domingo, 3 de noviembre de 2013
Miembros de la OEA elogiaron la ley de medios
En el marco de la audiencia que solicitaron operadores de Clarín y La Nación, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión.
De la Redacción de Diario Registrado // Sábado 02 de noviembre de 2013 | 07:29
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión, en el marco de una audiencia pedida por siete periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y el diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión.
Ante la posibilidad de que su exposición resultara inverosímil y de que los miembros de la CIDH no estuvieran de acuerdo con su relato, Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro: “Cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina, una conclusión equivocada por cierto”.
“Ustedes se preguntaran si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos”, preguntó Morales Solá y siguió: “La respuesta es que si”, aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos".
En tanto, en representación del gobierno argentino, el subsecretario de Gestión Admnistrativa de la Secretaría de Comunicación, Juan Ross, señaló a su vez que la presencia de Argentina en la audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que llevó adelante la Comisión, “es una muestra más” al respeto por el “derecho internacional, a esta casa, a la CIDH como valuarte de los derechos humanos”.
El funcionario agregó que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, “se hablaron de algunos casos particulares, generalidades pero no hubo presentaciones concretas”.
Por su parte, el director de Derechos Humanos en los Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó que la Argentina “es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”.
Salgado, destacó además que “no se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”.
"(Argentina) Es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”
Javier Salgado
El funcionario de la Cancillería aseguró, en ese marco, que el “cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante”.
Así, el porcentual de participación de peticiones, casos o demandas actualmente en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “promovidas por periodistas que alegan haber sido víctimas de restricciones al libre ejercicio de la libertad de expresión, en sus distintas etapas procesales, es del 1,66 por ciento en total”, aseveró.
Salgado describió a su vez que teniendo en cuenta todos los casos desde el retorno de la democracia hasta hoy, el CIDH tramitó siete casos en total, de los cuales uno de ellos tuvo resultado favorable para el estado argentino – el caso Juan José López – y dos de ellos fueron objeto de una solución amistosa – “Verbitsky” ante la CIDH y “Kimel” ante la Corte Interamericana.
Estos llevaron en reformas normativas de “fuerte impacto” en la región, como ser “la derogación del delito de desacato y la despenalización de las figuras de calumnia e injurias cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público, yendo mucho más allá de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Luego de la exposición de los funcionarios, Morales Solá consideró que “el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública” y que bajo ese marco prefiere “la cárcel a la descalificación” por televisión.
Por su parte, Ruiz Guiñazú dio inicio a las exposiciones de los peticionantes ofreciendo un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que fue dijo, fue protagonista y “acusada falsamente” de haber sido la jefa de prensa del ministerio de Economía de la última dictadura militar.
Por último, en un marco de cordialidad y con escaso debate, en una audiencia temática que no implica la continuación del tratamiento del tema en la CIDH, los funcionarios argentinos respondieron las preguntas realizadas por las autoridades delorganismo y por la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero.
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