Reynaldo Sietecase La justicia argentina sólo otorga garantías a los poderosos

La justicia argentina sólo otorga garantías a los poderosos, no importa si se trata de funcionarios o grandes empresarios: si cometen algún delito, es muy difícil que sean castigados. Lo muestran las estadísticas judiciales. El porcentaje de condenas por corrupción es bajísimo y el poder económico casi nunca pisa Tribunales salvo para frenar alguna medida que afecte sus intereses sectoriales. Desde que asumió el poder en 2003, Néstor Kirchner estuvo decidido a propiciar modificaciones en el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia nombrada por Carlos Menem se había convertido en una vergüenza nacional. Para describir los antecedentes jurídicos de la mayoría de sus miembros sobraba una hoja de cuaderno. Eso sí, eran amigos leales del entonces Presidente. Desde el máximo tribunal dieron andamiaje legal a la enajenación del patrimonio nacional. Intervinieron cada vez que se los convocó a favor del poder político que, por esos años, coincidía con los intereses de las corporaciones. Se hicieron grandes negocios. Se instaló la idea de “puerta giratoria”, los funcionarios que participaban de la venta de empresas estatales luego aparecían trabajando para los consorcios privados que se quedaban con las mismas. El patagónico logró forzar después de un duro discurso la renuncia a la Corte Suprema de los más impresentables. Había gran consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad de que la situación no daba para más. Por iniciativa de su Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el Presidente firmó el decreto 222 de autolimitación en la designación de los altos magistrados. Deberían ser juristas probados, con buenos antecedentes y se abría un período de impugnaciones, entre otras cuestiones. Por otra parte, Kirchner priorizó a especialistas de gran nivel y que no estuvieran ligados a grandes estudios jurídicos. Así llegaron a la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Higthon de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. También se decidió la reducción de los miembros de la Corte de 7 a 5. El enojo de Cristina Fernández de Kirchner con la mayoría de los cortesanos, por lo que parece un previsible fallo contra la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, menoscaba una de las medidas más notables del kirchnerismo. En varias oportunidades la propia presidenta reivindicó al tribunal por su autonomía y calidad. Además, el gesto airado tiene rédito nulo. Es como enojarse con el árbitro. Cuidado, los grupos concentrados suelen hacer lo mismo con los jueces que fallan contra sus intereses. Basta un ejemplo: las críticas feroces recibidas por el juez de primera instancia Horacio Alfonso cuando dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales. La distancia entre la Corte Suprema y algunas Cámaras o el Fuero Federal es indescontable. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales conviven por ejemplo el penalista de pensamiento más progresista del país con algunos dinosaurios. No está tan mal. La Corte Suprema es independiente del poder político, ya lo ha demostrado. Es un gran paso. Ahora le resta demostrar que también es independiente del poder económico. Lo sabremos en pocos meses cuando tenga que decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales. Mientras tanto, insultar al árbitro no sirve de nada.

Opinión: El fusilamiento de Valle y una proclama que hizo historia

El domingo 9 de junio se cumplieron 57 años del levantamiento cívico militar liderado por los generales Valle y Tanco contra la autodenominada “Revolución Libertadora”. El texto de la proclama que emitieron explica porqué varios de los asesinados entre el 10 y el 12 de junio de 1956 fueron los únicos militares fusilados de la historia reciente argentina. Por Diego Kenis I El 9 de junio de 1956 se produjo en nuestro país el único intento de golpe de Estado motivado por un proyecto verdaderamente democrático, nacional y popular, toda vez que pretendía devolver al pueblo la oportunidad de votar sin restricciones y a los dirigentes sindicales el control sobre los gremios, además de denunciar la entrega del patrimonio nacional implementada desde casi un año antes por la autoproclamada “Revolución Libertadora”. Hoy se cumplen 57 años del fusilamiento del general de división Juan José Valle, líder del levantamiento reprimido mediante la aplicación retroactiva, y por ello clandestina, de la ley marcial que entró en vigencia el día después de cometidos los presuntos delitos que se imputaban a los fusilados. La prueba de la excepcionalidad de la sublevación se configura a partir de la atipicidad de la proclama emitida, que se diferencia del corpus producido por las plumas castrenses entre 1930 y 1987, y el hecho de que por primera vez entre las víctimas fatales de la represión dictatorial se incluyeran tanto militares como civiles. La matanza fue documentada ya en los primeros años posteriores al hecho, cuando Rodolfo Walsh y Salvador Ferla escribieron “Operación Masacre” y “Mártires y Verdugos”. Los fusilamientos a militares ni siquiera se repitieron cuando en 1982, el informe elaborado por el atípico Teniente General Benjamín Rattenbach aconsejaba el fusilamiento del represor y dictador Leopoldo Galtieri por la manifiesta irresponsabilidad con que condujo la guerra por las Islas Malvinas. En su libro “Medio siglo de proclamas militares”, Horacio Verbitsky reunió todos los textos con que se presentaron los movimientos golpistas, incluyendo los que fracasaron en 1951 y 1987 y los golpes dentro de golpes que se hicieron una constante en la segunda mitad del siglo. Además, Verbitsky analizó en dicha obra los tópicos comunes del discurso que inauguró Leopoldo Lugones en 1930, seis años después de su discurso en el centenario de la batalla de Ayacucho, cuando celebró la llegada “para bien del mundo, (de) la hora de la espada”. La proclama de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco escapaba de la mayoría de ellos. En todos los documentos anteriores y posteriores al de 1956, las Fuerzas Armadas –y, en particular, el Ejército- se presentaban como la reserva moral de la Nación, una suerte de aséptico demiurgo que a base de represión pondría orden en el caos mientras prometía una apertura democrática bajo sus condiciones pero en abstracto, sin estipular una fecha concreta de elecciones y marcando la corrupción política como apuesta a la asepsia militar. Sólo Eduardo Lonardi, que duró menos de dos meses en el poder hasta que se produjo el golpe dentro del golpe que lideró Pedro Aramburu, se refirió a la libertad de prensa que también señalaban como objetivo Valle y Tanco. El embrión del genocidio Por su estructura discursiva y su tono de denuncia, la proclama firmada por el general luego fusilado se parece más al “Yo acuso” de Pablo Neruda o a la “Carta Abierta a la Junta Militar” de Rodolfo Walsh que a las consignas que sus camaradas de armas repitieron a lo largo de medio siglo. En lo político Valle y Tanco, que prometían elecciones generales en menos de un semestre y normalización sindical en un mes y medio, denunciaban once puntos afectados por la acción dictatorial, entre los que incluían la violación y el desconocimiento de una Constitución legítimamente sancionada en 1949 y su reemplazo por una de más de un siglo antes, el avasallamiento de garantías y derechos individuales, y la proscripción de grupos de ciudadanos respecto del acceso a empleos públicos y de la fuerza mayoritaria de la participación cívica. Pero dos párrafos resultan particularmente importantes, por cuanto su denuncia se transformaría además en una lúcida observación sobre la matriz castrense que dos décadas más tarde se liberaría a una práctica ya sin arreglo a Constitución alguna. “Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho de defensa, por razones ideológicas o políticas”, acusaban Valle y Tanco, para agregar luego que “se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e instituciones, e inclusive contra las fuerzas armadas”. Especial desarrollo da la proclama de los generales rebeldes al aspecto económico social, indicando que en ese plano la autodenominada “Revolución Libertadora” –a la que ellos llamaban por su nombre: tiranía- desconoció “legítimas conquistas de los trabajadores” y destruyó la organización sindical, al tiempo que se quebrantó la industria nacional, se depreció la moneda y se elevaron los precios en el mercado interno, acentuando de ese modo la asimetría respecto de los salarios de una clase trabajadora que tenía prohibido organizarse política y sindicalmente. Estos puntos “constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”, escribieron Valle y Tanco, quienes además anticiparon que el rol político que las Fuerzas Armadas asumieron para asegurar la ejecución del plan económico y de la represión creaba “lógico resentimiento y desconfianza del pueblo” hacia las instituciones, lo que evaluaban “difícil de superar”. Tres días después del estallido, el 12 de junio, Valle se entregó a cambio de que cesara la represión. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia ya había solicitado a Aramburu el cese de las ejecuciones, a lo que el dictador se había comprometido. Pero a Valle le fue aplicada la Ley Marcial con retroactividad, y a las 22, 20 de ese día cayó fusilado en el patio de la Penitenciaría Nacional. El Ejército ya comenzaba a aplicar con aquellos que consideraba subversivos la premisa que dos décadas más tarde extendería a todos los planos de la vida argentina: sin otorgar concesiones ni aceptar rendiciones. “Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía” Valle se despidió con dos cartas. En una, le pedía a su hija Susanita que no se avergonzara de su padre, que “muere por una causa justa: algún día te enorgullecerás de ello. Te deseo muchas felicidades en tu vida; y algún día a tus hijos cuéntales del abuelo que no vieron y que supo defender una noble causa”. A sus asesinos habló a través de una carta dirigida al dictador Aramburu. “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo (contraalmirante Isaac) Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos”, acusaba una vez más. “Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse”, les anticipaba. Casi como decir: como a los nazis, les va a pasar. Su ruta En 1973, el hasta entonces general de división Juan José Valle fue ascendido post mortem al grado de teniente general del Ejército y desde cumplido medio siglo de su asesinato, en junio de 2006, lleva su nombre la Escuela de Ingenieros del arma, en la que se formó hasta los 22 años. Un año más tarde, se emplazó en la Escuela un busto en honor del militar fusilado, una palabra que el Ejército se cuidó de utilizar hasta 1996, cuando el jefe del Archivo General del arma negó que existieran allí registros del “personal fusilado en 1956” aunque adjuntó una lista de masacrados y buscados que elaboró basándose en recortes del diario Clarín. Olvidado por largos periodos de la historia argentina, el nombre de Valle realizó un itinerario significativo que incluyó el silencio de los años de dictaduras y gobiernos civiles surgidos de elecciones con proscripción al peronismo y jaqueados por planteos castrenses. A nivel estatal, recién con el ascenso post mortem de 1973 se le rindió homenaje. Seis años después, la Ruta Nacional 9 que une Rosario con San Nicolás fue bautizada con el nombre de Pedro Eugenio Aramburu, máximo responsable de los fusilamientos de 1956. Se comprende: el propio Valle anticipó en su proclama las prácticas de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, lo que la transformó en embrión del Terrorismo de Estado que harían masivo los dictadores encabezados por Jorge Videla: campos de concentración para la reclusión clandestina, intervención y represión sobre los gremios y la paralela aplicación de un plan económico entreguista. “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo (contraalmirante Isaac) Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos”, acusó por otra parte Valle a Aramburu en su carta final. Videla le puso su nombre a una Ruta. Todavía se llama así, “Teniente General Pedro Eugenio Aramburu”, según da cuenta la Dirección Nacional de Vialidad en su registro. Pero en mayo de 2012 hizo su ingreso a la Cámara de Diputados un proyecto de los legisladores José María Díaz Bancalari y Carlos Kunkel para derogar el decreto firmado por Videla y cambiar el nombre del tramo Rosario- San Nicolás de la Ruta por el de “General Juan José Valle”. La imposición de su nombre a la Escuela de Ingenieros del Ejército, en 2006, coincidió con la paulatina reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura tras la caída de las leyes de impunidad y con la sanción de una nueva legislación que cumplía el mandato constitucional de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder político y por la que comenzó a ponerse blanco sobre negro en la diferenciación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, dos conceptos que, confundidos en uno, dieron origen a la represión clandestina enmascarada en la hipótesis de “guerra interna”. En diciembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 2388, por el que declaró “Lugar Histórico Nacional al sitio donde fue fusilado el General Juan José Valle, en el sector del actual Parque ‘General Juan Gregorio de Las Heras’” de la Capital Federal, donde en 1956 se emplazaba la penitenciaría del mismo nombre. GB

La UCR criticó el pedido de detención a Massot

Por Diego Kenis Los máximos referentes del gobierno municipal bahiense actual no se expresaron oficialmente, a pesar del intento de un sector censurado, sobre el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. “Será Justicia o no será nada”, escribió vía Twitter el médico Diego Palomo, secretario de Salud y Desarrollo Social bahiense. Tampoco se dejaron oír públicamente, entre los funcionarios del actual Ejecutivo, voces en contra del pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. No quedó revalidada, por ende, la opinión del intendente licenciado y actual ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein, quien hace cuatro años dijo que sobre Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”. Sí se expresaron, en cambio, algunos referentes del radicalismo, fuerza política que conservó el gobierno municipal bahiense entre la recuperación de la democracia y el 2003, luego de haberle dado a la dictadura un hombre de sus filas para el cargo de comisionado: Víctor Puente, a quien todavía se le rinde honores. El senador nacional Juan Pedro Tunessi opinó que detrás del pedido de detención de Massot y Gabrielli “puede haber una manito del gobierno”. Aloma Sartor, actual concejal y ex presidenta del radicalismo local, completó el razonamiento. “Espero que las investigaciones sigan”, auspició. Pero luego aclaró que “yo soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien” (sic). “Una cosa es tener una postura ideológica que el diario no escondía, y hay que ver qué relación tenía en ese momento con los actores de la Armada o de la Marina, y otra es decir que yo tengo alguna posibilidad de incriminar en relación a un crimen”, aseveró. Evidentemente, la resolución por la negativa del juez Martínez hizo escuela. No deja de llamar la atención, sin embargo, que desde la Unión Cívica Radical se viertan estos conceptos: un grupo de exiliados radicales en París fue de los primeros en informar públicamente el rol diario en el plan criminal de la dictadura. “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, abre el artículo, publicado en 1982 bajo el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”. “Todos los días con notable dinamismo (la directora) da indicaciones a sus plumíferos de nuevos nombres que hay que denunciar como blanco de la represión. Son para ella enemigos que se han escapado del fuego purificador de la inquisición del Proceso, gente a la que hay que borrar o silenciar de alguna manera”, agrega la nota, que denunciaba también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del ’80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”. “Yo era chica, recién había venido a Bahía y no entendía lo que pasaba”, dijo hace una semana la concejal Sartor, nacida en 1958. Un año después del artículo acusatorio de los exiliados radicales ya era más grandecita: hoy dice que todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se debe a la lucha constante de organismos de derechos humanos sino a “una decisión fuertísima” de 1983 del ex presidente Raúl Alfonsín, a quien nunca se le pasó por la cabeza llevar a juicio a los responsables civiles. La inasistencia de los principales referentes radicales a las audiencias del juicio contra represores del V Cuerpo que se desarrolló en Bahía Blanca entre 2011 y 2012 les impidió informarse sobre aquello que no tenían edad para recordar en primera persona. En el marco del juicio, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado y permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y en la Unidad 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores. Solari Yrigoyen es sobrino bisnieto de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la UCR a comienzos del siglo pasado, y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación que fue derrocado por el primer golpe militar de la historia nacional. Cuando eso ocurrió, lejos estaba aún La Nueva Provincia del discurso lugoniano que exhibió y paulatinamente acentuó desde 1955. Por entonces, su director y fundador Enrique Julio, bisabuelo de Vicente Massot, lamentó la irrupción de “la hora de la espada” en la vida argentina. GB

La opinión de los fiscales: "se ha silenciado la investigación en torno a los civiles"

Un día después de conocida la resolución del juez subrogante Santiago Martínez que denegaba sus pedidos de detención e indagatoria contra el director de La Nueva Provincia Vicente Massot y su secretario de redacción durante la dictadura Mario Gabrielli, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani brindaron una conferencia de prensa en su despacho de la Unidad de Derechos Humanos bahiense. Por Diego Kenis La investigación sobre la participación del diario y sus directivos en el plan criminal de la última dictadura llegó a los fiscales luego del fallo que en septiembre dictó el Tribunal Oral Federal que condenó a diecisiete represores del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario y ordenó extraer testimonio de las publicaciones del matutino y remitirlas al juzgado federal en turno. Tras recibirlas, el juez Martínez delegó en la Unidad Fiscal la facultad investigativa y “nosotros comenzamos a trabajar, como se comienza con cualquier investigación: recabando las pruebas y pensando la fórmula de imputación para un fenómeno criminal que claramente no ha sido comprendido por el juez actuante”, dijo Palazzani. La Unidad Fiscal que junto a su colega Nebbia dirigen tiene también a cargo las investigaciones sobre la actuación del ex capellán del Ejército Aldo Vara y el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, ultimado en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur en 1975 por un matón que respondía al rector interventor Remus Tetu, oscuro personaje vinculado a la Triple A. Para el fiscal, la resolución de Martínez sobre el pedido de detención de Massot y Gabrielli “va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar el fenómeno criminal en lo que hace a la pata civil (del Terrorismo de Estado) acá en Bahía Blanca. Ha costado muchísimo incluso juzgar a los militares, pero se ha silenciado la investigación en torno a los civiles”, dijo el fiscal, que junto a su colega Nebbia se puso a trabajar inmediatamente en la apelación a presentar ante la Cámara Federal. “Es una resolución que no tiene fundamentos. En la jerga le decimos ‘dogmática’, pero básicamente es eso: una carencia de fundamentos absoluta, que justamente no aborda ni se hace cargo de todo el cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria. Teniendo en cuenta lo dicho por la Cámara Nacional de Casación Penal (ver aparte), los argumentos que utilizó el juez sólo pueden ser puestos de manifiesto por un abogado defensor. Nunca por un juez imparcial”, resumió Palazzani. “Martínez se arroga el papel de abogado defensor de Vara y de Massot y Gabrielli”, agregó. Por su parte, Nebbia apuntó que durante la investigación sobre la actuación de La Nueva Provincia, “encontramos elementos de prueba contundentes. Hicimos una presentación en donde desarrollamos los argumentos y la prueba medularmente. Es una presentación de doscientas páginas, con mucha prueba. La decisión del juez no es una decisión razonada, sino que allí marca sus límites, sus miedos, y donde no trata inclusive prueba muy concreta e incriminante. Hay párrafos (de la presentación) donde se enumeran siete elementos de prueba y él dice que con eso no es suficiente para encontrar un indicio de que se pueda haber llegado a cometer un delito”. “No estamos hablando de la libertad de expresión”, subrayó Palazzani al explicar la fórmula de imputación que elaboró la Unidad Fiscal. “Justamente la libertad de expresión es la que violó La Nueva Provincia brutalmente durante años, malinformando y no manejándose con la verdad. Entonces, no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando de un rol concreto en consonancia con reglamentos militares. Eso no es periodismo”, añadió. Con su respuesta al pedido de los fiscales, el juez no dejó sorpresa por dar. “Es interesante que Martínez es la única persona que desliga inclusive a La Nueva Provincia, como medio, de la comisión del delito. Ni siquiera la propia Nueva Provincia se ha desligado de su rol en esa etapa”, indicó Nebbia. Para los fiscales, “el error en el abordaje del fenómeno criminal” de Martínez implica “no percibir que los genocidios no surgen de manera espontánea sino que se preparan, se realiza la cobertura para que se puedan concretar materialmente y luego se justifican. Esta resolución se enmarca en esa manera de realizar simbólicamente el genocidio. Para nosotros, esa resolución es volver a matar a (los obreros gráficos Enrique) Heinrich y (Miguel Ángel) Loyola, porque es lo que está haciendo (el juez) cuando ni siquiera pone el apellido de Heinrich de manera adecuada”. GB

Massot, La Nueva Provincia y la dictadura

Palenque ande ir a rascarse Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo. El juez Santiago Martínez denegó el miércoles 15 el pedido de detención e indagatoria a Vicente Massot y Mario Gabrielli por la participación en el plan criminal del Terrorismo de Estado del diario La Nueva Provincia, del que uno era director y otro secretario de redacción durante la dictadura. Las contradicciones con fallos de instancias judiciales superiores. Por Diego Kenis Hacete amigo del Juez No le dés de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener Palenque ande ir a rascarse. La estrofa de los consejos del Viejo Vizcacha a uno de los hijos del rebelde Martín Fierro bien pueden aplicarse al escenario que ofrece a la vista la ciudad de Bahía Blanca a partir de la actuación que en las causas por delitos de lesa humanidad viene desarrollando el juez subrogante Santiago Martínez. Tal como pocas semanas atrás expresó en conferencia de prensa el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense Eduardo Hidalgo, las decisiones de Martínez hacen que no se extrañe en la ciudad a Alcindo Álvarez Canale, el magistrado que durante dos décadas dificultó y dilató la llegada de la justicia a la región y se jubiló el año pasado. Si Álvarez Canale se ocupó de ello cuando las investigaciones y acusaciones recaían sobre los militares, Martínez resulta su continuidad pero en el plano de los civiles, que incluye por el momento al Poder Judicial (ver nota aparte), la Iglesia y el diario La Nueva Provincia. Con el entramado corporativo judicial que se deja ver en Bahía Blanca y los resultados que viene registrando tal configuración, no resulta extraño que el matutino de Massot haya vinculado la imputación a su director con “la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional”. Ello ocurrió poco más de 72 horas antes de la realización del primer encuentro del movimiento de fiscales y jueces “Justicia Legítima” en la ciudad, que se desarrolló el lunes 20 y no mereció mayor interés por parte del diario. Ese día, sugestivamente, La Nueva Provincia se hizo eco de un “análisis del Colegio de Abogados” bahiense y resumió su espíritu en el título de la nota: “Suma críticas a nivel local la reforma K de la Justicia”. Uno de los puntos cuestionados por el movimiento refiere al modo en que hasta ahora se venían llevando cabo las designaciones de jueces subrogantes y secretarios, por el entramado de vinculaciones que con la corporación judicial suponen. Martínez es uno de ellos. La Cámara Federal bahiense, presidida por un ex civil de Inteligencia de la dictadura, lo ascendió a juez provisorio el año pasado. El satánico doctor NO El miércoles 15 de mayo, el juez subrogante Martínez decidió rechazar el pedido de detención e indagatoria al empresario y director del mencionado matutino, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, que había elevado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia a comienzos del mes. En la resolución, Martínez ni siquiera dio por probado el vínculo entre el medio del que Massot era propietario ya por entonces con el plan criminal del Terrorismo de Estado, a pesar de la existencia de normativas militares que encuadraban específicamente a las acciones de propaganda, como el Reglamento de Operaciones Sicológicas que en 1968 firmó el dictador Alejandro Lanusse y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal bahiense ante la que declaró en 1987. Vilas llegó a la ciudad luego de su paso por el llamado “Operativo Independencia” en Tucumán. Permaneció durante todo 1976 en Bahía Blanca y se reunía periódicamente con personajes de peso en el multimedios de los Massot Julio, quienes lo despidieron emocionados cuando a fines de ese año dejó la ciudad. El juez tampoco consideró probado el rol de los acusados en el plano de la instigación de los homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes luego de encabezar una huelga contra la patronal en 1975 fueron advertidos públicamente por la entonces directora Diana Julio de los riesgos que conllevaba sentirse parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”. Vicente Massot, ya copropietario de la empresa, fue comisionado para llevar adelante las negociaciones con los huelguistas. Pocas semanas después, sus nombres integraban una lista del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” incluida en documentos de Inteligencia de Prefectura. El 24 de marzo ocurrió el golpe. Massot y su madre se dirigieron a los talleres del diario y desafiaron a los obreros a “hacernos una huelga ahora”. Más tarde los dos delegados fueron citados al V Cuerpo, donde se les advirtió que se dejaran “de romper las pelotas, porque la mano viene brava”. El 30 de junio, Heinrich y Loyola fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron a la vera de una ruta el 4 de julio. El diario publicó que “son investigados dos homicidios” y hasta el viernes pasado no volvió a mencionarlos. Al menos escribió bien sus nombres. El juez no. “Heindrich”, bautizó a una de las víctimas. “Decir que con el cúmulo de elementos que hay no es posible llamar a una persona a que explique, es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos”, dijeron los fiscales en una conferencia de prensa realizada el jueves último. Hay una sombra oscura tras de ti Con su resolución, y al desligar no solamente a Massot sino a la empresa en su conjunto de las acusaciones, Martínez no fue sólo contra el pedido de los fiscales. También desconoció segmentos del fallo que el Tribunal Oral Federal bahiense escribió el año pasado, cuando condenó a diecisiete represores y consideró “comprobada” la “campaña de desinformación y de propaganda negra” del diario, “destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Con esa comprobación, el TOF envió el señalamiento al juzgado de primera instancia a cargo de Martínez, que a su vez delegó la investigación en la Unidad Fiscal de Palazzani y Nebbia. Cuando los fiscales reunieron elementos probatorios, solicitaron el paso siguiente en la tarea investigativa: oír al acusado. Pero el juez optó por negarles el pedido, y de ese modo fue contra la investigación que él mismo había encargado a los fiscales. Por otra parte, y al igual que cuando un mes atrás denegó idéntico pedido respecto del sacerdote Aldo Vara, el juez Martínez contrarió lo expresado por la Cámara Nacional de Casación Penal a mediados de diciembre último. Bajo las firmas de los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David, la CNCP indicó que el único que “estaría autorizado a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública sería tan sólo la asistencia letrada” de la contraparte, “pero esa posición nunca puede ser ocupada por el tercero imparcial, so riesgo de romper el equilibrio que debe existir entre los tres poderes realizadores del proceso penal”. En pocas palabras: en ambos casos, el juez Martínez se colocó en el rol de abogado defensor de los imputados.

Navarro: "Sturzenegger es un hombre cercado por miserias"

El diputado provincial bonaerense Fernando "Chino" Navarro, aseguró que el actual titular del Banco Ciudad, es "un hombre cercado por las miserias, más que un hombre con una mirada mínimamente comprensiva de esta realidad". De esta manera, el legislador hizo referencia a las últimas declaraciones de Federico Sturzenegger, el actual presidente del Banco Ciudad, quien afirmó que el plan "Mirar para Cuidar" lanzado por el Gobierno para monitorear que se cumpla con el congelamiento de los precios de 500 productos de la canasta básica es "una política usada por regímenes totalitarios". En diálogo con Télam, Navarro aseguró que "Sturzenegger indudablemente tiene un problema no resuelto con los nazis". "Cuando uno lee que reitera la comparación de la juventud militante con la juventud nazi, tengo que pensar que necesita un psiquiatra porque o tiene una culpa que lo hace proyectar o es un imbécil", aseveró el también referente del Movimiento Evita. Por otro lado, Sturzenegger también reiteró su propuesta de devaluación del peso frente al dólar como forma de sostener la economía, ante lo que Navarro destacó que "se le ocurre plantear una devaluación que sólo es funcional a los entes que el asesora". Por último, destacó que "no hay que olvidarse que fue el secretario de Política Económica de Fernando De la Rúa, así que no me extraña que quiera devaluar alguien que pertenece a una fuerza como el PRO que se quiere beneficiar siempre a costa del salario de los trabajadores". Juan Cabandié, legislador porteño del Frente para la Victoria, hijo de desaparecidos y nieto restituído por Abuelas de Plaza de Mayo, fue uno de los primeros en salir al cruce de las declaraciones de Sturzenegger, a quien calificó como "un irrespetuoso". "Estos hombres son los admiradores de quienes hicieron desaparecer a nuestros padres", dijo el legislador. En este sentido, Cabandié agregó que Sturzenegger "es admirador de Osvaldo Cacciatore (intendente porteño durante la dictadura cívico militar), de (José Alfredo) Martínez de Hoz (ministro de Economía) y defiende la política económica que destruyó al país y que necesitó hacer desaparecer a 30 mil personas para implementar el modelo neoliberal". GB

Opinión: se casan pactando pronta fecha de divorcio

Se prestan y alquilan los partidos, los usan unos y otros indistintamente y se aseguran los primeros lugares en las listas. Es un proceso que tiene una vida útil de cinco meses .Por Eduardo Di Cola I El contenido de las propuestas no les importa. Las contradicciones les impiden avanzar sobre políticas de Estado. Se prestan y alquilan los partidos, los usan unos y otros indistintamente y se aseguran los primeros lugares en las listas. Es un proceso que tiene una vida útil de cinco meses. Es tan absurda la situación que si a título de ejemplo menciono algunos dirigentes de larga trayectoria, como Ocaña, Bullrich, Estenssoro, De Narváes, Prat Gay, etc., es muy difícil saber a qué partido pertenecen. Y la verdad que no les interesa que se sepa. Si tuvieran contenido ideológico, con estructuras a quienes rendir cuenta e inserción territorial en todas las localidades del país, negociar les resultaría mucho más difícil. El ideal de ellos es ser Diputados o Senadores por ningún partido. La desvergüenza llega a tal punto que hacen explícito, como sucedió con Pino Solanas, que los acuerdos son solo hasta octubre. Es como contraer matrimonio acordando una pronta fecha de divorcio y además pretender regalos de boda. Es evidente que no solo no coinciden ideológicamente sino que además no se soportan en términos personales. Por ello en la Cámara de Diputados donde integran el espacio opositor están divididos en 34 bloques. Pero pregonan unidad y tolerancia!!! El personalismo y la ambición sin límites por sentarse en una banca es capaz de cualquier milagro. Tanto como que Julio Cobos, el del voto “no positivo” a la 125, ahora comparte el espacio político con el promotor de la misma 125 Martín Lousteau, quien a su vez hasta hace un par de días negociaba con el PRO para terminar luego en el radicalismo. Para la oposición los proyectos colectivos no existen. De los otros, los individuales, los que implican trepar sin importar a quien se pisa, para desgracia del país los tienen de sobra. GB