la no participación de sectores peronistas en elecciones universitarias en los ’70.
–Eso está en línea con lo que comentaba. Lo dijo hace poco tiempo cuando se hizo el homenaje a Sergio Karakachoff, en la Universidad Nacional de La Plata. Sergio era un militante radical detenido y asesinado durante la última dictadura. En la inauguración de la Facultad de Humanidades en esa Universidad. Este fue un hecho simbólico muy importante porque allí funcionaba el Batallón de Infantería de Marina número 3, que supo ser un centro de detención clandestino. Allí estuvieron secuestrados Karakachoff, que fue un militante universitario y profesional muy importante, y Domingo Teruggi.
–¿El presidente de la FUA?
–Originalmente la Franja Morada de La Plata era un conglomerado donde había gente del radicalismo, anarquistas y gente vinculada al pensamiento de Jorge Abelardo Ramos. Teruggi estaba entre estos últimos. Karakachoff era un militante del movimiento reformista de Franja Morada. Después Franja Morada se transforma en el brazo universitario del radicalismo. Y Terruggi se incorpora a lo que se denominó la –AUN– Agrupación Universitaria Nacional, que es el brazo universitario del Frente de Izquierda Popular, del FIP, de Abelardo Ramos. En esa condición llega a la presidencia de la FUA, en 1969. Poco después de 1976 son secuestrados y acribillados, y sus cuerpos aparecieron en la ruta hacia Magdalena. Y allí la Presidenta emite esa frase de reproche o autocrítica sobre los sectores del peronismo que no participaban de las elecciones en las universidades, en los centros de estudiantes. Y en la Asamblea Legislativa, algo que no fue registrado ni siquiera por la dirigencia radical. Cristina dijo que los radicales les habían enseñado a los peronistas la democracia, que es también una autocrítica fuerte, aunque ella entendía que los peronistas no estaban apegados a la democracia porque habían sido excluidos a través de las proscripciones durante casi veinte años y las persecuciones. Del mismo modo se podría decir que el peronismo a nosotros nos enseñó la justicia social. Siempre recuerdo una frase que pronunció un dirigente radical que se llamaba Crisólogo Larralde, de Avellaneda, que es quien en 1957 impone en la reforma de la Constitución el derecho de huelga. Algo que ni siquiera el peronismo había hecho. Crisólogo Larralde, el 17 de octubre estaba parado con un grupo de dirigentes radicales, en la Avenida Mitre (Avellaneda) cuando venían desde Berisso las columnas de trabajadores a pedir la libertad de Perón, que estaba preso en Martín García. Entonces, me contaron que cuando pasaban las columnas obreras, Larralde les dijo a los que estaban con él: “No se equivoquen, allí están pasando nuestros hermanos”.
–¿El radicalismo tenía dos corrientes, allá por la época de los primeros gobiernos peronistas, específicamente en los ’50?
–Sí. Una antiperonista y otra no peronista, que no era exactamente lo mismo, que representaban Larralde, Balbín, Frondizi, Moisés Lebensohn. Tenían una posición popular a pesar de que confrontaban con el peronismo. Tanto el peronismo como el radicalismo se fueron nutriendo mutuamente. Sin dudas.
–¿Qué opinión tenés de los trabajos por la integración de América latina?
–Creo que el proceso de integración ha sido el proyecto estratégico más coherente y sustentable en el tiempo que hemos tenido a lo largo de estos treinta años de democracia. Porque desde el inicio de la etapa democrática, Alfonsín advirtió que había dos factores que eran esenciales para sostener sobre esos pilares a la democracia, que son la paz y la integración. Sin paz y sin integración no había posibilidades de mantener las democracias en América latina. Y antes de dar el paso con Sarney (entonces presidente de Brasil) con el Mercosur, se dieron pasos en esa dirección de carácter preparatorio: la paz con Chile, para lo cual se realizó en la Argentina un plebiscito; el papel que tuvo la Argentina en el Grupo Contadora para impedir la invasión norteamericana a Nicaragua, porque apenas se desplazó a Somoza y se hizo cargo el gobierno sandinista, el gobierno de Reagan preparó una invasión a Nicaragua, que fue impedida por el Grupo Contadora, que surgió del consenso de Cartagena, a fines del ’85 y principios del ’86.
–¿Cómo viviste todas esas actividades políticas continentales desde la Argentina?
–Todo eso me tocó vivirlo muy de cerca porque me tocó entrevistarme con Fidel Castro en Cuba, en una conversación de unas cinco horas, para lograr que Fidel Castro actuara sobre el sector más duro del sandinismo para que aceptara la mediación de estos países de Contadora, que dio como resultado una salida electoral. Si no hubiéramos actuado de esta manera seguramente Estados Unidos, que ya tenía a los “Contras” desplegados en la frontera, hubiera actuado por medio de la OEA invadiendo Nicaragua. Hubiera significado una desestabilización de las democracias recientes, que eran muy pocas en América latina, porque eso nos hubiera retrotraído a la doctrina de la seguridad nacional y además en ese momento había guerra civil en El Salvador y en Guatemala.
–Entonces, este proceso de integración viene realizándose como política de Estado y se retrocedió en la década del ’90 cuando se dieron las “relaciones carnales” con Estados Unidos. Si hay algo que se distingue y da la existencia de un puente entre el gobierno de Alfonsín y el de Kirchner es la política exterior. Porque todo este proceso que se materializa primero con el Mercosur y después se extiende con la Unasur y por último con la Celac tiene una continuidad con los gobiernos que se iniciaron en 1983 y después en 2003.
–Y el rechazo de América latina al ALCA que proponía Estados Unidos.
–Siempre que me refiero al rechazo del ALCA asocio la imagen de Alfonsín en aquel famoso discurso en los jardines de la Casa Blanca, en la cara de Reagan, de reproche al intento norteamericano de invadir Nicaragua y le dice, porque tiró el discurso oficial que llevaba, que las democracias de América latina no le van a permitir a Estados Unidos volver a la política del garrote.
–Incluso Menem, a pesar de todo, firma el Tratado de Asunción, de creación del Mercosur.
–Claro, exactamente.
–¿Ves que ahora también hay mucha voluntad política en pos de la integración?
–Estuve en la reunión del Celac, en Cuba, como parte de la delegación oficial que acompañó a Cristina, y tuve el honor de ser el único representante no oficialista en esa reunión. Siempre digo que yo soy “no oficialista” y no un opositor.
–¿Cómo ve la conducción oficial del radicalismo tus posturas en torno del Gobierno?
–Es obvio que no las comparte. El radicalismo es un partido horizontal y democrático, pero de todas maneras hoy no podemos hablar ni de connivencia ni de disidencia, porque no hay un ámbito de debate político para estas cuestiones. El gran problema que tiene el radicalismo hoy es que no tiene discusión política y cuando no tenés discusión política no tenés política y cuando no tenés política terminás atado a agendas ajenas. Generalmente impuesta por los poderes fácticos. Por eso el radicalismo en este ejercicio de oposicionismo ciego y en esta actitud negatoria se ha ido deslizando hacia posiciones de centroderecha, que son impropias de su historia. Porque el radicalismo no nació como una fuerza de centroderecha ni se desenvolvió en la historia de la Argentina como una fuerza de centroderecha.
–El fenómeno del radicalismo K, con gobernadores e intendentes, que había creado Néstor Kirchner, ¿qué evalúas de ese hecho político?
–Eso es lo que yo denomino una concertación por intereses y no por ideología. Y por eso duró tan poco, por eso fue tan efímera. Por eso, apenas apareció la primera tensión, se deshizo. Porque no era la consecuencia de una confluencia de comunes denominadores en el plano ideológico y programático. Me da la impresión de que allí Kirchner, que necesitaba ensanchar la base de sustentación del gobierno, porque en definitiva había sido un gobierno que se había iniciado con el 22% de los votos, incorpora radicales, en ese caso para el gobierno de Cristina. Pero lo hizo por la vía de la conveniencia y el oportunismo. No tenía consistencia ideológica la concertación.
–Teniendo en cuenta la conflictividad permanente entre los gobiernos nacional y porteño, ¿cómo vez el tema de la autonomía de la Ciudad, que fue uno de los temas de la reforma de la Constitución en 1994?
–La Ciudad ganó en calidad institucional a través de la autonomía, porque era anacrónico tener un sistema en el que el presidente de la Nación designaba a dedo a quien iba a gobernar la ciudad. Es cierto que tal vez se debió llevar adelante una reglamentación de esa autonomía más paulatina, más sustentable, porque hubo mucha improvisación. Por ejemplo, el tema de la policía propia. A la larga eran instrumentos que hacían a la autonomía, pero creo que se tendría que haber marcado un ritmo diferente en ese sentido. Lo que no hay que olvidar es que Alfonsín, así como promovió la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para terminar con ese anacronismo, porque los ciudadanos de Buenos Aires eran actores pasivos de su propio destino, fue el que planteó el traslado de la Capital Federal. Pensaba que la Capital debía trasladarse como sede administrativa. Ahora tanto Cristina como Julián Domínguez, sin tanta fortaleza, han retomado esa idea. Apuntando a una localización diferente, esta vez hacia el Norte o Noroeste. La Argentina necesita rediseñarse desde el punto de vista geopolítico. Un debate, por ejemplo, acerca de rediseñar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Tal como está hoy concebida se torna en algunos momentos ingobernable. Pero enmarcado dentro de un rediseño geográfico y geopolítico. Tenemos que mirar más hacia el Pacífico. Algo de esto estuvo en el diálogo entre Cristina y Bachelet, hace unos días. Creo que hay que trasladar a la Capital Federal, que debe conllevar un rediseño geopolítico de la Argentina.
*Presidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego
En el Sur, la lucha contra el narcotráfico se aleja de la DEA
El primer paso lo dio Venezuela, seguida por Bolivia, porque los resultados eran muy pobres y la injerencia en política interna mucha, hoy los resultados invitan a construir una herramienta común a partir de Unasur.
La lucha contra las mafias del narcotráfico ha sido uno de los temas de envergadura dentro de la región. Los países de la Patria Grande resistentes a la hegemonía imperialista trabajan en la consolidación de mecanismos independientes y soberanos. La República Bolivariana de Venezuela ha avanzado considerablemente en esta materia haciendo un llamado de “urgencia o los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a crear una política autónoma para frenar el flagelo de las drogas” sin intervención de organismos de apéndice norteamericana.
Desde 2005, año en que el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue expulsado de Venezuela por el entonces presidente de la República Hugo Chávez, los logros contra el narcotráfico en el país han crecido de forma vertiginosa. Actualmente, presentan cifras y logros de gran envergadura que demuestran los avances que tienen los caribeños contra el delito transnacional.
Hecho desmentido, por obviedad, desde la Casa Blanca, que coloca a Venezuela dentro de su lista negra, ubicando al país entre los 22 principales productores con libre tránsito de drogas en el mundo; dicha lista fue divulgada en septiembre de 2011 y sostenida a la fecha de hoy. Otro de los países de su preferencia para señalamientos dentro de la “lista negra” es Bolivia, sosteniendo que ambas naciones son un “fracaso ostensible” en el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometieron según acuerdos internacionales antidroga. Las autoridades de estos países calificaron como una opinión “politizada” debido a la decisión de suspender la “colaboración con el Departamento Antidroga de Estados Unidos” (DEA). Este intento de descredito no ha vulnerado los compromisos internacionales adquiridos para frenar el flujo de drogas de los países del Sur a los consumidores del Norte.
Desde 2005, año en que el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue expulsado de Venezuela por el entonces presidente de la República Hugo Chávez, los logros contra el narcotráfico en el país han crecido de forma vertiginosa. Actualmente, presentan cifras y logros de gran envergadura que demuestran los avances que tienen los caribeños contra el delito transnacional.
Hecho desmentido, por obviedad, desde la Casa Blanca, que coloca a Venezuela dentro de su lista negra, ubicando al país entre los 22 principales productores con libre tránsito de drogas en el mundo; dicha lista fue divulgada en septiembre de 2011 y sostenida a la fecha de hoy. Otro de los países de su preferencia para señalamientos dentro de la “lista negra” es Bolivia, sosteniendo que ambas naciones son un “fracaso ostensible” en el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometieron según acuerdos internacionales antidroga. Las autoridades de estos países calificaron como una opinión “politizada” debido a la decisión de suspender la “colaboración con el Departamento Antidroga de Estados Unidos” (DEA). Este intento de descredito no ha vulnerado los compromisos internacionales adquiridos para frenar el flujo de drogas de los países del Sur a los consumidores del Norte.
Chávez: “Yanqui go home”. La DEA, con oficinas en Caracas dentro de la propia sede de la Oficina Nacional Antidroga venezolana (ONA), con fácil acceso a todo tipo de información interna y control aéreo del eje Colombia/Venezuela/Estados Unidos, catapulta por excelencia del tránsito de cocaína de fábrica colombiana a clientela consumidora estadounidense, con un índice de capturas escaso y ojo visor satelital de dos radares controlados por Estados Unidos desde Puerto Rico, pusieron un alerta al gobierno bolivariano, “mucho cacique para poco indio” sugiere un refranero venezolano.
El comandante y ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, los acusó de “apoyar al narcotráfico” en su país y de “hacer inteligencia contra el gobierno”, por lo que Caracas decidió “hacer un claro rompimiento” con los acuerdos que mantiene con la agencia. De igual manera, se sostuvo que a través de la DEA “salía del país una gran cantidad de kilos de droga, por medio de la figura de entrega vigilada, y nunca se obtenía información en el país y por tanto determinamos que estábamos en presencia de un nuevo cartel de la droga”, puntualizó el comandante Chávez. Daba un claro detalle sobre los pactos ejercidos entre la DEA y las grandes mafias colombianas, cuando se les otorgó inmunidad en todo proceso judicial, en cambio de información de carteles rivales a los designios estadounidenses. Fue entonces, un 8 agosto de 2005, cuando el gobierno venezolano puso fin a la colaboración con la DEA.
Allí estalló la lluvia de informes, palomas mensajeras yanquis con señalamientos ofensivos, catalogando al territorio venezolano como cuna cómplice de las autoridades del negocio ilícito de psicotrópicos, convirtiendo el flagelo en un atentado político, eco de infamias y acusaciones. La ruptura con la DEA no aísla a Venezuela de la lucha antidroga ya que, por una parte, dicho país mantiene en ese campo más de 50 acuerdos internacionales con 37 naciones, siendo su enfoque los países que consolidan la unidad de todas las naciones al sur del Río Bravo, como lo son el ALBA, la Celac y la Unasur.
Sin embargo, las colaboraciones con Estados Unidos no se han cerrado, ejemplo de ello fue el operativo dirigido por funcionarios venezolanos en el que se realizaron más de 13 mil detenciones relacionadas con el narcotráfico, capturando a 17 líderes narcotraficantes solicitados por Interpol, quienes fueron deportados a Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos.
El comandante y ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, los acusó de “apoyar al narcotráfico” en su país y de “hacer inteligencia contra el gobierno”, por lo que Caracas decidió “hacer un claro rompimiento” con los acuerdos que mantiene con la agencia. De igual manera, se sostuvo que a través de la DEA “salía del país una gran cantidad de kilos de droga, por medio de la figura de entrega vigilada, y nunca se obtenía información en el país y por tanto determinamos que estábamos en presencia de un nuevo cartel de la droga”, puntualizó el comandante Chávez. Daba un claro detalle sobre los pactos ejercidos entre la DEA y las grandes mafias colombianas, cuando se les otorgó inmunidad en todo proceso judicial, en cambio de información de carteles rivales a los designios estadounidenses. Fue entonces, un 8 agosto de 2005, cuando el gobierno venezolano puso fin a la colaboración con la DEA.
Allí estalló la lluvia de informes, palomas mensajeras yanquis con señalamientos ofensivos, catalogando al territorio venezolano como cuna cómplice de las autoridades del negocio ilícito de psicotrópicos, convirtiendo el flagelo en un atentado político, eco de infamias y acusaciones. La ruptura con la DEA no aísla a Venezuela de la lucha antidroga ya que, por una parte, dicho país mantiene en ese campo más de 50 acuerdos internacionales con 37 naciones, siendo su enfoque los países que consolidan la unidad de todas las naciones al sur del Río Bravo, como lo son el ALBA, la Celac y la Unasur.
Sin embargo, las colaboraciones con Estados Unidos no se han cerrado, ejemplo de ello fue el operativo dirigido por funcionarios venezolanos en el que se realizaron más de 13 mil detenciones relacionadas con el narcotráfico, capturando a 17 líderes narcotraficantes solicitados por Interpol, quienes fueron deportados a Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos.
Los números no mienten. Según datos demostrados por la Organización de las Naciones Unidas, se comprueba el fracaso de la lucha antidroga que han tenido los grandes imperios: el consumo de narcóticos entre los años 1998 y 2010 aumentó un 30%. Abiertamente, el narcotráfico y el crimen organizado son una de las veinte primeras economías más importantes en el mundo, viendo su representación en casi un 4% del Producto Interno Bruto mundial. Las bases militares yanquis y su militarización en el continente han sido prueba del incremento del narcotráfico, así es el caso de la próspera y evidente producción de droga en Afganistán y Colombia, países aliados y acunados por Estados Unidos.
Ante estos números, el gobierno venezolano ha buscado la manera de afinar con mano dura la incidencia del narcotráfico dentro de la región, por ser su espacio aéreo vehículo directo al mayor consumidor del mundo. Esfuerzo avalado por la ONU, quien cita a Venezuela como uno de los primeros países con los mejores resultados en la lucha antidroga, ratificando al país caribeño, por sexto año consecutivo, como nación libre de cultivos ilícitos de narcóticos.
En los últimos dos años, según datos oficiales, se ha logrado destruir un total de 247 pistas clandestinas utilizadas por las mafias del narcotráfico para ingresar, a través de vuelos ilegales, cantidades importantes de drogas, que han sido incautadas por las autoridades venezolanas. Este refuerzo en el poderío defensivo antiaéreo, se alcanzó debido a la suspensión de radares norteamericanos y obtención de tecnología China que les permite el control total del espacio aéreo de manera independiente y soberana.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir Padrino López, expuso que las detenciones que localizaron con radares estadounidenses “se mantuvieron siempre por debajo de los 60 vuelos al año. En el año 1995 apenas se detectaron 8 vuelos que violaban el espacio aéreo venezolano; en 1996 se registraron 23 vuelos; en 1997 sólo 7 vuelos; en 1998 volaron 33 aeronaves; en 1999 fueron 58; en el 2000 un total de 22; en 2001 volaron 17; en 2002 se detectaron 18; en 2003 fueron 11 los aviones; en 2004 registraron 7 vuelos; en 2005 de nuevo 7, ; en 2006 un total de 21, y en 2007 ningún vuelo, porque el sistema de radares no prestó servicio”, concluyó el funcionario .
Estos resultados fueron estudiados atentamente en la II Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas realizada en Caracas del 12 al 14 de mayo del presente año, instancia permanente de la Unasur donde la entidad se permite el estudio, consulta, cooperación y coordinación para enfrentar la narcopolítica territorial.
Los representantes de los Ministerios de Interior y Justicia, conjuntamente con las entidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico que integran la Unasur, debatieron sobre la creación de una entidad suramericana para combatir el flagelo de la droga, desde la que se promueva la formación de políticas y acciones conjuntas, además de apoyarse como Patria Grande dentro de las instancias que atienden la seguridad ciudadana.
Venezuela elevó la propuesta de crear un centro de estudios de Unasur que integre un observatorio suramericano de inteligencia en drogas. Además, se hizo un llamado público a avanzar en la búsqueda de acuerdos y soluciones concretas para hacer frente al tráfico de sustancias ilícitas, siguiendo, bajo toda costa, el ideario de unidad que sostenía Hugo Chávez Frías y Néstor Kirchner.
La idea inicial sería formar a las fuerzas de seguridad para la preservar la integridad territorial y sostener la soberanía de los estados que conforman el bloque, a fin de contrarrestar las labores de inteligencia e intromisión que generan los “superagentes” de la DEA. Hay ejemplos concretos, con balances sostenidos y positivos de los países donde se tomaron acciones independientes, como Venezuela lo hizo en el 2005 con la expulsión del organismo norteamericano, he hizo lo propio Bolivia en el 2008. Rafael Correa en Ecuador a mediados del 2009 ordenó el cierre de la base de Manta, zona de pretexto norteamericano para controlar el narcotráfico a nivel regional. Estas medidas si bien son parciales llevan el hilo conductor de generar una política autónoma, marginando al gobierno de Washington que, para estos países, es el principal culpable de inocular la narcopolítica en la región.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, en su alocución de apertura al consejo de la Unasur sostuvo que “son indispensables los resultados fructíferos a fin de que se demuestre que en el sur de América hay una voluntad unitaria, sólida, fuerte y decidida a luchar contra ese problema mundial de las drogas, para que esta articulación genere respuestas que la sociedad está esperando en el tema de consumo de drogas, y eso se traduzca en una reducción del delito en cada uno de nuestros países”.
En el mes de julio se realizará la tercera reunión de dicha organización, en la que se prevé la presentación de documentos y trabajos de cada una de las naciones integrantes, así como medidas ya tomadas de manera autónoma para unificar criterios y atacar el flagelo. En esa materia, se llevará como primera instancia el debate de la despenalización del consumo de drogas de parte de Uruguay y Argentina.
Este consejo fue creado en Quito de 2011 con la finalidad de consolidar con paso firme la integración regional contrarrestando la influencia de los Estados Unidos en los pueblos del sur. Y por este camino lograr independizar el combate contra el narcotráfico, teniendo como objetivo concertar información sobre redes de mafiosos narcos que operen en la región, y fortalecer la coordinación de unidades de inteligencia financiera, a fin de combatir con el lavado de activos, trata de personas y delitos vinculados con la producción y el tráfico de drogas.
Ante estos números, el gobierno venezolano ha buscado la manera de afinar con mano dura la incidencia del narcotráfico dentro de la región, por ser su espacio aéreo vehículo directo al mayor consumidor del mundo. Esfuerzo avalado por la ONU, quien cita a Venezuela como uno de los primeros países con los mejores resultados en la lucha antidroga, ratificando al país caribeño, por sexto año consecutivo, como nación libre de cultivos ilícitos de narcóticos.
En los últimos dos años, según datos oficiales, se ha logrado destruir un total de 247 pistas clandestinas utilizadas por las mafias del narcotráfico para ingresar, a través de vuelos ilegales, cantidades importantes de drogas, que han sido incautadas por las autoridades venezolanas. Este refuerzo en el poderío defensivo antiaéreo, se alcanzó debido a la suspensión de radares norteamericanos y obtención de tecnología China que les permite el control total del espacio aéreo de manera independiente y soberana.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir Padrino López, expuso que las detenciones que localizaron con radares estadounidenses “se mantuvieron siempre por debajo de los 60 vuelos al año. En el año 1995 apenas se detectaron 8 vuelos que violaban el espacio aéreo venezolano; en 1996 se registraron 23 vuelos; en 1997 sólo 7 vuelos; en 1998 volaron 33 aeronaves; en 1999 fueron 58; en el 2000 un total de 22; en 2001 volaron 17; en 2002 se detectaron 18; en 2003 fueron 11 los aviones; en 2004 registraron 7 vuelos; en 2005 de nuevo 7, ; en 2006 un total de 21, y en 2007 ningún vuelo, porque el sistema de radares no prestó servicio”, concluyó el funcionario .
Estos resultados fueron estudiados atentamente en la II Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas realizada en Caracas del 12 al 14 de mayo del presente año, instancia permanente de la Unasur donde la entidad se permite el estudio, consulta, cooperación y coordinación para enfrentar la narcopolítica territorial.
Los representantes de los Ministerios de Interior y Justicia, conjuntamente con las entidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico que integran la Unasur, debatieron sobre la creación de una entidad suramericana para combatir el flagelo de la droga, desde la que se promueva la formación de políticas y acciones conjuntas, además de apoyarse como Patria Grande dentro de las instancias que atienden la seguridad ciudadana.
Venezuela elevó la propuesta de crear un centro de estudios de Unasur que integre un observatorio suramericano de inteligencia en drogas. Además, se hizo un llamado público a avanzar en la búsqueda de acuerdos y soluciones concretas para hacer frente al tráfico de sustancias ilícitas, siguiendo, bajo toda costa, el ideario de unidad que sostenía Hugo Chávez Frías y Néstor Kirchner.
La idea inicial sería formar a las fuerzas de seguridad para la preservar la integridad territorial y sostener la soberanía de los estados que conforman el bloque, a fin de contrarrestar las labores de inteligencia e intromisión que generan los “superagentes” de la DEA. Hay ejemplos concretos, con balances sostenidos y positivos de los países donde se tomaron acciones independientes, como Venezuela lo hizo en el 2005 con la expulsión del organismo norteamericano, he hizo lo propio Bolivia en el 2008. Rafael Correa en Ecuador a mediados del 2009 ordenó el cierre de la base de Manta, zona de pretexto norteamericano para controlar el narcotráfico a nivel regional. Estas medidas si bien son parciales llevan el hilo conductor de generar una política autónoma, marginando al gobierno de Washington que, para estos países, es el principal culpable de inocular la narcopolítica en la región.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, en su alocución de apertura al consejo de la Unasur sostuvo que “son indispensables los resultados fructíferos a fin de que se demuestre que en el sur de América hay una voluntad unitaria, sólida, fuerte y decidida a luchar contra ese problema mundial de las drogas, para que esta articulación genere respuestas que la sociedad está esperando en el tema de consumo de drogas, y eso se traduzca en una reducción del delito en cada uno de nuestros países”.
En el mes de julio se realizará la tercera reunión de dicha organización, en la que se prevé la presentación de documentos y trabajos de cada una de las naciones integrantes, así como medidas ya tomadas de manera autónoma para unificar criterios y atacar el flagelo. En esa materia, se llevará como primera instancia el debate de la despenalización del consumo de drogas de parte de Uruguay y Argentina.
Este consejo fue creado en Quito de 2011 con la finalidad de consolidar con paso firme la integración regional contrarrestando la influencia de los Estados Unidos en los pueblos del sur. Y por este camino lograr independizar el combate contra el narcotráfico, teniendo como objetivo concertar información sobre redes de mafiosos narcos que operen en la región, y fortalecer la coordinación de unidades de inteligencia financiera, a fin de combatir con el lavado de activos, trata de personas y delitos vinculados con la producción y el tráfico de drogas.
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