Un salto del sindicalismo a la arena política Por Ana Vainman

El acto del martes dejó en claro que la intención de Moyano es disputar la identidad peronista con el gobierno. Hugo Moyano se calzó su religiosa campera y partió rumbo al Luna Park para cumplir, por última vez, con una recomendación de Cristina Fernández. La presidenta había dicho que quien no estuviese de acuerdo con su gobierno, debía formar un partido político y ganar las elecciones. El líder camionero, decidido a encabezar la oposición, se dispuso a consumar la primera parte de la premisa y lanzó el martes pasado el Partido de la Cultura, Educación y Trabajo. Cumplir con la segunda parece una empresa más complicada. Ganar las elecciones implicaría conseguir despojar su figura de los prejuicios de la sociedad sobre la dirigencia sindical y lograr sortear la poca permeabilidad de la ciudadanía a votar a un partido laborista. Para ganar también tendría que conseguir que todos los dirigentes que integran la CGT Azopardo se alineen y le perdonen las alianzas que el camionero está dispuesto a hacer. Y como si fuera poco, Moyano tiene el desafío de dar el salto desde el sindicalismo a la política. A los sindicalistas argentinos siempre les costó lograr transformar su capacidad de liderazgo sindical en votos y más si se trata de un partido propio. El sueño del líder camionero que se muestra conciliador con todo el arco opositor es lograr, de mínima, una banca en el Congreso y, de máxima, un pasaje a Balcarce 24 en un futuro no muy lejano. El acto del martes en el Luna Park dejó algunas cosas en claro. En principio, que Moyano reniega y cuestiona brutalmente al gobierno del que fue aliado durante nueve años. Además, mostró que quiere ser el aglutinador de la oposición. Y para eso, reconoció, deberá recurrirse al pragmatismo. Durante su discurso, confesó que en esta nueva etapa tuvo que abrazarse con quienes "tenía diferencias" porque "busca más acuerdos y coincidencias para lograr la unidad nacional". Además del diputado nacional Francisco de Narváez y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna –sentados en la primera fila del estadio– el camionero debía estar refiriéndose a la foto que no tantos días atrás se sacó con la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich o a la rosa blanca que intercambió con Mauricio Macri hace unos meses. El acto del martes también dejó en claro que la intención de Moyano es disputar la identidad peronista con el gobierno. Esa pelea por quién reivindica mejor los mandatos de Juan Domingo Perón tuvo su punto más tenso durante la década del ’70 y, por momentos, parecería querer ser replicada por ciertos actores de la política actual. "No somos el PJ disidente. Somos el peronismo", lanzó el líder camionero y comparó sin sonrojarse a Cristina Fernández con Isabel Perón. "Le va a pasar lo mismo que en los '70, cuando intentaron negar a Perón y así les fue", pronosticó. Pero los otros oradores también se refirieron a la identidad peronista. El canillita Omar Plaini, a su turno, sostuvo: "No nos vamos del peronismo, les damos el sello y nos quedamos con los principios" y agregó: "Nos resulta raro tener que estar construyendo un partido propio, han decidido clausurar el debate en el PJ, no hay programa." La liturgia peronista estaba a tope en el Luna. Tanto, que Moyano eligió el 7 de mayo –94° natalicio de Eva Perón– para presentar su partido. Pero no hubo sólo guiños para los peronistas. Había invitados de todos los partidos –que en su mayoría no asistieron– y Moyano mencionó varias anécdotas de acercamientos entre personas de distintos partidos, como el famoso abrazo entre Perón y Ricardo Balbín. Por otro lado, el acto evidenció que la alianza con De Narváez es un factor de conflicto hacia adentro del moyanismo. Si bien Moyano estuvo arriba del escenario sólo con sindicalistas y no quiso repetir la foto del 1° de Mayo en Córdoba (en la que se abrazó con De Narváez, José Manuel de la Sota, Roberto Lavagna y Claudia Rucci), la sola presencia de "El Colorado" generó cruces entre los presentes y cantitos subidos de tono. La resistencia evidente de ciertos integrantes del moyanismo a la alianza con De Narváez se notó ayer en el Luna Park, que por un momento pareció seguir siendo escenario de peleas de box. Por un lado, algunos de los militantes presentes entonaron cantitos insultantes para con “El Colorado”. Pero además, un integrante de la Juventud Sindical twiteó su negativa opinión sobre De Narváez. El titular del gremio de Judiciales Julio Piumato –activo tuitero- leyó las apreciaciones en pleno desarrollo de los discursos y se lo comunicó al camionero. Moyano le recriminó a su hijo Facundo que uno de sus colaboradores más cercanos hubiera estado cuestionando públicamente al político elegido por él para hacer su alianza electoral. Pablo Moyano escuchó que Hugo retaba a Facundo y también intervino en la discusión que, de no haberse dado en un ámbito como ese, probablemente habría terminado de otro modo. Facundo y la Juventud Sindical guardaban la secreta esperanza de que la alianza de Hugo se forjara con el intendente de Tigre Sergio Massa –que aún no se definió de cara a las legislativas de octubre–, pero el líder camionero decidió jugar con un sector más relacionado con la derecha peronista y claramente antikirchnerista. Sin embargo, la presencia de De Narváez no fue la única que levantó polvareda. La asistencia del ex militar carapintada Aldo Rico generó toda clase de cuestionamientos, incluidos los de algunos moyanistas que desconocían que Rico estaba invitado. Desde la CGT oficialista, un dirigente de peso celebró el lanzamiento del partido de Hugo Moyano. "Alguien del movimiento tiene que salir y poner la cara con un proyecto propio", aseguró, pero no tardó en agregar: "De ahí a que haya resultados positivos, hay un trecho." Si bien el dirigente no es de los más afines al gobierno, sus buenos augurios para con el proyecto del camionero sorprenden. "Ojalá que le vaya bien, aunque no creo", afirmó. Eso sí, fue bastante crítico con las alianzas que está tejiendo Moyano: "Está tratando de meterse, y lo hace con quien sea. A mi no me gusta. No somos enemigos acérrimos de los radicales, pero de ahí a hacer alianzas… Y De la Sota, es tiempo pasado, tienen que surgir líderes nuevos." Mientras tanto, las aspiraciones de integrar las listas de legisladores del Frente para la Victoria que tenían los dirigentes de la CGT que conduce Antonio Caló deberán seguir siendo sólo aspiraciones. Desde hace meses esperan que la presidenta los reciba y les dé alguna respuesta a todos los requerimientos que hacen desde octubre pasado. 09/05/13 Tiempo Argentino

Corrupción corrupta Por Orlando Barone

Corrupción significa eso que se sabe, aunque no se sepa nada de etimología, lingüística, lexicología ni de semiótica. Los abanderados de la anticorrupción tienen el culo sucio corrompido y corrompen el sentido de esa palabra, dotándola de un hedor antipolítico. Es la forma banal más influyente para erosionar y voltear gobiernos populares, no adecuados al mapa de negocios globales establecidos. “Corrupción”-y se copia aquí la enciclopedia sin incluir las clásicas significaciones sexuales- es: “Descomponer, cambiar la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Pudrir, impurificar el ambiente.. Quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. Hacer con dádivas que un juez o un empleado obren indebidamente. Cohechar, sobornar, traficar. Hacer moralmente malas a las personas o las cosas…” ¿Pero quién- el Gobierno o los poderes mediáticos dominantes descompone la naturaleza de una cosa volviéndola mala? ¿Quién, el Gobierno o los de lengua fácil y medios poderosos pueden pudrir e impurificar el ambiente?¿Quién, el Gobierno o las difamaciones opositoras quebranta la moral de la administración pública o de los funcionarios? ¿Quién, el Gobierno o las corporaciones destituyentes, consiguen mediante dádivas que un juez o un empleado judicial obren torcidamente? ¿Quién el Gobierno o los opositores corrompen las políticas de inclusión y sociales de la patria y manifiestan deseos de detenerlas y cambiarlas por lo contrario? ¿Quién el Gobierno o sus contrarios corrompen el diálogo parlamentario con consignas de odio incubadas en la fantasía de que enfrentan a una dictadura? ¿Quién, el Gobierno o los conspiradores pugnan por corromper el ánimo con el miasma del desánimo? ¿Quién, el Gobierno o quienes quieren el desgobierno corrompen su naturaleza sudamericana en pro de antiguas y futuras sumisiones a las bancas mundiales? ¿La corrupción es estatal o es opositora, es gubernamental o corporativa, es de los argentinos con memoria o es de los argentinos voluntariamente desmemoriados? Si no lo sabe, cante. Palabra –corrupción- usada contra la política por los Medios dominantes como arma de destrucción masiva. La lanzan sin o con el prefijo “anti” y no importa si al caer y detonar causa daños colaterales sin retorno. Ni si la democracia se rompe o se fractura o se somete y vacía. Su efecto no necesita pruebas inmediatas, aunque su destinatario es inmediatamente víctima y deja de ser inocente desde el momento de la denuncia. No sepulten tan brutal y apuradamente a Lázaro, para que arrastre al fondo a Néstor Kirchner, porque en la Biblia resucita desde hace dos mil años. El simbolismo bíblico vale habiendo por ahí tan diligentes crucificadores y sepultureros de rating fácil. Cunde la moda de denunciadores, denunciantes, y denunciópatas extraordinariamente pagos por sobar corruptamente corrupciones abstractas desde tribunas de corrupción concretas. Fácil de decir, de inventar y de derramar, la histeria anticorrupción es una obscenidad ideológica disimulada de retórica ética. Y es paradójicamente denunciada por los corruptos impotentes políticos. Los mismos que ante el espejo histórico y derrotista que los refleja no quieren verse. Porque ese espejo duplica sus vergüenzas. Las verifica. También las verifican las urnas. http://www.diarioregistrado.com/-/73890-corrupcion-corrupta.html

LA CAMARA DE RESISTENCIA CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DE UN EX JUEZ Y UN EX FISCAL El encubrimiento de una masacre

Un acto realizado en 2011 en el monumento a los asesinados en la Masacre de Margarita Belén. Luis Angel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni están acusados de ser quienes, como juez y fiscal, aceptaron sin investigar la versión oficial con la cual se encubrió la Masacre de Margarita Belén. Seguirán presos. La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de los ex magistrados Luis Angel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Córdoba, como juez federal, y Ma-zzoni, como fiscal, ante la cámara chaqueña, fueron quienes aceptaron sin chistar la versión oficial con la cual se encubrió la Masacre de Margarita Belén. El tribunal que integran José María Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Getzel desestimó las apelaciones de los defensores de los ex magistrados, los procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión a un delito y encubrimiento, y ordenó que se mantenga la prisión preventiva, por lo que deberán esperar el juicio oral en la Unidad Penal No 7 de Resistencia. Mazzoni fue fiscal federal ante la Cámara desde 1974 hasta fines de 2007. Por entonces, a pedido del CELS y de Hijos, la Procuración General de la Nación ordenó la realización de un sumario que estuvo a cargo del fiscal Félix Crous y que confirmó las acusaciones en su contra por haber encubierto actos de tortura, no haber dado auxilio médico a detenidos que declaraban haber sido torturados, no haber dado protección a detenidas embarazadas ni preocuparse por la salud de recién nacidos, haber obligado a presos a declarar bajo amenazas y omitir denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, víctima de la Masacre de Margarita Belén. A partir del sumario, el procurador Esteban Righi lo apartó del cargo y ordenó que se lo sometiera a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció dos días después. Su detención y procesamiento, solicitado por los fiscales federales Patricio Sabadini y Diego Vigay, se concretó en marzo del año pasado por orden del juez federal Carlos Skidelsky. Siete meses después, el magistrado procesó a su ex colega y ordenó su traslado desde el Escuadrón 51 de Gendarmería a la cárcel de Resistencia. La confirmación del procesamiento es la última escala previa al juicio oral y público. Luis Angel Córdoba era el juez federal de Resistencia y no tuvo que rendir cuentas mientras estuvo en funciones porque se jubiló antes de que se reabrieran las causas. Fue quien, como magistrado, aceptó sin chistar la versión oficial según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuales había detenidos a su disposición, habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaron escapar de un celular que los trasladaba a la cárcel de Formosa. El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, que murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlo. Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares. Igual que Mazzoni, fue detenido en marzo de 2012, acusado de encubrir delitos contra 18 víctimas, no hacer cesar ocho detenciones ilegales, no promover la persecución de delincuentes en 18 hechos e incumplir los deberes de funcionario público, todo en concurso con el delito de asociación ilícita. El fiscal Diego Vigay consideró que la confirmación de los procesamientos implica “un avance significativo en el juzgamiento de magistrados judiciales federales que fueron cómplices civiles de los crímenes del terrorismo de Estado”. “Se abre ahora la posibilidad de elevar la causa a juicio, lo que resultará en un hecho inédito en la región”, aseguró. El fiscal general subrogante Carlos Amad mencionó que “más allá de las consideraciones jurídicas, que serán materia de un análisis posterior, concretamente se trata del avance del proceso contra estos ex funcionarios judiciales que con su accionar permitieron el total desamparo de las víctimas del terrorismo en el Chaco”. La decisión del tribunal chaqueño se conoce una semana después de que la Cámara Federal de Córdoba confirmara el procesamiento de Roberto Catalán como autor directo de tormentos y partícipe secundario de homicidios, secuestros y tormentos mientras se desempeñaba como juez federal de La Rioja. 09/05/13 Página|12

MORENO SE REUNIO CON UN PAR DE FINANCISTAS. EL MOVIMIENTO ESPECULATIVO CON EL DOLAR ILEGAL La canción del blue a todo volumen

El dueño del Banco Piano confirmó el encuentro con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien también se reunió con el titular de Puente. El dólar ilegal llegó ayer a los 10,45 pesos en las cuevas del microcentro. El dólar ilegal subió ayer 37 centavos y cerró la jornada a 10,45 pesos en las cuevas del microcentro porteño. Por su parte, la cotización oficial de la divisa estadounidense aumentó un centavo, hasta 5,22 pesos. En ese escenario y después de la presentación del blanqueo de divisas a través de dos bonos, trascendió que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, mantuvo ayer dos reuniones diferentes con los responsables del Banco Piano y la sociedad de bolsa Puente Hermanos para solicitarles que contribuyan a bajar la cotización del dólar blue. En el mercado dicen que según les comunicó a los hombres de negocios, el funcionario pretende que el precio del dólar en el segmento ilegal baje a 6,50 pesos cuando se apruebe la ley que ayer ingresó al Senado, pero el “pedido” no pudo ser confirmado ni con el funcionario ni con los financistas. Asimismo, Moreno habría insinuado que el Gobierno redoblará los controles fiscales sobre ese segmento ilegal. La estrategia es la misma que implementó Moreno en junio de 2012, cuando el precio del billete verde tocó los 6 pesos en el mercado informal y en noviembre de 2011, cuando esa cotización llegó a 5 pesos. El secretario de Comercio Interior explicó a los cambistas que el blanqueo y la creación el Certificado de Depósitos del Sector Inmobiliario (Cedin), el Bono de Ahorro para el Desarrollo Económico Argentino (Baade) y el Pagaré de Ahorro en Dólares (ver aparte) aliviará las presiones sobre el mercado ilegal de divisas. Esos instrumentos, y sus mercados secundarios donde podrán negociarse los bonos y certificados con pesos, harán innecesario acceder al mercado informal de divisas. Las medidas estarán acompañadas, transmitió Moreno, por el recrudecimiento de los controles sobre la plaza cambiaria ilegal. Con ese combo, el funcionario pretende reducir el precio de esa variable. El funcionario solicitó a Piano y Tomasevich que transmitan el nuevo escenario a sus pares del mercado, tanto a aquellos que operan formalmente como a quienes están al margen de la ley en las cuevas. Piano confirmó el “amable encuentro” que mantuvo con Moreno y señaló que “yo no puedo influir en el precio del dólar blue, a lo sumo puedo transmitir el mensaje a quienes operan en ese mercado”. En las dos oportunidades anteriores que Moreno se reunió con operadores del mercado de cambios para discutir caminos para ir a una baja del dólar blue, el mensaje del funcionario logró contener una mayor escalada pero no consiguió que ceda hasta el nivel deseado. “A la economía la vamos a ir blanqueando de a poco. Pero hoy tenemos una economía en negro en la que hay que intervenir. Si un secretario de Comercio Interior no interviene en el mercado negro, no está interviniendo en la economía”, explicó Moreno en junio pasado a un grupo de empresarios afines antes de su encuentro con los cambistas. Mientras Moreno apuesta a bajar la cotización del dólar blue hasta 6,50 cuando esté aprobada la ley, hacia fines de mes o principios de junio, y el Gobierno afirma que no va a ceder a las presiones devaluatorias de algunos sectores, el mercado volvió a tener una jornada altamente especulativa y el precio del dólar ilegal llegó a rozar los 10,50 pesos, para cerrar en 10,45. En lo que va de la semana, la cotización del blue acumula un aumento de 57 centavos y los operadores del reducido pero influyente mercado apuestan a que continúe la escalada. Por su parte, la cotización que administra el Banco Central subió un centavo y llegó a 5,22 pesos. La autoridad monetaria adquirió ayer 40 millones de dólares en el mercado cambiario, pero las reservas cayeron 109 millones, hasta los 39.278 millones de dólares, por un pago de vencimientos a organismos multilaterales de crédito. La brecha entre el dólar oficial y el ilegal alcanzó ayer al ciento por ciento. Después de varias jornadas al alza, los inversores decidieron realizar parte de sus ganancias en la Bolsa de Buenos Aires y el índice MerVal que reúne a las principales acciones del mercado cayó 0,7 por ciento. No obstante, el indicador se mantuvo por encima de la barrera de los 4000 puntos. La caída de las acciones estuvo encabezada por Edenor y Pampa Energía, que cayeron 6,3 y 2,7 por ciento, respectivamente. Por su parte, los papeles de YPF retrocedieron 3,7 por ciento. Esas empresas energéticas habían mostrado las subas más fuertes en la semana. En tanto, los títulos públicos volvieron a mostrar precios firmes. El Boden 2015, papel nominado en dólares, cerró con un alza de 0,5 por ciento y los cupones atados a la marcha de la economía ganaron 1,4 por ciento. EL PROYECTO DE EXTERIORIZACION DE CAPITALES YA ENTRO AL SENADO, QUE EMPIEZA HOY A TRATARLO EN COMISIONES La ley ya se puso en marcha en el Congreso Menos de 24 horas después de anunciado, el texto del proyecto llegó al Congreso. Con una novedad: se crean tres instrumentos financieros, en vez de dos. El oficialismo cuenta con su aprobación basado en la mayoría que conforma junto a sus aliados. Por Sebastián Premici El Senado comenzará a debatir hoy el proyecto de ley que permitirá la exteriorización de capitales y la creación de tres instrumentos financieros –y no dos, como originalmente se anunció– para invertir en infraestructura energética y el mercado inmobiliario. La plana mayor del Ministerio de Economía, integrada por Hernán Lorenzino (ministro), Axel Kicillof (Planificación Económica), Guillermo Moreno (Comercio Interior), Mercedes Marcó del Pont (Banco Central) y Ricardo Echegaray (AFIP), asistirá al plenario de las comisiones de Presupuesto, que conduce Aníbal Fernández (FpV), y Economía e Inversiones, al mando de la radical Laura Montero. El objetivo del FpV es conseguir un dictamen de mayoría la semana que viene para llegar al recinto el 22 de mayo. Cuando se votó el primer blanqueo en 2008, el oficialismo consiguió 40 votos afirmativos, un número similar al actual núcleo duro del FpV, junto a otros partidos aliados. La primera novedad del proyecto de ley es que en su artículo 1, además de crearse el Bono Argentino para el Desarrollo Económico (Baade), también se creará un Pagaré de Ahorro. Los fondos originados en la emisión de estos dos instrumentos deberán destinarse a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos. Y en su artículo 2 se autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin). En el artículo 13 de la iniciativa se establece que para acceder a los beneficios de la ley los “contribuyentes tienen que haber cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales”. “El presente proyecto permitirá que los fondos líquidos que el sector privado mantiene actualmente bajo la forma de dólares estadounidenses se plasmen en tres instrumentos financieros creados con el objetivo de promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo económico del país, como son las inversiones en infraestructura e hidrocarburos y en la rama de la construcción e inmobiliaria”, puede leerse en los fundamentos de la iniciativa. Tal cual explicaron los funcionarios durante una conferencia de prensa, el proyecto de ley especifica que aquellos contribuyentes que adhieran a estos beneficios quedarán exentos de las penas contempladas en la Ley Penal Tributaria. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, no quedarán excluidos de los controles que prevé la ley que pena el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246). En este sentido, la norma explicita que estarán excluidos “aquellos que pretendan despenalizar sumas de dinero producto de lavado de activos y financiamiento del terror, querellados o imputados por lavado, trata de personas o narcotráfico, los que se encuentran en proceso de quiebra, los funcionarios públicos de todos los estamentos y poderes y sus familiares”. Según el Banco Central, la formación de activos externos llegó en 2012 a los 158.338 millones de dólares, a los que se le suman otros 40.000 millones que estarían dentro del territorio argentino. Durante la exteriorización de capitales votada en 2008 y ejecutada al año siguiente, el Estado recaudó 4000 millones de dólares entre 35.800 contribuyentes. Según informó la AFIP, de este total, 32.000 fueron personas físicas y 3800 personas jurídicas, es decir, empresas. El primer proyecto de exteriorización de capitales se aprobó en 2008. El FpV consiguió 40 votos afirmativos contra 28 de la oposición. Actualmente, el oficialismo conserva el mismo núcleo duro de votos. En la votación sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, el FpV obtuvo 38 votos positivos, y en la regulación de las cautelares, 39. Esta norma sólo necesita la mitad más uno de los presentes para ser aprobada. Durante el debate parlamentario de 2008, la oposición optó por utilizar argumentos “moralistas” y grandilocuentes. “Esta moratoria y este blanqueo va dirigido hacia pocas personas. Nosotros estamos convencidos de que las medidas son trajes a medida para protagonistas vinculados al poder (...). La verdad es que nosotros tenemos algo que custodiar, que es a la sociedad. Otra vez estamos todos en la bolsa”, sentenció Ernesto Sanz. Sin embargo, el radical obvió mencionar que el propio Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales. “Admitiendo a priori que la medida que se propicia lesiona el principio de justicia, al acordar un tratamiento de excepción a quienes no han cumplido con sus obligaciones fiscales, se ha considerado sin embargo que su adopción encuentra plena justificación tanto en el análisis de la realidad presente como en el proceso económico del decenio precedente.” Esto puede leerse en el mensaje de elevación 1543 del 29 de agosto de 1986, que luego se convirtió en la Ley 23.495 (régimen en el país y en el extranjero para realizar un blanqueo de normalización de patrimonio). Más allá del antecedente olvidado por los radicales, la ley que comenzará a debatirse a partir de hoy también fue adoptada en diferentes países, como por ejemplo Inglaterra, Italia, Portugal, México, España y Suiza. En Estados Unidos se lanzó en 2009 el plan OVDI, de repatriación voluntaria, el cual fue relanzado nuevamente en 2011. En este caso, el programa tributario y fiscal penalizaba al capital blanqueado con tasas de entre un 5 y un 25 por ciento. spremici@pagina12.com.ar AMPLIO APOYO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION Y LAS INMOBILIARIAS A LOS ANUNCIOS PARA EL SECTOR “El Cedin es un instrumento fantástico” Constructores, desarrolladores e inmobiliarias celebraron la creación de un certificado dolarizado para reactivar el mercado. Estiman que habrá una rápida recuperación de las ventas de usados y generación de nuevos proyectos en el rubro. La medida de blanqueo del Gobierno empieza a generar cada vez más entusiasmo en el sector de la construcción. Las empresas inmobiliarias, desarrolladoras y constructoras coinciden en que es una respuesta “inteligente” para solucionar los altibajos que experimenta la rama en los últimos meses. Cada uno de esos rubros tiene problemáticas particulares, aunque la propuesta, afirman los referentes, tiene la virtud de beneficiar al conjunto de los bloques a partir de inyectar más liquidez en el mercado. El elemento relevante es que aporta una nueva fuente de demanda, permitiendo aceitar las operaciones de compra-venta de propiedades. Eso incentiva el desarrollo de los planes de inversión particulares. “Nos estamos haciendo eco de muchos planteos del sector sobre la necesidad de generar nuevos instrumentos que permitan recobrar el dinamismo de la construcción y que complementen la política del Pro.Cre.Ar”, explicó Mercedes Marcó del Pont, titular del Banco Central. Fue en el lanzamiento del Cedin. Se tata de la herramienta financiera que podrán adquirir aquellos que tengan dólares no declarados y busquen ingresarlos al circuito formal para realizar inversiones, tanto de compraventa de inmuebles como de refacción o planificación de nuevas propiedades. En cada uno de sus segmentos, los empresarios del ladrillo recibieron la decisión del Gobierno con optimismo. Interpretan que el sector va a recibir una fuerte inyección de dinero, permitiendo la reactivación del empleo y generando encadenamientos sobre otras industrias. Además, señalan que es una medida que apunta en el mismo sentido de lo que se comienza a hacer en otros países como Chile, Estados Unidos, Italia y España. Para esos distintos referentes, la alternativa brinda soluciones prácticas desde el punto de vista económico, más allá de los juicios de valor sobre si es justo o no para los que apostaron a pesificar ahorros o no evadieron. “Es un instrumento fantástico porque va a movilizar el mercado de manera rápida”, indicó a Página/12 Alberto Prieto, empresario desarrollador. Agregó que la “idea es brillante” para descomprimir las trabas. El problema de los desarrolladores se concentra en dos frentes. El primero es que las obras que se iniciaron antes de los controles cambiarios no se frenaron, debido a que ya estaba comprada la tierra o los materiales, pero el dinamismo de los nuevos proyectos, pese a la rápida pesificación, ya no es el mismo. Eso lo explica que ahora es más difícil encontrar inversores para iniciar las obras de pozo. El segundo inconveniente (más de largo plazo) es que si la demanda esperada de inmuebles es baja, las inversiones en desarrollos también desaceleran. Frente a estas dificultades, el Cedin ofrece una alternativa. Incorpora a nuevos inversionistas (que utilizarán el instrumento para pagar a las firmas desarrolladoras), mientras que las operaciones inmuebles aumentarían para garantizar el flujo de consumo en el tiempo. El costo de la medida es abandonar o por lo menos postergar la pesificación del mercado. “El blanqueo de capitales inyecta los dólares del colchón a la economía real, para convertirse en nuevas edificaciones”, señaló a este diario Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción. El empresario precisó que por ahora es difícil conocer en qué proporción el Cedin va a generar nuevas obras y cuánto va a ir a parar a operaciones inmobiliarias. Pero aseguró que la expectativa es elevada. Durante 2012, la construcción registró una caída, aunque en los últimos meses comienza a recuperarse gracias al impulso del sector público. Como resultado, para este año las estimaciones de crecimiento son de alrededor del 5 por ciento. “En la medida en que el Cedin estimule los proyectos de los particulares, la expansión puede sumar algún puntito”, adelantó Weiss. Algunas fuentes del sector consideran que las constructoras resultarán entre las más beneficiadas por el blanqueo. El punto central es que son uno de los sectores que disponen de una amplia masa de capital para incorporar a la economía a partir de este mecanismo y convertirse en los administradores del mercado del Cedin. Claro que el sector de las inmobiliarias es otro de los que recibe el anuncio con mayor satisfacción. “La compra-venta de inmuebles registró un fuerte parate a partir de los controles cambiarios, pero el instrumento que resulte del blanqueo va a permitir volver a aceitar las operaciones”, aseguró a Página/12 Roberto Arévalo, de la Cámara Inmobiliaria. Informe: Federico Kucher. LOS CEDIN SE PODRAN COMPRAR EN EL MERCADO SECUNDARIO EN MONEDA NACIONAL Una opción para usar pesos El viceministro de Economía defendió el blanqueo de capitales porque se movilizarán fondos que están fuera de la economía formal para proyectos productivos. También explicó cómo funcionarán los Cedin. Respaldo de economistas heterodoxos. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró ayer que los nuevos instrumentos financieros que servirán para blanquear ahorros en dólares tendrán circulación en el mercado secundario, donde se podrán comprar con pesos, a un valor que todavía es incierto. “Con la enorme masa de riqueza que está en negro uno puede decir: `No vamos a hacer nada`. Nosotros blanqueamos con una aplicación específica, para incentivar la inversión en energía, el sector de la construcción y dar liquidez al mercado inmobiliario. No es la única medida que hemos tomado ni la única que vamos a tomar”, señaló el funcionario. Economistas ligados al kirchnerismo defendieron, con matices, el anuncio de amnistía fiscal. Uno de los instrumentos presentados es el Certificado de Depósito para el Sector Inmobiliario (Cedin). Kicillof explicó que esos títulos se podrán adquirir en los bancos contra entrega de dólares negros y podrán utilizarse para cualquier operación inmobiliaria o en el sector de la construcción. El que recibe el Cedin, por ejemplo como pago de una vivienda, puede ir a la entidad financiera con el comprobante de la operación inmobiliaria y cobrar los dólares en ese momento. El tenedor de un Cedin también puede venderlo en pesos en el mercado secundario. El funcionario resaltó que, en caso de pérdida o robo, a diferencia del dólar, el tenedor del Cedin puede hacer la denuncia y se le restituye. “Es como un cheque de viajero”, graficó. Va a ser endosable sin límite y no tendrá plazo de vencimiento. Con respecto al Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), el viceministro de Economía detalló que el dinero recaudado será utilizado para financiar grandes proyectos energéticos. “Para comprar equipos de perforación de última tecnología hay que realizar importaciones. Está previsto para YPF hacer un programa de inversión de 37 mil millones de dólares”, indicó. “El corazón del modelo es favorecer a los sectores populares. Desde el libro de texto de la ortodoxia, que no tiene ese objetivo, todas las medidas están mal, porque no ajustamos el gasto público ni nos endeudamos con los organismos multilaterales o condicionamos la política económica a sus dictados. Esta es una salida productiva a la bimonetización, con la idea de que esas fortunas que están en el exterior se conviertan en trabajo e inversión”, agregó. Kicillof también dijo que analizará los abusos que se cometen en el cobro de deudas nominadas en dólares, las cuales suelen ser pesificadas al valor del dólar blue. “Le vamos a echar un vistazo porque sabemos que esas cosas generan abuso y perjudican a gente inocente”, dijo. Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, destacó que la medida “va a permitir a la Argentina, en un momento de dificultades económicas en el mundo, otra vez accionar políticas contracíclicas para seguir reactivando este círculo virtuoso. Las herramientas van a permitir dinamizar el sector inmobiliario y energético, con una mayor cantidad de ocupación en ese sector”. El directivo de YPF y titular de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Héctor Valle, evaluó que “es una iniciativa muy interesante, muy atractiva”. “Es importante advertir que cuando la plata tiene por destino un proyecto específico de infraestructura, que uno ve y puede tocar, es muy atractivo, porque da enorme seguridad.” En tanto, el diputado nacional de Nuevo Encuentro Carlos Heller admitió que “los blanqueos tienen una enorme sensación de injusticia, porque se perdona a quien no cumplió con las leyes, pero son una herramienta válida si es que terminan beneficiando al conjunto de la sociedad”. Consideró que si la medida anunciada es exitosa, “la circulación de los títulos en el mercado podría dar a la gente que tiene expectativa de ahorrar en dólares la posibilidad de hacerlo sin que eso signifique afectar las reservas internacionales que tiene el país”. A la vez, Heller opinó que “si volvieran los 160 mil millones de dólares que están afuera del país, no habría ninguna restricción para atesorar dólares”. Por su parte, el economista de La Gran Makro Agustín D`Attellis aclaró que se trata de “una medida puntual, que irá acompañada de otras que la complementen y que no implica un retroceso en términos de pesificación de la economía, ya que ese camino se seguirá transitando”. Agregó que “este tipo de medidas generalmente desde el punto de vista ético hace mucho ruido porque aquel que no había declarado algo ahora tiene la oportunidad de ingresar el dinero. Hay una realidad mundial que hace que muchos países en el último tiempo hayan tenido que tomar medidas en este sentido”. El economista del Colectivo Economía del Bicentenario Benjamín Navarro afirmó que “el clima de confianza para el éxito de los nuevos instrumentos financieros en dólares está dado por el superávit externo y los reducidos vencimientos de deuda existentes”. 09/05/13 Página|12

EL SENADO CONVIRTIO EN LEY EL PROYECTO DE REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Un Consejo designado por el voto

La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 30 en contra. También se votaron los proyectos de acceso a las declaraciones juradas, publicación de las decisiones de la Corte Suprema y el ingreso igualitario al Poder Judicial. Por Sebastian Abrevaya Tras un extenso debate, el Senado convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos más importantes de los seis que integran el paquete de medidas para la “democratización” del Poder Judicial anunciado por el Poder Ejecutivo. Por 38 votos a favor y 30 en contra, el Frente para la Victoria y cinco aliados aprobaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados hace dos semanas. El texto establece la elección popular de 12 de los consejeros y amplía el número de miembros de 13 a 19, entre otras cosas. Luego de la votación, el Senado también aprobó anoche los proyectos de acceso a las declaraciones juradas, publicación de las decisiones de la Corte Suprema y el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados. La UCR, el FAP y el peronismo disidente se manifestaron en contra de las iniciativas. En un Congreso con un fuerte operativo de seguridad, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, inició el debate cerca de las tres de la tarde con una defensa de la elección mediante el voto popular de los nuevos consejeros. “En lugar de ser electos por una asociación de magistrados, que no tiene rango constitucional, las fuentes del mandato de los consejeros es el padrón electoral”, detalló Fuentes. A partir de esta ley, los tres representantes de los magistrados, así como los tres abogados y los seis académicos serán electos por todos los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales. Hasta ahora, los diferentes estamentos se elegían entre sus propios miembros. Los siete restantes también tendrán respaldo en la voluntad popular, ya que se trata de un miembro designado por el Poder Ejecutivo y seis miembros del Poder Legislativo (tres senadores y tres diputados). Según Fuentes, la reforma apunta a “arreglar el profundo déficit de democratización” existente en la Justicia. Desde la oposición, en cambio, ratificaron sus vaticinios anteriores. La peronista disidente Sonia Escudero consideró que con la reforma se “pulveriza la división de poderes en la Argentina, el sistema republicano de gobierno, y se afecta la garantía constitucional del juez imparcial consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el país firmó”. Para el socialista Rubén Giustiniani, esta iniciativa “contradice el sistema de balance y equilibrio de poderes” y “termina con la independencia de la Justicia”. “Quieren domar el último bastión independiente. La verdadera intención es ir por el Consejo de la Magistratura para destituir a los jueces críticos. Si el Gobierno hubiera tenido una Corte adicta como en los ’90 no existiría tal ‘democratización’”, sumó el radical Ernesto Sanz. Con una convocatoria a “desdramatizar” el tema, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, respondió que “los tribunales van a seguir funcionando, no va a haber ningún tipo de situación anómala, nadie va a poder controlar a los jueces y van a seguir funcionando con independencia y autonomía”. A través del senador Aníbal Fernández, el oficialismo hizo especial hincapié en retrucar los cuestionamientos de la relatora para la independencia de los magistrados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul. Después de enrostrarle el incumplimiento de los códigos de procedimientos de la ONU, Fernández consideró que la relatora “no sólo refleja prejuzgamiento, sino que además nunca consideró las explicaciones vertidas por argentina”. Los senadores opositores insistieron que la modificación de las mayorías necesarias para seleccionar magistrados y para iniciar la acusación funcionarán como una forma de presión y condicionamiento de los jueces. “¿Si para dictar esta ley necesitamos mayoría absoluta, por qué para remover un juez se necesitan dos tercios?”, preguntó Miguel Pichetto, quien además aclaró que para la destitución del juez se mantiene el número de dos tercios y que con mayoría absoluta sólo se puede iniciar la acusación pero no removerlo. Una de las dos modificaciones ingresadas en Diputados fue motivo de una fuerte controversia en el Senado. Se trata de un requisito para poder pegar la boleta de las candidaturas a consejeros con el resto de las candidaturas a legisladores nacionales. Según la ley, para adherir la boleta de los consejeros es necesario que el frente electoral tenga la misma denominación en al menos 18 distritos. “Acá están creando una categoría electoral nueva, que cambia la ley y el Código Electoral y lo está haciendo una sola fuerza política a su sola conveniencia y disposición”, se quejó el socialista Rubén Giustiniani, que con este criterio el Frente Progresista Cívico y Social que lidera el socialismo en Santa Fe no podrá pegar su lista de candidatos. “Van a dictar una ley que tiene una tacha enorme: es una ley proscriptiva”, bramó el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. El senador Fuentes, miembro informante del oficialismo, explicó que no hay proscripción, sino que en los casos en que los frentes electorales no tengan la misma denominación en los 18 distritos, los partidos nacionales (con personería en cinco distritos) podrán llevar sus candidatos a consejeros, pero en una boleta separada. También respondió a las críticas Pichetto, quien remarcó la necesidad de “consolidar” los partidos políticos. “No hay ninguna actitud proscriptiva. La mayoría pueden presentar lista. La boleta llevará el nombre del partido. Por si no lo saben, los vehículos centrales de la democracia son los partidos. Sin partidos, no hay democracia”, expresó el senador por Río Negro, que le dedicó una chicana a los dirigentes sindicales Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas. “Hemos visto cómo algunos dirigentes sindicales han armado un partido político. Este es un sistema electoral alegre. En un kiosco se juntan cuatro y arman un partido político. O lo compran en un supermercado”, lanzó Pichetto. La segunda modificación al proyecto original presentado por el Ejecutivo fue por pedido del presidente de Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mediante una carta enviada a Diputados. De esta manera, el máximo tribunal retuvo el manejo de los recursos, a contramano de lo que establecía el artículo 114 de la Constitución nacional, que expresamente otorga esas facultades al Consejo de la Magistratura. Finalmente, el resultado de la votación fue casi el mismo que en la media sanción original del Senado. El voto faltante pertenece al neuquino Horacio Lores, ausente en la sesión, igual que en la oposición faltó el de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. Luego de esta votación, en un trámite más rápido, el Senado también convirtió en ley los proyectos de acceso a las declaraciones juradas (por 42 a 23 votos) y la publicación de las decisiones de la Corte Suprema (por 44 a 21). Finalmente, con 44 votos, se aprobó el ingreso igualitario al Poder Judicial, que sufrió modificaciones y volverá a Diputados. En el recinto - Conjueces. Antes de arrancar el debate sobre la reforma judicial, el Senado aprobó por 40 votos a favor y 25 en contra los pliegos de 21 conjueces para cubrir eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y tribunales de segunda instancia de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La oposición rechazó los nominados, entre los que destacó a Facundo González Figueroa. “Es uno de los abogados de Lázaro Báez, hombre cuestionado hoy por sus vinculaciones con el poder y estrepitoso enriquecimiento. Casado con la actual secretaria electoral de Santa Cruz”, sostuvo el senador radical Mario Cimadevilla. Su compañero Gerardo Morales aseguró que 18 de los candidatos “son del Frente para la Victoria, no son independientes”. Al cruce le salió el santacruceño Pablo González, “No son de La Cámpora ni del Frente para la Victoria, es mentira. Son abogados de un fuero muy chico y se los conoce. Algunos son abogados de la provincia de Santa Cruz pero no son funcionarios. Esto no los acerca al gobierno nacional, al contrario”, aclaró. - Michael. Luis Juez salió del recinto tras su intervención sobre la modificación del Consejo de la Magistratura cuando los periodistas lo pararon para consultarlo sobre el proyecto para el blanqueo de capitales que el Gobierno envió ayer al Senado. El senador cordobés respondió con una de las suyas: “Lamento que Michael Jackson haya muerto porque si no lo pasábamos por acá y le solucionábamos el problema”, dijo en referencia al fallecido cantante pop que siempre buscó cambiar su color de piel. - Consulta. El senador Marcelo Fuentes fue el encargado de replicar los argumentos opositores sobre la “proscripción” que supuestamente representa la reglamentación para la elección de los consejeros de la Magistratura. El neuquino respondía en el Salón Eva Perón las dudas de algunos periodistas cuando se sumó la senadora radical Laura Montero. “¿La oposición puede presentar una boleta única para consejeros?”, preguntó. “Eso deberá ser tema del juez con competencia electoral”, fue la escueta respuesta de Fuentes. “Nos vamos a ver todos en la Justicia”, argumentó la mendocina antes de dar vuelta sobre sus tacos. Denuncia desestimada Los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral desestimaron dos denuncias penales de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de suscribir un “pacto” con el Poder Ejecutivo para modificar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con el fin de que el máximo tribunal siga administrando los recursos del Poder Judicial. Los jueces coincidieron en marcar la “inexistencia de delito” y sostuvieron que se trata de decisiones políticas no judiciables. “No corresponde que los magistrados de la administración de justicia penal –ni los de los ministerios públicos, ni los del Poder Judicial– nos aboquemos al tratamiento de temas propios del contrapunto político que la democracia afortunadamente permite”, apuntó Ercolini. Carrió había hecho su denuncia en la sesión del 24 de abril, cuando se debatió el proyecto en Diputados, a la luz de los cambios introducidos por los legisladores para que se mantengan en órbita de la Corte los recursos y la conducción del personal del Poder Judicial. LA OPOSICION REUNIO A UNAS 300 PERSONAS EN CONGRESO Protesta de escasa convocatoria Por Miguel Jorquera La agrupación macrista La Solano Lima repartía títulos de “guardianes de la Constitución Argentina” a quienes suscribían el diploma de cartulina con la inscripción “la Constitución está en peligro”. Diego Martínez, un hombre que cargó una gran cruz de madera desde Rosario, y “acompañado sólo por Dios”, posaba frente a las cámaras en ropa de fajina “porque estoy en guerra contra la delincuencia”. Dos residentes venezolanas en la Argentina levantaban un cartel impreso de “repudio total a la reforma judicial” y contra “la dictadura de Maduro”. Un puñado de señoras hacía sonar cacerolas, mientras otras mostraban carteles que decían “respaldo al fiscal Marijuán”. Postales de un grupo de unas 300 personas que ayer a las 20.30 –la hora en que el Senado convertía en ley la reforma al Consejo de la Magistratura– protestaba contra los proyectos del Gobierno. Patricia Bullrich se lamentaba por la escasa convocatoria que habían realizado “en apenas 24 horas”. “Sea mucha o poca gente, igual hay que estar”, se justificaba. Un ramillete de agrupaciones macristas y filomacristas convocó a marchar ante el Congreso “en defensa de la Constitución”. La respuesta no fue la esperada. Los militantes que responden al legislador porteño Cristian Ritondo seguían repartiendo diplomas y sacando fotos a los manifestantes –junto a una Constitución y la Bandera argentina– que subían a las redes sociales. “Ya llevamos más de dos mil”, aseguraron a Página/12. Un puñado de señoras colgaba de las vallas montadas sobre Entre Ríos carteles con la leyenda “se acabó el relato” que adornaban con papel higiénico. Unos metros más atrás, Bullrich explicaba la estrategia opositora. “Mañana nos vamos a reunir los legisladores de la oposición y abogados para preparar las presentaciones judiciales que vamos a hacer en todo el país una vez que se promulgue la ley” sobre el Consejo de la Magistratura. 09/05/13 Página|12

Comienzo con finales abiertos Por Mario Wainfeld

La sesión en Diputados fue tumultuosa, rústica, su final llegó al clímax. La oposición objetó, sin argumentos válidos y con demasiada bronca, un punto de la votación, retirándose del recinto. Se fueron todos, volvieron algun@s. Las diputadas Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Graciela Ocaña y su par Jorge Yoma regresaron a sus bancas. La lista es tan breve como ilustrativa: son legisladores avezados, “bichos” podría decirse con todo respeto, con mucho millaje recorrido. Advertían algo que el peronista riojano sinceró: es floja praxis irse del recinto, no es serio ni eficaz, jamás sirvió de fundamento para anular una ley. El oficialismo también había escalado en gestos y palabras excesivas. Algún representante del pueblo arrojó una botella, por suerte con torpeza. Los integrantes del Senado, seguramente, recapacitaron sobre el episodio, que afeó la imagen del Congreso todo. Los integrantes del Frente para la Victoria (FpV) y sus adversarios optaron por el tono que suele dominar en la Cámara alta. Fue el único acuerdo entre ellos. No es que escatimaran reproches, acusaciones extremas, comparaciones importadas del pasado remoto. Pero mantuvieron un debate contenido en las formas. La Cámara alta es menos pluralista que la baja. En aquélla solo hay representantes de la contingentes mayoría y primera minoría provinciales, en ésta el generoso sistema D’Hont admite que entren partidos con un porcentual amigable de votos. La policromía de Diputados, su mayor amplitud ideológica, cierto plebeyismo de algunos congresales agradan usualmente al cronista más que el empaque senatorial. Pero, esta vuelta, el empaque básico fue funcional al cierre del debate parlamentario, que no será el de la historia de estas reformas, ni siquiera en el corto plazo. Comenzó, ayer mismo, una carrera que hará escala en Tribunales, que incluirá pedidos de inconstitucionalidad de algunas normas. La más relevante y acuciante, porque se corre contrarreloj, es la modificación del Consejo de la Magistratura. Si el debate fue encauzado, la votación confirmó lo previsto. El oficialismo superó, sin gran margen aunque sin tropiezos, la mayoría absoluta de los miembros que la Constitución exige para este tipo de normas. - - - El punto nodal de las inconstitucionalidades alegadas es la adopción del voto popular para elegir a parte de los consejeros. Es un eje controvertido, el cronista se enrola entre los que opinan que la Carta Magna no prohíbe expresamente la modalidad. Así las cosas, el cambio no está teñido de ilegalidad. La valoración de la participación popular es, desde ya, un aspecto ideológico. El cronista piensa que, en general, es un ingrediente que mejora al sistema democrático. Se acusa a la reforma de “politizar” al Consejo, lo que amerita dos réplicas. La primera es que esa opción es válida y hasta encomiable. La segunda, más minuciosa, es que la politización rige también en el sistema actual, solo que el sujeto soberano es otro. En vez de la ciudadanía toda, un par de corporaciones de escasos integrantes. Ninguno de ellos es extraterrestre, ni come ambrosía (uno cuantos, eso sí, beben bronce) ni actúa en función de abstractos criterios de excelencia. Se trata de grupos, gremios profesionales, camarillas, runflas (el lector dirá y la clasificación puede cambiar según las etapas) compuestas por “animales políticos” como diría Aristóteles. Un puñado de jueces o letrados con identificación político-partidaria precisa, en la mayoría de las circunstancias. Con ideología determinada en todas. La comparación con el Consejo actual, paralizado y disfuncional por donde se lo mire, también embellece el afán de reformarlo. Los defensores del statu quo se centraron en el pretenso “atropello”, pero fueron cautos o mudos puestos a elogiar al cuerpo y sus desempeños, obviándose una misión casi imposible. - - - Por la inminencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que habrá una sola boleta nacional, la de los Consejeros fue ayer uno de los aspectos más criticados. La norma es, en efecto, restrictiva, lo que no la hace mecánicamente inconstitucional, pero sí muy discutible. Por descontado, ése será uno de los puntos recurrentes de las demandas que están al caer. Incluso es previsible que pueda plantearse por separado. Que los partidos opositores acudan por este ítem a la Justicia electoral, en medio del aluvión de juicios, amparos y cautelares que esperan la promulgación de las leyes que recalarán en otros fueros. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner debe convocar a las PASO la semana próxima. Es demasiado albur imaginar cuántos pleitos se deducirán, están cantados varios de sus promotores. Ya se lanzaron globos de ensayo, que fueron rechazados por tratarse de cuestiones abstractas sobre leyes no vigentes. Dado que también se modificó el régimen de medidas cautelares contra el Estado, parece escrito que eso también se cuestione. Imposible adelantar en base a qué norma (la anterior o la actual) fallarán los jueces. Es más sencillo profetizar que la “opo” confía en que el malestar de buena parte de la corporación judicial por cuestiones de coyuntura le juegue a favor. Hay raíces más hondas del antagonismo entre muchos magistrados y el actual oficialismo. Los festivales de cautelares que vienen frenando la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son un dato duro, ineludible. También la tirria antipopular de unos cuantos magistrados. Hacer estimaciones de cómo se conjugarán el calendario judicial y el electoral es complejo, se irá descifrando en cosa de días. - - - Hubo modificaciones a los proyectos originales, dos de los tratados ayer fueron impulsadas desde el Poder Judicial. Empecemos por la menos chocante, la referida al régimen de designaciones de secretarios y auxiliares judiciales. Se concedió a los jueces una cuota de nombramientos discrecionales. La regla tiene su virtud, que es posibilitar formar un equipo homogéneo. Y una contra, que es facilitar la arbitrariedad, el nepotismo o la perpetuación de la “familia judicial” versus un régimen meritocrático. La mayoría de las cosas son así, imperfectas o dialécticas. El otro retoque es, en cambio, potente. Se devolvió a la Corte Suprema el manejo del presupuesto del Poder Judicial, regresando a una costumbre manifiestamente inconstitucional. Que la Corte haya pedido esa regresión es indicativo: la legalidad extrema no es un principio extendido en la Argentina. Se toma o se deja según los avatares de la historia o las conveniencias. El Consejo de la Magistratura no rechistó, ni menos correrá a Tribunales. Las alianzas políticas pesan más que el apego a la ley, cuando es menester. Un apunte adicional sobre los astutos manejos de la Corte, en particular de su presidente Ricardo Lorenzetti. Hay tres indicadores que siempre expresan el poder de cualquier organización burocrática estatal. El presupuesto que manejan, los nombramientos que pueden concretar y el espacio físico que ocupen sus oficinas. Un vistazo sobre la actual Corte comprueba cuánto se ha expandido en todas esas dimensiones. Y los dos cambios en los proyectos de ley defienden con ahínco su territorio. El Gobierno fue permeable a esos reclamos, desde ya. - - - Esta columna se cierra tras la votación sobre el Consejo de la Magistratura. No da cuenta, entonces, del ulterior debate que parecía encaminarse a la aprobación. El oficialismo nada hizo por ampliar su base de sustanciación, sumar alianzas, llegó justito. Otras veces, con leyes fundacionales actuó mejor. En normas de largo alcance es largamente preferible ese método: las fortalece. La oposición tiene derecho a clamar por la inconstitucionalidad y a plantearla en los tribunales, lo que no equivale a decir que tiene razón. Lo grave de su proceder fue querer deslegitimar la votación en Diputados. La supuesta defensa de la república fue ilegal: no tiene asidero y niega el peso de la mayoría. También podía haber acompañado los proyectos sobre transparencia, información e ingresos que constituyen progresos respecto de un poder del Estado hermético, opaco y aristocrático. - - - El cronista sigue pensando que lo mejor de la propuesta de “democratizar la Justicia” recién empieza a desplegarse. La Presidenta arrojó una piedra en aguas estancadas que ahora son un torrente. Las polémicas entre integrantes del Poder Judicial, los tópicos instalados por el oficialismo ganan virtualidad, habrá que ver cómo evolucionan. Falta, tan luego, lo principal. Una reforma del cotidiano de los tribunales, con menos papelería, trámites más veloces, juzgados más cercanos a las gente de a pie. Cambios de los códigos de fondo, de los procesales y sobre todo de las mentalidades. Nada de esto puede concretarse en un día, un año o cinco. Es un proceso rico, para nada instantáneo, solo imaginable con la convulsión que se ha generado. La valoración cabal de las leyes flamantes depende de ese devenir. Dos escenarios extremos pueden imaginarse. El más frustrante sería que las reformas “quedaran ahí”. El más virtuoso, que fueran el primer paso de un largo camino. En una sociedad vivaz y jacobina, con tantos actores implicados, con el Poder Judicial en saludable (e inédito) estado de asamblea, el cronista se inclina por un cauto optimismo cuya concreción depende de la acción de muchísimos actores democráticos, más allá del Gobierno. Que es el generador de la movida, pero que dista mucho de ser su único dueño. mwainfeld@pagina12.com.ar 09/05/13 Página|12

CORTITA Y AL PIE, GORILA ARGENTINO!

“Mono venezolano” El conductor radial González Oro (foto) llamó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro “mono venezolano” en su cuenta oficial de Facebook. “No lo soporto más”, lanzó desde la red social en el marco de la visita oficial del jefe de Estado al país. “Uf lo único que me faltaba era prender la tele y ver y escuchar al mono venezolano. No lo soporto más, ni a él ni a todos los que están ahí. Basta”, sostuvo el simpático y dicharachero locutor de Radio 10. GB