Por
Eric Calcagno* y Alfredo Eric Calcagno** *Diputado Nacional (FpV-P.J.). **Doctor en Ciencias Políticas.
Opinión.
Cuando prima el ruido mediático, prevalece la multiplicidad de intereses corporativos y el archipiélago opositor sólo concuerda en criticar sin límites al Gobierno Nacional, a veces conviene considerar “la cosa pública” en su conjunto, volver a visitar los conceptos básicos para determinar la lógica de cada actor, reconocer sus principios y naturaleza, así como el margen de maniobra de cada sector para conseguir sus objetivos.
Empecemos por lo elemental. Sabemos que las fuerzas políticas comprenden todos aquellos individuos o grupos (poderes del Estado, partidos, sindicatos, asociaciones), con capacidad de ejercer una influencia significativa sobre los actos de autoridad, estén o no institucionalizados. Actos políticos son las medidas de gobierno o de simple poder que influyen en la realidad política, tanto las leyes y decretos formales como las acciones de grupos. Todo ello se cumple dentro de un sistema político, en el que se manifiesta la acción de una constelación de fuerzas políticas, en el contexto de los mecanismos de sanción formal y de ejecución de los actos de autoridad.
Aquí comienzan las diferencias. Ante todo, los intereses que defiende cada fuerza política suelen ser opuestos. En una simplificación, en la Argentina actual hay quienes privilegian la inclusión social, mientras otros prefieren el auge de las corporaciones. Con este trasfondo, en los extremos las ideologías pueden transformarse por una parte en quimeras y por la otra en prejuicios y fobias. Se puede perder entonces la noción de la realidad y llegar a confundir lo fundamental con lo accesorio, y la forma con el fondo de las cuestiones. Entonces, para no equivocarse es necesario retornar a las relaciones primarias del funcionamiento político.
Las fuerzas políticas. La política cotidiana está protagonizada por fuerzas que pugnan por influir en el mayor grado posible en la sanción de actos de autoridad, movidas por diversas intenciones y valiéndose de diferentes medios. Así, se procura contribuir al desarrollo nacional o mejorar las respuestas a las demandas sociales; o se obra para obtener mayor libertad de acción o para conquistar ventajas personales o de grupo; o bien, se trata de perjudicar a los antagonistas; o, más frecuentemente, y según los casos, se suman varias o todas estas motivaciones.
De tal modo, como dos aspectos inseparables de una misma realidad, las fuerzas políticas pugnan por controlar las decisiones políticas o al menos influir sobre ellas, mientras el sentido de la justicia y el concepto de legitimidad orientan la acción o denuncian las desviaciones.
Tal es en teoría el esquema básico del sistema político. Veamos ahora la práctica.
Las fuerzas políticas en la Argentina. La primera reflexión que decide una simpatía o pertenencia política –o su rechazo– es la sensación de cómo le va ahora a cada uno o a su grupo, y cómo cree que le irá en el futuro, con el gobierno o con la oposición. Sobre esta materia hay tres opiniones básicas: primero, las de quienes apoyan al gobierno; segundo, las opositoras; y tercero, las dudosas. En general se produce una estratificación determinada por los actuales niveles de bienestar y de satisfacción de necesidades.
A las fuerzas a favor del Gobierno, que en el caso argentino son sobre todo los grupos de ingresos bajos y medios, les interesa con prioridad el mantenimiento del empleo y la suba de los salarios reales. En segundo término, el acceso a los servicios públicos básicos (entre otros, agua, salud, educación, vivienda, transporte, jubilación) y el mejoramiento de su calidad. En tercer lugar, la sensación compartida por muchos ciudadanos comunes, de que el actual gobierno es el suyo, de que no está subordinado ni política ni socialmente a quienes tienen muchísimo más poder y dinero que ellos; son reclamos fuertes, vitales, sustanciales. Es el grupo que compara la situación actual con el período prekichnerista, y que se esfuerza para consolidar las conquistas logradas en esta década.
El núcleo duro de las fuerzas opositoras es de clase alta y media alta. En su mayoría, tiene sus necesidades básicas satisfechas y sus principales quejas se originan: primero, por la pérdida del gobierno, que habían detentado –con algunas interrupciones– desde siempre; ello implica duras pérdidas de poder político y de dinero; segundo, invocan la inseguridad y los defectos en la prestación de los servicios públicos; y tercero se quejan por innumerables cuestiones formales que molestan su bienestar o su sentido estético.
Pero no es todo. La novedad en la estructura social es la duplicación de los integrantes de la clase media producida desde 2003. Dentro de esta afluencia, se incorporaron a la clase media varios grupos heterogéneos, que apoyan algunas medidas del gobierno y rechazan otras. Conforman así un grupo ambiguo en cuanto a sus preferencias políticas. Una parte de él, junto con la mejora de su nivel de vida, adoptó las fobias gorilas en contra de las clases populares; como sus ingresos no le alcanzan para acceder a los consumos de las clases altas, por lo menos, tratan de imitarlas a través de sus opiniones reaccionarias.
Funcionamiento del sistema. Hasta ahora examinamos la “anatomía política”. Observemos ahora la “fisiología”, es decir su modo de funcionamiento.
En el caso argentino, todos los actos sometidos a consideración por el gobierno tienen viabilidad institucional y en los hechos; es un resultado lógico porque controla los mecanismos institucionales, favorece a los grupos sociales y políticos más débiles e indefensos y moviliza a las capacidades del Estado para conseguir una mayor inclusión social. Además, enfrenta las críticas de la oposición con propuestas alternativas potentes; por ejemplo, la asignación universal por hijo, la moratoria jubilatoria, el plan de vivienda Procrear y el plan progresar para que estudien los jóvenes que ni trabajan ni estudian.
Por el contrario, los actos de la oposición son actos virtuales, pues casi siempre consisten en ataques al gobierno, sin propuestas concretas y viables para resolver los problemas. La oposición, en el plano legal sólo puede trabar o retardar la ejecución de los actos, sobre todo a través de un grupo de jueces adictos que frenan la ejecución de leyes con medidas cautelares; pero sólo se oponen al programa del Gobierno y no proponen alternativas. Por eso no tratan de realizar actos políticos tangibles, sino de provocar una sensación, generar un estado de opinión pública tendiente a que la gente crea que el Gobierno ha fracasado en la obtención de sus objetivos; son actos aparentes. Frente a esa ofensiva, el Gobierno exhibe ante la opinión pública sus logros.
En el ámbito ilegal, intentaron varias acciones destituyentes: cortes de ruta masivos para impedir el aumento de las retenciones agrarias; empujaron sediciones de gendarmería, prefectura y policiales, para obtener mejoras de salarios; y ensayaron golpes de mercado para destituir al Gobierno (desde 2003, ya van por la sexta corrida contra el peso). En conjunto, configuran una clara política destituyente. Ambas tácticas, la legal y la ilegal, le dan preponderancia a los medios de comunicación. Más que a la tarea política, se dedican a la acción psicológica.
Muchos siglos después, se repite la historia del mitológico Sinón, que fue el griego que convenció a los troyanos para que ingresaran en Troya el caballo de madera que habían dejado los griegos. Por esta acción psicológica de “falsificar palabras”, Dante ubicó a Sinón en el Infierno de su Divina Comedia. En la misma perspectiva, hoy vemos cómo formadores de precios y formadores de opinión buscan degradar la “anatomía” y “fisiología” de la política como ejercicio de la libertad individual y colectiva, para alcanzar sus propios objetivos sectoriales en desmedro del conjunto de la sociedad.
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