Protocolos y periodismo Para Esteban Rodríguez, la democracia precisa de otro prototipo de periodista y de otra manera de hacer la información.

Por Esteban Rodríguez * El respeto de los derechos humanos y la preservación de la democracia necesitan del “buen hacer informativo”, tarea que no puede quedar librada a su suerte o cargarse a la cuenta de los periodistas o los editores responsables, mucho menos de los empresarios. Si la libertad de prensa no es un derecho absoluto, eso quiere decir que puede ser objeto de discusión y regulación pública. Con la protocolización del quehacer periodístico se busca adecuar el tratamiento informativo de los hechos a los estándares internacionales de derechos humanos. Protocolizar significa establecer una serie de criterios que orienten la redacción o presentación de una noticia en radio o televisión. La protocolización implica abandonar el modelo de periodismo forjado en el siglo XIX, que sostiene que el periodismo, como cualquier oficio, es algo que se aprende en la calle, en la sala de redacción, midiéndose con la máquina de escribir todos los días, al lado de un maestro-referente que apadrina o guía, que sabe trasmitirnos los secretos del oficio de escribir. Esta visión romántica es tributaria de la historia que le tocó. Hoy en día, las sociedades son mucho más complejas, hay más conflictos, más actores con más problemas y esos problemas, con todos sus actores, deben ser atendidos no perdiendo de vista los estándares internacionales de derechos humanos, las viejas y nuevas conquistas sociales producto de las luchas previas que el propio Estado debe garantizar. La democracia necesita de otro prototipo de periodista y de otra manera de hacer la información. Hace rato que la labor periodística viene siendo objeto de reflexión y regulación. Prueba de ello son los “manuales de estilo” y “los códigos de ética”. El problema que tienen estos marcos normativos es que son declamativos: sólo estipulan principios enunciativos que no tienen un carácter vinculante para los editores o periodistas. Se trata de declaraciones de principios que sólo obligan moralmente al periodismo. Estos códigos deontológicos funcionan de la misma manera que los Diez Mandamientos: sólo se limitan a decirnos lo que no debemos hacer, pero nunca nos dicen cómo debemos hacer para no hacer lo que no se debería hacer. Por el contrario, los “protocolos de procedimiento profesional” no son tratados morales, una declaración de buenas intenciones, un listado de aspiraciones. No establecen principios, sino procedimientos a los que debe adecuarse la producción periodística. Se trata de hacer del periodismo un acto deliberado y no automático o romántico. Cuando escribe la noticia que eligió o le dijeron que escriba, el periodista deberá seguir determinados pasos. Con ello se busca tener en cuenta y respetar los derechos de los actores involucrados en cada noticia, así como también garantizar la calidad informativa para enriquecer el debate que necesitan las democracias. El objeto de los protocolos no es el contenido, sino el procedimiento. No le dicen al periodista qué tiene que decir, sino cómo hacerlo; no le dicen sobre qué escribir, sino cómo debe hacerlo para que no vulnere los derechos de las personas involucradas en esa noticia y para que la ciudadanía reciba información de calidad. Otra diferencia con los códigos deontológicos hay que buscarla en sus autores. Si los manuales de estilo son redactados por las empresas periodísticas y los códigos de ética por los gremios de la prensa, los protocolos son el resultado de un debate colectivo que debe involucrar a diferentes actores donde, además de las empresas periodísticas y los periodistas, contemple las carreras de comunicación social y periodismo con sus equipos docentes, investigadores y estudiantes; los distintos movimientos sociales; sindicatos; partidos políticos; el Estado; juristas; otras organizaciones de la sociedad civil, etcétera. El debate sobre la información no puede ser un debate corporativo, tiene que ser el fruto de una discusión abierta y vigorosa. En definitiva, los protocolos son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía podrá después pedir que el periodismo rinda cuentas por las noticias que escribió. Esto es lo que algunos han llamado Sistema Ciudadano de Rendición de Cuentas de los Medios, que funcionan como mecanismos de equilibrio y contención de los medios. Si la sociedad civil no cuenta con sistemas de control externos, si los mass media están exentos de cualquier tipo de control social (y que conste que no digo gubernamental), tienden a desbordarse y a pensar la realidad con los intereses de las empresas. Cuando eso sucede –como ahora–, estaremos en problemas. No sólo la democracia, sino la vigencia de los derechos humanos. * Profesor de Derecho a la Información en la UNQ, autor de Contra la prensa y Justicia mediática. 15/05/13 Página|12

MACRILANDIA

“Después de Cañito, Firulete y Piñón Fijo lo de Macri es lo más gracioso que he visto” El senador Aníbal Fernández dijo que el decreto que el jefe de Gobierno porteño anunció ayer para "proteger la libertad de prensa" es "torpe" y "sin sentido". Además, afirmó: "Es una cosa de alcahueterismo clarinesco llamativo". El senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria, descalificó hoy que el decreto del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para "proteger la libertad de prensa"y afirmó: "Después de Cañito, Firulete y Piñón Fijo es lo más gracioso que he visto en los últimos años". En declaraciones a radio La Red, el senador opinó que fue hecho a la medida del Grupo Clarín y señaló: "Suena tan torpe, una cosa sin sentido, de alcahueterismo clarinesco llamativo". Infonews EL JEFE DE GOBIERNO PORTEñO FIRMO UN SORPRESIVO DECRETO PARA DAR “PROTECCION” A PERIODISTAS Y MEDIOS EN LA CIUDAD Macri creó un fuero especial hecho a medida El líder del PRO organizó una conferencia de prensa en función de un rumor sobre la supuesta intervención del Grupo Clarín por la CNV. Imagen: DyN Por Werner Pertot “Nuestra Presidenta quiere que no haya más prensa libre”, dijo Macri para defender la creación de un área en el Poder Judicial local para atender casos relacionados con medios. La oposición porteña advirtió que no puede regular sobre cuestiones federales. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que ordenó crear un fuero especial en el Poder Judicial del distrito que se ocupará de atender las cuestiones que involucren a empresas periodísticas en la ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que, mientras tanto, las atribuciones quedarán en manos del Tribunal Superior de Justicia porteño. El líder del PRO también anunció que mandará un proyecto de ley a la Legislatura porteña. “Nuestra Presidenta quiere que no haya más prensa libre”, afirmó en una conferencia de prensa que montó sobre un rumor de una supuesta intervención del Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). “La Justicia porteña será la que decidirá si prevalece la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales”, afirmó Macri. La oposición porteña indicó que no tiene jurisdicción para dictar ese DNU. Por iniciativa del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, se presentarán para que la Justicia declare inconstitucional la norma. Con el rostro adusto, Macri llegó a las 18 a dar una conferencia de prensa que convocó sorpresivamente. El jefe de Gobierno consideró que “recrudecieron los ataques a la independencia de la Justicia y la libertad de prensa”. Entre estos últimos, contó los “allanamientos a casas de periodistas, la pauta de los supermercados, el proyecto de ley para expropiar plantas de producción del papel”. Macri anunció la firma de un DNU –el segundo de este año, luego del de las inundaciones– que “enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio”. “Se creará un fuero especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión, mientras tanto quedará en la órbita del TSJ”, dijo. Ante una pregunta sobre una eventual intervención de un medio de comunicación, Macri sostuvo que “el TSJ deberá decidir qué es de mayor envergadura: la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales”. En el TSJ no estaban enterados del texto del decreto. Y, por lo que pudo saber este diario, no es una atribución de la Justicia porteña revisar actos de entidades nacionales como la Comisión Nacional de Valores. El DNU crea un “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, que reitera cuestiones que están tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales. Y agrega algunas hechas a medida: “Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna (...) en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación”, dice el artículo 18. Establece que las “licencias de comunicación audiovisual” –como las que están en discusión con la ley de medios– “estarán protegidas inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, secuestros y ejecuciones administrativas” y sólo podrán transferirse con el permiso expreso de sus propietarios. Según el DNU, los medios porteños no se regirán por las leyes de defensa de la competencia si son “dictadas exclusivamente para medios” o si restringen “irracionalmente o arbitrariamente” su libertad. Macri les pidió a otros gobernadores que dicten normas similares. En el espacio opositor sólo encontró eco en su ex aliado Francisco de Narváez, quien consideró que la Presidenta “es autoritaria y toma decisiones propias de una dictadura. Hay que ponerle un límite”. “La autonomía de la Ciudad avala este decreto”, argumentó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. “Esto solamente lo puede hacer si la ciudad de Buenos Aires se convierte en un nuevo país. No puede regular sobre cuestiones federales ni sobre cuestiones que establece la Constitución. Quiere generar una isla independiente de la Argentina”, consideró el legislador Aníbal Ibarra, que insistió en que el DNU “desconoce leyes nacionales sobre competencias federales, nacionales y locales, la ley de medios, la Constitución que le da atribuciones al Congreso”. “Un jefe de Gobierno firma un decreto para responder a un rumor que nadie sabe de dónde salió”, consideró la legisladora Gabriela Cerruti. “Fueros especiales para Clarín. Esto sí es el fin de la república”, tuiteó. “Macri mostró hoy su idiosincrasia de felpudo para con las corporaciones mediáticas. El DNU es un mamarracho jurídico”, advirtió el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, consideró que “el DNU de Macri no es a favor de la libertad de expresión, sino a favor de Clarín. Lo que el jefe de Gobierno propone es que las leyes nacionales no sean cumplidas por la Ciudad, creándole un cerco de impunidad a una corporación mediática”. Sabbatella se comunicó con Cerruti, la jefa del bloque de Nuevo Encuentro en la Legislatura, para que se presente ante el Poder Judicial y pida que declare inconstitucional el DNU. Página|12 Nenna calificó de "mamarracho" al decreto de Macri por la ley de protección a la prensa El legislador porteño Francisco “Tito” Nenna señaló que el decreto presentado por Mauricio Macri, para proteger la libertad de expresión apunta a "defender los intereses corporativos del Grupo Clarín" y "constituye un mamarracho jurídico" "Macri mostró hoy su idiosincrasia de felpudo para con las corporaciones mediáticas”, expresó el dirigente de la CTA. En ese sentido, Nenna explicó que “Macri pretende violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que fija las garantías del juez natural, para que el foquismo judicial de Clarín se atrinchere en magistrados designados por el PRO en la Ciudad”. “Con este decreto, el macrismo apuesta a blindar la corporación mediática con la corporación judicial”, enfatizó. El diputado kirchnerista aprovechó también para aclarar que “la Ciudad no tiene jurisdicción sobre la materia regulatoria del espectro radioeléctrico o los medios de comunicación audiovisual”, y deslizó que el decreto “es inconstitucional porque vulnera el artículo 31 de la Carta Magna”. “Macri quiere poner a la Ciudad por encima de la Nación”, concluyó. Télam

La voz de orden de los Chicago-Di Tella Boys: ¡A dolarizar! Por Federico Bernal

Las maquinaciones destituyentes de gobiernos nacionales y populares en América del Sur se cocinan en el extranjero y se aplican in situ por cipayos. Sin apoyo local, no pueden prosperar. El plan desestabilizador contra el gobierno nacional no es patrimonio exclusivo de la oposición doméstica. El neoliberalismo argentino –con sus variantes socialistas, izquierdistas y sindicalistas a cuestas– carecen de la inteligencia, la organización y la seriedad para semejante acometido. Las maquinaciones destituyentes de gobiernos nacionales y populares en América del Sur se cocinan en el extranjero y se aplican in situ por cipayos. Ahora bien, queda claro que sin apoyo doméstico, no hay desestabilización capaz de prosperar. Una vez emancipada la Argentina del FMI, su rol de lobbista por excelencia debió reemplazarse por "especialistas" locales. La "banda de la dolarización" o para ser más exactos, los Chicago-Di Tella Boys (más adelante explicaremos por qué este nombre) son los encargados, desde hace algunos años, de desequilibrar a la Argentina en lo económico y financiero. Pues bien, sucede que este grupo de lobbistas recibió el pasado miércoles una insólita tirada de orejas: "Dolarizar a la Argentina ahora". ¡A dolarizar muchachos!, porque queda muy en claro que la Presidenta de la Nación no aceptará las imposiciones del terrorismo financiero y especulador internacional. "A DOLARIZAR A LA ARGENTINA AHORA". El entrecomillado es el título de un artículo notable, de fundamental lectura para comprender la cuestión de fondo del ataque desestabilizador económico y financiero del establishment extranjero y local. Su autor es Steve Hanke, del CATO Institute, uno de los principales think-tanks ultraconservadores estadounidenses. ¿Quién es Hanke? Este economista, consejero del ex Ministro de Economía Domingo Cavallo, ha sido uno de los principales promotores de la dolarización de la Argentina al menos desde mediados de los años ochenta. De allí en adelante, Hanke profundizó sus estudios para la sustitución del peso por el dólar con Rudi Dornbush (el economista estadounidense que en 2002 propuso extranjerizar el control y la gestión económico-financiera de nuestro país), sumados por supuesto, a la inestimable apoyo de los Chicago-Di Tella boys. Promediando la década del noventa, Federico Sturzenneger, funcionario de López Murphy en 2001 y alumno estrella de Dornbush se abocaba desde un enfoque académico a la implementación del dólar como "moneda argentina". Dollarization fue el título del libro publicado por el actual presidente del Banco Ciudad en 2001. No obstante, y como es sabido, la sumisión absoluta de la economía y las finanzas argentinas a la Reserva Federal se dio de bruces contra el piso. La pueblada de diciembre de 2001 interrumpió abruptamente todo. Hubo un tímido intento en 2002, pero con Néstor Kirchner el desmadre fue absoluto. Desde entonces y hasta fines del año pasado, Hanke, Dornbush y los Chicago-Di Tella Boys quedarían en estado de latencia. Ahora, como es sabido, vuelven al ruedo aunque sin Rudi, fallecido en 2002 (el año de su desaparición física recibió merecido y emotivo homenaje por parte de Sturzenegger y demás discípulos del subdesarrollo). ¿Qué propone Hanke diez años más tarde del último intento dolarizador de la Argentina? LA SEMPITERNA EXCUSA DE LA INFLACIÓN.Dice Hanke en su artículo citado: "La 'descontrolada inflación' debe ser remediada por vía de la dolarización. Una vez más la Argentina debe lidiar contra su viejo enemigo: la inflación. Parecería ahora que la historia podría repetirse muy pronto, al ver como la Argentina se tambalea al borde de otra crisis monetaria. Desde el martes por la mañana, el tipo de cambio del mercado negro (sic) golpeó los 9,87. (...) Esto provoca una tasa de inflación anual implícita del 98,3 por ciento". Luego de plantear el problema –coincidente oh casualidad con los argumentos del neoliberalismo criollo– Hanke nos brinda la solución: "Hay, sin embargo, una solución sencilla a los problemas monetarios de la Argentina: la dolarización." "¿CÓMO DOLARIZAR A LA ARGENTINA?"...Se pregunta el mismo Hanke en su panfleto. Su respuesta: "El Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) debería tomar todos los activos y pasivos en su balance denominado en moneda extranjera y convertirlos a dólares estadounidenses. El Banco Central entonces cambiaría estos dólares para todos los pesos en circulación (base monetaria), a un tipo de cambio fijo. El BCRA necesita por lo menos 56,36 mil millones de pesos para dolarizar al tipo de cambio oficial (a partir del 23 de abril de 2013)". Pero, lamentablemente para Hanke y los Chicago- Di Tella, existe un pequeño inconveniente: "Si la Argentina tuviera que dolarizar a ARD/U$S de 5,17, faltarían 25,13 mil millones para cubrir la base monetaria. Y el BCRA tiene activos equivalentes en moneda extranjera por 31,23 mil millones de pesos. [Ahora bien], si se pudiera utilizar un tipo de cambio más cercano al del mercado negro (leer: libre mercado), entonces lo anterior podría ser alcanzado más fácilmente. Por ejemplo, si se decidiera dolarizar a 9,33 pesos por dólar (...) sólo se precisarían 31,2 mil millones para cubrir la base monetaria y dolarizar la economía. Se trata de la cantidad exacta de activos netos extranjeros del Banco Central (...) eliminándolo en consecuencia como organismo emisor de moneda. El resultado final sería una economía libre de inflación que tanto la ha asolado durante décadas. De hecho, la Argentina podría finalmente experimentar los beneficios que disfrutan los países dolarizados, como Ecuador". LOS CHICAGO- DI TELLA BOYS. La idea de dolarizar al país (y a la región) no es nueva. Primera fase: 1976-1991. Segunda fase: la Convertibilidad de 1991 (¡recordemos que en sus inicios era de 1 dólar = 10.000 australes!). Tercera y supuestamente definitiva fase: en 1999 Menem anunció públicamente que su administración se encontraba estudiando la implementación del dólar como moneda "nacional". Las tres fases fueron promovidas desde Washington, las principales universidades y centros académicos ultraconservadores estadounidenses (a la cabeza el CATO Institute del cual Hanke es parte), el FMI y el Banco Mundial. Localmente, la maquinación dolarizadora fue y, como se comprobó aquí, sigue siendo ejecutada localmente por los Chicago Boys desde el CEMA, la Fundación Mediterránea, FIEL (Bolsa de Comercio de Buenos Aires y SRA entre sus socios fundadores y patrocinantes más importantes a la fecha) y la Universidad Di Tella (desde 1991). En suma, este fue el equipo económico que dolarizó informalmente la economía argentina entre 1976 y 2002. Sus mayores logros: la Convertibilidad con un Banco Central funcionando como mera y patética Caja de Conversión. A propósito, nada mejor que el Chicago- Di Tella Boy, Miguel Kiguel para explicar en qué consistía este rol del BCRA, delicia del capitalismo financiero internacional: "La Argentina, desde la Convertibilidad, ya no cuenta con una política monetaria. La oferta de dinero está determinada esencialmente por cuánto dinero quiere tener la gente. El Banco Central no regula las tasas de interés, no dirige la base monetaria, no establece ningún agregado monetario" (palabras pronunciadas durante un encuentro de debate en el FMI, 1999, Washington). Los Chicago- Di Tella Boys liderados por Mr. Sturzenegger vuelven al ruedo con todo y por todo. Devaluación y permanente estímulo al dólar ilegal son sus recomendaciones y exigencias. Son la cabeza de playa en la Argentina para liquidar el modelo nacional y popular vigente desde el 25 de mayo de 2003, desmantelar el Mercosur y reencauzar a la región por la senda del Alca. Viejo anhelo imperialista del patio trasero al sur del Río Bravo. 14/05/13 Tiempo Argentino GB

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO EXISTE

DEBATE SOBRE LOS PROYECTOS DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL “La neutralidad no existe” Horacio Verbitsky, Julián Domínguez, Gabriel Mariotto, Julio Alak y Alberto Sileoni. Imagen: Télam “La indefinición de la Justicia” en causas que involucran a Clarín y La Nación muestra que el Poder Judicial no es neutral, dijo Verbitsky en la apertura del congreso realizado en la UnLaM, en un panel que compartió con Alak, Sileoni, Mariotto y Domínguez. Académicos, funcionarios, periodistas y dirigentes sociales debatieron sobre virtudes y tareas pendientes de la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, en el marco del Congreso Nacional sobre Democratización de la Justicia, que ayer tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Matanza. En el primer panel de la jornada, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que “la indefinición de la Justicia” en causas como la judicialización de la ley de medios por parte del Grupo Clarín o la cautelar que exime impositivamente al diario La Nación “demuestran que la neutralidad de la Justicia no existe”. El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró que hay “un paso inédito en la historia argentina” para que la “democracia penetre en el Poder Judicial”. “El Poder Judicial no es de los abogados ni de los jueces, sino del pueblo”, concluyó. El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, celebró la “estratégica decisión” y destacó la necesidad de impulsar la democratización del sistema judicial provincial. “La sociedad le habla a la Justicia” fue el título del panel que ofició de apertura del congreso y contó con la participación de Verbitsky, Alak, Mariotto, el ministro de Educación, Alberto Sileoni; el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el rector de la universidad anfitriona, Daniel Martínez. “La indefinición en la causa Clarín por la ley de medios y la medida cautelar que beneficia a La Nación desde hace diez años para que no cumpla con las obligaciones impositivas demuestran que la neutralidad de la Justicia no existe”, opinó Verbitsky, señalando el acompañamiento del CELS a “la democratización de la Justicia” para “romper la hegemonía representada por asociaciones de magistrados nacionales y provinciales”. Celebró el posicionamiento de “Justicia legítima” como una “ruptura interna” del corporativismo y destacó que “la disputa por el Consejo de la Magistratura” desarmará “la configuración del sector conservador”. No obstante, Verbitsky sostuvo que la reforma “debe exceder en mucho lo que propuso el Poder Ejecutivo con estas seis leyes” e incluir una “agenda pendiente” con “un plan nacional de acceso a la Justicia y una reforma de procedimientos”. También debería evitar “el desarrollo de programas y alianzas políticas a través de la demagogia punitiva”, que llevan a casos como el de Luciano Arruga, “en el que se vio la corrupción policial, la pobreza criminalizada y el Estado gendarme”. El ministro de Justicia, Julio Alak, manifestó que “el proceso de actualización del Poder Judicial es un paso inédito en la historia argentina”. “El Poder Judicial no es de los abogados ni de los jueces, sino del pueblo, y el funcionamiento del mismo debe ser permanentemente debatido por la ciudadanía”, expresó. Recordó que al instaurarse el voto universal, secreto y obligatorio, “los gobernantes decían que solamente la gente decente podía votar”, y opinó que “hoy sigue vigente el pensamiento de que el pueblo no puede elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura”. El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, defendió la “estratégica decisión de la Presidenta de ampliar los resortes de la democracia” y solicitó “llevar el proceso de democratización” a la provincia de Buenos Aires. “En los últimos 15 o 20 años, hubo hechos resonantes que tuvieron que ver con la seguridad y la justicia, y contaron con complicidad institucional”, explicó. Ejemplificó con los casos del robo al Banco Nación de Ramallo, los asesinatos del fotógrafo José Luis Cabezas y Candela Sol Rodríguez, el accidente de la familia Pomar y la de-saparición de Luciano Arruga. Además, defendió iniciativas del distrito como la creación de la Policía Judicial, las modificaciones en enjuiciamientos a jueces y el mecanismo de prevención de la tortura. “Esta agenda no está en las antípodas de lo que quiere el Ejecutivo provincial, sino que es complementaria”, concluyó. El ministro Sileoni consideró que “democratizar la Justicia es garantizar la independencia del Poder Judicial”, pero remarcó la importancia de discutir “de qué independencia hablamos”. En este sentido, opinó que “achicar la brecha entre los derechos y su ejercicio es transparentarla y es romper su matriz burocrática y conservadora”. El diputado Julián Domínguez afirmó que “a lo largo de la historia se habló de modernizar la Justicia, pero nunca de su democratización, como ahora”. Calificó de “novedoso, revolucionario y transgresor” el nutrir “al Consejo de la Magistratura de representación a través de los partidos políticos”. “Este gobierno, que construye igualdad y que ha ampliado derechos, no mete los temas abajo de la alfombra –celebró– y tiene una dirigencia política que debate con convicciones.” 15/05/13 Página|12

La conjura de los necios Por Miguel Molina y Vedia * OPINION

En la Argentina se ha propiciado el peculiar desplazamiento de la figura del intelectual del confinamiento en los claustros universitarios y las publicaciones especializadas hacia un lugar ambiguo en la circulación cotidiana de la discursividad mediática, esencialmente radial y televisiva, amplificada por las emergentes redes virtuales. Este fenómeno podría indicar una revalorización de la tarea de los pensadores críticos de la Nación. Sin embargo, esta novedad no es necesariamente venturosa. Si bien el hecho de que distintos productos medianamente masivos les permitan intervenir con asiduidad demuestra una apertura insospechada años atrás, al mismo tiempo esta exposición hace ingresar a los hombres y mujeres de letras a un régimen espectacular que escapa de su control, por más sagacidad que desplieguen para limitar sus influjos. De esta manera, la reaparición del intelectual en la arena mediática lo deja desguarnecido ante ominosas manifestaciones de odio, que aún en sus variantes más torpes y módicas, remiten a macabras prácticas del pasado. Los agitados acontecimientos políticos del último decenio en la Argentina han propiciado un peculiar desplazamiento de la figura del intelectual, que lo hizo despegar del confinamiento (forzado o por elección) en los claustros universitarios y las publicaciones especializadas para pasar a ocupar un lugar ambiguo en la circulación cotidiana de la discursividad mediática, esencialmente radial y televisiva, aunque amplificada por la amalgama que esos canales tradicionales conforman con las emergentes redes virtuales. Este fenómeno podría indicar una revalorización de la tarea de los pensadores críticos de la nación, tras décadas en las que su condición parecía atravesar una crisis irreversible. Sin embargo, esta novedad no es necesariamente venturosa. Si bien el hecho de que distintos productos medianamente masivos les permitan intervenir con asiduidad demuestra una apertura insospechada años atrás, al mismo tiempo esta exposición hace ingresar a los hombres y mujeres de letras a un régimen espectacular que escapa de su control, por más sagacidad que desplieguen para limitar sus influjos. Esta tensión, inherente a la articulación de dos universos simbólicos extraños entre sí, aún cuando no debería resultar esencialmente nociva, en la práctica favorece la manifestación de una turbia corriente antiintelectualista de la cultura argentina. De esta manera, la reaparición del intelectual en la arena mediática lo deja desguarnecido ante ominosas manifestaciones de odio, que aún en sus variantes más torpes y módicas remiten a macabras prácticas del pasado. La crisis del modelo clásico del intelectual no constituye, desde luego, un fenómeno específicamente local. Ya fuera en su acepción gramsciana o en la tradición sartreana, por nombrar a dos de las problematizaciónes de la cuestión más influyentes a lo largo del siglo XX, la idea del compromiso militante de los doctos parecía languidecer en el escenario devastado de la posmodernidad, tanto por la caída en desgracia de los proyectos emancipatorios como por la desvalorización de la crítica cultural en un contexto gobernado por los designios de la imagen devenida mercancía. En el campo de la producción téorica, tanto los apólogos del neoliberalismo como quiénes intentaron sostener una política de resistencia tomaron nota de estas transformaciones profundas. Robert Reich, ideólogo de la administración Clinton, desarrolló la noción de “analista simbólico” para describir la tarea de los trabajadores de la mente que participan de la creación de valor mediante la decodificación, manipulación y ensamblaje de flujos informacionales. Aunque fuera diferente el afán político y mayor la sofisticación conceptual del autonomismo italiano, aquellas afirmaciones de Reich no eran incongruentes con la recuperación que hizo Paolo Virno de la categoría marxista del “general intellect” como emblema del nuevo trabajo inmaterial ni con la apuesta de Franco Berardi (Bifo) por la potencia del cognitariado, una flamante clase antagonista global tironeada entre la seducción de la infosfera virtual cuya arquitectura contribuía a delinear el desengaño de una economía en crisis que derrumbaba sus expectativas de ascenso social repentino. Más allá de cierto desfasaje que pudiera verificarse en las periferias latinoamericanas respecto de esta tendencia mundial, no resultaba descabellado considerar a la modalidad libresca del intelectual como un resabio anacrónico condenado a desaparecer o en el mejor de los casos, a subsistir secretamente en buhardillas universitarias y publicaciones de escasa tirada. Disuelta en la dinámica general de la esfera productiva, la descendencia bastarda de aquel legado moderno se debatía entre la asunción acrítica de la razón de mercado y su constitución como usina de una contracultura anticapitalista. Aún en el medio de esta incertidumbre esencial, entre los partidarios de esta descripción del nuevo estado de cosas, se adivinaba cierta euforia por la decadencia del modelo anterior, al que se endilgaban sus componentes elitistas. Otras fuentes teóricas reverenciadas entre nosotros, como la sociología de la cultura de Bourdieu, los estudios culturales británicos o las reflexiones de Foucault acerca de los dispositivos de saber-poder, alentaron interpretaciones algo apresuradas en contra de aquella concepción tradicional del quehacer intelectual, que en ciertas interpretaciones simplistas quedaba reducido a una función suplementaria de los intereses de clase. Si este conjunto de apreciaciones podía parecer adecuado como constatación de ciertas transformaciones innegables de la cultura, más discutibles resultaban las operaciones valorativas del significado de estas modificaciones. Una primera objeción casi automática, consistente en subrayar que estas celebradas innovaciones conceptuales emanaban del trabajo de académicos en el sentido clásico, puede sonar acaso banal. Sin embargo, la popularidad que algunas de estas figuras alcanzaron allende sus fronteras nacionales, fuera de las cuales fueron recibidas con un tratamiento digno de estrellas mediáticas, en auditorios atestados de oyentes ávidos, reafirman que quienes sostienen la herencia de la intelectualidad moderna, aunque la nieguen en su discurso, se mantienen estrechamente vinculados con esa nueva clase productora de símbolos. No solamente esas personalidades internacionales, sino también los hombres y mujeres de letras más reconocidos de la Argentina intervienen directa o indirectamente en la formación moral de centenares de reclutas de las generaciones jóvenes, en el marco de una expansión dramática de la oferta y la demanda en la educación superior, ya sea universitaria o terciaria. Podríamos aventurar que las áreas de incumbencia del intelectual clásico estallan hoy en centenares de esquirlas semióticas, puestas en circulación por redactores publicitarios, realizadores audiovisuales, periodistas, diseñadores gráficos e industriales, twitteros y bloggeros variopintos, activistas de la comunicación alternativa, y por qué no funcionarios políticos, que son o han sido lectores, acaso desatentos, cuándo no alumnos (o alumnos de alumnos) de esas figuras señeras que siguen respondiendo a ese ideal presuntamente caduco. Evidentemente, esta transmisión se da de una manera tan mediada que las reapropiaciones pueden resultar aberrantes respecto del ethos crítico original. Este mecanismo, que resulta ostensible cuándo la palabra del académico es procesada por las urgencias de la cotidianeidad mediática, ya estaba latente en esa escena pedagógica desacompasada en la que se han venido formando los noveles trabajadores de la mente en los últimos treinta años. El grado de influencia que los intelectuales clásicos mantienen a través de esta vía no es mensurable, pero estimamos que excede por mucho a su capacidad de incidir concretamente en la esfera política nacional con sus pronunciamientos explícitos. Antes bien, la conformación notoria de diversos espacios de pensadores que explicitaron posicionamientos fuertes respecto del gobierno nacional, cumple en el fondo con una reivindicación gremial acerca de la relevancia de las actividades que desempeñan, y por ende de la vigencia del proyecto vital de sus integrantes. Tanto quiénes se sienten parte del proyecto kirchnerista como quiénes se distancian de él, sin olvidar a aquellos que optan por un apoyo crítico, acuden menos en defensa de las ideas que expresan, que de su propia condición intelectual. Se equivocarían quiénes detectaran cierta reprobación cínica en las afirmaciones previas: muy por el contrario, la manifestación de este espíritu de cuerpo es un rasgo saludable cuándo lo practica un colectivo amenazado por el recelo destituyente de sus connacionales. En este punto fracasa la importación aviesa de las aludidas plumas europeas, ya que un tipo de agrupamiento que en otras latitudes reforzaría la distinción de las clases cultivadas, entre nosotros contiene la modesta reivindicación del derecho a la supervivencia. En la Argentina, las constantes diatribas contra los intelectuales suelen validarse con la excusa de la crítica del elitismo, pero este hecho, lejos de demostrar esa línea argumentativa, revela su miseria: no hay aquí conservación de privilegios, sino una tímida apuesta por sostener algún recoveco amable, resguardado (y merecido) para seguir ejerciendo un noble oficio. En este contexto, el acceso de ciertas figuras intelectuales a los medios masivos de comunicación los expone a ser escarnecidos por los dispositivos sensacionalistas. Los mayores grados de virulencia se han verificado en los órganos periodísticos opositores en contra de los pensadores afines al kirchnerismo, pero también ha habido casos similares en el sentido opuesto. Esta relativa simetría podría parecer un daño colateral esperable en el marco de un clima político tensado entre dos posturas irreconciliables, pero son justamente los ejemplos que exceden el encasillamiento en esa parcelación binaria los que comprueban la vigencia del prejuicio contra los intelectuales. Resulta sugerente que los aciagos columnistas que semanalmente disparan contra el gobierno nacional por cualquier causa, por nimia que sea, se hayan puesto del lado de la presidenta en los casos en los que aparecieron discrepancias entre la razón de estado y la palabra crítica de los habituales adeptos al kirchnerismo. Esta insospechada simpatía por la desautorización del ejercicio intelectual pone de manifiesto que, más allá de una acalorada y omnipresente rivalidad coyuntural, existen inquinas esenciales que prevalecen cuándo se presenta la ocasión propicia para hacerlas aflorar. Igualmente emblemática resultó una chapucera pieza audiovisual en la cual se condenaba al fuego el artículo que Beatriz Sarlo escribió en el diario La Nación tras la muerte de Hugo Chávez. Algunos prefirieron encuadrar ese manifiesto infame dentro del consabido repertorio de odios gorilas contra el difunto líder venezolano, pero no hay que engañarse: la verdadera destinataria de la ofensa era Sarlo, y desde la perspectiva del creador del video, el pecado de la ensayista era sugerir que Chávez podía ser una figura política digna de ser pensada con sus luces y sombras, contextualizada en el marco de un acaecer histórico. El texto de marras no era en absoluto laudatorio, pero los reparos que anteponía ante las condenas concluyentes del personaje eran suficientes para enardecer al lector sediento de sangre. Se odia entonces al intelectual porque sus palabras podrían demorar la necesidad de satisfacer el impulso fascista de manera inmediata. El hecho de que la víctima de este agravio fuera una pensadora opositora al kirchnerismo, anche a Chávez, y la especificidad del método de denigración empleado (quemar el diario), con abyectas resonancias en nuestra historia reciente, reafirman la continuidad de esa añeja corriente de desprecio a los intelectuales. Hace aproximadamente una década, Alejandro Kaufman trazó una genealogía de esta tradición biblioclasta en sus implacables “Apuntes sobre la experiencia universitaria”. De ese texto recordamos alusiones a cierta célebre disyuntiva entre la cultura escrita y el calzado popular; a las fuerzas de seguridad apaleando a profesores dentro de los recintos universitarios; a la incineración de libros considerados subversivos con el auxilio de un camión volcador; a un ministro que manda a los científicos a lavar los platos. No todos los términos de esta enumeración son equiparables, sobre todo porque la historia política nacional alberga derivas y contramarchas que ponen sobre su cabeza las certezas y lealtades preexistentes. Pero sí persiste a lo largo de las décadas un anhelo de pogrom contra los letrados. Los ejemplos citados no están de más: sirven para alertar que si aquél llegara a concretarse, siquiera sublimado de alguna forma simbólica, los perpetradores no distinguirán necesariamente de acuerdo a las lealtades políticas del presente. Sus motivaciones, su veneno, su furia, vienen de larga data y están ligados a un goce que ni siquiera precisa refugiarse en el pudor de asumirse inconfesable. Sería fatal para los actores del campo intelectual confundir las polémicas propias de su práctica, o los desafíos que las transformaciones sociales y políticas le oponen a su rol tradicional, con los ánimos que denigran y amenazan no ya a una supuesta élite de iniciados sino a cualquier eventual ejercicio comunitario de pensar críticamente. * Docente-Investigador. Facultad de Ciencias Sociales, UBA y Ciclo Inicial, UNAJ. La Tecl@ Eñe Revista Digital de Cultura y Política​​ http://lateclaene.wix.com/la-tecla-ene#!miguel-molina-y-vedia/c22yp

"LA SOCIEDAD INTERPELA A LA JUSTICIA" CRISTINA KIRCHNER CERRO EL CONGRESO DE DEBATE SOBRE LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA EN LA MATANZA

"LA SOCIEDAD INTERPELA A LA JUSTICIA" CRISTINA KIRCHNER CERRO EL CONGRESO DE DEBATE SOBRE LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA EN LA MATANZA “La Justicia no puede tener agenda mediática” Fue luego de una jornada en la Universidad de La Matanza donde juristas, académicos, funcionarios y representantes sociales debatieron las leyes de reforma. La Presidenta insistió en la necesidad de una Justicia que no tema a las corporaciones. Por Julián Bruschtein y Nicolás Lantos La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a defender el proyecto de reforma del Poder Judicial que todavía tramita su última norma en el Congreso de la Nación y propuso realizar foros y debates en todo el país para evaluar nuevos cambios, aunque repitió que no va a proponer una reforma constitucional. Fue en el cierre del primer Congreso sobre la Democratización de la Justicia que se llevó a cabo ayer en la Universidad de La Matanza y del que participaron, durante todo el día, miles de personas, que se congregaron al caer la tarde en el campo de deportes de la casa de estudios para asistir a la presentación de la mandataria. “Queremos una Justicia que acometa contra las corporaciones que han saqueado al país. Cómo no van a poder hacerlo si hay una sociedad entera que lo reclama”, sostuvo CFK, resumiendo lo debatido durante la jornada en distintos paneles. “Hay que volver a vincular Justicia con igualdad”, insistió. “La sociedad le habla a la Justicia”, era el lema del encuentro. En un gesto político claro, durante su breve exposición, Fernández de Kirchner estuvo acompañada por Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo), Susana Trimarco (madre de Marita Verón, secuestrada por una red de trata), Pablo Ferreyra (hermano de Mariano, asesinado por una patota sindical durante una protesta de trabajadores tercerizados) y Sergio Burstein (de la asociación 18-J de familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA), entre otras figuras que calificó como “las víctimas de la falta de Justicia” en el país. “En este panel falta una víctima: la Argentina, saqueada, endeudada, con corralito y represión”, señaló la Presidenta, antes de remarcar que “la Justicia no puede tener una agenda mediática, debe ser la agenda de la sociedad, que es juzgar y condenar a los culpables”. El discurso de la jefa de Estado fue seguido por muchas personas que desbordaron la cancha de fútbol 11 donde se instaló el escenario: entre los asistentes había jueces, abogados y miembros del Ministerio Público, pero también dirigentes políticos, legisladores, funcionarios, varios intendentes del conurbano, entre una fuerte mayoría de estudiantes. Los que no llegaron a conseguir un lugar en las sillas acomodadas sobre el césped o en las gradas que lo bordean siguieron las palabras de CFK desde alguna de las múltiples pantallas instaladas en los pasillos del campus, adonde llegaba el humo de los choripanes que se cocían en la entrada de la universidad. “No vine para quedar bien, no vine a dar un discurso pour la galerie, he venido a decir lo que siento, lo que pienso y lo que vivo”, manifestó la Presidenta al comienzo de su discurso, antes de poner énfasis en lo que llamó “la primera gran ecuación” del asunto, la que conforman “justicia y seguridad, íntimamente vinculadas con fenómenos contemporáneos como el narcotráfico”. En ese sentido, criticó a la oposición política por haber rechazado la reforma que planteó el Ejecutivo sin proponer ninguna alternativa a cambio, actitud que atribuyó a intereses comunes con la corporación judicial. También hizo énfasis en el rol de los medios a la hora de problematizar la acción del Poder Judicial: “Algunos sectores pretenden instalar que la seguridad es un problema que apareció como un repollo hace tres o cuatro años”, dijo, y agregó que “también se instala que sólo en los gobiernos populares ocurren los problemas” que derivan en generar una sensación de inseguridad. “Hay entramados que todos sabemos que tenemos que derribar, hay que decir y llamar a las cosas por su nombre”, insistió, antes de tomar el lema del encuentro y modificarlo para decir que “la sociedad está interpelando a la Justicia, más que hablarle”. Durante todo el día, unas 20 mil personas (según estimaciones de la organización) pasaron por el campus de la Universidad de La Matanza para participar de los nueve paneles de debate que se llevaron a cabo con la participación de jueces, fiscales, abogados, académicos, funcionarios, legisladores, dirigentes sociales y de derechos humanos, trabajadores del ámbito de la Justicia y estudiantes de Derecho. Reformas La Presidenta defendió los seis proyectos enviados por la Casa Rosada al Congreso para reformar el Poder Judicial, aunque advirtió que no debe esperarse “ningún milagro” de estas iniciativas porque “son instrumentos que intentan mejorar” en aspectos puntuales el sistema actual. “Para hacer una verdadera reforma de la Justicia debería ser modificada” la Constitución nacional, aseguró, aunque se apuró en aclarar que no será ella quien proponga ese paso. También recriminó a opositores políticos y mediáticos por haber denunciado que la reforma se realizaría “a libro cerrado” cuando finalmente tres de los seis proyectos enviados tuvieron modificaciones, entre ellos los dos que más resistencia despertaron (el que legisla sobre medidas cautelares contra el Estado y el que establece la elección de miembros del Consejo de la Magistratura por medio del voto popular). “¿Cómo puede ser que de seis proyectos estén en contra de todos?”, se preguntó. “Admitamos –continuó– que necesitamos una interpretación de la Justicia que no sirva a los intereses de las corporaciones, sino para que los tres poderes puedan funcionar en beneficio de la sociedad.” En ese sentido, anticipó nuevas reformas que podrían ser fruto de una “mayor apertura y participación” en debates fomentados en “muchos foros como éste a lo largo y ancho del país”, como se hizo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Destacó, de entre los proyectos que ya pasaron por el Parlamento, el que instaura el voto popular para los integrantes del Consejo de la Magistratura como un mecanismo que tendrá la sociedad para controlar a la corporación judicial, porque “los jueces nunca votan en contra de los jueces”. Y también que hoy existe “una Justicia de dos velocidades” en la que “si los implicados son corporaciones poderosas, con poder para presionar a jueces y fiscales”, van a un ritmo distinto que cuando el que actúa es un ciudadano de a pie. Al final de su discurso, CFK se abrazó con los familiares de víctimas que la acompañaban y recordó, en un breve mensaje “fuera de programa”, aquella frase en la que comparó a la Universidad de La Matanza con Harvard durante una visita a la casa de estudios norteamericana. “No seremos Harvard pero acá, en el conurbano, hay 46 mil alumnos y el 90 por ciento son primera generación de universitarios. El 70 por ciento de ellos provienen de hogares humildes. Estamos en el corazón de la patria”, evocó, aplaudida por la concurrencia, mientras el olor a pólvora de la pirotecnia que marcaba el final de la jornada se mezclaba con el aroma de los choris. EL DEBATE DE CARLOTTO, TRIMARCO, PABLO FERREYRA Y BURSTEIN Un sistema distante de la gente En el último panel del congreso, la titular de Abuelas recordó la connivencia de jueces con la dictadura y abogó por “una Justicia más cercana a los problemas de la gente”. Susana Trimarco pidió que los abogados “no hagan negocios con las causas”. Por Julián Bruschtein y Nicolás Lantos “Es importante que se entienda que el pueblo reclama una Justicia más justa, libre y soberana, una Justicia más cercana a los problemas de la gente.” La definición la dejó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al participar de la mesa de cierre del Congreso Nacional sobre Democratización de la Justicia, que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Matanza. El panel estuvo conformado por familiares de víctimas de la falta de justicia en distintas causas, como los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, el atentado a la AMIA y la trata de personas. “Muchos de los jueces que todavía ejercen cargos judiciales en la actualidad son los mismos jueces que mentían para proteger a sus amigos militares que se apropiaban de nuestros nietos”, destacó Carlotto en su intervención, poniendo sobre la mesa la connivencia del aparato judicial con la dictadura. La mesa fue el epílogo de la jornada de debate sobre el paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para “democratizar” el Poder Judicial. Junto a Carlotto participaron Susana Trimarco –madre de Marita Verón, una joven secuestrada por redes de trata de personas, en cuyo caso la Justicia sobreseyó a los acusados en un polémico fallo–, Sergio Burstein– integrante de la agrupación 18J, que reúne a familiares de víctimas del atentado a la AMIA– y Pablo Ferreyra –hermano de Mariano, militante del Partido Obrero asesinado por una patota sindical del gremio ferroviario–, con el periodista Mario Wainfeld como coordinador. En una Universidad de La Matanza revolucionada por el foro de debate, por el que circularon una mayoría de estudiantes, fundamentalmente los de Derecho, además de militantes, funcionarios, abogados y jueces, los integrantes del panel de cierre se expresaron a favor de los proyectos que se encuentran a la espera de que la Presidenta los promulgue, en los próximos días. “Estoy acá para romperles el negocio a los caraduras de la Justicia”, sostuvo Trimarco, hablándoles directamente a los estudiantes que la observaban. Trimarco les pidió a los futuros abogados que se pongan “la mano en el corazón y no hagan negocios con las causas, con el dolor de las madres que caminamos los tribunales y somos golpeadas por la injusticia”, y agregó que había que “terminar con estos jueces que están lejos de la gente, porque necesitamos gente joven, capacitada y comprometida”. Pablo Ferreyra hizo foco en la importancia de “acercar la Justicia a los sectores populares” y en la búsqueda de “un juez, una Justicia comprometida, que dé respuestas sin intermediarios. También es necesario visibilizar, acercar a los sectores populares al debate y creo que éste es un buen inicio”. Ferreyra recordó además al joven de La Matanza desaparecido presumiblemente por la Policía bonaerense, Luciano Arruga, al ponerlo como ejemplo de lo que se debe cambiar. “Soy compañero de la familia en el dolor y su desaparición es una muestra de la impunidad y la complicidad entre fuerzas de seguridad corruptas, el Poder Judicial y un poder político provincial que criminaliza los sectores más vulnerables”. El hermano de Mariano Ferreyra destacó la realización del debate porque “todo espacio de discusión es auspicioso”, y agregó que “más allá de la reforma, a la que suscribo, en lo que respecta a mi familia apuntamos a exponer y mostrar las aristas del caso de Mariano, lo que significa una buena investigación y la celeridad que, sin dudas, fue clave para la sentencia, que sentó un precedente”. Por último, minutos antes de subir al escenario para integrar junto a los demás panelistas una de las mesas que acompañaron el discurso de la Presidenta en el campo de fútbol de la UnLaM, Sergio Burstein dejó en claro que “la paz sólo llegará con una gran reforma de la Justicia”. MESA SOBRE LAS NUEVAS CAMARAS DE CASACION De cómo agilizar los tiempos “Hay una profunda discordancia entre los tiempos de la Justicia y los de la gente”, remarcó el jurista Alberto Binder al hablar en la mesa “La agilización de la Justicia y las nuevas Cámaras de Casación”. Ante un público que llenó la carpa, integrado mayoritariamente por abogados, funcionarios y estudiantes, cinco panelistas debatieron sobre éste y otros aspectos de la reforma judicial. El juez Daniel Carral rechazó el argumento de que la creación de nuevas Cámaras de Casación retardará los tiempos judiciales. “Las dilaciones existen por otras razones”, aseguró. En cambio, Carral consideró que estos nuevos tribunales “podrán resolver sobre situaciones manifiestas de arbitrariedad o inconstitucionalidad”. Por su parte, Ricardo Ballari, presidente del Colegio Público de Abogados de Bell Ville, Córdoba, criticó a quienes se opusieron a la reforma sin dar un debate a fondo. “Hay que construir con este tipo de discusiones, con vocación por el cambio, no con la negativa por conveniencia, la que a algunos les sirve para desplegar un falso manto de sospecha”, subrayó. Participaron en el panel, además de los ya mencionados, el senador Pedro Guastavino, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y el presidente del Colegio de Abogados de Salta, Eduardo Romani. Binder, a cargo del cierre, llamó a enfrentar a las corporaciones y cuestionó el funcionamiento de la Justicia. En la crítica también cayó la Corte Suprema, de la que habló como “una burocracia indominable de cuatro mil tipos que ni siquiera hablan entre ellos”. Otras voces en el debate - Jorge Auat (fiscal de la Unidad de Investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos): “El funcionamiento corporativo del Poder Judicial es propio del diseño de origen de ese poder. Justamente, con los juicios de los crímenes cometidos durante la última dictadura se pudo ver cómo funciona la estructura judicial, al servicio de los sectores más acomodados de la sociedad. Hemos instalado un debate sobre la transparencia del que ya no hay vuelta atrás”. - Agustín Rossi (jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria): “La Presidenta ha tenido la virtud en los últimos años de poner en la agenda pública un tema tabú como es el debate en torno del rol del Poder Judicial. A partir de ahora, ningún espacio político ni ningún medio de comunicación podrá evitar el debate sobre la Justicia que queremos, los jueces que queremos. Este es el inicio del debate, la decisión de reformar el Poder Judicial ennoblece la democracia”. - Víctor Hugo Della Rosa (representante de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación-UEJN): “El acceso a la Justicia produce un quiebre con un bastión manipulado por la corporación judicial que salió airosa de los gobiernos de facto porque se llevaba muy bien con ellos. Sería importante que se acaben los meritorios, que les puedo garantizar que venían de barrios acomodados. No eran hijos ni de almaceneros, ni de verduleros y venían con el casete de la corporación”. - Andrés La Blunda (director del Instituto Nacional de Asociacionismo y Economía Social-Inaes): “Estamos logrando la democratización judicial por el camino de la democracia, y eso es lo que viene planteando nuestro gobierno desde el 25 de mayo de 2003. Hoy vivimos una democracia plena de derechos en la Argentina y es en ese marco que damos este debate del Poder Judicial con proyectos de ley que pretenden el encuentro de una Justicia con los 40 millones de argentinos”. - Mario Kestelboim (defensor general de la ciudad de Buenos Aires): “Es de gran importancia del acceso a la Justicia a través de concursos, será una herramienta clave”. - Martín Fresneda (secretario de Derechos Humanos): “Es el relato, la participación ciudadana, lo que le ha faltado escuchar a la Justicia durante años y años en esta patria. Es ese dolor el que le ha faltado escuchar a la Justicia porque las vidas de sus seres queridos representan una pérdida no sólo de compatriotas sino de democracia y de justicia”. - Vivian Perrone (madre de Kevin Sedano, atropellado en 2002): “El sistema de justicia de hoy no ofrece igualdad. Todo depende del juez que te toque, de los recursos y la educación que uno tiene; los juicios políticos no avanzan porque los jueces están enraizados en sus tronos y es imposible sacarlos de ese lugar”. - Raquel Wittis (madre de Mariano, asesinado en 2000 por un policía): “No hay mala policía sin mala Justicia. Vivimos con esperanza la aparición de la Justicia legítima, porque visibiliza la persistencia de una institución judicial a la que sólo acceden algunos y cuya reforma resulta clave para la promoción de los derechos humanos. La impunidad es lo que se mantiene después de tantos años de recuperada la democracia, la vigencia de la violencia institucional”. 15/05/13 Página|12 gb

NADA NI NADIE IMPEDIRA...

Padre Mugica, el cura villero Sábado 11 de Mayo de 2013 El documental realizado en 1999 por Gabriel Mariotto y Gustavo E. Gordillo permite acercarnos a la figura de quien asumió como propia la lucha de los más pobres y por ella dio su vida. “Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición.” Por Victoria Dursi* | Se cumplen 39 años del asesinato a Carlos Mugica, “el cura villero”, “el padrecito”, como le decían sus compañeros de la villa, con los que compartió los últimos años de su vida. A pesar de su origen aristocrático, hijo de una familia conservadora y antiperonista, el camino que fue transitando a lo largo de su vida lo llevó a unirse a los hombres y mujeres trabajadores de las villas. Su militancia fue en la 31 de Retiro donde su obra, todavía hoy, permanece en el corazón de sus habitantes, quienes levantan su nombre y su bandera como símbolo de amor y de lucha. Integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, hizo carne el “ama a tu prójimo como a ti mismo”, hermanándose con los sectores más marginados, con el pueblo entero de la Patria Grande. Es suya la oración “Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz.” El documental es una oportunidad para conocer su historia y escuchar su palabra. Para aquellos que no vivimos esos años o para quienes no tuvieron la posibilidad de escucharlo, es un buen modo de acceder a su pensamiento, y sobre todo a su accionar. El documental recopila los testimonios de quienes lo conocieron, familia, amigos, compañeros del Movimiento de Sacerdotes, integrantes del frente villero. Se hacen presentes también las voces de dirigentes políticos, aquellos que comenzaron en la lucha junto a él, de los que luego se distanció cuando vio la necesidad de dejar las armas. Con gran cantidad de imágenes de archivo, el documental se centra en los años más difíciles que le tocaron vivir, con el tan ansiado y festejado regreso de Perón y el posterior nombramiento de López Rega como Ministro de Bienestar Social, del que Mugica renuncia por no encontrar allí la respuesta esperada a las demandas de los villeros. En esos años se convirtió en una figura pública, muy presente en los medios de comunicación, los cuales utilizaba para dar visibilidad a su lucha. Esta exposición permanente, acompañada de su compromiso incorruptible contra la explotación social, le costó la vida. Su muerte anuncia el inicio de los años más oscuros del país, aquellos que comenzaron con las acciones de la Triple A y que terminaron en la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Hoy, que aún está pendiente esclarecer el rol de la Iglesia católica durante la dictadura militar y se debate sobre su complicidad, resulta imperioso rescatar la figura del Padre Mugica, quien como parte de la institución se mantuvo tan ajeno a muchas de las cosas que la misma representa. Con el reciente nombramiento de Jorge Bergoglio como nuevo papa de la Iglesia el tema adquiere nuevamente relevancia y nos permite reflexionar acerca del lugar que tiene hoy la búsqueda de justicia social en la agenda de la institución. * Integrante de Legados, espacio político de Artes – FFyL, UBA.