ESTADOS UNIDOS TOMARA “TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS” PARA CAPTURAR AL EX AGENTE QUE REVELO EL ESPIONAJE El FBI investiga y planea detener a Snowden

Snowden dijo al South China Morning Post que el gobierno norteamericano trata de acceder a archivos en China y Hong Kong. El “topo” prometió nuevas revelaciones y expresó su deseo de permanecer en Hong Kong y resistir a cualquier tentativa de extradición a su país. China criticó la vigilancia estadounidense, pero no mencionó la situación del joven. Estados Unidos abrió una investigación penal contra Edward Snowden y tomará “todas las medidas necesarias” para detenerlo por haber revelado prácticas de espionaje cibernético y telefónico por parte de Washington, dijo ayer el director del FBI, Robert Muller. Por su parte, el ex agente de la CIA Snowden, que develó un vasto programa secreto de vigilancia por Internet en Estados Unidos, prometió nuevas revelaciones y expresó su deseo de permanecer en Hong Kong y resistir a cualquier tentativa de extradición a su país, indicó el miércoles un diario de esa zona administrativa china. En una declaración ante el Congreso, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo a los legisladores que las revelaciones que el estadounidense Snowden hizo la semana pasada a dos diarios sobre los programas de espionaje y vigilancia del gobierno dañaron la seguridad nacional. “En cuanto a la persona que admitió hacer estas revelaciones, es objeto de una investigación penal en curso”, señaló Muller. En una audiencia ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Muller declaró que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo la investigación contra el joven para “detenerlo”. El director del FBI aseguró que las filtraciones “dañaron a la Nación y la seguridad del país” e insistió en que los programas de vigilancia llevados adelante por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y su propia oficina están amparados por la Constitución y las leyes estadounidenses. La semana pasada, Snowden, de 29 años, filtró al diario británico The Guardian y al estadounidense The Washington Post que la NSA y el FBI tienen acceso a millones de registros telefónicos amparados en la Ley Patriota, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Posteriormente, los periódicos revelaron un programa secreto conocido como Prism, que permite a la NSA ingresar directamente en los servidores de nueve de las mayores empresas de Internet estadounidenses, como Google, Facebook, Microsoft y Apple, para espiar “contactos en el extranjero de sospechosos de terrorismo”. El joven estuvo diez años relacionado con la inteligencia estadounidense, primero como técnico informático de la CIA, con base en Ginebra, y después como consultor en varias empresas externas de defensa que colaboran con la NSA, según reveló él mismo al diario británico. Snowden, que en un principio reveló las informaciones de forma anónima, reivindicó el domingo las filtraciones desde Hong Kong, donde se encuentra desde el 20 de mayo con paradero desconocido. Se espera que las autoridades estadounidenses presenten cargos contra él e incluso puedan cursar una petición de extradición. Snowden dijo inicialmente que pediría asilo en algún país que no precisó, y luego el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Duma (Congreso) rusa expresó que estaba a favor de otorgarle ese beneficio. Sin embargo, el exconsultor de la CIA dijo el martes que prefiere quedarse en Hong Kong, un territorio administrativo chino, para enfrentar a Estados Unidos desde los tribunales hongkoneses, y agregó que Washington espía a China y Hong Kong desde hace años. Ayer, en Beijing, el gobierno chino criticó el espionaje cibernético practicado por Washington, pero no hizo comentarios sobre la situación de Snowden. “Desgraciadamente, no podemos facilitar información al respecto”, indicó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, en respuesta a las insistentes preguntas de la prensa. En una entrevista con el diario hongkonés South China Morning Post, Snowden afirmó que la NSA trata, desde 2009, de acceder a cientos de objetivos cibernéticos en China y en Hong Kong. “Nosotros estamos en contra de todas las formas de ataques cibernéticos”, declaró en términos generales la portavoz china. Según Hua, China es “una de las principales víctimas” de los ataques cibernéticos, por lo que exigió un diálogo con otros países para garantizar la seguridad en Internet. Estados Unidos acusó reiteradas veces a China de estar detrás de algunos de los ataques a sitios web occidentales, pero Beijing siempre negó tal afirmación. La portavoz de la Cancillería china afirmó que la seguridad cibernética es un problema mundial que la comunidad internacional debe resolver en forma conjunta. “No soy un héroe ni un traidor. Soy un estadounidense”, declaró Snowden en una entrevista de la cual el South China Morning Post publicó un adelanto en su página web. Según el reporte del periódico, el ex agente de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional está decidido a revelar “otros explosivos detalles” sobre los blancos de los programas de vigilancia estadounidenses. Justificó además su lugar de destino. “La gente que piensa que cometí un error al elegir Hong Kong se equivoca. Mi intención es pedir que los tribunales y el pueblo de Hong Kong decidan mi destino. No tengo ninguna razón para dudar de su sistema”, dijo el ex agente. 14/06/13 Página|12

Piumato, el hijo menor de la familia judicial Por Demetrio Iramain

La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza. El 28 de junio de 2009 había elecciones en Honduras. La democracia le iba a preguntar al pueblo cuál era su opinión acerca de una eventual reforma constitucional. Si bien el resultado de la consulta no era vinculante, para la derecha era demasiado. Había que impedir a cualquier precio que el gobierno se fortaleciera a través de su mecanismo más legítimo: el voto popular. Las Fuerzas Armadas sacaron al presidente Zelaya casi desnudo de su residencia y lo mandaron secuestrado en avión a Costa Rica. No sería el último golpe de Estado en América Latina: el año pasado una parodia de juicio político forzó la salida del mandatario paraguayo, y en Quito policías autoacuartelados casi asesinan al ecuatoriano Rafael Correa, en septiembre de 2010. En nuestro país la derecha también quiere impedir que la democracia escuche a la sociedad. Emplea métodos más sutiles. Las corporaciones económicas dictan que el pueblo es un decorado, que las mayorías se equivocan, y la justicia copia. Contratan a los jueces como "contrapeso", con una única finalidad: que sigan siendo gobierno las ilustradas minorías que ellos componen. Su patrón de acumulación de poder prescinde deliberadamente de las masas, máxime si estas se encuentran en proceso de creciente organización. La derecha no consulta, ni da explicaciones a nadie. Manda a su chofer a responder, como Fayt. El Poder Judicial ha sido hasta ahora el brazo legalizador de esa lógica. Evidentemente, quiere seguir siéndolo. El fallo de la jueza Servini de Cubría declarando inconstitucional la elección popular de los consejeros de la Magistratura ya estaba implícito dos meses atrás, cuando durante los "parazos" de Julio Piumato licenció a su personal jerárquico, otorgó generosamente tres fines de semana larguísimos a sus empleados, y cerró literalmente su juzgado. Esos "paros" no fueron tales, sino un lockout de los propios jueces, que de ese modo adelantaban la opinión que tendrían en los pleitos sobre la constitucionalidad de la reforma. Si la democratización de la justicia fuera inconstitucional, como gime la derecha, eso probaría que la que está al margen de la Constitución es la propia Carta Magna. Sacados de contexto, el contrapoder y la alternancia son apenas dos excusas de forma para frustrar lo transformador que pueda ser el contenido. Las corporaciones en la Argentina quieren batir un nuevo récord: declarar al margen de la Constitución el voto popular, y hacerlo justamente en nombre de la democracia. George Bush, que bombardeaba poblaciones civiles en nombre de la paz, se sorprendería ante tanta creatividad. La voluntad del pueblo es la fuente de razón y justicia donde bebe la institucionalidad, su reaseguro, no el agujerito por donde chorrea la legalidad. Sin proponérselo, los impugnadores seriales de cualquier cambio sustancial que diseña el oficialismo les están dando la razón a quienes plantean la necesidad de reformar ampliamente la Constitución. La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza. A poco de andar debe sortear un problema a priori inesperado: el gremio de trabajadores. La conducción de la UEJN decidió ubicarse definitivamente al lado de las corporaciones de abogados y jueces. Cómo olvidar cuando en diciembre del año pasado Piumato asistió por primera vez a la cena anual de camaradería de la Asociación de Magistrados, a la que no concurrió –también por primera vez– ningún representante del gobierno. Esa comilona expresaba las disputas internas que empezaban a vivirse en Tribunales, y cuya intensidad creció exponencialmente. Tanto, que la Asociación está sufriendo por estos días una sensible sangría de jueces, que deciden hacer pública sus renuncias a la entidad para agruparse en la flamante Justicia Legítima. A su turno, los trabajadores que resisten la defección de Piumato hacen lo propio en su gremio, con una diferencia: en vez de abandonarlo dan pelea adentro del sindicato. Buscan maneras de multiplicar su voz, para potenciarlas, como ya ocurrió en el encuentro de La Plata el viernes 31 de mayo, y volverá a suceder el próximo sábado en la Biblioteca Nacional. No quieren que el gremio se convierta en la última corporación que faltaba: la de empleados. La actual posición de Piumato podrá será inexplicable, pero no sorpresiva. La UEJN recorrió el mismo caminito que Hugo Moyano. Los judiciales fueron los primeros trabajadores en hacerle paro al gobierno de Cristina, diez días después de asumido el actual mandato. Fue el 20 de diciembre de 2011, apenas unos días después del desafío planteado por el camionero en Huracán, y con la misma excusa de superficie que ahora: el salario y el "retraso" del Ejecutivo. Me explico: a pesar de la Ley de Autarquía, ante cada aumento salarial el máximo tribunal solicita una expresa autorización a la Jefatura de Gabinete para otorgarlo. Para beneficiar a Clarín nadie pide permiso en Tribunales; para aumentar los sueldos sí. Ergo, los paros de Piumato ya no son para reclamarle a su empleador, sino al Poder Ejecutivo, que según Piumato demora a propósito el visado. En diez años nunca le fue rechazado ningún pedido de cambio de partidas presupuestarias a la Corte. No siempre fue así. Cuando a partir de mayo de 2003 los sueldos de los judiciales dejaron de estar congelados, la UEJN comenzó a demandar sus incrementos salariales ante el Consejo de la Magistratura, porque los restos menemistas de la Corte Suprema los impedían sistemáticamente. Ahora, extrañamente, Piumato hace diez días de huelga en tres semanas consecutivas para que sea la Corte quien maneje en soledad los fondos del Poder Judicial y concentre todas las facultades salariales y presupuestarias. Todos saben en Tribunales que cuando Piumato convoca a un paro por salario el aumento ya está concedido de antemano. Sólo resta saber el día en que será abonado. Cuando esto ocurre, el aparato de Piumato dice entonces que "le arrancamos el aumento a la Corte", cuyo porcentaje también percibirán los mismos jueces que lo dispusieron. Sus "luchas" son de sevita, y los festejos por el "coraje de los compañeros", con bombas de estruendo. Burócratas sindicales, que se dice, para quienes Servini pasó a ser una "compañera". 13/06/13 Infonews

¡Peligro… intelectuales “orgánicos” al acecho! Por Ricardo Forster

Carta Abierta. Blanco de los ataques de la oposición política y mediática. Todo se discute, con más furia y descalificaciones que con argumentos, en la Argentina actual. Hemos atravesado con diversas intensidades cuestiones significativas o que adquirieron significación a partir de su visibilidad pública. Cuestiones que no imaginábamos que podían ocupar el centro de la escena y que, en muchos casos, habían permanecido al margen gracias a las estrategias de ocultamiento y ninguneo de quienes detentaron (y que todavía detentan) el poder de decidir qué es visible y qué no (¿alguien imaginaba, no demasiados años atrás, que se discutiría el rol de los medios de comunicación o la política de derechos humanos, que se debatirían en el Parlamento los derechos de las minorías sexuales o la política de reestatización de la energía hidrocarburífera, que se disputaría la renta agraria o que se debatiría una reforma del sistema judicial? ¿Alguien, instalado en la década del ’90, y en sus paradigmas hegemónicos, siquiera pensaba que a partir del 2003 íbamos a reabrir discusiones que parecían definitivamente saldadas a favor del neoliberalismo? ¿Creíamos, más allá de nuestros deseos, que lograríamos sortear las trampas del fin de la historia y la muerte de las ideologías con las que se intentó clausurar para siempre cualquier posibilidad de transformación de la realidad a favor de las mayorías populares? ¿Veíamos en el horizonte el “regreso” de los intelectuales al centro de la escena política después de haber declarado su defunción al calor de una época signada por la despolitización, el pragmatismo de mercado, la simplificación mediática y el consensualismo gerencial? ¿Utopizamos siquiera la actualidad sudamericana y la cristalización de nuevos derechos que incluyen un lugar relevante a los pueblos originarios y a experiencias popular democráticas que recorren países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, o más bien padecíamos el síntoma de la resignación?) Seríamos hipócritas o mentirosos si dijésemos que todo eso estaba presente en lo que se discutía o se alcanzaba a pensar en las décadas que cerraron el siglo pasado. En el mejor de los casos buscábamos proteger saberes y tradiciones en desuso y amenazadas con ser convertidas en piezas de museo mientras avanzaba brutal y hegemónica la ideología del liberal capitalismo que, de manera inmisericorde, decretaba lo que merecía permanecer y lo que debía ser arrojado al tacho de los desperdicios más allá de toda legitimidad. ¿Intelectuales? En los ’90 ocupaban el borde del borde, eran apenas la expresión de un resto arqueológico que remitía a otra época del mundo. Ahora, cuando por esas locas sorpresas de esa misma historia a la que se había decretado finalizada y decrépita, regresan los intelectuales, los mismos que se congratulaban de su inutilidad y de su volatilización sin ruidos ni conflictos, se sienten con el extraño derecho a determinar qué es y qué debería ser un “intelectual crítico”. Dan cátedra, desde el lugar que ocupan en los medios de comunicación concentrados, de lo que debería ser la “ética del intelectual”, de su historia de permanente “confrontación con el poder, cualquiera sea”, de su “irrenunciable autonomía”, todo en nombre de un virtuosismo antagónico al de aquellos “seudointelectuales orgánicos al gobierno” que han “traicionado” el genuino espíritu volteriano de quienes siempre deberían permanecer al margen de todo poder (cuando el intelectual toma partido por las mayorías se convierte, mutatis mutandis, en un traidor a esa pureza de origen que lo debe mantener apartado de cualquier tentación política; pero cuando se ofrece como el tribuno del ideal republicano, el garante de la legitimidad democrática forjada en los talleres del liberalismo y en esquivo justificador, porque de eso es preferible no hablar, del omnisciente poder económico corporativo, regresa, impoluto, sobre esa esencia fabulosa del genuino intelectual capaz de sostener su independencia y de pensar por cuenta propia sin que nadie le pague por lo que hace). El cinismo de aquellos que festejaban el ostracismo del intelectual crítico no tiene límites; de aquellos que, desde siempre, opusieron al “lenguaje alambicado y barroco” de los intelectuales el “lenguaje llano y directo de los comunicadores sociales”, lo alto contra lo bajo, lo elitista contra lo popular y masivo, lo enredado y confuso contra lo directo y simple. Son los que se dedican, desde los artefactos comunicacionales del poder mediático, a denostar a “quienes escriben difícil” utilizando los mismos recursos, pero exponencialmente degradados, de la demagogia populista a la que tanto critican. Extraña paradoja que vuelve a poner las cosas en su lugar. Ellos quieren intelectuales distantes, neutrales ante la lucha política decisiva, cultores de una autonomía encristalada, críticos de todo, virginales, asépticos, almas bellas que puedan expresar sus preocupaciones por el medioambiente, por la minería, por los pueblos originarios y su indignación ante las opacidades de la política y de la gestión estatal, místicos del pensar desasido, críticos de toda idea anacrónica de “compromiso” y fervorosos habitantes de paisajes alejados de cualquier contaminación plebeya de la historia. Ese es el “intelectual” que añoran, ese que nada significa y al que nadie le presta atención. Un intelectual tan “radicalizado” que su palabra carezca de audibilidad o que simplemente pueda convertirse en un florero en el living del poder mediático. Mejor escuchar hablar de la “revolución” como un futuro vago que dar la batalla, acá y ahora, contra las injusticias del sistema aunque eso se haga asumiendo limitaciones y contradicciones pero reconociendo aquello que efectivamente provoca y cuestiona al poder del capital. Hay momentos de la historia en los que ser revolucionario supone embarrar las ideas emancipadoras con el barro de un plebeyismo político que asume el rasgo, diría Cooke, de lo “maldito” e insoportable. Pero también abominaron, y lo siguen haciendo, de cualquier rigurosidad conceptual o de cualquier exigencia que supere el umbral de lo fácil de digerir. Desde siempre han subestimado a los ciudadanos y, desde siempre, han intentado, por la vía de la ironía grotesca y el desprecio, desvalorizar aquellas escrituras que se alejan del nivel zócalo en el que suelen moverse y del que nunca alcanzan a salir en su estrategia comunicacional de impacto espectacular y amarillista plagada de golpes bajos y de frases huecas. Mejor insultar que argumentar, mejor descalificar que construir alguna idea. Lo soez suele acompañar la falta de solidez y el vacío en el que se mueven, un vacío que sólo buscan llenar lanzando improperios y revistiendo sus acusaciones espectaculares de seudo investigaciones cuya rigurosidad siempre carece de toda demostración. Los “otros”, los intelectuales “orgánicos”, los que han “vendido el alma al diablo” por algunas monedas, los carentes de convicciones y lamebotas del poder de turno, deberían aprender –eso nos dicen los escribas de la derecha que han descubierto la esencia del “intelectual autónomo” sin siquiera sonrojarse ni sentir un poco de vergüenza ni preocuparse por recorrer un poco la compleja trama de la historia y de sus protagonistas– de tan ilustres periodistas que, eso sí, vuelven a ofrecerse como los grandes virtuosos de estos tiempos canallas. Nada de leer a Kafka o a Borges, a Hegel o a Mariátegui, a Thomas Mann o a Marechal, a Benjamin o a Casullo, a Marx o a León Rozitchner, a Juan José Saer o a Nietzsche que escriben demasiado difícil y oscuro y se niegan a dejarse engullir como una papilla de fácil digestión. Mejor leer a nuestras plumas mediáticas que le hacen tanto bien al idioma y a la crítica de la realidad. ¡Viva la simplificación del mundo! Esa parece ser la consigna de estos cruzados antiintelectualistas que, ante una frase que exige un mínimo de reflexión y, tal vez, horror de los horrores, de relectura, amenazan con llevar su mano a la cartuchera para desenfundar el arma del sentido común telemático. “Los intelectuales esconden la corrupción”, así se escribe en un artículo de La Nación, y lo hacen, sigue el articulista, utilizando los falsos recursos de un estilo barroco, gongoriano e indescifrable propio de los autores de las cartas abiertas, verdaderos hipócritas que buscan disimular lo indisimulable. Difícil caer más bajo, salvo que se utilice a mansalva un medio de comunicación, como lo hace el mascarón de proa del Grupo Clarín, para decir del otro aborrecido que es “un hijo de puta”. Los finos, pulidos y democráticos intelectuales de la oposición (pienso en Sarlo, Kovadloff, Sebreli, Romero, Gregorich, etcétera) no se sienten ofendidos ante las diatribas antiintelectuales y los insultos contra otros intelectuales propalados por el último héroe del “periodismo independiente”. ¿No ven allí un límite y un ejercicio de violencia retórica clausurante de cualquier forma de convivencia democrática y oscuro signo de otras formas de violencia? ¿Y su espíritu crítico? ¿Y su enérgica autonomía de intereses políticos o corporativos? ¿O, acaso, no sienten en esos insultos que se esté cayendo en recursos cloacales y en la invalidación de posiciones que no son las propias convirtiendo a la democracia en un pellejo vacío? Debates enconados, aquellos que marcaron lo mejor de esta década pese a los intentos por silenciarlos o volverlos invisibles, que fueron desnudando lo que permanecía oculto o que le devolvieron potencia a lo que parecía ausentado de la realidad por vetusto o anacrónico. Debates, todos, influidos por la vertiginosidad de un tiempo decididamente inclinado hacia una fuerte presencia de lo político; de un tiempo de conflictos y disputas como hacía décadas que no vivíamos y que han sacudido los ánimos hasta un punto en el que la confrontación de ideas se ha convertido, bajo la forma de una transmutación alucinada y patológica, para ciertos sectores mediático-opositores, en incontenible manifestación de odio, resentimiento y descalificación del otro. Algunos han decidido rebasar todas las fronteras de la convivencia democrática eligiendo como punto de fuego de sus intervenciones la más furiosa colección de insultos e improperios que apuntan, casi siempre, a demonizar a sus adversarios o simplemente a arrojarlos al territorio cenagoso de la sospecha ética. Aquello que debería enriquecer la vida política y cultural de una sociedad termina convirtiéndose, para ciertos medios de comunicación y actores relevantes de las fuerzas de oposición, en una excusa perfecta para desparramar, con absoluta impudicia, una colección de infamias e injurias que no hacen otra cosa que invalidar la necesidad y la importancia de lo que se busca debatir. En verdad, su objetivo es arrojar todo al lodo de una historia inclasificable que nos ha transformado, eso piensan y dicen, en un país arruinado y desquiciado por quienes se han ocupado, en estos 10 años, de tomar decisiones antagónicas a las necesidades de la genuina vida republicana. Lejos de todo debate, que exige argumentos y respeto del otro, sacan de las cloacas del idioma una sarta de improperios que desnuda su oscura agresividad y su visceral incapacidad para desplegar qué es lo que verdaderamente piensan, salvo que lo “real” de su discurso, lo inconfesado de su “verdad”, sea precisamente aquello que asume la forma del insulto y la descalificación más grosera. En el asedio que intentan contra un gobierno legitimado por el voto popular y por la defensa irrestricta de las garantías constitucionales, no existen, ni pueden existir, límites ni prevenciones que tengan como objetivo mantener las discusiones y las diferencias en el interior de las fronteras del reconocimiento democrático del otro. No, para ellos ese “otro” es el peor de los enemigos, el oscuro portador de una corrupción ontológica, el demagogo que lo único que busca es capturar la conciencia de las masas para ponerla al servicio de su proyecto totalitario. Su deseo insaciable de poder se entreteje con bóvedas secretas repletas de oro y dinero acumulados desde las estrategias del desfalco y la impunidad administrativas. Son, para periodistas y opositores, “ladrones”, “pichones de führer”, “corruptos”, “autoritarios”, “destructores de la república”, “resentidos y revanchistas”, “monstruos que lucran con el sacrificio de los argentinos”, “impostores que utilizan causas justas para fines inconfesables”, “cómplices de oscuros negociados” y, por si no alcanzare, posibles “émulos del Tercer Reich” porque, gracias a las eruditas investigaciones de los editorialistas del diario fundado por Mitre, ahora sabemos que nuestro país va en camino de asemejarse a la Alemania que emanó de ese terrible año de 1933 en el que Hitler alcanzó la cumbre del poder. Todo vale a la hora de ir contra esa “mafia que ha capturado el Estado” y que ha dañado, eso argumentan con arbitrariedades impresentables, la convivencia entre argentinos. Ellos son, también lo dicen una y otra vez, los ardientes defensores de “reglas de juego” que hagan viable el debate público al mismo tiempo que descargan sin ningún remordimiento una batería de insultos promotores de una violencia como no conocía el país desde tiempos infaustos en los que el “otro” era descalificado hasta el punto de negarle su derecho a la existencia. Las acusaciones permanentes, implacables y bulímicas tienen como objetivo declarado desgastar públicamente al gobierno y a quienes lo defienden propalando, a los cuatro vientos, una mezcla de denuncias seriales, groserías de vodevil, patoteadas discursivas y anuncios apocalípticos que nos colocan frente al abismo de una corrupción infinita. Ellos, los puros, los independientes y los virtuosos de la república perdida estarán allí para rescatarnos de tanto envilecimiento. Tal vez, al día siguiente de lograda la restauración conservadora, regresarán a sus ardientes inclinaciones intelectuales como para recordarnos que jamás estarán dispuestos a enturbiar la transparencia de su práctica virtuosa. Revista Veintitrés

PANORAMA ECONOMICO ALCA II Por Alfredo Zaiat

PANORAMA ECONOMICO ALCA II Por Alfredo Zaiat La Declaración de Lima se presentó en abril de 2011, luego se firmó El Acuerdo Marco de Antofagasta, en junio de 2012, para irrumpir con fuerza la Alianza del Pacífico con la Cumbre de Cali del 23 de mayo pasado en el tablero regional. La integran Colombia, Chile, Perú y México. En ese último encuentro de los presidentes de esos países fueron aceptados en calidad de observadores Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana, que se unieron a España, Nueva Zelanda, Guatemala, Australia, Japón, Uruguay y Canadá, que ya lo eran. Costa Rica solicitó ser incorporado como miembro pleno. En la Declaración de Cali definieron la desgravación total de aranceles para el 90 por ciento del universo de bienes comercializados entre sus economías, y para el 10 por ciento restante se proponen alcanzar arancel cero en los próximos siete años. Ya han eliminado requisitos de visado para los ciudadanos de cada uno de los países miembro y proclamaron la aspiración de avanzar rápidamente hacia la creación de un mercado común. Un aspecto no menor es que los cuatro integrantes de la Alianza del Pacífico han suscripto en forma bilateral un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mientras Brasil no asume con convicción un liderazgo positivo en la región y las instituciones de integración latinoamericana (Unasur, Mercosur, Alba, Celac) exhiben una inédita armonía política con escasos avances en materia económica y financiera en un contexto internacional complicado, emerge de la mano de Estados Unidos el proyecto ALCA II. En noviembre de 2005, en la Cumbre de Mar del Plata, América latina, liderada por Lula, Chávez y Kirchner, clausuraron el proyecto de liberalización comercial ALCA impulsado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Transcurrieron siete años desde entonces, y la potencia mundial volvió a posar su mirada en Latinoamérica, motivada por la creciente presencia en la región de la potencia emergente, China. El segundo período del gobierno de Barack Obama comenzó con una agenda más activa vinculada con su área de influencia más cercana. En Alianza del Pacífico: ¿El nuevo club neoliberal?, publicado en la red alainet, José Fortique explica que algunos especialistas en el tema geopolítico señalan que la nueva estrategia de los Estados Unidos con los Tratados de Libre Comercio es contener a China, que ha mostrado su fuerza con una diplomacia activa a nivel global. “La creciente inversión china en América latina en sectores mineros y energéticos se ha diversificado a la infraestructura”, indica, agregando que con abundancia financiera ha permitido a algunos países escapar del Fondo Monetario Internacional. Fortique plantea que el objetivo de la Alianza del Pacífico es el regreso “al proceso de reestructuración neoliberal de los ’70 a los ’90, como alternativa al proteccionista modelo de industrialización por sustitución de importaciones”. En términos geopolíticos y económicos, el proyecto de construir otro canal de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico en Nicaragua por parte de empresas chinas invirtiendo 40 mil millones de dólares a cambio de administrar la concesión por 50 años prorrogable por otro período similar, expone en toda la dimensión la disputa que se desarrolla en un territorio considerado de exclusiva influencia estadounidense. La relevancia del futuro Canal de Nicaragua queda en evidencia recordando el espacio clave en varios aspectos que tuvo el Canal de Panamá para Estados Unidos. La Alianza del Pacífico marca el regreso con fuerza de la idea de la apertura pasiva al comercio mundial, reservando para América latina el papel de proveedora de recursos naturales, materias primas agropecuarias y alimentos. Con amplio apoyo de corrientes conservadoras y de grandes medios de comunicación, tiene asegurada su publicidad como la estrategia para alcanzar la bonanza en los países de la región. Colombia, Perú, Chile y México son economías exportadoras de petróleo o minerales, promotores del libre comercio y de políticas económicas ortodoxas. Economías de rápido crecimiento abrazando la globalización sin avances sustanciales en materia social ni en mejoras en la distribución del ingreso. El Producto Bruto Interno conjunto suma unos dos billones de dólares, 35 por ciento del total de América latina, un poco por debajo del contabilizado por Brasil, la potencia regional. En la partida que disputan Estados Unidos y China en América latina, con la Alianza del Pacífico como un peón más de ese tablero, el comportamiento de Brasil es vital en la definición del rumbo de la integración latinoamericana. El permanente bombardeo al Mercosur es una señal de alerta, facilitado por un par de años de crecimiento muy bajo de Brasil y Argentina que provoca complicaciones al proyecto de integración. El establishment y la intelectualidad tecnocrática brasileña proponen desestimar las situaciones relativas de los socios del bloque porque sostienen que de ese modo Brasil está perdiendo relevancia política y económica en el continente, sugiriendo entonces un acercamiento a Estados Unidos. En ese fuego cruzado, Brasil necesita reafirmar su liderazgo regional para poder ser reconocido como tal en el escenario mundial de multipolaridad que tiene al grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como protagonista. Para ello, transitar un camino parecido al de la Alianza del Pacífico lo desplazaría a ser un actor subordinado de la política comercial y exterior de Estados Unidos, mientras que mantener su actual estrategia pone en tensión las estructuras de integración regional. En estos años, Brasil está imitando el comportamiento de Alemania con el resto de los países europeos: busca preservar e incluso aumentar el superávit comercial con sus socios y dilata el despliegue de los proyectos de construir una estructura financiera regional. En El Cisma del Pacífico, publicado en la red sinpermiso.info, el profesor de política económica en la Universidad Federal de Río de Janeiro José Luis Fiori explica que históricamente el proyecto de integración regional “nunca fue una política de Estado, yendo y viniendo a través del tiempo como si fuese una utopía ‘estacional’ que se fortalece o debilita dependiendo de las fluctuaciones de la economía mundial y de los cambios de gobierno dentro de la propia América del Sur”. Apunta que durante la primera década del Siglo XXI los nuevos gobiernos del continente, que caracteriza de izquierda, sumados al crecimiento generalizado de la economía mundial –entre 2001 y 2008– reavivaron y fortalecieron el proyecto integracionista, en particular el Mercosur, liderado por Brasil y Argentina. Fiori destaca que después de la crisis de 2008 ese escenario cambió. “América del Sur se recuperó rápidamente, empujada por el crecimiento chino, pero este éxito de corto plazo trajo de vuelta y viene agudizando algunas de las características seculares de la economía sudamericana, que siempre obstaculizaron y dificultaron el proyecto de integración, como el hecho de ser una sumatoria de economías primarioexportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos.” América latina, con Brasil ejerciendo un liderazgo ambicioso para la construcción colectiva de la integración, no para fortalecer su carácter de potencia hegemónica regional, enfrenta un reto mayúsculo: desafiar el destino de ser un actor pasivo en la división internacional del trabajo definida por las viejas, actuales y nuevas potencias mundiales, quedando Brasil en la condición de “periferia de lujo”, como describió Fiori, o trabajar en la profundización de la integración productiva industrial y construcción de una arquitectura financiera regional. La primera opción tiene como desenlace el ALCA II. azaiat@pagina12.com.ar 15/06/13 Página|12

La más maravillosa música Por Enrique Manson *

Alguna vez cierta gente que se definía por su amor a la Libertad y la Democracia se propuso borrar de la memoria argentina a Juan Perón. Hoy, la juventud canta, con escaso respeto por las formas gramaticales pero con clara elocuencia, Ya, de bebé, en mi casa hay una foto de Perón en la cocina. Es que por casi sesenta años, las fotos de Perón, estuvieron en cocinas, comedores, y otros ámbitos de muchas casas. Humildes y no tan humildes. A pesar del bando militar que anunciaba cárcel y multa a quien violara la norma que decía que la doctrina peronista “ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino” para quien “son una afrenta”, el gobierno decide prohibir el uso de “imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas”. No estará permitido el uso de fotografías o esculturas de funcionarios peronistas o sus familiares, el escudo y la bandera peronistas, “el nombre propio del presidente depuesto”, las expresiones “peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, la abreviatura P.P.” El peronismo había sido como una alianza de sectores sociales en que la armonía superaba al conflicto de clases. Pero fuera de algunas conductas individuales, los sectores medios –políticos, militares, intelectuales y, aun, dirigentes sindicales, del movimiento- bajaron su nivel de compromiso en las horas de la prueba. No ocurrió así con los trabajadores. Cuando las condiciones de vida y de trabajo se endurecieron tras la caída del tirano, no tuvieron dudas. El peronismo era su movimiento. El que los había hecho vivir tiempos mejores y protagonizar la política de una manera inédita entre los proletariados del continente. Los diecisiete años de Resistencia tuvieron un protagonista colectivo, que lo era a partir de su identidad cultural y social, pero también de causas concretas como el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo, así como de su exclusión política. Yo nunca estuve en política, siempre fui peronista, diría el Gatica de Favio. Es que ser peronista era, ante todo, una identidad. Como ser negro en la Sudáfrica del apartheid o ser chiíta entre los seguidores de Khomeini, en el Irán del Sha. Junto a ese pueblo hubo otro protagonista no menos importante. Perón no fue solamente el conductor de la Resistencia, ¡por diecisiete años y a quince mil kilómetros de distancia! Era el símbolo, el mito, el elemento ritual que unía y guiaba a los peronistas por el interminable cruce del Sinaí de la proscripción y la persecución, hasta la tierra prometida del Retorno. Sin que faltaran becerros de oro que adorar y falsos sacerdotes que los esculpieran. El Régimen ensayó una y mil formas de evitar ese Retorno y terminar hasta con el recuerdo de la Segunda Tiranía. Pero no alcanzó. Perón volvió y fue presidente por tercera vez. Sin embargo, debía enfrentar una profunda crisis interna y otra no menos grave en lo internacional. En el marco de la multiplicación del precio del petróleo y de la inestabilidad económica y política mundial, los sectores internos del peronismo se enfrentaban duramente. El mismo Líder les dijo alguna vez a los jóvenes militantes que su retorno se había producido cuando él estaba demasiado viejo y ellos eran excesivamente jóvenes. El 1° de mayo, durante la fiesta de los trabajadores, el conflicto estalló. Muchos jóvenes alineados con la conducción de la organización Montoneros, silbaron a Isabel Perón y exigieron a gritos cambios de política. El General respondió indignado, llamándolos estúpidos e imberbes. El destino impidió que los grupos instalados en la Plaza se enfrentaran hasta producir una masacre. No había pasado un mes y medio, cuando volvió a convocar a la Plaza. Lo hizo indirectamente, cuando anunció que de no contar con apoyos capaces de enfrentar a la crisis, abandonaría la empresa en que había comprometido lo que le quedaba de vida. Cuando se asomó al balcón, frente a una multitud que en su enorme mayoría no había ido encuadrada en organizaciones, sino que la formaban argentinos y peronistas preocupados, pronunció su último discurso en tal escenario. Agradeció la presencia del pueblo que respondía a su convocatoria de esa mañana. Los que estábamos abajo movíamos los brazos como aspas para trasmitir que no había nada que agradecer, y que éramos nosotros los que recibíamos el regalo de su confianza. Tal vez, ya era tarde. Por la gravedad de su salud y, sobre todo, por lo avanzado de la crisis, imposible de encauzar sin su presencia. Pero, como dice la juventud –cada nueva generación de juventud que se va sumando con el tiempo-: A pesar de las bombas, de los fusilamientos –los ya sufridos y los que vendrían en los terrible años que siguieron-, los compañeros muertos, los desaparecidos. No nos habían vencido. Pocos días después, el 1ª de julio, el Líder nos dejaba. Pero habíamos recibido, en esa Plaza de la Historia, de entonces y de Hoy, una despedida que decía: Llevo en mis oídos la más maravillosa música que es, para mí, la palabra del Pueblo Argentino. Junio de 2013 * Profesor, escritor. Miembro de Número del Instituto Nacional Manuel Dorrego.

Voto descalificado

Voto descalificado Hace algunos días, varios fallos de la Justicia Federal rechazaron recursos contra la puesta en marcha de las leyes que impulsan la democratización de la justicia. Muy pocos medios de comunicación difundieron esa noticia o lo hicieron en espacios casi invisibles. Eso es lógico ya que como se señalaba en uno de los fallos, se trataba de excursiones de pesca, buscando uno o más jueces o juezas que aceptaran frenar un proceso de cambio que la mayoría de la sociedad reclama hace décadas, una justicia más democrática. Por Carlos Rozanski Teniendo en cuenta que el avance que se intenta impulsar tiene relación directa con límites a las corporaciones y grupos económicos que luchan por mantener sus privilegios, la falta de interés en dar a conocer esos fallos se explica sola. Se difundieron ampliamente, por el contrario, aquellos fallos que en distintos despachos judiciales, hicieron lugar a las medidas y sumaron piedras a la rueda de este proceso. Simultáneamente, se entrevistó en los medios a cientos de profesionales del derecho que con mayor o menor efusividad, pero todos integrantes de distintas corporaciones, coincidieron en aplaudir a aquellos/as magistrados/as que "valientemente" cerraron –al menos provisoriamente– las puertas a la elección por voto popular de una parte de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación. Precisamente de aquellos que integran las corporaciones a las que pertenecen quienes se oponen a las leyes legítimamente sancionadas por el Congreso Nacional. Uno de los argumentos centrales de los accionantes y de los fallos es que, de cumplirse con estas leyes, los consejeros deberían fidelidad a los partidos que los incluyeron en sus listas. Este argumento parecería tener sentido, si no fuera que quienes hoy integran el Consejo, en el sistema que se pretende mantener, pertenecen a una corporación a la que además –en el caso de los jueces– le pagan mensualmente una jugosa cuota societaria. Claro que a cambio de dicha cuota obtienen numerosos beneficios característicos del "pertenecer", los que no se detallan aquí porque excedería el tamaño de dos páginas de esta publicación. ¿Cómo imaginar, desde la óptica de quienes se rasgan las vestiduras por una boleta partidaria, que quien pertenece a una asociación, paga mensualmente una cuota, integra listas "societarias" para la elección de consejeros e integró anteriores Comisiones Directivas, no se debe a sus "consocios" que lo votaron? ¿Se puede sostener seriamente que quien tiene ese tipo de pertenencia no tiene simpatía política alguna o vota reiteradamente en blanco? Es más serio pensar que detrás de ese paroxismo de fervor democrático, se esconden los verdaderos intereses económicos, corporativos y de poder que no sólo los impulsan a sabotear este proceso, sino además a descalificar al soberano, a esos 20 millones de habitantes comunes destinatarios de los fallos que los iluminados asociados a diario dictan desde lo alto de los estrados. 13/06/13

La elección popular y la resistencia de las corporaciones Por Jorge Elizondo

La Ley 26.855 determina que el Consejo de la Magistratura estará integrado por 19 miembros, con la siguiente composición: tres jueces del Poder Judicial de la Nación, tres representantes de los abogados de la matrícula federal, seis representantes de los ámbitos académico o científico. Estos 12 miembros deben ser elegidos por el pueblo de la Nación por medio del sufragio universal. Completan la integración seis legisladores, tres por cada una de las Cámaras, designados por sus presidentes, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos; y un único representante del Poder Ejecutivo (Art. 2º). Luego de la feroz campaña mediática desatada contra la totalidad de los seis proyectos convertidos en ley por el Congreso de la Nación, una sucesión de fallos de Jueces Federales ordenan la suspensión de la elección popular de estos 12 miembros del Consejo de la Magistratura. El fallo de la jueza federal con competencia electoral Dra. Servini de Cubría declara la inconstitucionalidad de la norma, y se funda en "la elección popular y partidaria" de los abogados, jueces, académicos y científicos que deben integrarlo, en la supuesta ruptura de un supuesto equilibrio entre estamentos y en su particular interpretación de que el art. 114 de la Constitución habría concebido al Consejo de la Magistratura como una institución corporativa de los magistrados y abogados. Debe recordarse que Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno del Poder Judicial; no es quien designa a los jueces ni los juzga; sino que los selecciona y propone en terna a la Presidencia de la Nación, quien tiene la facultad de designarlos. No es el Consejo quien juzga a los jueces, sino que sólo puede ser el órgano acusador, y es un jurado quien puede hacerlo conforme a la Constitución. La Ley 26.855 se ajusta al art. 114 de la Constitución Nacional. El mismo se refiere a que en su composición debe haber un equilibrio entre representantes de los magistrados, de los abogados de la matrícula federal y de "otras personas del ámbito académico y científico", pero de ningún modo determina ni autoriza que estos integrantes deban ser elegidos por sus colegios, asociaciones o corporaciones. Si así fuere, ¿qué institución corporativa debería elegir a los académicos y científicos? En cuanto a la inclusión de los candidatos a jueces, abogados o académicos en boletas partidarias que tanto preocupa a Servini de Cubría, creemos que se ajusta a la Constitución Nacional, ya que esta reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático (Art. 38), es decir como auténtica expresión política representativa de la ciudadanía; y no le asigna a las corporaciones (colegios, asociaciones profesionales, sindicatos, cámaras empresarias) capacidad alguna de representación política en el ámbito del Estado. Nada más contrario a la Constitución, nada más autoritario que pretender sustituir al pueblo de la Nación por la voluntad de las corporaciones, que –por más legitimidad que tengan– nunca pueden estar por encima de la soberanía popular. La posibilidad de que el conjunto de la ciudadanía pueda elegir a los integrantes de un poder del Estado, no sólo es constitucional, sino que refuerza aun más el principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. 14/06/13 Tiempo Argentino GB