Sobre el final de la presentación del libro 2922 días, su autor, Eduardo Jozami, leyó la lista de los 30 asesinados –los detenidos y los familiares de esos detenidos– por la dictadura en la cárcel de La Plata durante 1977. No se trataba de una enumeración (por más sentida que sea). Era la certeza, señalada a mediados del siglo XX por Oesterheld en El Eternauta, reflotada por la militancia del siglo XXI, de que la lucha no es personal ni individual, sino colectiva. Esa certeza atraviesa todos y cada uno de los capítulos–recuerdos en que se divide y al mismo tiempo se aúna– 2922 días, subtitulado Memorias de un preso de la dictadura. Incluso en los momentos en que, de manera brillante, volviendo a fundar el término “ensayo”, Jozami se anima a dudar y dejar por escrito su duda, algo poco frecuente en la literatura. Dice, hoy, Jozami, a 4 meses de cumplirse los 39 años de su detención, a 4 meses de cumplirse 31 años de su liberación: “Creo que el libro es una reflexión tardía. Ya pasaron más de tres décadas, lo cual quiere decir que uno revisó muchas veces esa experiencia. Y, además, es también posterior, y esto para mí es muy importante, a las declaraciones judiciales donde presté testimonio en tres oportunidades. Hasta ese momento, con todos los años de impunidad antes de 2003, tal vez me parecía hasta frívolo escribir un libro que podía verse como demasiado personal, ¿no? Sentía que la necesidad era aportar elementos y denuncias para llegar a que se hiciera justicia”.
–Entonces, la escritura…
–Bueno, después de haber pasado esa etapa de las declaraciones judiciales, me pareció que me debía una reflexión que no podía pasar solamente por la afirmación de las grandes cuestiones, esas en las que obviamente sigo creyendo a través de los años, sino también en una mirada más fina, más detenida acerca de una situación que no se puede mirar exclusivamente en términos de blanco y negro, ya que en la vida absolutamente nada es blanco o negro.
–¿Ni siquiera la situación de estar detenido durante la dictadura?
–Ni siquiera en situaciones tan repudiables y tan angustiantes como puede ser la detención en condiciones de máxima seguridad en una dictadura.
–¿Por qué?
–Porque, poniendo todo esto entre comillas, también tenía sus compensaciones: la solidaridad con los compañeros que estaban detenidos, los momentos que uno mismo se creaba para sentirse mejor de algún modo, la importancia de la lectura. Desde ese punto de vista, tal vez estamos demasiado acostumbrados a una literatura de denuncia de la dictadura. Esa literatura, de la cual participé, cumplió un período absolutamente necesario: el libro sobre Walsh que hice hace unos cuantos años intentó ser una mirada más reflexiva. En este 2922 días, además de seguir en la misma línea de reflexión respecto a los aspectos generales y políticos, aparece más claramente la subjetividad del autor. Y todo autor se pregunta y duda y reflexiona y se cuestiona un montón de cosas, como casi toda la gente.
–Siguiendo con el entrecomillado, usted menciona que estar preso provoca ciertas certezas: la sensación de que el mundo es inamovible, que pasan siempre las mismas cosas; una certeza casi rutinaria. ¿Se perdió esa sensación cuando salió en libertad?
–Sí, hubo un cambio muy brusco. En algunas grandes cuestiones, era como si esos ocho años hubiera estado suspendido el tiempo. Por supuesto que seguíamos desde la cárcel la evolución política. Sabíamos que era muy diferente la situación después de la represión feroz, del desmantelamiento de las organizaciones revolucionarias, pero de cualquier manera seguíamos en un medio distinto y, fundamentalmente, vivíamos entre nosotros, todos presos, todos militantes, y no nos podíamos dar cuenta de cuánto había cambiado la sociedad argentina.
–Señala en su libro que, al salir, se encontró, con una Buenos Aires en la que faltaba mucha gente, y aclara que si bien en términos porcentuales el total de los desaparecidos no era notable sobre el total de la población, sí lo era para usted y para el grueso de las organizaciones revolucionarias…
–Claro. Mis amigos estaban muertos, exiliados, ya casi no quedaba ninguno cuando salí. Y otro de los cambios fue encontrarme con un país donde todos hablaban de la democracia de un modo que no se hacia en los años ’70, incluso después del ’73. Cuando nosotros caímos presos, hasta los conservadores tenían una terminología que estaba impregnada por el marxismo. Y esa no era la situación en 1983. Ni aquí ni en el mundo: cuando poco tiempo después de mi liberación me fui a México, viví ese mismo clima de ideas muy diferente. En la cárcel uno se construye ciertas certezas porque es imprescindible para seguir viviendo. Y suspende también un poco el tiempo, uno sigue viviendo con la mirada que tenía en el momento de entrar.
–Pero…
–Siempre hay peros, por supuesto. Era evidente que las cosas habían salido mal, que había que revisar muchos aspectos, que se imponía una visión crítica. Y en el libro relato cómo fuimos desarrollando esos puntos de vista a lo largo de los años. Primero, en una especie de diálogos íntimos, después en el debate con los compañeros. Uno estaba preparado para continuar ese debate a la salida, pero realmente había sido tan tremendo el cambio que ese mismo debate fue imposible.
–¿Por qué imposible?
–Porque debatir supone seguir teniendo categorías más o menos sólidas en las que apoyarse para discutir alguna cosa. Y nos encontramos con que no era solamente que había una organización revolucionaria que había sido severamente golpeada y derrotada, sino que vimos que había un país que había cambiado, un mundo que estaba cambiando. Las primeras semanas, los primeros meses fueron de una paradójica sensación de fascinación y profunda inquietud: ese mundo nuevo, con todo lo que tenía de negativo en algunos aspectos, despertaba un interés muy grande por entender lo que estaba pasando. Había nuevos debates, era necesario revisar cosas, pero al mismo tiempo me provocaba una gran inseguridad.
–No hay pregunta contrafáctica que sea justificable, pero, ¿si hubiera estado en libertad, habría estado de acuerdo con las decisiones más complicadas que tomó la dirección de Montoneros después del golpe?
–Yo estaba en libertad cuando pasé a la resistencia, a la clandestinidad, en 1974. Y me pareció un disparate, aunque no tuve ninguna posibilidad de discutirlo. Supongo que en la medida que esa línea se iba profundizando hubiese estado en desacuerdo. Pero hay que ser muy prudente en estas manifestaciones contrafácticas, porque a veces las decisiones no dependen de un análisis intelectual. Mucha gente se quedó en la organización y de hecho yo lo hice hasta que me detuvieron por una cuestión de solidaridad con los compañeros y de necesidad de permanecer en el único lugar donde, a pesar de todas las diferencias, me parecía que se podía luchar contra la dictadura. Lo que sí es seguro es que ya desde 1974 estaba en desacuerdo con la línea militarista de la organización.
–No debe haber sido lo mismo intentar escribir este material en los ’80 o en los ’90…
–Por supuesto. Todos participamos, aun quienes manteníamos con orgullo nuestras convicciones de los años ’70, en un clima político de nuevos debates de ideas. Allí parecía que las reformas profundas, no hablemos ya de la idea de revolución, estaban descartadas. Después, me entusiasmé moderadamente con el Frente Grande: representaba una posibilidad de retomar en esas condiciones poco propicias para el pensamiento más avanzado, más emancipatorio, retomar las banderas. Pero la experiencia terminó mal, y la visión pesimista se fortaleció. La verdad es que hasta 2001 era muy difícil pensar seriamente en una transformación profunda de la Argentina, más allá de que 2001 fue una señal, no sólo de lo negativo sino también de cómo aparecía una voluntad política de cuestionamientos al neoliberalismo, de la proliferación de movimientos sociales.
–Pero no escribió el libro en esos años…
–Es cierto, y hay que responder a esa pregunta. Me parecía que en esa época la prioridad absoluta estaba dada en la lucha contra la impunidad y la demanda de justicia. Pero después de 2003 sentí que se había recuperado mucho de aquella experiencia y se puede escribir con un estado de ánimo diferente. Yo creo que nosotros, y cuando digo “nosotros” digo los kirchneristas, somos naturalmente setentistas. No porque defienda todo lo que se hizo entonces o no señale los errores, sino porque después de mucho tiempo se volvió a creer en una transformación profunda del país, se volvió a creer en la posibilidad de la militancia, en que la política sea una herramienta de transformación.
–Sin embargo, escribió que “aunque parezca mentira, nosotros pertenecemos a una generación que creía que la revolución era posible”. ¿Por qué esa posibilidad debería parecer mentira hoy?
–A lo mejor ese “hoy” no está tan pensado como “hoy” en el momento que lo escribí sino que es un “hoy” enmarcado en el largo proceso de elaboración del libro. De hecho, la idea de la revolución dejó de estar presente en la política argentina. Hoy hay una transformación muy profunda pero, por cuestiones de época, los caminos de esa transformación son muy diferentes de los que pensábamos nosotros. Hoy, en buena hora, hay participación política, procesos electorales, democracia. Antes, sólo teníamos la idea de una lucha prolongada. En el libro, la idea de la revolución es central porque no era simplemente un objetivo político, era el modo de organizar la vida. Uno vivía, tenia construida su familia, trabajaba, todo en función de una forma de vida que incluía una militancia, correr riesgos. Uno vivía dentro de un mundo donde ese sentimiento estaba bastante difundido.
–Un mundo de relaciones, volviendo a su afirmación anterior, que al salir en libertad había desaparecido, y el uso de esa palabra no es ocioso…
–Seguro. Tanto que la sensación más rara que tuve al salir en 1983 es que no se hablaba de la guerrilla. En 1976 no había dudas de la presencia importantísima de Montoneros: en las visitas, los familiares no nos hablaban de otra cosa, algunos con simpatía, otros con preocupación, otros enojados. En los años ’80, ’81, ’82, eso no ocurría. En la realidad social argentina, ese fenómeno había “desaparecido”. Y al salir nadie hablaba de eso. No había una condena, la sociedad todavía no tenía un saldo claro respecto a qué había pasado. Lo único claro es que se iban los militares y eso era bueno.
–O, mejor dicho, que se iban lo militares y eso era todo…
–Sí. Pero había diferentes grados de ingenuidad. No todos, pero sí muchos votantes del alfonsinismo pensaban que el restablecimiento de la democracia suponía necesariamente las soluciones de cuestiones sociales. Pero había también quienes imaginábamos que las cosas iban a ser más complicadas: se iban los militares pero el poder económico que había coparticipado del golpe militar no solo seguía, sino que estaba más fuerte que antes. La sociedad condenaba a los militares, pero no tenía un juicio dominante claro respecto a lo demás, incluido quiénes habían provocado la ida de los militares, si era solamente la derrota de Malvinas o si tenía algo que ver cierta resistencia. Ahí surge un poco la teoría de los dos demonios. No sale solo porque la idea de Alfonsín y de la UCR era hacer un cierto equilibrio para tomar distancias, tanto de la dictadura como de las organizaciones revolucionarias. Surge porque en los movimientos de derechos humanos no había una postura de reivindicación de la militancia como la que se desarrolló años después. Todos recordamos que en los juicios a las juntas, a los testigos les recomendaban que no dijeran que eran militantes de las organizaciones y que los abogados de las defensas lo preguntaban como si eso fuese algo, cómo decirlo…
–¿Incriminatorio?
–Incriminatorio, sí. Ese era un clima muy raro. Uno sentía que había una historia muy importante que había dejado de estar presente. Por eso fue tan importante, a mediados de los ’90, cuando aparecen libros y películas que vuelven a mirar esa historia. A partir de allí se recupera y se puede discutir esa parte de la historia. Entonces esa era un poco la idea con la que uno se enfrentaba. Hubo que traer al presente esa experiencia haciendo un largo recorrido frustrante: la expectativa alfonsinista, la tremenda decepción que provocó en el peronismo el gobierno de Menem, lo que fue el fracaso del Frepaso en 2001, para que otra vez los vientos de cambio profundos pudieran instalarse en la sociedad argentina. Néstor Kirchner tuvo la gran capacidad y sensibilidad para advertir perfectamente esta situación.
–¿Como ve hoy al Eduardo Jozami que cae detenido y al Eduardo Jozami que sale en libertad, con asombro, con envidia, con dolor?
–Uno tiende a verse siempre de modo heroico. Además, embellece los períodos de juventud. Dicho esto, yo me acuerdo bastante de esos dos Eduardos, y no me veo tan cambiado. Claro que hay una experiencia distinta, distintos climas de época. Pero en el año 1973 planteaba por qué quienes veníamos de la izquierda teníamos que sumarnos al peronismo; esa idea de que no se puede prescindir de la tradición popular argentina fundamental que es el peronismo, pero que al mismo tiempo hay que crear una propuesta superadora. Hoy, a eso se suma cierta preocupación por darle alguna dimensión intelectual a la discusión política.
MIRADAS AL SUR
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 12 de mayo de 2014
Quién mata y quién muere en Venezuela
Durante los primeros días de mayo fueron asesinados en Venezuela, con pocos días de diferencia, un custodio del presidente Nicolás Maduro y un personaje central del chavismo llamado Eliécer Otaiza. Ambos hechos pusieron las alarmas en rojo, causando remezones solo comparables a los vividos en el país por la violencia desatada entre febrero y marzo de este año.
Este último hombre, Otaiza, había participado en la fundación del movimiento chavista, o bolivariano, pero además tenía, cuando lo mataron, un alto cargo de representación en el poder municipal de la capital. Junto con su hermano mellizo, acompañaron a Hugo Chávez desde que salió de la cárcel en julio de 1994, como custodios en la romería que hizo por centenares de ciudades, pueblos, campos y barrios venezolanos, en los que el líder bolivariano difundió el mensaje del nuevo movimiento nacionalista brotado dos años antes, el 4 de febrero de 1992.
No se matan custodios presidenciales y líderes políticos todo los días en este mundo. De hecho, los registros periodísticos solo reseñan seis casos en los últimos 23 años, cuatro de ellos en asaltos golpistas en África Central, uno en la reciente crisis de Ucrania y un sexto en Colombia.
La razón para un registro tan escaso de episodios criminales de ese rango en la lucha política internacional es que eliminar a un custodio presidencial o alguien con la trayectoria militante de Eliécer Otaiza en Venezuela, tan cercano al gobierno como él, es un acto directo contra el centro mismo del poder. El presidente venezolano y su ministro del Interior definieron el caso como un “crimen político planificado desde Miami”, donde una parte de la oposición derechista venezolana fragua sus conspiraciones, contrata mercenarios y entrena militarmente a jóvenes estudiantes derechistas. En realidad, es más que Miami. Se han verificado nichos de conspiración y entrenamiento en Bogotá, Táchira y haciendas grandes de ricos ganaderos venezolanos. Algunos grupos de paramilitares, desocupados en Colombia, se han vuelto muy activos entre la oposición venezolana.
El punto de partida para cualquier aproximación a lo que pasa en Venezuela es el grado de incompatibilidad absoluta entre Venezuela como Estado-nación, como gobierno y sistema político y como movimiento social, frente al dominio hemisférico estadounidense. En ese contexto se desarrolla el complicado dilema interno de saber cómo terminar lo comenzado.
Ese distanciamiento del dominio yanqui explica que la sociedad venezolana esté sometida desde el año 2002 a la más cruel de las presiones externas e internas para descalabrar su gobernabilidad, frenar su desarrollo y derrotar sus fuerzas sociales. En 12 años ha sufrido un golpe de Estado en abril de 2002, aunque derrotado en las siguientes 47 horas, luego tres intentonas golpistas en 2003, 2004 y 2005, además de un paro industrial y petrolero. También se cuentan por lo menos cuatro intentos de magnicidio a Chávez y alrededor de 250 agresiones a funcionarios gubernamentales. La suma de los chavistas asesinados entre 2002 y 2014 aterroriza: 357. Incluye los siete médicos cubanos asesinados o heridos y los 256 campesinos acribillados desde 2003.
Esa estadística macabra acerca a Venezuela a escenarios de violencia política aguda como el de Colombia, donde la burguesía impuso su paz social a balas, persecución y desplazamientos. Para ser precisos, sus promotores tienen el proyecto de convertir al país en algo similar a lo que estamos presenciando desde un año atrás en Siria, o hace tres meses en Ucrania. Venezuela se enfrenta al riesgo de una guerra civil provocada, dirigida y financiada por grupos de poder de EE.UU., por gobiernos de la derecha latinoamericana, usando para ello a sectores de la oposición venezolana que se han desprendido para actuar como la caballería, la vanguardia necesaria que actúa en nombre de todos los capitalistas.
Hay otros muertos con otros responsables, que sin embargo, no definen al gobierno ni al sistema político. Se trata de cinco obreros caídos en medio de una huelga por acción policial bajo órdenes de un gobernador bolivariano corrupto en una ciudad del interior, y tres más que cayeron en el Estado de Aragua, ubicado en el centro-norte del país, en medio de una disputa entre sindicalistas clasistas y un grupo de la burocracia gremial oficialista.
Lo que define al proceso bolivariano es el ataque permanente de Washington y las burguesías latinoamericanas para derrocarlo. En ese escenario de tensiones constantes, el gobierno y la dirección política del chavismo se debate entre políticas duales que en muchos casos han sido acertadas, pero en otras ha convertido los crímenes en casos policiales, incluso aislados, donde el proyecto revolucionario contenido en el Programa de la Patria y el Golpe de Timón se subordina al incidente. En ese tratamiento policial del incidente se disuelve la fuerza social que debe sostener la defensa de las conquistas del proceso revolucionario y hacerlo avanzar.
Este último hombre, Otaiza, había participado en la fundación del movimiento chavista, o bolivariano, pero además tenía, cuando lo mataron, un alto cargo de representación en el poder municipal de la capital. Junto con su hermano mellizo, acompañaron a Hugo Chávez desde que salió de la cárcel en julio de 1994, como custodios en la romería que hizo por centenares de ciudades, pueblos, campos y barrios venezolanos, en los que el líder bolivariano difundió el mensaje del nuevo movimiento nacionalista brotado dos años antes, el 4 de febrero de 1992.
No se matan custodios presidenciales y líderes políticos todo los días en este mundo. De hecho, los registros periodísticos solo reseñan seis casos en los últimos 23 años, cuatro de ellos en asaltos golpistas en África Central, uno en la reciente crisis de Ucrania y un sexto en Colombia.
La razón para un registro tan escaso de episodios criminales de ese rango en la lucha política internacional es que eliminar a un custodio presidencial o alguien con la trayectoria militante de Eliécer Otaiza en Venezuela, tan cercano al gobierno como él, es un acto directo contra el centro mismo del poder. El presidente venezolano y su ministro del Interior definieron el caso como un “crimen político planificado desde Miami”, donde una parte de la oposición derechista venezolana fragua sus conspiraciones, contrata mercenarios y entrena militarmente a jóvenes estudiantes derechistas. En realidad, es más que Miami. Se han verificado nichos de conspiración y entrenamiento en Bogotá, Táchira y haciendas grandes de ricos ganaderos venezolanos. Algunos grupos de paramilitares, desocupados en Colombia, se han vuelto muy activos entre la oposición venezolana.
El punto de partida para cualquier aproximación a lo que pasa en Venezuela es el grado de incompatibilidad absoluta entre Venezuela como Estado-nación, como gobierno y sistema político y como movimiento social, frente al dominio hemisférico estadounidense. En ese contexto se desarrolla el complicado dilema interno de saber cómo terminar lo comenzado.
Ese distanciamiento del dominio yanqui explica que la sociedad venezolana esté sometida desde el año 2002 a la más cruel de las presiones externas e internas para descalabrar su gobernabilidad, frenar su desarrollo y derrotar sus fuerzas sociales. En 12 años ha sufrido un golpe de Estado en abril de 2002, aunque derrotado en las siguientes 47 horas, luego tres intentonas golpistas en 2003, 2004 y 2005, además de un paro industrial y petrolero. También se cuentan por lo menos cuatro intentos de magnicidio a Chávez y alrededor de 250 agresiones a funcionarios gubernamentales. La suma de los chavistas asesinados entre 2002 y 2014 aterroriza: 357. Incluye los siete médicos cubanos asesinados o heridos y los 256 campesinos acribillados desde 2003.
Esa estadística macabra acerca a Venezuela a escenarios de violencia política aguda como el de Colombia, donde la burguesía impuso su paz social a balas, persecución y desplazamientos. Para ser precisos, sus promotores tienen el proyecto de convertir al país en algo similar a lo que estamos presenciando desde un año atrás en Siria, o hace tres meses en Ucrania. Venezuela se enfrenta al riesgo de una guerra civil provocada, dirigida y financiada por grupos de poder de EE.UU., por gobiernos de la derecha latinoamericana, usando para ello a sectores de la oposición venezolana que se han desprendido para actuar como la caballería, la vanguardia necesaria que actúa en nombre de todos los capitalistas.
Hay otros muertos con otros responsables, que sin embargo, no definen al gobierno ni al sistema político. Se trata de cinco obreros caídos en medio de una huelga por acción policial bajo órdenes de un gobernador bolivariano corrupto en una ciudad del interior, y tres más que cayeron en el Estado de Aragua, ubicado en el centro-norte del país, en medio de una disputa entre sindicalistas clasistas y un grupo de la burocracia gremial oficialista.
Lo que define al proceso bolivariano es el ataque permanente de Washington y las burguesías latinoamericanas para derrocarlo. En ese escenario de tensiones constantes, el gobierno y la dirección política del chavismo se debate entre políticas duales que en muchos casos han sido acertadas, pero en otras ha convertido los crímenes en casos policiales, incluso aislados, donde el proyecto revolucionario contenido en el Programa de la Patria y el Golpe de Timón se subordina al incidente. En ese tratamiento policial del incidente se disuelve la fuerza social que debe sostener la defensa de las conquistas del proceso revolucionario y hacerlo avanzar.
El mapa de la muerte. Pero estas dos víctimas resonantes del sicariato político opositor en el país no aparecieron en el escenario como si fueran sucesos policiales, y menos como caprichos de la revancha derechista. Otaiza y el miembro de la seguridad de Maduro son apenas dos síntomas escandalosos del drama nacional en curso.
Entre febrero y mayo, una parte de la oposición protagonizó una “revuelta de ricos”, como tituló con buen tino periodístico el corresponsal de The Guardian, sorprendido por el atuendo personal y los autos lujosos de las personas que vio en las marchas y en las barricadas. De esa revuelta resultaron 48 muertos, de los cuales solo 15 son opositores.
A lo sorprendente en términos humanos de esta estadística, se suma una sorpresa más desconcertante. Estas dos cifras de muertos se invierten en las cabezas de gente desinformada –la mayoría–, que se orienta por las informaciones editadas cuidadosamente en las cadenas televisivas y diarios dominantes y por periodistas sin escrúpulo como Jorge Lanata, o diputados asociados a los opositores venezolanos, como Federico Pinedo.
Entre el día 12 de febrero y el día 28 de marzo, cadenas como NTN24, de Colombia, CNN, y diarios como El País yABC, de España, Miami Herald, El Nacional de Caracas y Clarín, de Buenos Aires, ubicaron dentro del acontecimiento venezolano 21 imágenes fotográficas de alta violencia, pero ocurridas en otros países. Las copiaban de las “redes sociales” desde fuentes armadas en territorio venezolano y colombiano. Una de las principales agencias de esa información falsa fue la empresa de medios de J. J. Rendón, ex asesor de Juan Manuel Santos y Uribe Vélez, uno de los más destacados conspiradores venezolanos en el exterior (vive en Miami desde 2006).
Con esas imágenes de muerte y violencia construyeron informes periodísticos falsos. En cada una de ellas aparecían jóvenes o mujeres golpeadas por agentes de seguridad. Esas fotografías o filmaciones de video fueron usadas por los editores para titular informes en los que afirmaban que “el gobierno dispara y tortura a la sociedad civil y estudiantes opositores”, como dijeron la CNN y el Miami Herald y replicaron los otros medios.
Con esa falsificación a gran escala lograron dos cosas. Convencer a medio planeta de que en Venezuela existe una dictadura asesina y al mismo tiempo, invertir los hechos de la realidad: mucha gente quedó convencida de que los muertos son todos opositores. “Jóvenes estudiantes indefensos que salen desarmados a las calles para reclamar por sus derechos democráticos contra un gobierno despótico que les dispara a mansalva”, así relató el conductor Jorge Lanata en uno de sus programas, quizás una proyección psíquica para satisfacer un deseo profundo.
Esta estafa informativa deliberada se convierte en grosería periodística cuando hurgamos en la realidad. Resulta que de los 15 caídos de la oposición solo 5 son de responsabilidad gubernamental y apenas 3 por acción de la militancia chavista.
En términos de responsabilidad política, todos los muertos, incluidos los de gente opositora, fueron causados por la “revuelta de ricos” comenzada en febrero sin fin previsto. El día miércoles 7 de mayo, dos meses y medio después, aún continuaban los actos violentos de los grupos opositores. Hay señales de otra revuelta para junio, amparados en el Mundial de Fútbol.
A diferencia de los dirigentes de la oposición venezolana y sus socios periodísticos y parlamentarios en el exterior, el gobierno se hizo responsable por las acciones de sus miembros. Destituyó al jefe policial que desobedeció la orden presidencial de no disparar el 12 de febrero y mantiene a una decena de guardias nacionales procesados judicialmente, en algunos casos por ejercer actos de violencia personal.
Las otras siete personas de la oposición, cayeron por efecto de sus propias acciones, dentro de las barricadas o en accidentes individuales en acciones violentas. La Fiscalía llamó a este tipo de casos “muerte indirecta”, porque no hubo intencionalidad. Puede ser, pero en términos políticos, sí existe una causa identificada: las barricadas organizadas por ellos mismos como parte de una revuelta “de ricos”.
De esas acciones contra el gobierno resultaron muertos tres militantes opositores por sus propias manos: a uno le explotó un mortero que preparaba contra la Guardia Nacional, otro se electrocutó derribando una valla publicitaria para hacer una barricada y el tercero se cayó de una terraza en un barrio rico de Caracas, luego de disparar contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Así se desprende de estas cinco fuentes consultables en la web: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de colectivos La Araña Feminista, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, y el diario web Aporrea, que llevó el registro diario de las víctimas mortales.
El resto de los fallecidos por actos violentos se divide en dos tipos de personas: 15 vecinos y vecinas sin actividad política, que podrían ser contabilizadas como ni chavistas ni antichavistas. Los otros 18 caídos mortales eran chavistas o bolivarianos de tres tipos: 10 están registrados como miembros de los cuerpos de seguridad pública del Estado (Custodia Presidencial, GNB, PNB y el SEBIN), 1 era fiscal del Ministerio Público, el resto tenía actividad militante conocida con el PSUV o agrupaciones sociales bolivarianas. A estos dos últimos grupos pertenecieron Eliécer Otaiza y el guardaespaldas presidencial.
Entre febrero y mayo, una parte de la oposición protagonizó una “revuelta de ricos”, como tituló con buen tino periodístico el corresponsal de The Guardian, sorprendido por el atuendo personal y los autos lujosos de las personas que vio en las marchas y en las barricadas. De esa revuelta resultaron 48 muertos, de los cuales solo 15 son opositores.
A lo sorprendente en términos humanos de esta estadística, se suma una sorpresa más desconcertante. Estas dos cifras de muertos se invierten en las cabezas de gente desinformada –la mayoría–, que se orienta por las informaciones editadas cuidadosamente en las cadenas televisivas y diarios dominantes y por periodistas sin escrúpulo como Jorge Lanata, o diputados asociados a los opositores venezolanos, como Federico Pinedo.
Entre el día 12 de febrero y el día 28 de marzo, cadenas como NTN24, de Colombia, CNN, y diarios como El País yABC, de España, Miami Herald, El Nacional de Caracas y Clarín, de Buenos Aires, ubicaron dentro del acontecimiento venezolano 21 imágenes fotográficas de alta violencia, pero ocurridas en otros países. Las copiaban de las “redes sociales” desde fuentes armadas en territorio venezolano y colombiano. Una de las principales agencias de esa información falsa fue la empresa de medios de J. J. Rendón, ex asesor de Juan Manuel Santos y Uribe Vélez, uno de los más destacados conspiradores venezolanos en el exterior (vive en Miami desde 2006).
Con esas imágenes de muerte y violencia construyeron informes periodísticos falsos. En cada una de ellas aparecían jóvenes o mujeres golpeadas por agentes de seguridad. Esas fotografías o filmaciones de video fueron usadas por los editores para titular informes en los que afirmaban que “el gobierno dispara y tortura a la sociedad civil y estudiantes opositores”, como dijeron la CNN y el Miami Herald y replicaron los otros medios.
Con esa falsificación a gran escala lograron dos cosas. Convencer a medio planeta de que en Venezuela existe una dictadura asesina y al mismo tiempo, invertir los hechos de la realidad: mucha gente quedó convencida de que los muertos son todos opositores. “Jóvenes estudiantes indefensos que salen desarmados a las calles para reclamar por sus derechos democráticos contra un gobierno despótico que les dispara a mansalva”, así relató el conductor Jorge Lanata en uno de sus programas, quizás una proyección psíquica para satisfacer un deseo profundo.
Esta estafa informativa deliberada se convierte en grosería periodística cuando hurgamos en la realidad. Resulta que de los 15 caídos de la oposición solo 5 son de responsabilidad gubernamental y apenas 3 por acción de la militancia chavista.
En términos de responsabilidad política, todos los muertos, incluidos los de gente opositora, fueron causados por la “revuelta de ricos” comenzada en febrero sin fin previsto. El día miércoles 7 de mayo, dos meses y medio después, aún continuaban los actos violentos de los grupos opositores. Hay señales de otra revuelta para junio, amparados en el Mundial de Fútbol.
A diferencia de los dirigentes de la oposición venezolana y sus socios periodísticos y parlamentarios en el exterior, el gobierno se hizo responsable por las acciones de sus miembros. Destituyó al jefe policial que desobedeció la orden presidencial de no disparar el 12 de febrero y mantiene a una decena de guardias nacionales procesados judicialmente, en algunos casos por ejercer actos de violencia personal.
Las otras siete personas de la oposición, cayeron por efecto de sus propias acciones, dentro de las barricadas o en accidentes individuales en acciones violentas. La Fiscalía llamó a este tipo de casos “muerte indirecta”, porque no hubo intencionalidad. Puede ser, pero en términos políticos, sí existe una causa identificada: las barricadas organizadas por ellos mismos como parte de una revuelta “de ricos”.
De esas acciones contra el gobierno resultaron muertos tres militantes opositores por sus propias manos: a uno le explotó un mortero que preparaba contra la Guardia Nacional, otro se electrocutó derribando una valla publicitaria para hacer una barricada y el tercero se cayó de una terraza en un barrio rico de Caracas, luego de disparar contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Así se desprende de estas cinco fuentes consultables en la web: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de colectivos La Araña Feminista, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, y el diario web Aporrea, que llevó el registro diario de las víctimas mortales.
El resto de los fallecidos por actos violentos se divide en dos tipos de personas: 15 vecinos y vecinas sin actividad política, que podrían ser contabilizadas como ni chavistas ni antichavistas. Los otros 18 caídos mortales eran chavistas o bolivarianos de tres tipos: 10 están registrados como miembros de los cuerpos de seguridad pública del Estado (Custodia Presidencial, GNB, PNB y el SEBIN), 1 era fiscal del Ministerio Público, el resto tenía actividad militante conocida con el PSUV o agrupaciones sociales bolivarianas. A estos dos últimos grupos pertenecieron Eliécer Otaiza y el guardaespaldas presidencial.
Al fascismo no se le discute. La periodista radial y militante bolivariana Hindu Anderi se preguntaba en un artículo de opinión reciente: “¿Después de Otaiza quién sigue?” (Aporrea, 5 de mayo 2014). El aparente tremendismo de la expresión puede confundir a quienes creen, a veces con ingenuidad, que la política, en su dimensión más histórica, se reduce a una cuestión de poder, de relaciones de fuerza o, peor, de hechos consumados a los que hay que adaptarse.
La respuesta a la inquietante cuestión planteada por Anderi nos devela las complejas dimensiones del acontecimiento venezolano.
La dimensión mediática nos muestra que mientras no se modifique la cultura dominante, ellos tendrán ganada esa batalla, porque el mensaje elaborado en los medios encontrará en “la gente” el sentido común que necesita para convertir en verdad hasta la mentira más grosera. Por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, que no hay libertad de prensa y que los muertos son inocentes estudiantes opositores.
En cambio, la dimensión político-militar no está en las manos de ellos. La defensa del proceso bolivariano dependerá de que tenga, como comprensión rectora, que “al fascismo no se le discute, se le destruye”, como gritaba Buenaventura Durruti durante la Guerra Civil Española, contra los republicanos, socialistas y comunistas moderados de la República.
Matar altos funcionarios, custodios presidenciales o agentes de la Guardia Nacional Bolivariana es un acto límite en cualquier enfrentamiento político, en este caso entre chavismo y antichavismo. Allí nace la justificable duda de la periodista venezolana Hindu.
En términos más amplios, también es un acto límite en la conducta humana, matar ciudadanos desarmados por diferencias de opinión o llevar una remera roja del chavismo o un tatuaje del rostro de Chávez en el brazo. Los opositores venezolanos han atravesado esos límites humanos. Atravesaron alambres en las calles para degollar, incendiaron 11 planteles universitarios, estaciones de subte, rociaron con gasolina a guardias nacionales y les tiraron yesqueros encendidos, envenenaron un depósito de agua potable en Mérida. Llegaron al extremo de comenzar a quemar un preescolar estatal con 75 niños y sus maestras adentro.
Estas fronteras humanas en la lucha política solo son traspasadas cuando una de las partes se convenció de hacer la guerra a la otra. En ese punto nace lo que desde 1921 se conoce como fascismo, que en la definición del primero que la estudió en el terreno europeo “es la decisión de la burguesía de actuar con métodos de guerra civil contra las fuerzas del proletariado y sus partidos” (La lucha contra el fascismo en Alemania, L. Trotsky, Edic. Pluma, pp. 56).
En la Venezuela bolivariana ha brotado el sujeto fascista, un bicho casi desconocido en su historia política contemporánea. Al revés de Argentina, Brasil, El Salvador o Chile, brotó en febrero de este año, aunque las puntas de sus pezuñas fueron vistas varias veces desde abril de 2002.
No es necesaria la existencia de un “proletariado” o de fuertes partidos marxistas o anarquistas, como los de aquellas décadas iniciales. El chavismo y su poderoso movimiento social les huelen a lo mismo, aunque no lo sean, porque enfrentan a enemigos similares. El fascismo contemporáneo mutó y se adaptó al tipo de enemigos “nacionales” y “plebeyos”, que debe enfrentar en países como los nuestros.
Para comprender su aparición este año y no antes, debe recordarse que la actual generación de jóvenes pertenecientes a familias ricas y medias altas fue amamantada en los últimos 14 años por una sola mamadera: odio al chavismo, como si fuera el mismísimo Lucifer rojo.
En esta década y media de cinco gobiernos continuos del líder bolivariano y su continuador, Nicolás Maduro, la derecha venezolana ha sufrido la mayor cantidad de derrotas que derecha alguna haya registrado en este planeta. 17 sobre 18 procesos de votación de escala nacional. Perdió el control del dispositivo de la renta petrolera y el gobierno que la mantenía encarnada oficialmente en el modo de vida norteamericano, sus valores, finanzas, empresas y cultura. La cultura dominante en Venezuela no depende solo la de la clase dominante. Está en fuerte y permanente disputa con una cultura de izquierda inspirada en el ideario socialista del siglo XXI. Sus calles, simbología gubernamental, discursos, medios oficiales y comunitarios y su movimiento social bolivariano son muestra de ello.
Esta breve suma es suficiente para producir horror entre los privilegiados, no solo de Venezuela.
Los componentes activos de este sujeto fascista son los estudiantes de las universidades privadas y privatizadas. También algunos desprendimientos lúmpenes de la clase pobre de los barrios marginales de Caracas y de dos o tres ciudades grandes. Sus operadores en el terreno son grupos de paramilitares asociados y financiados por la Fundación Internacionalismo para la Democracia, dirigida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. También cuentan con apoyo táctico de grupos neonazis llegados de Europa como la conocida Otpor, la que junto a otras ONG como la NED, Canvas, AEI y Freedom House, orientan, organizan y arman con tácticas y métodos diversos, a más de 2 mil estudiantes entrenados militarmente en Miami y Colombia en técnicas de guerra (civil) “de baja intensidad”.
El informe oficial presentado el pasado 2 de mayo por el ministro del Interior de Venezuela, Rodríguez Torres, es, además de pormenorizado, suficientemente basado en datos, fuentes, testimonios y documentación obtenida por el gobierno bolivariano (Ver: “30 claves del plan insurreccional contra Venezuela”, poderenlared.com del 5 de mayo 2014).
El carácter de este sujeto social nuevo obliga a repensar todo lo que enfrentaron la “revolución bolivariana” y su gobierno hasta ahora. Especialmente la estrategia de defensa, por aquello que aconsejaba Durruti, entre otros que sufrieron el tiempo del fascismo europeo. Si el fascismo no es destruido, la “revolución bolivariana” se encaminará inexorablemente hacia una derrota como la guatemalteca de 1954, la argentina de 1955, la brasileña de 1964, la chilena de 1973, la peruana de 1975, la boliviana de 1977, o la salvadoreña de 1982. El otro camino es igual de peligroso aunque sea distinto, porque se basa en la ilusión de que una “oposición democrática” enfrentará a otra que no lo es.
Quién mata y quién muere en Venezuela no es una crónica periodística o una estadística social. Para que no se convierta en un registro pervertido, grotesco, del desastre humano en marcha, debe ser parado “antes de que sea tarde”, como le advirtió al presidente Maduro el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, José Guillén Araque, el 12 de febrero, “muerto de un balazo en la frente el 17 de marzo mientras trataba de impedir una barricada” (L. Bracci,Alba Ciudad, 15/4/14).
La frase la dio a conocer el propio presidente en el velatorio el 18 de ese mes, sin embargo su contenido lo trasciende hasta la necesidad de un programa social, político y militar: impedir que el fascismo venezolano se convierta en temprano.
La respuesta a la inquietante cuestión planteada por Anderi nos devela las complejas dimensiones del acontecimiento venezolano.
La dimensión mediática nos muestra que mientras no se modifique la cultura dominante, ellos tendrán ganada esa batalla, porque el mensaje elaborado en los medios encontrará en “la gente” el sentido común que necesita para convertir en verdad hasta la mentira más grosera. Por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, que no hay libertad de prensa y que los muertos son inocentes estudiantes opositores.
En cambio, la dimensión político-militar no está en las manos de ellos. La defensa del proceso bolivariano dependerá de que tenga, como comprensión rectora, que “al fascismo no se le discute, se le destruye”, como gritaba Buenaventura Durruti durante la Guerra Civil Española, contra los republicanos, socialistas y comunistas moderados de la República.
Matar altos funcionarios, custodios presidenciales o agentes de la Guardia Nacional Bolivariana es un acto límite en cualquier enfrentamiento político, en este caso entre chavismo y antichavismo. Allí nace la justificable duda de la periodista venezolana Hindu.
En términos más amplios, también es un acto límite en la conducta humana, matar ciudadanos desarmados por diferencias de opinión o llevar una remera roja del chavismo o un tatuaje del rostro de Chávez en el brazo. Los opositores venezolanos han atravesado esos límites humanos. Atravesaron alambres en las calles para degollar, incendiaron 11 planteles universitarios, estaciones de subte, rociaron con gasolina a guardias nacionales y les tiraron yesqueros encendidos, envenenaron un depósito de agua potable en Mérida. Llegaron al extremo de comenzar a quemar un preescolar estatal con 75 niños y sus maestras adentro.
Estas fronteras humanas en la lucha política solo son traspasadas cuando una de las partes se convenció de hacer la guerra a la otra. En ese punto nace lo que desde 1921 se conoce como fascismo, que en la definición del primero que la estudió en el terreno europeo “es la decisión de la burguesía de actuar con métodos de guerra civil contra las fuerzas del proletariado y sus partidos” (La lucha contra el fascismo en Alemania, L. Trotsky, Edic. Pluma, pp. 56).
En la Venezuela bolivariana ha brotado el sujeto fascista, un bicho casi desconocido en su historia política contemporánea. Al revés de Argentina, Brasil, El Salvador o Chile, brotó en febrero de este año, aunque las puntas de sus pezuñas fueron vistas varias veces desde abril de 2002.
No es necesaria la existencia de un “proletariado” o de fuertes partidos marxistas o anarquistas, como los de aquellas décadas iniciales. El chavismo y su poderoso movimiento social les huelen a lo mismo, aunque no lo sean, porque enfrentan a enemigos similares. El fascismo contemporáneo mutó y se adaptó al tipo de enemigos “nacionales” y “plebeyos”, que debe enfrentar en países como los nuestros.
Para comprender su aparición este año y no antes, debe recordarse que la actual generación de jóvenes pertenecientes a familias ricas y medias altas fue amamantada en los últimos 14 años por una sola mamadera: odio al chavismo, como si fuera el mismísimo Lucifer rojo.
En esta década y media de cinco gobiernos continuos del líder bolivariano y su continuador, Nicolás Maduro, la derecha venezolana ha sufrido la mayor cantidad de derrotas que derecha alguna haya registrado en este planeta. 17 sobre 18 procesos de votación de escala nacional. Perdió el control del dispositivo de la renta petrolera y el gobierno que la mantenía encarnada oficialmente en el modo de vida norteamericano, sus valores, finanzas, empresas y cultura. La cultura dominante en Venezuela no depende solo la de la clase dominante. Está en fuerte y permanente disputa con una cultura de izquierda inspirada en el ideario socialista del siglo XXI. Sus calles, simbología gubernamental, discursos, medios oficiales y comunitarios y su movimiento social bolivariano son muestra de ello.
Esta breve suma es suficiente para producir horror entre los privilegiados, no solo de Venezuela.
Los componentes activos de este sujeto fascista son los estudiantes de las universidades privadas y privatizadas. También algunos desprendimientos lúmpenes de la clase pobre de los barrios marginales de Caracas y de dos o tres ciudades grandes. Sus operadores en el terreno son grupos de paramilitares asociados y financiados por la Fundación Internacionalismo para la Democracia, dirigida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. También cuentan con apoyo táctico de grupos neonazis llegados de Europa como la conocida Otpor, la que junto a otras ONG como la NED, Canvas, AEI y Freedom House, orientan, organizan y arman con tácticas y métodos diversos, a más de 2 mil estudiantes entrenados militarmente en Miami y Colombia en técnicas de guerra (civil) “de baja intensidad”.
El informe oficial presentado el pasado 2 de mayo por el ministro del Interior de Venezuela, Rodríguez Torres, es, además de pormenorizado, suficientemente basado en datos, fuentes, testimonios y documentación obtenida por el gobierno bolivariano (Ver: “30 claves del plan insurreccional contra Venezuela”, poderenlared.com del 5 de mayo 2014).
El carácter de este sujeto social nuevo obliga a repensar todo lo que enfrentaron la “revolución bolivariana” y su gobierno hasta ahora. Especialmente la estrategia de defensa, por aquello que aconsejaba Durruti, entre otros que sufrieron el tiempo del fascismo europeo. Si el fascismo no es destruido, la “revolución bolivariana” se encaminará inexorablemente hacia una derrota como la guatemalteca de 1954, la argentina de 1955, la brasileña de 1964, la chilena de 1973, la peruana de 1975, la boliviana de 1977, o la salvadoreña de 1982. El otro camino es igual de peligroso aunque sea distinto, porque se basa en la ilusión de que una “oposición democrática” enfrentará a otra que no lo es.
Quién mata y quién muere en Venezuela no es una crónica periodística o una estadística social. Para que no se convierta en un registro pervertido, grotesco, del desastre humano en marcha, debe ser parado “antes de que sea tarde”, como le advirtió al presidente Maduro el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, José Guillén Araque, el 12 de febrero, “muerto de un balazo en la frente el 17 de marzo mientras trataba de impedir una barricada” (L. Bracci,Alba Ciudad, 15/4/14).
La frase la dio a conocer el propio presidente en el velatorio el 18 de ese mes, sin embargo su contenido lo trasciende hasta la necesidad de un programa social, político y militar: impedir que el fascismo venezolano se convierta en temprano.
MIRADAS AL SUR
¿Las FARC cuelgan los fusiles?
La guerrilla política más antigua de Latinoamérica anunció que su reconversión como partido político tiene nombre y apellido: Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Además, el presidente Santos aseguró que el fin del conflicto armado se firmará este año. Sin embargo, el uribismo pretende boicotear el acuerdo.
El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se tiran flores en las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana. El jefe de Estado, ávido por instalar títulos en los medios a dos semanas de los comicios presidenciales, perjura que el fin del conflicto armado más antaño de Latinoamérica será rubricado antes de que concluya el año. Los comandantes insurgentes Iván Márquez y Jesús Santrich ya no fruncen el ceño ante la prensa internacional cuando dan su versión de los hechos sobre el avance del diálogo en la capital cubana y, extrañamente distendidos, aseguran que el clima de entendimiento con el Palacio Nariño se “desarrolla en un buen ambiente, diríamos que inmejorable”. ¿Las FARC cuelgan los fusiles? ¿Los herederos de Tirofijo, el último foco guerrillero vivo en una región donde el poder se disputa desde hace décadas en las urnas y ya no en los meandros de la selva, abandonan la trinchera para abrazar el laberíntico juego parlamentario? ¿Alias Timochenko, actual número uno de las FARC, comenzará a contratar coachs media para suavizar y edulcorar sus declaraciones cuando comience a visitar los sets televisivos? El camino de la guerra popular y prolonga a la participación política democrática por parte del movimiento rebelde colombiano no se cristalizará, por supuesto, de forma automática. Pero, sí, evidentemente, la metamorfosis definitiva de las FARC –cuyo grado cero comenzó con el inicio del diálogo en La Habana– está más pronto que cerca. Por ese motivo, la cúpula guerrillera se apresuró a comunicar unos días atrás que, en caso de acelerarse el consenso en la agenda de seis puntos negociados con los delegados de Santos, ya tienen nombre y apellido pensado para debutar como partido en las futuras elecciones. “Aquí está el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, dispuesto a, si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes”, bramaron Márquez y Santrich al termino de una nueva reunión desarrollada en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El primer mandatario Juan Manuel Santos decidió, unos años atrás, dar dos pasos trascendentales en forma simultánea. El objetivo de ir por su reelección presidencial y el convencimiento de sentarse a negociar con la guerrilla fueron, de alguna manera, emprendimientos siameses. Uno no podía vivir sin el otro. Santos percibía que no había logrado enamorar a la sociedad colombiana. También leyó que su distanciamiento político con su ex padrino Álvaro Uribe no le otorgaba un nuevo carné de pertenencia para codearse con los sectores progresistas. El ex director del diario bogotano El Tiempo concluyó que podría pasar a la historia si lograba la desmovilización definitiva de una guerrilla que ha sobrevivido a medio siglo de guerra interna contra las tropas regulares más financiadas y tuteladas por el Comando Sur norteamericano al sur del Río Bravo. Por ese motivo, luego de las declaraciones optimistas de las FARC, Santos volvió a reconectar su campaña presidencial con el proceso de diálogo de La Habana. En diálogo con la agencia EFE, el jefe de Estado insistió en advertir que la paz colombiana está cerca de renacer en la tierra de Gabriel García Márquez: “Es un proceso complejo, lleno de enemigos, de contradicciones. Yo sabía, desde el principio, que esto me iba a costar políticamente. Pero, insisto, las condiciones están dadas para ponerle fin a la guerra. El país no puede volver a otros 50 años de enfrentamiento. Eso las FARC lo entienden, hay voluntad por parte de ellos, por eso espero que a lo largo de este año podamos terminar este proceso tan complejo e importante”. Del otro lado del mostrador, los comandantes Márquez y Santrich fueron un poco más fríos y crípticos a la hora de contestar a un portal electrónico amigo de la guerrilla si estaban dispuestos a entregar las armas: “Lo que está planteado en el acuerdo general de La Habana es la posibilidad de llegar a un escenario, no de entrega sino de dejación de las armas, lo cual para nosotros significa en términos concretos que, tras una larga tregua que permita observar la implementación de lo pactado, en un ambiente de verdadera democracia, el uso de las armas se haga innecesario”.
Sin embargo, la supuesta reconversión partidaria de las FARC tiene dos grandes condicionamientos. Uno proviene de la historia cercana del país. En ese sentido, la anterior experiencia pacifista y prodemocrática de la guerrilla tuvo un final sangriento porque el ejército y los paramilitares acribillaron a tiros a la Unión Patriótica, el sello político fundado por Tirofijo en los ochenta para ensayar un camino de pelea que no incluía los clásicos Kalashnikov. Los otros nubarrones son más cercanos en el tiempo. Concretamente, según advierten medios informativos como la página La Silla Vacía, un sector de las Fuerzas Armadas y el neouribismo, que lleva como candidato al ascendente Oscar Iván Zuluaga, están haciendo lo posible para torpedear un escenario donde los planes de militarización del territorio ya no serían el vértice de la agenda gubernamental.
Recapitulando, en 1986, la Unión Patriótica (UP) participó en las elecciones con un éxito sorprendente. El brazo político de la guerrilla consiguió la representación de 350 concejales, 23 diputados, 13 intendentes, 9 miembros del Parlamento y 6 senadores. Durante el mismo período, los militares preocupados por esta situación comenzaron a socavar el proceso de paz abierto por el presidente Belisario Betancourt con la intensificación de la guerra sucia contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la UP. “El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz. Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancourt y de sus métodos de negociación de cese al fuego con las FARC-EP” contextualizan Igor Ampuero y James Brittain en el libro La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia.
Pero, la conspiración doméstica contra el proceso de diálogo colombiano no es sólo un capítulo más de los manuales de Historia. Sectores de la elite local, los hacendados preocupados por la democratización de la tierra, uniformados mimados por la doctrina y el dólar del Pentágono, y los caciques territoriales que prefieren la Colombia de Álvaro Uribe por sobre la Bogotá de Santos, las dos igual abiertas al libre mercado pero claramente diferenciadas en el diálogo con los movimientos sociales, no estarían muy contentos si, al momento de entrar al cuarto oscuro, se encuentran con la boleta del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. “Durante los pasados meses, un viejo fantasma de la política colombiana ha resucitado: la insubordinación militar al poder civil. Las sospechas de ruido de sables han estado asociadas al proceso de paz con la guerrilla. Aunque los temores son pocas veces explicitados de forma abierta, la teoría de la conspiración va como sigue: las Fuerzas Militares o al menos un sector de su cúpula estarían en contra de las conversaciones con las FARC y habrían optado por actuar de forma clandestina para torpedear las esperanzas de paz del país. De este modo, si las conversaciones naufragan, algunos ya tienen decidido por anticipado que la responsabilidad debe recaer sobre los militares”, detalla el columnista Román Ortiz en el portal La Silla Vacía. En simultáneo, el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga advirtió esta semana al diario madrileño El País que “las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y la principal organización terrorista de Colombia. En caso de llegar a ser presidente lo primero que haría sería suspender los diálogos para imponer como condición a esa guerrilla que cese toda acción terrorista. Y les daría una semana para que decidan si quieren continuar la negociación con esa condición”. Por lo pronto, dado el tenor de las declaraciones de guerra escuchadas, el comandante Timochenko, seguramente, ordenó a los cuadros medios de la organización que escondan los fusiles en un lugar bien seguro.
El primer mandatario Juan Manuel Santos decidió, unos años atrás, dar dos pasos trascendentales en forma simultánea. El objetivo de ir por su reelección presidencial y el convencimiento de sentarse a negociar con la guerrilla fueron, de alguna manera, emprendimientos siameses. Uno no podía vivir sin el otro. Santos percibía que no había logrado enamorar a la sociedad colombiana. También leyó que su distanciamiento político con su ex padrino Álvaro Uribe no le otorgaba un nuevo carné de pertenencia para codearse con los sectores progresistas. El ex director del diario bogotano El Tiempo concluyó que podría pasar a la historia si lograba la desmovilización definitiva de una guerrilla que ha sobrevivido a medio siglo de guerra interna contra las tropas regulares más financiadas y tuteladas por el Comando Sur norteamericano al sur del Río Bravo. Por ese motivo, luego de las declaraciones optimistas de las FARC, Santos volvió a reconectar su campaña presidencial con el proceso de diálogo de La Habana. En diálogo con la agencia EFE, el jefe de Estado insistió en advertir que la paz colombiana está cerca de renacer en la tierra de Gabriel García Márquez: “Es un proceso complejo, lleno de enemigos, de contradicciones. Yo sabía, desde el principio, que esto me iba a costar políticamente. Pero, insisto, las condiciones están dadas para ponerle fin a la guerra. El país no puede volver a otros 50 años de enfrentamiento. Eso las FARC lo entienden, hay voluntad por parte de ellos, por eso espero que a lo largo de este año podamos terminar este proceso tan complejo e importante”. Del otro lado del mostrador, los comandantes Márquez y Santrich fueron un poco más fríos y crípticos a la hora de contestar a un portal electrónico amigo de la guerrilla si estaban dispuestos a entregar las armas: “Lo que está planteado en el acuerdo general de La Habana es la posibilidad de llegar a un escenario, no de entrega sino de dejación de las armas, lo cual para nosotros significa en términos concretos que, tras una larga tregua que permita observar la implementación de lo pactado, en un ambiente de verdadera democracia, el uso de las armas se haga innecesario”.
Sin embargo, la supuesta reconversión partidaria de las FARC tiene dos grandes condicionamientos. Uno proviene de la historia cercana del país. En ese sentido, la anterior experiencia pacifista y prodemocrática de la guerrilla tuvo un final sangriento porque el ejército y los paramilitares acribillaron a tiros a la Unión Patriótica, el sello político fundado por Tirofijo en los ochenta para ensayar un camino de pelea que no incluía los clásicos Kalashnikov. Los otros nubarrones son más cercanos en el tiempo. Concretamente, según advierten medios informativos como la página La Silla Vacía, un sector de las Fuerzas Armadas y el neouribismo, que lleva como candidato al ascendente Oscar Iván Zuluaga, están haciendo lo posible para torpedear un escenario donde los planes de militarización del territorio ya no serían el vértice de la agenda gubernamental.
Recapitulando, en 1986, la Unión Patriótica (UP) participó en las elecciones con un éxito sorprendente. El brazo político de la guerrilla consiguió la representación de 350 concejales, 23 diputados, 13 intendentes, 9 miembros del Parlamento y 6 senadores. Durante el mismo período, los militares preocupados por esta situación comenzaron a socavar el proceso de paz abierto por el presidente Belisario Betancourt con la intensificación de la guerra sucia contra los que se sospechaba que eran izquierdistas, especialmente contra los miembros de la UP. “El resultado fue la numerosa cantidad de senadores, diputados, concejales, intendentes y 5 mil de sus militantes asesinados, y el abandono del proceso por la paz. Resulta importante destacar que la administración de Reagan, que gobernaba en el momento de estos asesinatos, estaba fuertemente en contra del gobierno de Betancourt y de sus métodos de negociación de cese al fuego con las FARC-EP” contextualizan Igor Ampuero y James Brittain en el libro La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia.
Pero, la conspiración doméstica contra el proceso de diálogo colombiano no es sólo un capítulo más de los manuales de Historia. Sectores de la elite local, los hacendados preocupados por la democratización de la tierra, uniformados mimados por la doctrina y el dólar del Pentágono, y los caciques territoriales que prefieren la Colombia de Álvaro Uribe por sobre la Bogotá de Santos, las dos igual abiertas al libre mercado pero claramente diferenciadas en el diálogo con los movimientos sociales, no estarían muy contentos si, al momento de entrar al cuarto oscuro, se encuentran con la boleta del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. “Durante los pasados meses, un viejo fantasma de la política colombiana ha resucitado: la insubordinación militar al poder civil. Las sospechas de ruido de sables han estado asociadas al proceso de paz con la guerrilla. Aunque los temores son pocas veces explicitados de forma abierta, la teoría de la conspiración va como sigue: las Fuerzas Militares o al menos un sector de su cúpula estarían en contra de las conversaciones con las FARC y habrían optado por actuar de forma clandestina para torpedear las esperanzas de paz del país. De este modo, si las conversaciones naufragan, algunos ya tienen decidido por anticipado que la responsabilidad debe recaer sobre los militares”, detalla el columnista Román Ortiz en el portal La Silla Vacía. En simultáneo, el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga advirtió esta semana al diario madrileño El País que “las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y la principal organización terrorista de Colombia. En caso de llegar a ser presidente lo primero que haría sería suspender los diálogos para imponer como condición a esa guerrilla que cese toda acción terrorista. Y les daría una semana para que decidan si quieren continuar la negociación con esa condición”. Por lo pronto, dado el tenor de las declaraciones de guerra escuchadas, el comandante Timochenko, seguramente, ordenó a los cuadros medios de la organización que escondan los fusiles en un lugar bien seguro.
MIRADAS AL SUR
domingo, 11 de mayo de 2014
inicio > el fanático del papa francisco ESTEREOTIPOS 06 ABRIL 2014 El fanático del Papa Francisco Ni a Palos
Intentó volver a misa.
Duró 15 minutos.
Le dice “la orga” a la Iglesia.
Es el progre antiprogre.
Escondió su ejemplar de El silencio de Verbitsky atrás de la biblioteca.
Repuso una Biblia con hojas arrancadas para fumar, de sus épocas de pecador.
Le dice Su Santidad.
Cuando Benedicto declaraba en contra del matrimonio gay decía que era un facho.
Cuando lo dice Francisco dice: “Y qué querés, tiene que laburar de Papa”.
Por supuesto ese argumento no califica, luego, para el resto de los presidentes del mundo, gremialistas u otros dirigentes.
Muere por una foto en el corralito con Francisco.
Tiene imanes con la foto de Francisco en la heladera.
Es el que dice mucho la palabra “rosca” y “derpo”.
Ahora las mezcló con lo eclesial y dice “derpo papal” o “rosca vaticana”.
Se vio Los Borgias de un saque, su sentencia es que “alta rosca vaticana en la orga”.
Si es peronista dice: “metimos uno en el Vaticano, papá”
Si no lo es dice: “de chicos todos nos mandamos cagadas”
Se hizo socio de San Lorenzo.
Esta convencido de que durante su papado San Lorenzo ganara la Libertadores.
Se bajó por internet la encíclica papal “Evangeli Gaudium”.
Antes no sabia que existían las encíclicas papales.
Se compró la Rolling Stone con la tapa de Francisco.
Piensa que Francisco va a decir “todo bien con el porro”.
Ahora piensa que Flores es un barrio de culto.
Entró a la Catedral, por la que paso mil veces y nunca se le ocurrió entrar.
No quiere morirse sin conocer Roma.
Cuando habla con su gente sobre la elección del Papa dice “siempre le tuve fe”.
Piensa que cualquier mensaje del Papa está dirigido a la Argentina,
Comenzó a ejercitar para peregrinar a Luján.
Ahora se jacta con todos de sus “tres largos días como boy scout”.
Obviamente lo sigue por Twitter.
Buscó un rosario que le regalaron en la comunión y lo colgó en la cama.
Con la excusa de la austeridad jamás gasta un peso.
Usa camisa y pantalón de vestir siempre.
Usa cremas anti-edad.
Se la rebusca para nombrarlo en todas las charlas.
Toma te.
Cada vez que se despide dice “recen por mí”
Por Jimena Segura Por su alta productividad laboral China será la principal economía del mundo a fines de 2014
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Tiempo Argentino
Tiempo Argentino
El Banco Mundial (BM) publicó la semana pasada los resultados de su Programa de Comparación Internacional de 2011 –el último había sido del 2005– por el que se coteja el tamaño real de las economías de los distintos países. Dentro de sus diversas conclusiones, el BM remarcó que Estados Unidos continúa siendo la economía más grande del mundo, pero seguida muy de cerca por China en términos del PBI medido por el PPA (Paridad del Poder Adquisitivo), con India en tercer lugar desplazando a Japón en la comparación realizada años atrás. Así, China habría pasado de representar el 43,1% del Producto Bruto Interno de los EEUU en 2005 al 86,9% en 2011. Esta escalada dio lugar a que muchos vaticinaran, sobre la base de cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional, que para fines de este 2014 China sería la principal potencia mundial, claro que esto acorde con esta metodología de cálculo.
PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO. La realidad es que cada método de comparación de actividad tiene sus pros y sus contras, por eso también es relevante entender qué es lo que esencialmente se quiere comparar. La clásica forma por la que se comparan los PBI de los países a través de los tipos de cambio que permite que en términos corrientes sean todos expresados bajo la misma moneda, puede reflejar el poder relativo de las economías a nivel internacional, pero no refleja la capacidad de compra local que esa masa monetaria significa, es decir la diferencia que puede ser determinante a la hora de querer comparar el nivel de vida especialmente si se lo calcula en relación a la población existente. Es decir, no tiene el mismo poder adquisitivo un dólar en los EEUU, que en China o en Afganistán.
El PBI calculado por la paridad adquisitiva justamente intenta emparentar estos niveles de consumo superando las diferencias de precios que existen para los productos de cada país. A la hora de hacerlo, sin embargo, es delicada la creación de la canasta de consumo utilizada como base de comparación. Por un lado, el problema es qué productos deben ser considerados a tal fin, donde por ejemplo no tiene sentido que pondere de la misma forma el café en China que en los EE UU como base del poder adquisitivo del dólar en una economía u otra. Por otro, si el producto a comparar es el mismo, habrá que ver si responde a los mismos parámetros de calidad que los haga realmente comparables.
De esta forma el informe del BM advierte que las comparaciones entre economías más similares serán entonces más precisas que aquellas que no lo son. "Por ejemplo –señala- la comparación China-India será más precisa que la de alguna de ellas con los EE UU". Por ello el propio documento señala que la Oficina Nacional de Estadísticas de China habría expresado sus reservas sobre algunos de los aspectos empleados en la metodología de cálculo utilizada y no estuvo de acuerdo con la publicación de los resultados referentes a China.
En diálogo con Tiempo Argentino, Ernesto Fernandez Taboada, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-China y Asia Pacífico, explicó que “la comparación de canastas de consumo es delicada. Con 200 dólares por mes un obrero chino come variado y se viste, porque la vestimenta es barata y la comida también, aunque su vestimenta será más sobria que la de un obrero en los EE UU o incluso que en la Argentina. Es probable también que si trabaja en una ciudad donde hay muchas fabricas, viva en una unidad chica, de monoblocks construidos por el Estado. Por eso es difícil hacer la comparación”.
SER POTENCIA. Es que el señalamiento de cuál es la potencia mundial, o cuál lo será en breve dado que aún este rol es incuestionadamente liderado por los EE UU, es un poco más profunda, y puede tener significancia comercial y política un tanto delicada especialmente en un contexto de desaceleración de la economía china y de una parca recuperación de los países de Europa y del propio EEUU luego de la crisis del 2008. Lo que es cierto es que el escenario mundial posterior a la crisis ubicó en otro lugar a los emergentes, especialmente a China e India, pero cuestiones tales como la capacidad de exportar capitales, la productividad del trabajo, la fortaleza de la moneda, el aparato militar, el poder financiero, deben ser abordadas de manera integral a la hora de establecer rankings de liderazgo mundial entre las naciones.
En un reciente estudio realizado por The Boston Consulting Group, se reveló que Brasil, China, Rusia, República Checa y Polonia vienen reduciendo desde el año 2004 sus ventajas comparativas en términos de costos industriales, básicamente por el alza de salarios y el aumento en costos energéticos, así como también por la apreciación de las monedas. La lectura de esta nueva realidad muestra que por un lado la relativa recuperación de los ingresos laborales en los países emergentes se enfrentó a los planes de ajuste en Europa y los EEUU, revelando que la crisis desatada en las principales economías del globo tuvo en parte esta misma funcionalidad, la de abaratar el costo local de su mano de obra. A partir de ello, diversos estudios señalan cómo varias compañías de origen estadounidense estarían repatriando parte de su actividad manufacturera.
En este sentido Taboada señaló que “China es un país con 1350 millones de habitantes donde su clase media alcanza nada más que los 300 millones, por lo que está lejos de definirse a sí mismo como potencia, sino más bien como un país emergente que llegó a una situación medianamente acomodada. Si bien se pronostica que la clase media china se va a duplicar hacia el año 2025, hay que tener en cuenta que el costo laboral en ese país creció mucho en los últimos años gracias a la contribución de aportes jubilatorios y descuentos laborales que mejoraron el estándar de vida pero a su vez implicó el traslado de manufacturas a países como Vietnam o Camboya. Además cuando uno habla de la producción china, cerca del 50% corresponde a empresas norteamericanas instaladas en ese país. Es decir fueron las grandes inversiones extranjeras las que motorizaron la industria del país asiático, sobre la base de disponer de un importante mercado doméstico pero también de ser un país con certidumbre y cultura del trabajo”.
“Por eso –agrega el especialista- en términos de inversión de capital en el extranjero, EE UU sigue siendo más grande que China. Es cierto que hasta hace poco tenía gran parte de sus reservas en bonos del Tesoro norteamericano que, en la medida que van venciendo de forma escalonada, se van transformando en inversiones en África, América Latina, EE UU y Canadá. A lo que se suma que especialmente en un contexto donde su mercado externo se vio reducido por la crisis en Europa, el gobierno chino está también apuntando a dinamizar la economía doméstica para proteger sus industrias. Es verdad que hay una sobredimensión de la actividad inmobiliaria, donde en muchos casos los edificios nuevos se encuentran vacíos como resultado de una desproporción entre la inversión inmobiliaria realizada y las posibilidades de la gente de comprar esas unidades. Así el gobierno comprendió que se había llegado a una saturación del mercado de la construcción, optando por derivar el dinero de los bancos hacia otro tipo de préstamos productivos o de incentivo al consumo. Y como parte de este plan, se incentiva a que la gente del campo se vaya a vivir a la ciudad, no sólo para alentar el consumo sino también como parte de la necesidad de transformar una producción agropecuaria que en China es muy deficiente.
Producir una tonelada de soja es más caro que importarla, porque las unidades de explotación de la tierra son muy chicas, donde cada familia posee menos que una hectárea. Si bien no quieren llegar a un latifundio, sí pretenden que las unidades de explotación sean más grandes lo que les permita utilizar maquinaria agrícola y aumentar la productividad de su trabajo”.
La dinámica de la economía mundial junto a las particularidades nacionales reconfigura permanentemente las características del esquema global de producción y comercio. Y en un escenario de aún lenta recuperación de la actividad mundial luego de la crisis 2008, la relevancia del peso relativo de las monedas, los flujos internacionales de capital, y, esencialmente, la productividad del trabajo, es la discusión real detrás de todo ranking de liderazgos elaborado por los propios organismos multilaterales de crédito.
Los emergentes ya son un tercio del PBI mundial
Del informe del BM se desprenden otros datos de relevancia:
• Las seis economías de ingreso mediano más grandes –China, India, Rusia, Brasil, Indonesia y México– representan el 32,3% del PBI mundial, mientras que las seis economías de ingreso alto más grandes –Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia– representan el 32,9 por ciento.
• Las 12 economías más grandes representan dos tercios de la economía global y el 59% de la población mundial.
• Las economías de ingreso mediano representan el 48% del PBI mundial si se utilizan las mediciones de PPA y el 32% si se usan los tipos de cambio.
• Como porcentaje del PBI mundial, las economías de ingreso bajo sólo representan el 1,5% de la economía mundial, pero casi el 11% de la población mundial.
• Aproximadamente el 28% de la población mundial vive en economías donde el gasto per cápita del PBI supera el promedio mundial de US$ 13.460, y el 72% se sitúa por debajo de ese promedio.
• La región de Asia y el Pacífico, con inclusión de China e India, representa el 30% del PBI mundial; América Latina, el 5,5% (sin incluir a México, que participa en la OCDE, ni a Argentina, que no participó en el PCI de 2011), y África y Asia occidental, alrededor del 4,5% cada una.
• Sudáfrica, Egipto y Nigeria representan la mitad de la economía africana.
• Las economías más caras en términos del PBI son Suiza, Noruega, Bermudas, Australia y Dinamarca. Estados Unidos ocupó el 25º lugar en el mundo, por debajo de la mayoría de las demás economías de ingreso alto, como Francia, Alemania, Japón y Reino Unido.
• Las economías más baratas son Egipto, Pakistán, Myanmar, Etiopía y República Democrática Popular Lao.
• Las cinco economías con mayor PBI per cápita son Qatar, la Región Administrativa Especial de Macao, Luxemburgo, Kuwait y Brunei. El PBI per cápita de las dos primeras supera los US$ 100 mil.
•Once economías tienen un PBI per cápita superior a US$50 mil, pero en conjunto representan menos del 0,6% de la población mundial. Estados Unidos ocupa el 12º lugar entre las economías de mayor PBI per cápita.
•Las cinco economías con mayor consumo individual efectivo per cápita son Bermudas, Estados Unidos, Islas Caimán, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y Luxemburgo.
•En promedio, el consumo individual efectivo per cápita a nivel mundial es de aproximadamente US$8647.
Piden indagatoria de la jueza acusada de ser testaferro de un narcotraficante
María Gabriela Lanz está sospechada de ayudar a su pareja, el condenado a 20 años de prisión Valentín Temes Coto, a canalizar fondos del contrabando de drogas a España en el caso "Manzanas Blancas". Investigan sus finanzas. Es la misma magistrada que montó una causa paralela, junto con el suspendido fiscal Campagnoli, para investigar a Lázaro Báez.
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La situación de la jueza de instrucción María Gabriela Lanz se encuentra cada vez más comprometida por una causa en su contra que avanza en la justicia en lo penal económico. Paradójicamente, la magistrada que junto con el suspendido fiscal José María Campagnoli acusó a Lázaro Báez y a su entorno de lavado de dinero, hoy está bajo investigación como posible testaferro de una organización destinada a blanquear dinero proveniente del narcotráfico. El fiscal Emilio Guerberoff pidió su indagatoria junto con una treintena de personas que habrían ayudado a canalizar fondos originados en el contrabando de drogas conocido como "Manzanas Blancas", realizado por Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por ese delito y, a la vez, pareja de Lanz.
La historia, que tiene ribetes cinematográficos, se originó mucho antes de que en el Juzgado de Instrucción Nº 42 se activara el caso contra Báez por presunta extorsión al ex titular de la financiera SGI, Federico Elaskar. Esa investigación, que derivó en una supuesta comprobación del lavado de activos, recibió un duro golpe el 7 de mayo, cuando el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al empresario kirchnerista por inexistencia de delito, en sintonía con lo analizado por el fiscal Guillermo Marijuan, que no encontró pruebas para la acusación en la instrucción del tándem Campagnoli-Lanz. En octubre pasado, la Sala V de la Cámara del Crimen ya los había desplazado de la investigación por haber "sobreactuado" su intervención y montado de manera irregular una causa paralela a la que se estaba llevando adelante en el fuero federal. ¿Por qué Lanz habría de convalidar una megacausa a sabiendas de que no tenía jurisdicción sobre los delitos que pretendía investigar?
MANZANAS BLANCAS. El contrabando de 3347 kilos de cocaína en cajones de manzanas a España perpetrado en 2010 por Temes Coto y sus socios Nelson Hinricksen y Claudio Maidana recibió luego de un juicio oral y público la condena más alta por narcotráfico en la historia judicial argentina. El 16 de diciembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 lo condenó a 20 años de prisión, mientras que para el resto recayeron penas de entre 13 y 15 años. La causa se abrió el 16 de junio de 2010 cuando la Aduana interceptó un embarque de 1647 kilos de cocaína en cajones de manzana dentro de la Terminal 4 del Puerto. El cargamento estaba en dos contenedores que habían llegado desde Villa Regina el 4 de junio y otro embarque había partido días antes a España y fue interceptado en una escala en Santos, Brasil, con 1700 kilos.
Cuando concluyó el proceso, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició una investigación sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la Unidad de Información Financiera (UIF) recabó de diversos bancos que alertaron sobre las operaciones que realizaba esa organización de manera contemporánea (ver aparte). El objetivo fue establecer la ruta que tuvo el dinero cuyo delito precedente fue el narcotráfico. La presentación recayó en la fiscalía a cargo de Guerberoff, quien ordenó impulsar la investigación, y en base a las pruebas solicitó indagatorias y pidió medidas que, según pudo confirmar Tiempo Argentino, registran avances en el Juzgado en lo Penal Económico que encabeza el juez Ezequiel Berón de Astrada.
Como cita en defensa de Lanz el diario Clarín el 28 de febrero pasado, "en una actitud de amor y transparencia, la jueza acompañó a su novio en todo el juicio, en vez de ocultar esa relación". Pero para la justicia, esa relación explícita no sólo motivó que declarara como testigo a favor de Temes Coto en el juicio, y solicitara ser su "garante" para que sea excarcelado debido a su condición de jueza de la Nación, sino que se la investiga como parte de la maniobra para blanquear activos fruto de la droga que iba dirigida a España. Situación que comparte con una serie de sociedades anónimas y otros allegados de los traficantes.
DESTITUCIÓN. Pero la jueza que participó de la cruzada junto con Campagnoli en la causa que tuvo una alta repercusión mediática sumó otro problema en el Consejo de la Magistratura. Un abogado particular –que no está vinculado al caso Báez– accionó contra ella por "conductas que afectan gravemente la investidura, la dignidad y el decoro que deben guardar los magistrados". El 13 de marzo pasado, Eduardo Favelukes realizó la presentación en la que detalló irregularidades y falta de imparcialidad en la causa de la que era parte como querellante, y que entre otras cosas desvió o provocó la prescripción de los delitos que se investigaban. Describió situaciones insólitas del accionar de Lanz como escuchar una audiencia desde su despacho, con la puerta abierta, en lugar de estar presente en la sala, o cerrar su juzgado para realizar reformas en la decoración de manera frecuente. Además deslizó que cuando Temes Coto estuvo prófugo durante diez meses, desde el 16 de junio de 2010 hasta abril de 2011, quien pudo haberle facilitado los medios para evadir su captura fue precisamente Lanz. De comprobarse lo que denunció el abogado, podría ser acusada de encubrimiento. "El señor Temes tuvo una actitud heroica al presentarse a estar a derecho, sabiendo que quedaría detenido", arriesgó Lanz durante su declaración en el juicio.
REUNIÓN CLAVE. Favelukes recordó en su presentación un dato que hasta entonces había pasado desapercibido y que se desprende de la confirmación del procesamiento de Temes Coto por la Cámara en lo Penal Económico, el 7 de julio de 2011. Según el abogado, allí surge que el propio Hinricksen "declaró que luego de ser descubierta la maniobra de la organización narco-criminal, el señor Temes fue a una reunión con ellos (la banda) y con su novia (la señora juez) en un Porsche pero que ella permaneció en el rodado". Puso en duda el porqué no sospechó que los vehículos de alta gama en los que Lanz circulaba con Temes Coto –entre ellos una camioneta BMW X6 último modelo– no estuviera ninguno registrado a su nombre, sino al de testaferros, algo que ahora investiga la justicia. Lo mismo que la prosperidad que exhibían.
En ese sentido, deslizó sus sospechas sobre cuál fue su rol en el emprendimiento deportivo-comercial que el empresario construyó en el partido bonaerense de Pilar. De acuerdo con el escrito, "allí gastó una fortuna en construcciones sobre un terreno alquilado plagándolo además de canchas de tenis". Lanz habría asistido con frecuencia al predio que terminó allanado en el marco de la pesquisa. "Nos preguntamos entonces si no advirtió la experimentada jueza del Crimen que resultaba al menos sospechosa semejante inversión sobre un predio alquilado que habría que devolver y que tal operatoria responde a quienes viven al margen de la ley que nada registran a su nombre", disparó el abogado ante el Consejo. Por estos motivos, solicitó al órgano encargado de promover la remoción de los magistrados que "disponga la suspensión preventiva" de Lanz "y su posterior destitución por mal desempeño de sus funciones y por su flagrante comportamiento violatorio de las más elementales normas de recato, decoro y dignidad".
Todos estos señalamientos cobran ahora especial importancia con las evidencias surgidas de la investigación preliminar de la procuraduría antilavado que la justicia en lo penal económico intenta dilucidar. Imputada, con pedido de indagatoria y con elementos de peso en su contra, Lanz pasó de acusadora en la causa mediática con mayores repercusiones políticas del último año a acusada por el mismo delito que decía investigar. Un impensado giro que muchos hubieran preferido que nunca saliera a la luz.
Solicitan levantar el secreto fiscal
De acuerdo a las medidas solicitadas para investigar el posible lavado de dinero, la justicia pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de todos los involucrados. Está pidiendo informes al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, Automotor, de Buques y de Aeronaves. Se intenta delimitar qué bienes figuran a nombre de los allegados y de los imputados. También, y a pedido de la fiscalía que encabeza Guerberoff, se requirieron informes a las tarjetas de crédito para investigar sus movimientos financieros y patrón de gastos. Fuentes de la causa indicaron que una vez reunida la documentación se procederá a un análisis por parte de la UIF para que cruce esa información con la que ya obra en el expediente referida a los reportes de operaciones sospechosas. Ante el avance de Guerberoff, uno de los hermanos de Temes Coto planteó la recusación del fiscal, lo que supone uno de los primeros obstáculos procesales para intentar frenar la causa que debe determinar si todos los familiares y allegados formaban parte de la trama de blanqueo. La megacausa registra 60 imputados entre personas físicas y jurídicas, la mayoría relativos a empresas en las que Temes Coto tenía participación y a familiares directos de quienes fueron condenados por narcotráfico.
Depósitos millonarios y operaciones sospechosas
Los nuevos elementos incorporados a la investigación de lavado tienen que ver con operaciones sospechosas reportadas por el Standard Bank entre enero y septiembre de 2009 que vinculan a la sociedad Cobeccar SA y sus socios Valentín Temes Coto, Claudio Maidana y la apoderada Flora Chao Durán, ex esposa del empresario. El Supervielle reportó operaciones cambiarias entre 2009 y 2011 realizadas por Temes Coto y vinculadas con otras sociedades que tenían nexos con los acusados por narcotráfico. El BBVA Francés reportó depósitos por 14 millones de pesos de la firma Tala Viejo SA que estaba en concurso de acreedores. La UIF, por su parte, obtuvo información por "incremento patrimonial dudoso" que incluía compra de fincas en Entre Ríos pagadas en efectivo por la firma de Temes Coto y otras empresas que recibían financiación externa que no se condecía con su actividad. A través de Servexpo SRL se adquirieron bienes inmuebles y camionetas de alta gama. La información es coincidente con una alta actividad económica durante el período en que se presupone se exportaban los cargamentos con droga. Fue durante ese mismo tiempo cuando Temes Coto y Lanz, dicho por ellos mismos durante el juicio, planificaban su casamiento.
Curas tercermundistas piden al Episcopado que entregue sus archivos de la dictadura
En la semana en la que se conmemora el 40º aniversario del asesinato del sacerdote Carlos Mugica, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres solicitó al Episcopado que entregue "sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información" sobre la última dictadura cívico-militar. El pedido lo realizó en un comunicado que difundió la organización a propósito de la cobertura que la Iglesia Católica le habría brindado al padre Aldo Vara, el religioso de Bahía Blanca imputado por delitos de lesa humanidad que vivió en Paraguay prófugo de la justicia y fue capturado por Interpol, el 28 de abril pasado.
El sacerdote, ex capellán del Ejército durante el terrorismo de Estado, era buscado por la justicia hacía ocho meses y fue detenido en Ciudad del Este. La principal hipótesis de los investigadores es que Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca denunciado por encubrimiento por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos local, le habría pagado la jubilación a Vara a través de un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado el dinero en la sede del Arzobispado. "El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse", aseguraron los curas tercermundistas, en la declaración que dieron a conocer el miércoles.
"Por otra parte –continuó el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres– debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado –y ocasionan todavía– grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la justicia podrán esclarecer".
"Una urgente intervención del episcopado en esta situación (por el caso Vara) y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión", señalaron. Ayer, la Conferencia Episcopal –jerarquía eclesiástica nacional– emitió un documento en el que sostuvo que la "Argentina está enferma de violencia" y que "los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad" (ver página 10). Pero nada dijo de los requerimientos de sus pares "villeros" sobre una de las épocas más sangrientas de la historia nacional. Los archivos de la Iglesia podrían atesorar información importante para las causas de lesa humanidad.
Ocurre que Vara no era el único cura prófugo de la justicia. En la página de Interpol también se puede encontrar la fotografía del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi, acusado por crímenes de lesa humanidad. Reverberi Boschi, ex capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en Mendoza, vive en Parma, Italia, al amparo de su doble nacionalidad, escudo que utiliza para evitar su extradición. El 6 de agosto de 2013, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le solicitó al Papa Francisco que "interceda" en virtud "de su autoridad canónica" para que el ex capellán "se allane al proceso judicial" que se desarrolla en la Argentina. Pero no obtuvieron respuestas positivas: la nunciatura apostólica nacional –que representa al Santo Padre en el país– respondió que Reverberi Boschi se presentó voluntariamente a la justicia italiana, que es la que debe resolver su proceso de extradición.
Algunos de los curas mencionados en causas de lesa humanidad, cuyo rol, quizás, podría ser aclarado por los documentos eclesiásticos, son: el ex capellán de la Policía de Rosario, Eugenio Zitelli, que fue procesado el 20 de marzo de 2012; Miguel Regueiro, ex capellán militar del Batallón de Ingenieros de San Nicolás, procesado en 2007; y José Mijalchyk, quien el 13 de diciembre de 2013, en el marco de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", fue absuelto por falta de méritos. La fiscalía había solicitado para él una pena de 15 años de cárcel. El caso emblemático de la complicidad religiosa con la represión es el del cura Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y único sacerdote condenado por delitos contra la humanidad. Aquella bendición judicial ocurrió en octubre de 2007.
Por tal motivo, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres concluyó en su declaración: "Somos sacerdotes de diversas comunidades del país que vemos en los gestos y palabras del P. Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la Iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de Estado." Pero la Conferencia Episcopal no se hizo eco de esos reclamos. Respecto al pasado, prefirió el silencio. Una vez más.
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