Miembros de la OEA elogiaron la ley de medios

En el marco de la audiencia que solicitaron operadores de Clarín y La Nación, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión. De la Redacción de Diario Registrado // Sábado 02 de noviembre de 2013 | 07:29 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión, en el marco de una audiencia pedida por siete periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y el diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión. Ante la posibilidad de que su exposición resultara inverosímil y de que los miembros de la CIDH no estuvieran de acuerdo con su relato, Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro: “Cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina, una conclusión equivocada por cierto”. “Ustedes se preguntaran si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos”, preguntó Morales Solá y siguió: “La respuesta es que si”, aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos". En tanto, en representación del gobierno argentino, el subsecretario de Gestión Admnistrativa de la Secretaría de Comunicación, Juan Ross, señaló a su vez que la presencia de Argentina en la audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que llevó adelante la Comisión, “es una muestra más” al respeto por el “derecho internacional, a esta casa, a la CIDH como valuarte de los derechos humanos”. El funcionario agregó que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, “se hablaron de algunos casos particulares, generalidades pero no hubo presentaciones concretas”. Por su parte, el director de Derechos Humanos en los Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó que la Argentina “es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”. Salgado, destacó además que “no se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”. "(Argentina) Es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión” Javier Salgado El funcionario de la Cancillería aseguró, en ese marco, que el “cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante”. Así, el porcentual de participación de peticiones, casos o demandas actualmente en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “promovidas por periodistas que alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio de la libertad de expresión, en sus distintas etapas procesales, es del 1,66 por ciento en total”, aseveró. Salgado describió a su vez que teniendo en cuenta todos los casos desde el retorno de la democracia hasta hoy, el CIDH tramitó siete casos en total, de los cuales uno de ellos tuvo resultado favorable para el estado argentino – el caso Juan José López – y dos de ellos fueron objeto de una solución amistosa – “Verbitsky” ante la CIDH y “Kimel” ante la Corte Interamericana. Estos llevaron en reformas normativas de “fuerte impacto” en la región, como ser “la derogación del delito de desacato y la despenalización de las figuras de calumnia e injurias cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público, yendo mucho más allá de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Luego de la exposición de los funcionarios, Morales Solá consideró que “el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública” y que bajo ese marco prefiere “la cárcel a la descalificación” por televisión. Por su parte, Ruiz Guiñazú dio inicio a las exposiciones de los peticionantes ofreciendo un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que fue dijo, fue protagonista y “acusada falsamente” de haber sido la jefa de prensa del ministerio de Economía de la última dictadura militar. Por último, en un marco de cordialidad y con escaso debate, en una audiencia temática que no implica la continuación del tratamiento del tema en la CIDH, los funcionarios argentinos respondieron las preguntas realizadas por las autoridades delorganismo y por la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero.

CANCILLERIA PUBLICO UN INFORME SOBRE SU IMPACTO Críticas al proteccionismo europeo

Las medidas de proteccionismo comercial que aplica la Unión Europea (UE) implican para la Argentina una pérdida de exportaciones del orden de 2500 millones de dólares al año, que representan 200 mil puestos de trabajo, señaló ayer la Cancillería. Esa cartera difundió un documento donde critica la postura de librecambio de los países desarrollados y el apoyo que a esos países ofrece la Organización Mundial de Comercio (OMC). La UE aplicó recientemente un arancel especial a la importación de biocombustible que afecta principalmente a la Argentina e Indonesia. Por esa razón, la Argentina presentará en el corto plazo una demanda en la OMC. “La historia de la Argentina muestra a las claras que la liberalización comercial no es condición necesaria ni suficiente para la convergencia hacia el desarrollo. El comercio debe permitir potenciar el crecimiento con inclusión social de un país, en lugar de restringir su margen de acción para industrializarse y generar empleo”, plantea el trabajo llamado “Impacto del proteccionismo europeo sobre la economía argentina”. Cancillería advierte que en productos como manteca, arroz, carne bovina congelada deshuesada, ajo, queso fresco, centeno, jugo de frutas y hortalizas, cebada, aceite de oliva, trigo duro y maíz, la UE aplica aranceles que van del 71 al 151 por ciento, muy por encima del máximo del 35 por ciento del Mercosur. Además, el informe explica que en alimentos elaborados, la UE utiliza un complejo sistema de aranceles que se aplica sobre los insumos, de modo que “hay casos donde puede llegar a haber hasta 20 mil posibles combinaciones arancelarias”. También advierte acerca de la masa de subsidios que otorga la política agrícola común del bloque, que afecta a la leche y sus derivados, trigo y harinas de trigo, carnes bovinas, porcinas y aviares, huevos, azúcar y aceite de oliva. El Gobierno además critica las medidas antidumping, de “proteccionismo verde”, sanitarias y fitosanitarias de la UE.

PODRIAN SUSCRIBIRLO PETROLERAS, CEREALERAS Y AUTOMOTRICES Emiten un Baade para atraer dólares en blanco

Por Javier Lewkowicz El Gobierno emitió una nueva serie del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) por mil millones de dólares cuya compra no permite blanquear dinero, a diferencia del beneficio que otorga el título original. El equipo económico lleva adelante varias negociaciones con empresas de distintos sectores económicos a las que pidió que inviertan en Baade. Uno de los planteos del sector privado era que no podían adquirir un título que surgiera de un blanqueo. La medida publicada ayer en el Boletín Oficial viene a subsanar esa situación. El dinero que se recaude a través del Baade será destinado al sector energético, en particular, para financiar el aumento en la actividad exploratoria por parte de YPF. Petroleras, cerealeras, automotrices, electrónicas de Tierra del Fuego, mineras y empresarios individuales analizan comprar Baade. En varias de las reuniones que encabezaron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, autoridades del Banco Central, Ministerio de Industria y Secretaría de Energía, surgió el pedido de parte de las empresas de que el Baade no sea solamente una opción para blanquear. Según los empresarios, es complicado justificar ante la casa matriz de una multinacional o frente al banco financista la compra de un bono cuya función primera es blanquear dinero. La petrolera Bridas, de la familia Bulgheroni, asociada a la compañía china Cnooc, a comienzos de octubre anunció que suscribiría Baade por 500 millones de dólares, aunque de entrada advirtió que no sería por el mecanismo de blanqueo. De manera similar, el titular de Corporación América, Eduardo Eurnekian, también confirmó que comprará 500 millones. Ninguna de esas inversiones comprometidas se concretaron hasta ahora. El Gobierno también mantuvo sucesivas reuniones con las empresas cerealeras para pedirles que inviertan 500 millones en Baade. La intención de Moreno es que Cargill y Bunge, los dos líderes del mercado, adquieran 100 millones de dólares en Baade cada uno, y que el resto de las empresas se divida los 300 millones de dólares restantes según su participación en las exportaciones. Lo que empezó como una negociación a través de la Cámara de la Industria Aceitera es ahora un ida y vuelta por empresa. “Esta resolución da un poco de aire”, indican en el sector. También las empresas automotrices recibieron el pedido de aportar 300 millones de dólares según sus ventas en el mercado interno, por lo que analizan tomar préstamos de sus casas matrices. A las electrónicas de Tierra del Fuego, en tanto, les solicitaron que compren 200 millones, mientras que las empresas mineras estudian el pedido de que inviertan 300 millones de dólares. Si las empresas no utilizan capital propio, no podrán vender los Baade en el mercado secundario, definió el BCRA. La intención es no convalidar el tipo de cambio que surgiría de esas operaciones. La resolución de ayer advierte que “las suscripciones que se realicen en el marco de la presente medida no estarán alcanzadas por el beneficio que otorga la Ley Nº 26.860 en cuanto a la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera”. Es decir que, como en el caso de cualquier otro título público, los inversores que adquieran esa nueva línea de Baade deberán hacerlo con fondos declarados. La nueva emisión es por 1000 millones de dólares, que pueden ser colocados en uno o más tramos. Si las propuestas de suscripción superan ese máximo, el Gobierno podrá realizar ampliaciones de la emisión, indica la norma.

LA CAMARA DE NUEVA YORK RECHAZO UN PEDIDO PARA LEVANTAR UNA CAUTELAR QUE PROHIBE EMBARGOS Los fondos buitre deberán seguir esperando

La Justicia de Estados Unidos ratificó la decisión de no innovar hasta que se expida la Corte Suprema de ese país. “La resolución confirma que las acciones procesales argentinas son las correctas”, señaló el secretario de Finanzas. Por Cristian Carrillo La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó ayer la solicitud de los fondos buitre para que se levante la cautelar que bloquea eventuales embargos y permite a la Argentina mantener el pago regular de sus vencimientos de deuda reestructurada. La medida de no innovar (stay) había sido dictada por el tribunal hasta que se resuelvan todas las apelaciones planteadas en la disputa que enfrenta la Argentina contra un grupo de fondos especulativos que demandan una compensación de 1330 millones de dólares por bonos argentinos adquiridos luego del default de 2001. Los fondos ya cuentan con sentencia favorable de esa Cámara, que obliga al país a abonar el monto demandado en efectivo. Con el rechazo que se conoció ayer, el tribunal ratifica la decisión de no innovar hasta que se expida la Corte Suprema de Estados Unidos, que en esta primera instancia no tomó el caso. “La resolución de la Cámara de Nueva York confirma que las acciones procesales argentinas son las correctas”, señaló el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. La Cámara convalidó el 26 de octubre de 2012 un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, sobre una supuesta discriminación del país en el cumplimiento de su deuda reestructurada y la tenencia de bonos sin canjear, a partir de una reinterpretación de la cláusula de pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores– de los fondos buitre. Ese tribunal solicitó entonces una fórmula a prorrata en compensación de esa situación. Los demandantes, encabezados por el fondo NML Capital, de Elliott Management, exigieron el pago del ciento por ciento y en efectivo. La Argentina ofreció reabrir el canje para dar tratamiento igualitario respecto del 93 por ciento de bonistas que ingresó en reestructuraciones anteriores. La Cámara falló en favor de los fondos buitre, pero interpuso un stay hasta que la Corte Suprema se expida. Los abogados que patrocinan a la Argentina elevaron un pedido a la Corte Suprema para que se expida. El máximo tribunal rechazó el caso en la instancia actual, dejando abierta la puerta a pronunciarse ante un nuevo pedido a certioriari (revisión). En esa oportunidad, debería expedirse sobre la modalidad de pago. En tanto, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al país, pidió una revisión en banc –del pleno de jueces– de la Cámara. El 15 de octubre último, NML Capital redobló la apuesta y solicitó a la Cámara que levante el stay y ejecute la sentencia contra la Argentina para los 1330 millones de dólares que reclaman. El pedido de revisión en banc todavía no fue resuelto por la Cámara de Apelaciones. Por tal motivo, el 27 de octubre, la Argentina presentó su rechazo a la exigencia de levantar el stay y poder cumplir con los pagos de deuda sin riesgos de embargo. El vencimiento más cercano será en diciembre por 199 millones de dólares. La Cámara rechazó el pedido de los fondos buitre y confirmó que continúa vigente la cautelar que impide la aplicación de la sentencia contra la Argentina hasta que se resuelva el juicio de los fondos buitre. Todavía el Gobierno no envió la nueva apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque se requiere una definición sobre el en banc de la Cámara. Si bien las chances de que la Corte tome el caso son escasas, los plazos para las presentaciones y para la posterior resolución de los magistrados extenderían un desenlace legal por los menos hasta el primer trimestre del 2014. “La medida despeja los planteos que intentan instalar los fondos buitre sobre el camino propuesto por la Argentina para garantizar a sus acreedores el normal cumplimiento de la deuda”, señaló ayer Cosentino. El mantenimiento del stay le permite al Estado cumplir el pago de sus vencimientos y evitar caer en un default técnico, ya que la sentencia contempla la posibilidad de embargo en las cuentas del Bank of New York, entidad a través de la cual se transfieren los fondos a los bonistas con deuda reestructurada. “La resolución de la Cámara confirma que las acciones procesales seguidas por el país son las correctas y ratificamos que la Argentina ejercerá su defensa en todas las instancias judiciales disponibles”, afirmó el funcionario. “Esperaremos ahora las resoluciones pendientes, la solicitud de un fallo plenario y luego, en su defecto, la presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, agregó. Desde el fondo NML Capital, propiedad de Paul Singer, se manifestaron el jueves proclives a encontrar “una solución consensuada”, adelantándose a un extenso período de deliberaciones. “La disputa legal con Argentina va para largo”, había señalado Singer, al solicitar que la medida de no innovar sea anulada. Para la Argentina, el tiempo juega en su favor. En diciembre del año próximo deja de tener validez la cláusula ingresada en los prospectos de reestructuración, que impiden al país ofrecer una mejora en la oferta a quienes ingresen luego del canje. Hacerlo abre la posibilidad de que quienes aceptaron la operación reclamen por la diferencia. Si se llega a esa fecha, momento en que caerá la cláusula, el Estado argentino podría acordar una salida negociada, como la que ahora proponen los buitres sin poner en riesgo toda la reestructuración.

Delegados Por Alfredo Zaiat

Uno de los rasgos importantes de la economía argentina es el elevado dinamismo de la organización sindical de los trabajadores. Es una característica histórica desde la acción de grupos anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado hasta el salto cuantitativo con el peronismo desde mediados de la década del ’40. Desde sus comienzos ha habido intentos de debilitar el movimiento obrero con violenta represión y prisión a dirigentes, luego con una política antisindical y persecución a partir del golpe del ’55, con la desaparición física de delegados y proscripción durante la dictadura militar, y con el disciplinamiento social derivado de un elevado desempleo y cooptación de líderes sindicales en el período neoliberal de los ’90. Diferentes investigadores del mercado laboral coinciden en que desde 2003 se inició una nueva etapa en ese intenso recorrido, que tiene como marca de origen la revitalización de los sindicatos y de las comisiones internas. Este proceso tuvo como resultado una ampliación de la representación de los trabajadores y de ese modo la posibilidad de negociar en mejores condiciones el salario, lo que se ha reflejado en un aumento de su poder adquisitivo en términos reales. Esto ha tenido como expresión la consolidación de una intensa puja distributiva, o sea la tensión sobre cómo se reparte la riqueza entre el capital y el trabajo. Esa pelea entre el salario y la tasa de ganancia empresaria se encuentra en la base de las actuales fuentes inflacionarias. En todos los países existe puja distributiva. El aspecto relevante es observar su intensidad, el perfil de los protagonistas, el rol del Estado en esa tensión y la profundidad de la organización sindical, además de la normativa institucional referida al funcionamiento del mercado laboral. Desconocer las características de esos factores en la economía argentina y, por lo tanto, cómo intervienen en el despliegue de la puja distributiva al momento de comparar tasas de inflación con otros países sólo orienta a la confusión analítica. O puede ser la estrategia de aturdimiento de representantes de la ortodoxia basada en el permanente repiqueteo de la inflación como el principal problema de la economía, abonando así el camino para facilitar la aceptación social de políticas de ajuste (reducción de subsidios, brusca devaluación, fuerte suba de tasa de interés, metas de inflación, freno al gasto público) cuyos destinatarios serán los trabajadores. Exagerando el miedo a la inflación van construyendo el escenario social para que algunos sectores atenten contra sus propios intereses. Dirigentes sindicales de diferentes vertientes no deberían hacerse los distraídos o ser cómplices de esa situación. El sistema de relaciones laborales en Argentina está configurado sobre la siguiente base: 1. Organizaciones sindicales estructuradas por rama de actividad. 2. La unicidad de la representación sindical para negociar con los empresarios. 3. La extensión de los resultados de la negociación colectiva a los trabajadores no afiliados al sindicato. 4. La posibilidad de elegir a los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo. Son pilares principales del mercado laboral que arrojan como resultado una importante dinámica de la negociación paritaria, un porcentaje considerable de asalariados comprendidos en las convenciones colectivas, una tasa de afiliación sindical relativamente alta y una fuerte presencia de los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo. Estos rasgos no se encuentran todos juntos en otras economías, lo que no es un dato menor al momento de hacer evaluaciones comparativas o analizar fenómenos económicos como la inflación por puja distributiva. La recuperación de la fortaleza gremial es un proceso significativo en estos años y, en especial, el aumento de la presencia de delegados en las empresas. En “Representación sindical en los lugares de trabajo”, publicado por el Ministerio de Trabajo en la Serie Estudios/11 Investigaciones sobre Protección Social y Relaciones Laborales, David Trajtemberg, Cecilia Senén González, Carla Borrón y Gabriela Pontoni precisaron que el 39 por ciento de los asalariados registrados del sector privado trabaja en establecimientos en los cuales se ha elegido al menos un delegado sindical. Es una estimación elaborada con dos encuestas del Ministerio de Trabajo: la Encuesta a Trabajadores de Empresas y la Encuesta de Indicadores Laborales. En el régimen gremial argentino los delegados representan a los trabajadores ante las empresas y ante el sindicato y pueden constituir una continuidad del sindicato en la empresa. Los delegados ocupan la función central en los lugares de trabajo porque dan respuestas a las demandas inmediatas de los trabajadores, pero el sindicato es el sujeto principal fuera de la compañía porque detenta toda la capacidad de representación. Ese 39 por ciento es una cifra elevada en comparación con otros países de América latina como Brasil o Chile, y ubican a la Argentina en un “lugar privilegiado respecto de la presencia sindical en el lugar de trabajo”, indicaron esos investigadores. En esos dos países no existe presencia sindical dentro del establecimiento. En Brasil sólo se encuentra la Comisión de Prevención de Accidentes, de carácter no sindical, compuesta por delegados de personal de seguridad e higiene que sólo cumplen la función de prevenir los riesgos de trabajo. En el documento esos especialistas mencionaron que esa figura no es asimilable a la del delegado sindical argentino y que además no existe reconocimiento estatal para conformar esos espacios y los delegados no cuentan con garantía propias de la labor sindical. La presencia de delegados de base es un mecanismo de democracia por el cual los trabajadores eligen a sus representantes ante los empleadores. En la investigación se señala que, como era de esperar, a mayor tamaño de empresa, lo que significa mayor cantidad de trabajadores en el establecimiento, es más importante la presencia de representantes sindicales en el lugar de trabajo. “Esto queda reflejado en que la presencia de delegados comprende al 14 por ciento de las empresas en el ámbito privado”, apuntan. La investigación está basada en el Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de Indicadores Laborales. De su análisis surge que del universo de asalariados comprendidos en la encuesta un 35 por ciento trabaja en grandes establecimientos (más de 200 empleados), un 33 por ciento en empresas medianas y un 31 por ciento en pequeñas empresas. La tasa de afiliación sindical es del 37,7 por ciento, pero la mitad de los asalariados trabaja en establecimientos donde la afiliación sindical es menor al 25 por ciento. Entre las empresas con delegados, la tasa de afiliación asciende al 49,4 por ciento, mientras que para las empresas sin delegados es del 30,3 por ciento. Las ramas de la industria y del transporte presentan un mejor desempeño en materia de tasa de afiliación sindical y una mayor inserción de los delegados gremiales en los establecimientos. En cambio, el asalariado de empresas de la rama servicios si bien está bajo convenio colectivo tiene una muy baja tasa de afiliación. En las grandes empresas la presencia de la representación sindical es más frecuente que en las pequeñas y medianas. Este resultado sería un indicio de que los sindicatos encuentran mayores dificultades para organizarse en los establecimientos de menor tamaño. En éstos el porcentaje con delegados es de 11 por ciento, en las medianas de 32 por ciento y en las grandes alcanza el 70 por ciento. Esto explica que si bien sólo el 14,2 por ciento de las empresas declaró contar con al menos un delegado gremial, el porcentaje de trabajadores comprendidos en esas empresas representa el 39 por ciento del total. Trajtemberg, Senén González, Borrón y Pontoni concluyen que la revitalización de las comisiones internas en la vida sindical se apoya en las mejoras sustanciales de la actividad socioeconómica post 2003, y “esto ha sido fundamental en el incremento de los debates acerca de la actualidad del modelo sindical y sobre la participación de los trabajadores”. azaiat@pagina12.com.ar

La Patagonia Trágica en perspectiva 1 de noviembre de 2013 | Patagonia RebeldePor USINAS KOLINA

La Patagonia en 1921 fue un escenario de conflictividad social que desbordó al poder nacional. El aparato coercitivo concentrado en manos del Estado Nacional resolvería el problema articulando funciones con la clase estanciera latifundista y reprimiendo a la clase obrera organizada que había iniciado una huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo. Este 1 de noviembre se cumplen 93 años de la declaración de huelga de los trabajadores patagónicos y el comienzo del conflicto. La Patagonia de principios de siglos XX era un territorio con poca densidad demográfica, con un clima hostil y que acarreaba muchas dificultades para el establecimiento de la población. Quienes habitaban esas tierras pueden clasificarse, a grandes rasgos, en dos clases sociales. La primera era una “peonada” que necesitaba ofrecer su fuerza de trabajo para subsistir, y por otro lado un grupo de latifundistas y comerciantes que se beneficiaron con la explotación de los recursos de aquellas tierras. Bayer así los describe “(…) es decir, por un lado, aquellos que han nacido para obedecer y, por el otro, los que se han hecho ricos porque son fuertes por naturaleza. Y allá, fuerte quiere decir casi siempre inescrupuloso. Pero es que tiene que ser así: la Patagonia es tierra para hombres fuertes (…). ¡Guay de los que quieran quitarle lo que es suyo, lo que conquistaron luchando contra la naturaleza, la distancia, la soledad”. En este contexto es donde van a tener lugar las huelgas patagónicas que se iniciaron en 1920 bajo la primera presidencia de Yrigoyen. Estamos hablando de un territorio administrado por un régimen latifundista que no promovió cambios estructurales y continuó atado a la receta que mayores beneficios les suministró: condenar a la Patagonia a una explotación primitiva sin planificar cambios respetando los privilegios que tenían los que detentaban los medios de producción. Es así que los diferentes gremios comenzaron a solidarizarse entre ellos y a unir la lucha que se estaba librando en contra de la patronal. Los trabajadores, agrupados en la Federación Obrera y organizados en asambleas, definían los pasos a seguir en la lucha. Las huelgas en la Patagonia habían puesto de manifiesto a los patrones que la lucha obrera organizada hacía peligrar el régimen de explotación con el que se habían venido conduciendo; se acababan los tiempos “donde unos mandaban y los otros solamente obedecían”. La peonada comprendió que para que la lucha prospere y se alcancen los objetivos de la misma, debían actuar en forma aunada. Esto mismo comprendió también la clase terrateniente. Para defenderse del peligro que significaba la unidad obrera, los patrones debían actuar en forma conjunta y además solicitar ayuda al gobierno nacional quien acudió al llamado y trasladó al ejército para finalizar con el conflicto. Luego de una primera incursión del ejército donde pareció acercar a las partes, los patrones rompieron los acuerdos y las huelgas volvieron a decir presente. El ejército, a cargo del Teniente Coronel Varela, volvía a trasladarse a la Patagonia pero con una metodología diferente a la anterior. Se reunió con la patronal, escuchó sus reclamos y actuaron en consecuencia en forma conjunta con un mismo plan de lucha. El plan estuvo ideado por la clase terrateniente y su brazo ejecutor al mando del ejército nacional con Varela a la cabeza. El resultado fue el fusilamiento de miles de trabajadores. El primer gobierno democrático elegido por voluntad popular, con la ya sancionada Ley Sáenz Peña, fue el responsable de aquellas muertes. Para los movimientos de resistencia, el anarquismo sobre todo, significó un golpe al corazón. A Varela le esperaba en su horizonte lo que los anarquistas llaman “la venganza proletaria”. Le esperaba la muerte en manos del alemán Wilckens en un atentado.

Los siete magnificos

A esta altura del partido abundar sobre las inconsistencias, el corporativismo y las prácticas y acciones golpistas y antipopulares de la SIP –a quien bauticé en estas mismas páginas como la Santa Inquisición Periodística– resultaría reiterativo y no agregaría mucho sobre el origen y los fines de esta maquinaria patronal de desinformación. 1 2 3 4 5Info NewsInfo NewsInfo News Por: Enrique Masllorens A esta altura del partido abundar sobre las inconsistencias, el corporativismo y las prácticas y acciones golpistas y antipopulares de la SIP –a quien bauticé en estas mismas páginas como la Santa Inquisición Periodística– resultaría reiterativo y no agregaría mucho sobre el origen y los fines de esta maquinaria patronal de desinformación. Inevitablemente, y casi deportivamente, condenan a todos los gobiernos que han puesto en valor al Estado como articulador y compensador de las asimetrías. Y también a los que recomenzaron el camino de la unidad regional y del orgullo soberano e identitario truncados por el neoliberalismo y su salvaje sed de apropiarse de todas las cosas y descartar seres humanos. El repiqueteo constante de sus admoniciones “en defensa de la libertad de expresión”, sus quejas por pautas publicitarias que suponen que les corresponden por derecho propio o divino, ocultan sus operaciones extorsivas con los grandes anunciantes para boicotear a los verdaderos medios independientes o a los competidores pequeños. La esencia y la voz de los monopolios, propios y ajenos, disfrazan sus propios hábitos contrarios al derecho inalienable de la información. Pero ellos son los dueños y los beneficiarios de sus campañas y de sus acciones (en ambos sentidos). Cada cuervo, cada buitre, cuida su nido, su guarida. Y así se consolida y perpetúa la raza. Mientras tanto, en la gótica ciudad de Buenos Aires, Jorge “Batman” Lanata y Ernesto “Robin” Tenembaum, luego de una cabriola fantástica e inesperada, insisten en poner del lado de los débiles al gran monopolio argentino y dar por inocua cualquier campaña, operación, tergiversación, manipulación, ocultamiento o injuria que realizan sus mandantes. Con estilos diferentes, Lanata insulta, calumnia y agrede y Tenembaum ironiza mientras mira sobrador a todos los kirchneristas, dedicándoles un gesto como de estar oliendo heces. Y lo bien que hacen en expresarse libremente, sin cortapisas y exponiendo su actual pensamiento reaccionario. Y otro grupo de notables prestidigitadores, montados en una feroz campaña para destruir los avances de estos diez últimos años y apoyar descaradamente a algún candidato opositor, se juntaron para viajar juntos a Washington y presentarse como víctimas y en representación de la prensa “libre” a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, “para tratar cuestiones referentes a la situación general de la libertad de expresión en la Argentina”. Son siete periodistas notorios y alineados. Siete periodistas militantes, aunque en rigor son seis militantes y un militonto. En los '60, los norteamericanos hicieron una remake taquillera del gran filme japonés Los siete samurais y la titularon Los siete magníficos. La historia era sencilla: un pueblo mexicano asolado por unos despiadados bandidos contrata para defenderse a siete pistoleros, a siete mercenarios para defender sus pertenencias. Yul Brynner, Charles Bronson y James Coburn eran algunos de los protagonistas. La avanzada que se presentará el 1 de noviembre ante la CIDH para "defendernos" de tanta censura y mordaza al periodismo, está integrada por Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Pepe Eliaschev, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y Luis Majul. Como todos los argentinos sabemos, hace diez años que no tienen micrófono ni espacio en ningún medio por orden del gobierno y perseguidos por Guillermo Moreno y los esbirros de La Cámpora. Que el terror jacobino que reina en nuestro país les impide criticar y menos ofender a cualquier miembro de las hordas gubernamentales y sus grupos de choque. Que cualquier intento de contrariar el discurso oficial redunda en amañadas causas judiciales y cárcel en las mazmorras del Régimen. Que el genocida Videla era mucho más comprensivo con la prensa y les regaló Papel Prensa para defender a la Patria. Las quejas y denuncias de “los siete” van desde “presiones e intimidaciones por la expresión de nuestras ideas”, “espionaje telefónico y violación de e-mails”. Para estas dos últimas denuncias humildemente les sugiero que, por lo de los teléfonos averigüen en lo del procesado especialista Mauricio Macri y por lo de los correos electrónicos quienes pueden ayudarlos son el Tata Yofre y su colega de La Nación Carlos Pagni. Se pueden ahorrar los pasajes y el papelón. Además de una sarta de falaces y sesgadas acusaciones, el “problema” del militonto es que fue “acosado por la AFIP”. Seguramente en Estados Unidos donde a Al Capone lo encerraron por evasión de impuestos y persiguen en serio, se van a reír hasta el paroxismo. Ante tanta mezquindad, oportunismo y deseos de figuración no cabe otra conclusión: mienten a conciencia y sin pudor, porque tienen al verdadero poder que los respalda y amplifica. Finalmente, creo oportuno transcribir parte de un texto del reconocido lingüista holandés Teo van Dijk, investigador del Análisis Crítico del Discurso, y que pone en negro sobre blanco el verdadero rol de los medios masivos que en nuestro país representan y amplifican la voz del poder real: “... el poder de los medios de comunicación es generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la posibilidad de controlar, en mayor o en menor medida, la mente de los lectores; sin embargo, el control no se ejerce directamente sobre sus acciones: el control de las acciones, meta última del poder, se hace de manera indirecta cuando se planea el control de intenciones, de proyectos, de conocimientos a alcanzar, de creencias u opiniones”. Los siete magníficos seguirán expresándose libremente como siempre. Aunque se empeñen en negar lo incontrastabl