LA CORTE A LA DEFENSIVA

LORENZETTI DIO POR HECHO QUE EL MAXIMO TRIBUNAL DEBERA OPINAR SOBRE LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO Pronóstico de intervención de la Corte El presidente del tribunal estimó que será cuestionada la constitucionalidad de la reforma judicial. Avisó que llegado ese momento actuará con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Remarcó que a los jueces les importan las “personas” comunes. Por Irina Hauser El día después del anuncio de Cristina Kirchner de los proyectos de reforma judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un pequeño discurso con la excusa de la presentación de un plan de capacitación para jueces. Como una de las cosas que dijo fue que ni él ni sus colegas del tribunal opinarían sobre las propuestas del Poder Ejecutivo para “democratizar” la Justicia, que –aclaró– debe “discutir el Congreso”, pareció que no decía nada. Sin embargo, sí dijo. Primero, dio casi por hecho que una vez que se aprueben, las leyes en cuestión se judicializarán y la Corte tendrá que opinar sobre su constitucionalidad. Luego agregó que lo que sea que decida el tribunal será con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Fue muy insistente con ese concepto, como quien quiere marcar una diferencia. Remarcó que a ellos, los jueces, lo que les importa son las “personas” comunes, “el que transita por la calle y quiere vivir en paz”. Esa idea quedaba, así, en contraposición con ciertos rasgos de las iniciativas del Gobierno, más políticas y técnicas, que desnudan batallas de poder con las corporaciones (de jueces y abogados) y cuyos beneficios quizá la gente de a pie los pueda apreciar en un más largo plazo. Bajo el lema de una Justicia “legítima”, “ágil” y “para todos”, la Presidenta presentó el lunes seis proyectos que propician reformas de gran envergadura en el sistema judicial. El día de los anuncios, a Lorenzetti se lo vio sonriente, pero no del todo cómodo. No hubo otros jueces supremos en el evento. En el acto de ayer dijo que su presencia junto a la mandataria había sido “institucional” y que no iba a explayarse porque puede “haber litigios” donde tenga que fallar la Corte. “Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad” de “defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, afirmó. Cuando se conocieron, ayer, los textos de las propuestas que ingresaron al Congreso, quedaron en evidencia aspectos que implicarían el recorte de potestades a la Corte, por ejemplo, en la administración del presupuesto judicial. Un proyecto habla de reformar toda disposición “que importe un detrimento de facultades de la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura”. Durante los debates de febrero del movimiento “Justicia legítima”, hubo quienes señalaron que la Corte hacía un manejo discrecional y prebendario del presupuesto, planteo que evidentemente tuvo eco en la Casa Rosada. Un juez del máximo tribunal le dijo a este diario que si bien ni él ni sus colegas harían explícita su posición sobre la reforma, lo harían las asociaciones de jueces. Lorenzetti ayer habló ante referentes de la tradicional Asociación de Magistrados y entidades afines, camaristas de todo el país, de Casación, jueces federales, consejeros de la Magistratura opositores al kirchnerismo y dirigentes del gremio judicial. También estaba la defensora Stella Maris Martínez, referente de “Justicia legítima”. Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, volvió a decir que la elección popular de los integrantes (jueces, abogados y académicos) del Consejo de la Magistratura, en elecciones a través de partidos políticos, le parece inconstitucional porque según la Carta Magna “los consejeros, jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la matrícula, por lo tanto son ellos los únicos que pueden elegirlos”. Ese será, seguramente, uno de los tantos debates constitucionales que la Corte tendrá. Pero Cabral señaló otra crítica compartida incluso por sus oponentes en la entidad que dirige, que se coló en un reunión de presidentes de Cámara con Lorenzetti: la modificación de la mayoría en el Consejo para la toma de decisiones clave, como elegir jueces y acusarlos. Lo que hasta ahora requiere de dos tercios, se haría con mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del cuerpo). “Las mayorías especiales están en la ley para evitar que haya mayorías circunstanciales que puedan tomar decisiones institucionales graves”, advirtió. Entre los jueces que pululaban ayer por la sala de audiencias de la Corte algunos se quejaban porque, si prosperan los proyectos del Ejecutivo, no podrán designar a secretarios de confianza, que deberán concursar. A la vez, casi nadie objetaba el ingreso a tribunales, por el escalafón más bajo, mediante examen, pero en la Corte creen que es una competencia propia. Circulaban dudas sobre la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación. Están los que dicen que traerá más demoras. Y algunos jueces supremos descreen de que estén pensadas para descargarles trabajo sino para quitarle injerencia en algunas decisiones. En el máximo tribunal se respira cierto malestar aunque haya respeto por las propuestas y el debate. Lorenzetti usa atajos para dejarlo entrever. Ayer señalaba que el Poder Judicial aspira a generar cambios y que empezó a diseñarlos en la primera Conferencia Nacional de Jueces, en 2006, el evento que él ideó para juntar cada año a la corporación judicial en pleno. El lema es “poner la Justicia cerca de la gente”. En esas reuniones anuales, “se definen políticas de Estado consensuadas” y que “no queden en declaraciones abstractas”. Pero el ámbito de las conferencias de jueces tiene muchos de los condimentos de la familia judicial tradicional y burocrática que cuestiona “Justicia legítima”. El discurso de Lorenzetti de acercar la Justicia “a la gente”, a sus usuarios, se ubica en contraposición a otro supuestamente más complejo, técnico y detallista que proponen los proyectos del Poder Ejecutivo, con un concepto de participación ciudadana activa. El supremo parece advertir en esa complejidad una grieta, y su discurso se vuelve tan político como el de la Presidenta. Plegaria por Lorenzetti “Tal y como me solicita en su amable carta, cuente con mi plegaria. A Dios le hablaré de Usted y del importante quehacer que desempeña, y le diré que le ayude en su ardua labor y que asista con su luz y su gracia a cuantos imparten justicia en los distintos tribunales de ese amado país”, dice la carta que Jorge Bergoglio le mandó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, contestando su saludo por su asunción como Papa. El mensaje, que está fechado el 23 de marzo y fue remitido por el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig a Lorenzetti el 5 de abril, fue difundido ayer, luego de que la Presidenta anunciara el envío al Congreso de los proyectos para reformar el sistema judicial. En la carta, Bergoglio señala: “Administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no es fácil y, a menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el ánimo”. Las críticas de Piumato El titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, cuestionó los proyectos de reforma judicial impulsados por el gobierno nacional y consideró que “lejos de democratizar, se va por un callejón peligroso para la independencia de la Justicia”. El dirigente de la CGT moyanista marcó como contradictorio que la iniciativa para transparentar la selección de personal para la Justicia “se haya anunciado desde el Poder Ejecutivo y no se haya hecho un similar tratamiento para los empleados del Ejecutivo y de los organismos descentralizados del Estado”. En este sentido apuntó: “Habría sido bueno que (la Presidenta) hubiera impulsado el ingreso en las mismas condiciones y requisitos para los demás poderes”. Por otra parte, Piumato advirtió que los proyectos siguen la “doctrina Barra” (por el ex ministro de la Corte menemista) que decía que “la Justicia tiene que ir para el lado que van los gobiernos”. La reforma del Consejo de la Magistratura, sostuvo, “es inconstitucional” y “va contra el espíritu” de lo que sancionó el Congreso “con un proyecto que impulsó la propia Presidenta, cuando era senadora”. 10/04/13 Página|12 GB

OPINION DE JUSTICIA LEGITIMA

EL ESPACIO “JUSTICIA LEGITIMA” APOYO LAS PROPUESTAS DE REFORMA PRESENTADAS POR LA PRESIDENTA “Los proyectos quiebran el sistema corporativo” Los jueces, fiscales y abogados nucleados en “Justicia legítima” se reunieron ayer y manifestaron su adhesión a las transformaciones promovidas por el Gobierno en el sistema judicial. Para Gils Carbó será “un cambio radical”. El espacio “Justicia legítima” salió ayer a respaldar los seis proyectos que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso para introducir reformas en el Poder Judicial. Los proyectos “quiebran los sistemas corporativos” e implicarán “un cambio radical”, planteó una de las referentes del espacio que reúne a jueces, fiscales y abogados, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, durante un encuentro abierto realizado ayer en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Esto sucedió a pocas horas del anuncio presidencial sobre el envío de las iniciativas al Parlamento. Y el espíritu del encuentro fue manifestar un gesto de apoyo y adhesión al proyecto de reforma judicial, según dijo a Página/12 el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Especial de Coordinación de Causas de Lesa Humanidad. Los integrantes de “Justicia legítima” habían acudido el lunes a la Casa Rosada para presenciar los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A la salida se juntaron y emitieron un comunicado en el cual expresaron que celebraban el avance con estas iniciativas que están en línea con las motivaciones originarias de la agrupación, en las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional. Según explicó uno de sus miembros, se trata de una “coincidencia de agenda respecto de las asignaturas pendientes para la reforma judicial”. Y en ese momento surgió la idea de convocar al encuentro de ayer, al que invitaron no sólo a funcionarios, sino también a empleados del Poder Judicial. Fue así que ayer a primera hora de la tarde tomó la palabra Carlos Cruz, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, un poco como dueño de casa, porque el encuentro se realizó en la sede de esa entidad. “La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura”, afirmó Gils Carbó, quien fue la segunda en hacer uso de la palabra, al referirse al proyecto por el cual el Poder Ejecutivo propone ampliar de 13 a 19 los miembros del organismo que elige y juzga a los magistrados de todo el país y que esos miembros sean elegidos por el voto popular. Para la procuradora, la votación implicaría mayor transparencia y más participación, al tiempo que se mostró a favor de que no sean las cámaras de cada fuero las que elijan a los jueces subrogantes porque “es una herramienta de la corporación no querer gente de afuera, sino de adentro”. Sobre el paquete de medidas propuestas por el Gobierno, la jefa de los fiscales apuntó que “estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente”. Y también consideró importante la inclusión de académicos que no sean abogados: “Incorporar más académicos implica incorporar la visión del hombre común”. Gils Carbó volvió a criticar a parte de la Justicia por el “oscurantismo de los pasillos tribunalicios” y las “redes de corrupción y servilismo que garantizan impunidad”, y concluyó expresando la esperanza de que “estas reformas se aprueben”. También hablaron Omar Palermo, juez de Corte Suprema de Mendoza, y Fernanda López Puleio, secretaria de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Para Palermo, la publicidad de las causas –otro de los proyectos del Ejecutivo para que se haga un registro de expedientes– implica un “mayor control para el justiciable”. E hicieron intervenciones Martín Vázquez Acuña, juez de la Cámara Correccional, y Angel Bruno, ex diputado. A su turno, el camarista de Casación Alejandro Slokar afirmó que la reforma judicial anunciada por la Presidenta “busca una Justicia más plural e independiente” y defendió la elección popular de los jueces porque “amplía la base de la democracia”. Además, el magistrado señaló que los seis proyectos de ley buscan “democratizar la Justicia” a través de “la soberanía popular mediante el sufragio universal”. Según su criterio, “no es ningún exotismo elegir jueces mediante el voto popular” y remarcó que “nadie democráticamente puede censurar el principio participativo y representativo” de la sociedad. Slokar enfatizó que el proyecto de democratización de la Justicia aspira a “la máxima realización de todos los derechos y a la protección de los más débiles”. En cuanto a la creación de las nuevas Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial, el juez afirmó que esto “va a agilizar el trámite de las causas definitivamente”. Y en relación con el límite de cautelares, aclaró que se aplicaría “sólo cuando son contra el Estado” y sostuvo que esto “pone un límite razonable a las medidas”. El fiscal Auat cerró las alocuciones. Se refirió a los cuestionamientos sobre las subrogancias, dado que él viene criticando la de Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y quien ocupa un cargo temporal en la Cámara de Casación. “Vemos con beneplácito la discusión y tenemos que pensar en jueces más cerca de la toga que de la cachiporra”, expresó. En diálogo con Página/12, Auat recordó que la agrupación “Justicia legítima” nació para colocarse “en las antípodas de la defensa corporativa del sistema judicial que un grupo de magistrados hizo en diciembre, pocos días después del fallo sobre la ley de medios, defensa de ese Poder Judicial encerrado y de espaldas a la sociedad que hizo crisis, y buscamos que se haga visible la patología del sistema judicial”. El fiscal explicó que la agrupación tiene “un verbo común” con el proyecto oficial en tanto poseen una misma mirada respecto de una “estructura que ya no está a la altura de los tiempos, que está atravesada por otro tipo de intereses, los que siempre fueron afines a esa corporación, que siempre estuvo mirando para otro lado, que no hace autocrítica y mantuvo por cien años los mismos paradigmas, el único poder que no fue atravesado por la democracia y fue funcional a los gobiernos dictatoriales”. COMIENZA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REFORMA JUDICIAL Días de debate en el Congreso El Senado empezará a analizar hoy en comisión los proyectos que el Ejecutivo envió a esa Cámara. La oposición sólo dará la discusión en el recinto, adonde el oficialismo quiere llevar el tema el jueves 18. Diputados abre el debate el próximo martes. Por Sebastian Abrevaya A pocas horas del anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández, el Congreso avanzará en el tratamiento de los proyectos de reforma del Poder Judicial. Del paquete de seis iniciativas, el Poder Ejecutivo envió tres a cada Cámara para agilizar su sanción. El Senado comenzará a analizar a partir de las 10 de la mañana de hoy las iniciativas más complejas: la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres tribunales de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. En Diputados, en cambio, Diana Conti convocó para el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se estudiará la regulación del ingreso al Poder Judicial, el libre acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos y la publicación en Internet de todas las decisiones de la Corte Suprema. “Se requería una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige una participación, conocimiento, democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado”, sostuvo ayer la Presidenta, vía Twitter. Desde la oposición, en cambio, ratificaron su rechazo a las medidas y anticiparon que no van a participar del tratamiento en comisión de los proyectos. En los despachos del Frente para la Victoria en el Senado estaban trabajando intensamente en las propuestas para darle un trámite ágil, que permita implementar algunas de las modificaciones antes de las próximas elecciones. Con una relación de fuerzas más cómoda en Senadores, allí comenzarán a analizarse los proyectos más cuestionados por la oposición y la corporación judicial. En el inicio del debate expondrán el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. La reforma del Consejo será uno de los primeros en tratarse, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. Hoy mismo, en otro plenario de Justicia y Presupuesto y Hacienda se estudiará la creación de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, en lo Civil y Comercial y en el fuero del Trabajo y la Seguridad Social. Fuentes del oficialismo adelantaron que el tratamiento de estas iniciativas continuará mañana, cuando podría pasar a la firma el dictamen, con el objetivo de sesionar con estos temas el 18 de abril. Por último, mañana también podría tratarse la limitación de las medidas cautelares contra el Estado en las comisiones de Justicia y Legislación General. Disconformes por la velocidad que les quiere imprimir el oficialismo a los temas, los senadores de todas las fuerzas de la oposición convocaron a una conferencia de prensa a la misma hora del plenario de comisiones para denunciar el tratamiento “a libro cerrado” y anticipar su rechazo a las propuestas del oficialismo. De esta manera, la UCR, el FAP y el Peronismo Federal actuarán en sintonía con su postura de no participar del anuncio presidencial del lunes. De las seis medidas propuestas, la más impactante fue la reforma del Consejo de la Magistratura. Creado con la reforma constitucional de 1994, el Consejo había sufrido modificaciones anteriormente, una de ellas elaborada por la propia Presidenta cuando era senadora. Para revertir los serios problemas de funcionamiento actuales, los miembros del Consejo pasarán de 13 a 19, serán elegidos por el voto popular y la corporación judicial contará con menos influencia. Por un lado, la proporción de jueces y abogados integrantes del cuerpo será menor y por otro se aumentará la presencia de académicos y científicos, que no tendrán como requisito haber estudiado derecho. El cuerpo quedará integrado por tres jueces, tres abogados, seis académicos, seis legisladores nacionales y un representante del Ejecutivo. Los representantes de los jueces, abogados y académicos serán elegidos junto con las elecciones nacionales y los cargos se distribuirán en dos por la mayoría y uno por la minoría. De aprobarse a tiempo, este año se producirá una situación excepcional, ya que se elegirán nuevos consejeros por dos años (y por no cuatro) y se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de quienes tengan mandato hasta el 2014, con lo cual puede haber 25 miembros hasta el próximo año. Pero no solamente se modifica la composición del Consejo sino que también parte de su funcionamiento. Decisiones importantes como la selección de jueces pasarán de requerir el voto de dos tercios a requerir la mitad más uno de sus miembros. “Los nuevos jueces van a responder a un partido, lo que nos pone muy lejos de la idea republicana de división y contrapeso de poderes”, aseguró el titular del bloque radical en el Senado, José Cano, quien adelantó su intención de no asistir a las reuniones de comisión por la “necedad” del oficialismo para aceptar modificaciones. Con un poco más de tiempo para estudiar las propuestas y con una situación política más ajustada para el oficialismo, en Diputados comenzarán el martes próximo su tratamiento. El oficialismo cuenta allí con un inconveniente: el riojanao Jorge Yoma. Como integrante del Frente para la Victoria, el diputado es presidente de la Comisión de Justicia. Sin embargo, hace tiempo que Yoma se calza el traje de opositor sin romper formalmente con el bloque oficialista. CFK explicó por Twitter La presidenta Cristina Kirchner se mantuvo ayer lejos de los micrófonos, tal como le recomendaron sus médicos como cura para el cuadro de disfonía que ya la molestó durante el acto del lunes. Eso no le impidió transcribir en su cuenta de Twitter conceptos similares a los que expresó durante el acto de presentación de la reforma judicial en el Museo del Bicentenario. “Ayer presentamos al Parlamento argentino este grupo de normas para la democratización de la Justicia. No implica que ningún magistrado ni funcionario deba sentir que estamos tratando de antidemocrático al poder” y afirmó sobre los proyectos remitidos al Congreso que “se requería una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige una participación, conocimiento, democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado”. En varios tweets, CFK hizo referencia a cada proyecto enviado al Congreso. “Es importante entender que el Estado no es el gobernante de turno ni el partido de turno, el Estado somos los 40 millones de argentinos. Por eso queremos una Justicia legítima, democrática y ágil para todos los argentinos.” “Se termina la Justicia cautelar” El lunes, la presidenta Cristina Kirchner hizo mención a la ley de medios cuando se refirió a las cautelares que se extienden por años, aunque aclaró que no era el único caso. Ayer, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, consideró el paquete de iniciativas anunciado por el Ejecutivo como “un salto inmenso en la calidad de las instituciones democráticas”. Respecto de las cautelares, Sabbatella sostuvo que de esa manera “se termina la Justicia cautelar”, que impide la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por las presentaciones del Grupo Clarín. “Las cautelares suelen ser usadas para cajonear la Justicia y suspender por largos períodos que las leyes puedan aplicarse”, señaló el ex intendente de Morón en declaraciones radiales. Sabbatella consideró que el recurso de las cautelares “protege a grupos con enorme poder económico y capacidad de lobby”, y puso como ejemplo que Clarín “no podría eludir el cumplimiento de la ley de medios como lo está haciendo desde hace tres años y medio a partir de medidas cautelares que protegen sus privilegios”. El proyecto del Ejecutivo establece la imposibilidad de dictar medidas de esta índole contra el Estado cuando lo que se protege son bienes patrimoniales. Apoyo de Susana Trimarco Susana Trimarco, madre de Marita Verón, respaldó las iniciativas presentadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apuntan a “democratizar la Justicia” y afirmó que seguirá luchando contra “el fallo vergonzoso que dejó libres a todos los imputados en el juicio” por la desaparición de su hija Marita. “Algunos critican a la Presidenta porque dice que es necesario democratizar la Justicia y a mí me parece buenísimo porque nosotros vamos a elegir a la gente que estará ahí”, resaltó. Luego pidió luchar “para que tengamos buenos jueces y estén actualizados, en lugar de gente mayor que está atrasada con respecto a la Justicia y en vez de hacer justicia cometen injusticias”. Puso como ejemplo lo que sufrió durante el proceso judicial por la desaparición de su hija y contó que el fiscal Manuel López Rougués, “una persona a quien respeto mucho porque es un señor, pero confundía a mi hijo con un delincuente y a una madre con una abogada. Es una persona que ya debe estar descansando en su casa y no llevando adelante la causa de una persona que sufrió un delito terrible como le pasó a mi hija”. Trimarco señaló además que seguirá luchando “contra el fallo vergonzoso que dejó libre a todos los imputados en el juicio por la desaparición” de Marita. “Los tres jueces son mentirosos, sinvergüenzas y delincuentes. Vamos a luchar para que salgan todos los corruptos de los tribunales.” 10/04/13 Página|12 GB

MILITANTES AGREDIDOS

ATACADOS POR UNA PATOTA DE UOCRA Militantes agredidos Un grupo integrado por miembros de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) atacó el domingo a jóvenes voluntarios que brindaban ayuda en una escuela de Tolosa a los damnificados por el temporal del pasado martes, denunciaron militantes de Unidos y Organizados. Uno de los jóvenes agredidos relató que un grupo de al menos 15 personas llegaron en tres autos, una camioneta y tres motos a la esquina de 526 y 7 en la localidad platense de Tolosa, e inmediatamente atacaron a golpes a los chicos y chicas que se encontraban trabajando en el lugar. “Estábamos en las inmediaciones de una escuela, limpiando las veredas y destapando desagües, cuando llegaron estos hombres que llevaban camperas y chalecos de la Uocra”, contó el joven que formaba parte del grupo que resultó agredido. “Bajaron directamente con la intención de golpearnos, porque traían cascotes y palos en los autos”, agregó. La denuncia, realizada por los militantes de La Cámpora ante la fiscalía de turno a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, señala también que todo se desarrolló ante la mirada de efectivos de la Policía Bonaerense que estaban en el lugar, que no intervinieron en ningún momento. Mientras les pegaban, según relataron los testigos presenciales, los integrantes de la patota de la Uocra gritaban a los jóvenes “que se quitaran las pecheras y las remeras”, mientras los amedrentaban diciendo que “si no se van de acá, los vamos a matar”. Tres de los jóvenes agredidos, dos hombres y una mujer, debieron ser llevados a un hospital. Uno de ellos quedó en observación. El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, rechazó ayer el ataque y expresó que “no podemos permanecer en silencio ante semejante muestra de violentos e irracionales” y “repudiamos este accionar lamentable de un grupo, que estoy seguro no representa el espíritu de los trabajadores de la construcción”. En la misma línea, el legislador porteño y dirigente de La Cámpora, Juan Cabandié, repudió el hecho y calificó a los agresores como “un grupo de delincuentes mafiosos”. La seccional platense de la Uocra es conducida por Juan Pablo “Pata” Medina, un polémico personaje enfrentado a la conducción nacional del gremio y vinculado políticamente con el duhaldismo, aunque en términos sindicales su referente es Gerónimo “Momo” Venegas. GB

SOLO QUEDAN VIVOS VIDELA Y BUSH

Sólo quedan vivos Videla y Bush Por Martín Granovsky El más viejo de los tres todavía está vivo. Nació el 2 de agosto de 1925. Tiene 87 años. El del medio nació el 13 de agosto de 1925 y murió el 16 de marzo último. Tenía 87. Ella era la más joven de los tres. Nació dos meses después que el segundo, el 13 de octubre. También murió a los 87 años. Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Margaret Thatcher gobernaron en simultáneo desde el 4 de mayo de 1979 hasta el 29 de marzo de 1981. La primera es la fecha en la que Thatcher entró en Downing Street 10 para comenzar su trabajo como primera ministra. La última fecha marca el momento en que Videla, y con él Martínez de Hoz, dejaron la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Videla había asumido el mando con el golpe del 24 de marzo de 1976. Unos días después, el 29 de marzo, la Junta Militar, que además integraban el marino Emilio Eduardo Massera y el aeronauta Orlando Ramón Agosti, designó ministro a Martínez de Hoz. Los tres compartieron una época que remataría en el apogeo de Ronald Reagan y George Herbert Walker Bush (el padre de George W.), la dupla que se encargó de profundizar la desigualdad en los Estados Unidos y ganar la última carrera contra la desvaída Unión Soviética, entre 1981 y 1993. La URSS se disgregó en 1991, durante la presidencia de Bush, que había sido vicepresidente de Reagan. Aún vive. Nació el 12 de junio de 1924 y tiene 88 años. Acaso Bush sea el que une a todos los personajes de ese tiempo. Miembro de la élite política, financiera y petrolera de los Estados Unidos, con el republicano Gerald Ford de presidente fue director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, entre enero de 1976 y enero de 1977. Antes había sido el encargado de la oficina de enlace en la República Popular China, donde tejió el estreno de las relaciones con Beijing por decisión del presidente Richard Nixon y su mano derecha para la política exterior, Henry Kissinger. Bush padre pertenece a la generación de políticos norteamericanos fogueados no solo en la Guerra Fría sino en la Segunda Guerra Mundial, en su caso como un joven piloto de la aviación naval condecorado por 58 misiones. El gran giro de los Estados Unidos comenzó a producirse con Nixon, presidente entre 1969 y 1973 y luego otra vez presidente, aunque trunco. No completó su segundo mandato por el escándalo de Watergate, cuando los periodistas de The Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein descubrieron el espionaje de los servicios de inteligencia al Partido Demócrata. Además de reconocer a la China surgida en la revolución de 1949, Nixon firmó la paz en Vietnam y oficializó el fin de una guerra que ganaron Vietnam del norte, los guerrilleros de Vietnam del Sur y el movimiento pacifista norteamericano, robustecido por el espíritu libertario nacido en la década del ’60 y los cientos de miles de cadáveres de jóvenes conscriptos que se tornaron una carga social intolerable. Nixon, Ford, Kissinger, Reagan y Bush forman parte de la casta que se propuso, y lo consiguió, rediseñar su país sin concesiones a políticas populares como las de Franklin Delano Roosevelt en los ’30, aplastar todo intento de cambio en América latina y ganarle la carrera armamentista a la otra superpotencia con base en Moscú. La carrera armamentista y la carrera a secas. Thatcher integró ese juego a nivel internacional tanto como los dirigentes norteamericanos o como Juan Pablo II, que inauguró su papado en 1978. Y a nivel de su práctica y sus ideas en Gran Bretaña, buscó desmontar lo más posible la construcción laborista de posguerra. Hugo Young, que escribió el libro Margaret Thatcher. La mujer de hierro, destaca allí dos expresiones de la líder conservadora que murió ayer. Una: “Es imposible atender a la gente necesitada de la sociedad a menos que uno acumule riqueza suficiente para proceder así”. Otra: “No debemos pretender que el Estado aparezca en la forma de una extravagante hada buena en todos los bautismos, un acompañante locuaz en cada etapa del viaje de la vida, el deudo anónimo de cada funeral”. Redujo el impuesto a la capa de ricos más ricos del 83 al 60 por ciento. Duplicó el impuesto al valor agregado. Destruyó las conquistas de los mineros del carbón, a tal punto que ayer David Hopper, secretario general de la Asociación Mineros de Durham, festejó su cumpleaños número 70 agradeciendo estar vivo para celebrar “un gran día”. “No siento ninguna tristeza –dijo el gremialista–. Thatcher destruyó a nuestra comunidad, nuestros a pueblos y a nuestra gente.” La primera ministra derrotó a los mineros tras una larga lucha que emprendieron tras una chispa: en marzo de 1984, el director de la estatal Empresa Nacional del Carbón para South Yorkshire, George Hayes, informó a los sindicalistas que la mina de Cortortwood no sería cerrada cinco años después sino en cinco semanas. Todo para reducir costos. En el diario conservador The Times, el periodista George Osborne escribió que Thatcher restauró el optimismo en el Reino Unido. Una de las formas de esa restauración, junto al combate contra el igualitarismo, contra el Estado fuerte y contra el poder de negociación sindical, fue la decisión con la que Thatcher ordenó enviar la fuerza punitiva a Malvinas tras el desembarco resuelto por la Junta Militar el 2 de abril de 1982. Ya no estaban Videla ni Martínez de Hoz sino Leopoldo Galtieri y Roberto Alemann. Los primeros habían protagonizado una batalla por un ideal que Mariano Grondona llamaba en su revista Carta Política “Extremo Occidente”. Si Occidente estaba encabezado por James Carter, el demócrata que gobernó entre 1977 y 1981, antes de Reagan, y reclamó por los derechos humanos en la Argentina, entonces la Argentina debía ser Extremo Occidente. Videla y Martínez de Hoz llegaron a pactar con la Unión Soviética el apoyo doméstico e internacional a la dictadura. Su compromiso fue firme: en 1980 ambos cruzados de la guerra sucia no acompañaron a Carter en el boicot cerealero a la URSS y lo hicieron fracasar. Con Reagan, suponían los nuevos cruzados, que colaboraron en el exterminio de toda forma de rebeldía en América Central, Occidente y Extremo Occidente regresaban a las mismas fuentes. Era cierto, pero no calcularon que en el mercado de las alianzas la presencia de torturadores argentinos en Centroamérica no era suficiente para conseguir el apoyo de Washington a Buenos Aires contra Londres. A diferencia de lo que ocurrió en los vecinos Chile y Brasil, en la Argentina la transición democrática tuvo un componente nacional propio: las Fuerzas Armadas habían sido derrotadas militarmente mientas estaban en ejercicio del poder. Solo con demasiado cinismo podría afirmarse que Thatcher, socia de la dictadura y sobre todo de sus inspiradores globales, es la madre de la democracia argentina, y menos su causante decisiva. Pero nadie podría discutir que, como objetivo no buscado pero real, la derrota militar en la guerra de 1982 fue una de las parteras del resquebrajamiento de la tiranía argentina. De allí en adelante, como ocurrió en 1989, el thatcherismo sería posible exclusivamente con la combinación de crisis profunda, desarticulación, miedo y votos. Así fue que los neoconservadores argentinos liderados por Carlos Menem cumplieron con una de las máximas preferidas de Thatcher: “No hay sociedades, solo individuos”. martin.granovsky@gmail.com GB

MURIO LA DAMA DE HIERRO DEL ULTRACAPITALISMO

DOS HECHOS DEFINIERON LA VIDA POLITICA DE MARGARET THATCHER: LA GUERRA DE MALVINAS Y UN RADICAL PROGRAMA DE PRIVATIZACION ECONOMICA Murió la mano de hierro del ultracapitalismo La Dama de Hierro que gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990 aplicó durísimos recortes y desarticuló el movimiento obrero. Por Marcelo Justo Desde Londres En el plano internacional era la “Dama de Hierro”. Entre los británicos se añadía otro apodo más emblemático: “Ladrona del vaso de leche”. Dos hechos definieron su vida política: la guerra de Malvinas y el radical programa de privatización económica. Ambos marcan la particular contribución del general Leopoldo Fortunato Galtieri a la historia universal del siglo XX: sin Malvinas, Thatcher no se habría convertido en la heroína de la economía de mercado que comenzó a expandirse por todo el planeta desde mediados de los ’80. La ex primera ministra británica murió ayer, a los 87 años, a causa de un derrame cerebral. Nacida Margaret Roberts el 13 de octubre de 1925 en Grantham (norte de Inglaterra), hija de un verdulero y pastor laico metodista, de quien diría en su autobiografía que había aprendido “todo lo que sabía de política”, Thatcher llegó al Parlamento en 1959 y a los primeros escalones del gobierno, dos años más tarde. El gran espaldarazo político lo obtuvo de la mano del conservador Edward Heath, quien le agradeció su apoyo en su elección como líder partidario, nombrándola ministra de Educación en 1970 con la misión de reducir el gasto estatal. Convencida de que la presencia del Estado en la economía y la vida individual era una de las grandes maldiciones del Reino Unido, Thatcher agradeció la oportunidad que le dio Heath y eliminó el vaso de leche para los niños de entre 7 y 11 años, episodio que le valió el apodo de “Ladrona”. “Aprendí una lección muy importante –diría en su autobiografía–. Me había ocasionado el máximo nivel de odio colectivo con el mínimo nivel de beneficio político.” El gobierno de Edward Heath cayó en 1974 arrastrado por una crisis petrolera internacional y –hecho que la “Dama de Hierro” jamás olvidaría– la huelga de mineros y la semana laboral de tres días a causa de los cortes en el suministro eléctrico. En 1975 fue a la oficina de su mentor político, el mismo Heath, para informarle que intentaría disputarle el liderazgo del Partido Conservador. “Nunca ganarás. Buenos días”, fue la respuesta de Heath. Convertida en líder de la oposición, un diario soviético la calificó de “Dama de Hierro” luego de un virulento discurso contra la política de derechos humanos de la Unión Soviética, ayudándola como nadie a forjar con ese apodo su imagen pública. La crisis económica del gobierno laborista de James Callaghan y el famoso “Invierno del descontento”, con huelgas de recolectores de basura y enterradores que dejaron una imagen de parálisis absoluta de un país en la que ni los muertos podían descansar en paz, allanaron su victoria en las elecciones de 1979. Su primer encuentro con la prensa se recuerda por una cita que hizo de San Francisco de Asís y un inusual tono pacificador: “Donde haya desacuerdo, espero que traigamos armonía. Donde haya error, espero que aportemos verdad. Y donde haya desesperación, espero que demos esperanza”. San Francisco de Asís no volvió a figurar en sus discursos. Con un durísimo programa de austeridad, con cortes del gasto público y aumentos impositivos, la economía se hundió en una recesión y, para diciembre de 1980, sólo el 23 por ciento de los británicos la apoyaba, el nivel más bajo desde que existían sondeos para un primer ministro. Los violentos disturbios sociales en las principales ciudades británicas en 1981 y un desempleo que superó las tres millones de personas –el triple del que había con el gobierno laborista– golpearon aún más la escasa popularidad de su gobierno. Todo siguió así hasta que apareció la Junta Militar argentina. La guerra de Malvinas le permitió reafirmar como nunca antes su imagen de “Dama de Hierro”, por más que documentos desclasificados el año pasado mostraran que durante el conflicto su posición fue más fluctuante de lo que dio a conocer con la victoria militar. Esta victoria le allanó el camino para el triunfo electoral en 1983 con una mayoría absoluta que le permitió avanzar con un radical programa de privatización y desregulación financiera que cambiarían el Reino Unido de la posguerra. La fuerte presencia estatal en la economía fue drásticamente reducida (venta de la automotriz Jaguar, de la telefónica British Telecom, de British Aerospace, de British Gas, etc.) y prácticamente aniquilada con la segunda ola de privatizaciones que siguió a la victoria electoral de 1987 (acero, petróleo, la British Airways, la Rolls-Royce, agua y electricidad). Apenas el Servicio Nacional de Salud y el sistema ferroviario se salvaron de la poda que incluyó al poderoso sector de viviendas municipales construido en la posguerra. A esta revolución neoliberal se añadió la desregulación del sector financiero con las nuevas reglas que rigieron a la Bolsa de Londres en 1986, el célebre Big Bang que muchos analistas sitúan como el origen de la turbulencia financiera mundial que azota al mundo desde 2007-2008. Al mismo tiempo, su imagen de dama implacable se consolidó con el atentado que sufrió a manos del IRA en 1984 y con su victoria sobre la huelga de mineros que terminó de desarticular el poderoso movimiento obrero británico de la posguerra. Esa imagen, tan importante en su carrera política, terminó convirtiéndose en la trampa que precipitaría su caída. Enamorada de su propia intransigencia principista, asumiendo aires de reina con el electorado y su propio gabinete, Thatcher impulsó un impuesto a los servicios municipales que se basaba en el número de individuos que vivía en una casa y no en el valor de la vivienda. En marzo de 1990, una manifestación de cientos de miles de personas en el centro de Londres abrió el telón a la primera escena del último acto. A pesar de que sólo el 12 por ciento de los británicos apoyaba la medida, Thatcher apeló a ese escudo público que había forjado durante los años más exitosos de su carrera. “Ustedes cambien, esta dama jamás lo hará”, había dicho una vez, y se negó a dar marcha atrás. Fue un error garrafal. La gota que colmó el vaso fueron sus eternas peleas con Europa y el desdén público con que trató a su entonces viceprimer ministro Geoffrey Howe –uno de los cerebros económicos del thatcherismo–, forzando su renuncia. En noviembre de 2011, un ex ministro, Michael Heseltine, forzó una votación sobre el liderazgo del Partido Conservador y, aunque Thatcher ganó la primera ronda, sus propios ministros y asesores le dejaron en claro que perdería en la segunda. “Fue la típica traición con una sonrisa en los labios”, le diría Thatcher a la BBC. Desconsolada, la “Dama de Hierro” renunció a su cargo. Una foto de la época la muestra con los ojos llorosos, mirando desde la ventana de su limusina la puerta de 10 Downing Street, residencia oficial que acababa de dejar después de 11 años en el poder. Era una imagen inusual, feroz, que muchos británicos celebraron en los pubs. Nada había conmovido a la “Dama de Hierro” en todos esos años. Nada salvo ese sueño, ahora roto, de eterno poder. VISION CRITICA DE LA OPOSICION BRITANICA Malos recuerdos Políticos de la oposición británica criticaron la gestión de la ex primera ministra Margaret Thatcher, subrayando la desigualdad y la fragmentación social resultantes de sus medidas económicas conservadoras. El alcalde de Liverpool, el laborista Joe Anderson, no vaciló en definir que los conservadores creen en la división y la inequidad que lideró Thatcher. Desde su cuenta de Twitter, el líder comunal de una de las ciudades más golpeadas por el proceso de desindustrialización de la década de los ochenta señaló que el thatcherismo continúa siendo tan malo o peor que durante su período en el gobierno. David Hopper, secretario general de la Asociación Minera de Durham, recordó las peleas de la premier con los sindicatos y señaló que “destruyó nuestra comunidad, nuestras localidades y nuestra gente”. El líder del Partido Verde en Oxford, David Williams, comentó: “Adorar la riqueza personal y dejar de lado el bienestar común se convirtieron en credos políticos aceptables bajo su liderazgo y llevaron a la avaricia corporativa y a la corrupción del gobierno”. “La Dama de Hierro”, recordó el representante, privatizó el gas, la electricidad, los teléfonos y trenes permitiendo que las empresas usen su posición monopólica para exprimir al pueblo y llenarse los bolsillos. Con menos pelos en la lengua, el parlamentario por el partido Respeto, George Galloway, señaló: “Thatcher describió a Nelson Mandela como ‘terrorista’, que arda en los fuegos del infierno”. El presidente del partido Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), manifestó que la ex primera ministra hizo un gran daño a los irlandeses y los británicos durante su gobierno. EL GOBIERNO ARGENTINO GUARDO SILENCIO RESPECTO DE LA MUERTE DE LA EX PRIMERA MINISTRA, PERO HABLARON EX COMBATIENTES “Thatcher será recordada por no dejar nada positivo” Los ex combatientes recordaron su decisión de hundir el Crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión. También sus políticas neoliberales. Desde la CTA, Yasky difundió una carta de los mineros británicos. El gobierno nacional evitó pronunciarse sobre el fallecimiento de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. No hubo comunicados oficiales sobre la Dama de Hierro, de la que sí hablaron los ex combatientes de Malvinas. “Lamentablemente, murió impune”, dijeron de la mujer que en mayo del ’82 decidió el hundimiento del Crucero General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión, provocando la muerte de 323 tripulantes, doscientos de ellos de 19 y 20 años. Además, los ex combatientes rechazaron que Thatcher haya sido una adalid de la democracia y la libertad en el mundo, como dijeron algunos presidentes en sus condolencias: “No solamente profundizó la militarización a escala mundial, sino que el propio pueblo británico sufrió sus políticas neoliberales de ajuste y desempleo”. Así lo señaló Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes. “Margaret Thatcher va a ser recordada como una personalidad que no dejó nada positivo para la humanidad –aseguró en este sentido–. Para nosotros su figura está en el mismo plano que el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri: los dos llevaron a nuestros países a una guerra que lo único que nos dejó fueron los cientos de muertos.” Alonso habló desde La Plata, su ciudad, donde los ex combatientes realizan trabajos solidarios con los inundados. “El hundimiento del Belgrano fue la peor demostración de su personalidad política, porque terminó con toda posibilidad de una salida negociada, una salida por la paz. A partir de eso no hubo ningún camino de retorno a la resolución del conflicto por la vía diplomática.” Desde Corrientes, el ex combatiente Orlando Pascua coincidió con Alonso. “Thatcher fue el conservadurismo, el neoliberalismo de los sistemas políticos más reaccionarios, lo que a nivel nacional tuvimos en el ’80, que nos trajo las consecuencias que todos conocimos en los ’90 y de las que en países como el nuestros hoy nos estamos recuperando por el hecho de que nos alejamos de esas políticas. Thatcher se pareció a Galtieri, los dos utilizaron la guerra. A ella, más allá de que la mayoría de los ingleses no conocían las Malvinas, le sirvió para resolver sus problemas internos. Thatcher marcó con Reagan ese modelo político, social, económico y cultural de las privatizaciones, del individualismo, que generó tanta pobreza.” Pascua, que es coordinador nacional de la Red Compromiso Social por Malvinas, marcó sus diferencias con las declaraciones de Jorge Bergoglio, que como papa se dijo “triste” por la muerte de la ex primera ministra británica. “Yo no me siento ni triste ni contento, cumplió su ciclo biológico una persona que tenía 87 años. Para mí, es una oportunidad para reflexionar no sólo sobre lo que significó para los argentinos, sino también sobre lo que pasó con nuestros pueblos en esa década, ahora que Latinoamérica está dando ejemplo de un cambio en la historia. A los que la quieren mostrar como una luchadora por la democracia, hay que decir que más allá de que ella llegó a través de la voluntad popular, nadie vota para que le maten a los hijos, ni para ser pobre y quedarse desocupado. Ella inició las políticas de ajuste y avaló dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile.” Por su parte, César González Trejo, apoderado de la Comisión de Familiares de la Caídos en Malvinas, lamentó que la muerte de la ex premier haya ocurrido antes de que la Argentina presente una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya imputándole crímenes de guerra durante el ataque a la fuerzas argentina en 1982. Entre quienes también comentaron la muerte de la Dama de Hierro estuvo la CTA que conduce Hugo Yasky. Lo hicieron de manera indirecta, difundiendo una nota de trabajadores británicos. En ella, el secretario general de la Asociación Mineros de Durham, David Hopper, declaró: “No siento ninguna tristeza, ella destruyó nuestra comunidad, nuestros pueblos y nuestra gente”. El dirigente agregó: “Nuestros hijos no tienen trabajo y nuestra comunidad está llena de problemas. No hay trabajo, no hay dinero, es un legado muy triste el que ella dejó”. Además Hopper agregó que tiene “muy malos recuerdos de lo que nos hizo. Puso a toda la nación en nuestra contra y la violencia con que nos trató fue terrible. Estoy contento de haber vivido más que ella. Hoy es un gran día para todos los mineros”. OBAMA, MERKEL, PIñERA Y RAJOY DESTACARON SU LEGADO Palabras de líderes del mundo El actual gobernante británico, David Cameron, también del Partido Conservador, que estaba en Madrid de visita, aseguró que Margaret Thatcher fue una gran líder que salvó al Reino Unido, luchó contra viento y marea para llegar al poder y demostró mucho coraje. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien la recordó “hombro a hombro” junto a Ronald Reagan, la calificó de campeona de la libertad y verdadera amiga que defendió sin complejos la alianza entre Londres y Washington y supo que, con fuerza y determinación, se podía ganar la Guerra Fría y extender la promesa de la libertad. Los antecesores de Obama George Bush, George W. Bush, Jimmy Carter y Bill Clinton destacaron que Thatcher fue una líder inspiradora y valiente, gran aliada de Estados Unidos. Entre sus contemporáneos políticos, el ex presidente soviético Mijail Gorbachov destacó: “Conseguimos llegar a un entendimiento, y esto fue una contribución al cambio de clima entre nuestro país y Occidente y al final de la Guerra Fría”. Para Eduard Shevardnazde, quien fuera ministro de Exteriores de la Unión Soviética, el Reino Unido, y personalmente Margaret Thatcher, jugaron un destacado papel mediador en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. El ex canciller alemán Helmut Kohl resaltó que siempre apreció a Thatcher, quien durante cierto tiempo se opuso a la reunificación alemana, por su amor a la libertad, y recordó: “Pese a todas las diferentes posturas en determinados temas conflictivos, tuvimos hasta el final un trato respetuoso entre nosotros”. Los actuales dirigentes mundiales también manifestaron su pesar: el jefe del Estado francés, François Hollande, recordó la relación franca y leal con París de Thatcher, quien supo entablar con François Mitterrand un diálogo constructivo y fructífero. De pragmática, dura y coherente la calificó el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien resaltó su contribución al desarrollo de las relaciones con la Unión Soviética, primero, y con Rusia, después. La canciller alemana, Angela Merkel, hizo hincapié en que jamás olvidará su contribución a la superación de la división de Europa y al fin de la Guerra Fría. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, con quien estaba reunido Cameron cuando se enteró de la muerte de Thatcher, la consideró uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX, cuya gestión es un legado valiosísimo para los gobernantes europeos. Los presidentes de Italia, Giorgio Napolitano, y Portugal, Aníbal Cavaco Silva, recalcaron su valor y determinación. La figura de la euroescéptica Thatcher también fue recordada por los máximos representantes de la Unión Europea. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó su contribución en favor de la igualdad de género en su país, a la paz y la seguridad internacional. En Latinoamérica, el presidente chileno, Sebastián Piñera, la consideró una mujer valiente que enfrentó los problemas y tuvo siempre una actitud de solucionarlos, cuya cercanía con el régimen de Augusto Pinochet fue recordada por allegados al dictador. El jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, se refirió a Thatcher como una mujer controvertida, valiente, con carácter y amiga de Colombia, que al final de su gestión se comprometió a ayudar a ese país en su lucha contra el narcotráfico. No hay razones para llorarla Por Guillermo Makin * La muerte de Margaret Thatcher provocó una suelta de homenajes. Las buenas maneras no se dejan de lado en el Reino Unido, menos en una circunstancia como una muerte, pero ya se filtran evaluaciones más realistas. Un mito es que frenó la declinación económica británica. La realidad es que sólo logró llegar a un índice de crecimiento promedio del PBI muy pobre, 2,4 por ciento. El Reino Unido, al final del thatcherismo (en el poder en los noventa), fue un país con ricos más ricos, pobres más pobres, un ejército de tres millones de desocupados, legislación antiobrera tan denegadora de los derechos de huelga que los sindicatos no se animaban a luchar contra salarios bajísimos, creciente informalidad en el marco de una desindustrialización desatada por Thatcher. Económicamente, su sombra negativa se extiende a la crisis actual, con un déficit fiscal gigantesco, una deuda pública creciente, pero incapaz (por dogmatismo thatcherista) de aumentar la demanda decreciente, todo porque desreguló el sistema financiero a partir de 1987 y el país se embarcó en una orgía financiera que se prolonga hasta hoy. El laborismo, cuando recobró el poder, entre 1997 y 2010, no supo revertir la receta económica de capitalismo salvaje. Los bancos, agigantados por la falta de regulación, requirieron su nacionalización. Hoy los bancos británicos son estatales, excepto el Barlclays, que está en manos de un jeque oriental, nacionalización sultanática si las hay. Thatcher también acercó la política exterior británica al reaganismo. De ahí al seguidismo de Blair, entusiasmado con secundar a Estados Unido en las guerras en Irak y Afganistán, que permite calibrar lo negativo de la herencia de Thatcher. En los sesenta y los setenta ningún gobierno británico quiso tener nada que ver con la disparatada política estadounidense en Vietnam, en Cuba o con China. Adoradora de Von Hayeck, nunca quiso ver el sufrimiento que sus políticas les impusieron a los mineros, a quienes reprimió sin asco. Dijo que los mineros eran como el enemigo externo, la dictadura militar argentina. En las relaciones de su partido, el Conservador, con Europa, la herencia de Thatcher es una constante guerra civil dentro del conservadurismo. Pese a que el 50 por ciento de las exportaciones británicas va a la Unión Europea, el ala euroescéptica de los tories, siempre alentada por Thatcher, aun retirada por su deteriorada salud, sueña con apartar al Reino Unido de la Unión Europea, quedando en el peor de los lugares: los europeos saben que el Reino Unido no es “communeautaire” y lo ignoran. El conservadurismo, recargado de acólitos de Thatcher, es tan mal visto por el electorado que pese a la impopularidad laborista en 2010, no logró el poder. Se vio obligado a agachar la cerviz y formar un gobierno de coalición, el actual, una poción más que indigesta. La visión de Thatcher, angosta, cortoplacista y complacientemente británica, sigue envenenando las relaciones con una Argentina democrática y para colmo peronista y keynesiana, bien distinta de la dictadura con la cual casi negocia la entrega de Malvinas. Terminado el conflicto, en 1982, le dio instrucciones al general Jeremy Moore de obtener una rendición incondicional. Moore, con buen criterio, tachó, me dijo, la palabra “unconditional”. Fiel a su intransigencia, lo echó del ejército no bien terminó el conflicto. Pese a que Lord Shackleton, el experto que contrató Thatcher para estudiar la economía de las islas, en 1982, le advirtió que las islas “sin contacto con la Argentina no eran económica ni demográficamente factibles”, según me confió Shackleton en 1983, Thatcher siguió urdiendo la inquina antiargentina. Su herencia es la ausencia de negociaciones actual. Es más, cuando la Comisión de Relaciones Exteriores de los Comunes, en 1983, tras estudiar Malvinas en detalle, recomendó “el retroarriendo, como la solución más elegante”, Thatcher adelantó las elecciones (abril de 1983) para evitar que se debatiera en la Cámara de los Comunes una solución de transacción. El que quiera llorarla que lo haga. No se ven razones para plegarse al duelo de una figura tan controvertida. Una evaluación realista une a argentinos y británicos. * Experto en política británica y Malvinas. 09/04/13 Página|12 GB

THATCHER, OPINION

Thatcher, la herencia Por Pedro Miguel El primer episodio del thatcherismo tuvo lugar seis años antes de que Margaret Thatcher llegara a la jefatura del gobierno británico; concretamente, empezó el 11 de septiembre de 1973, cuando un grupo de militares –azuzado por Richard Nixon; su secretario de Estado, Henry Kissinger; el entonces vicepresidente, Gerald Ford, y George Bush padre, quien se desempeñaba como representante de Washington ante la ONU– destruyó la democracia chilena, asesinó a miles de ciudadanos, secuestró, encarceló y torturó a decenas de miles. Otras decenas de miles hubieron de partir al exilio. Una vez instaurada, la dictadura que encabezó Augusto Pinochet clausuró el Congreso, declaró la ilegalidad de los partidos políticos y un par de años después entregó el manejo económico a un grupito de posgraduados en la Universidad de Chicago –de allí el apodo de Chicago Boys–, donde enseñaba Milton Friedman: Sergio de Castro, José Piñera, Jorge Cauas, Pablo Barahona... Hasta entonces, ningún Estado había sido sujeto a un desmantelamiento económico tan devastador como el que emprendieron los operadores del régimen militar, quienes transfirieron la mayor parte de la propiedad pública a consorcios privados, confiscaron los fondos de pensiones para llevarlos al ámbito de la especulación financiera, redujeron en 20 por ciento el gasto público, despidieron a tres de cada 10 empleados del Estado, liquidaron los sistemas de ahorro y préstamo de vivienda, "flexibilizaron" el mercado laboral y aumentaron significativamente el IVA. Los costos sociales fueron casi tan devastadores como la represión política misma: el producto interno bruto (PIB) se desplomó 12 por ciento, el desempleo se disparó a 16 por ciento y el volumen monetario de las exportaciones experimentó una contracción de 40 por ciento. Hacia 1977 los indicadores macroeconómicos repuntaron, impulsados por las desorbitadas ganancias que obtenían las empresas privadas, particularmente las administradoras de fondos de retiro, rentabilidad que tuvo, como contraparte, una severa depreciación de las pensiones que les fueron encargadas. Tras la contracción económica inicial, la siguiente fase de crecimiento (que duró hasta 1982) fue llamada boom o "milagro" chileno por la masa de medios informativos. Ese fue el primer ensayo de lo que Margaret Thatcher habría de aplicar en Inglaterra a partir de 1979. Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, casi dos años más tarde, el modelo fue repetido en Estados Unidos con el nombre de reaganomics. Ya asentado en calidad de política oficial, el neoliberalismo fue proyectado, con el nombre de "revolución conservadora", desde Londres y Washington, al resto de las economías capitalistas, empezando por las periféricas: México se deslizó hacia el paradigma desde 1982 y seis años más tarde cayó en él, de manera estrepitosa, con la fraudulenta imposición de Carlos Salinas en la Presidencia; Argentina sucumbió un año más tarde, con el gobierno de Carlos Menem; a Perú le llegó el turno en 1990, cuando ganó una elección presidencial el hasta entonces desconocido Alberto Fujimori. Sólo unos ejemplos. Ese primer ciclo de regímenes neoliberales tuvo como características principales el autoritarismo y/o militarismo y la corrupción. La entrega de los bienes públicos a empresarios privados confundió las fronteras entre el ámbito empresarial y el político. Reagan echó mano del terrorismo de Estado contra Libia, Granada y Nicaragua, y lo alentó en El Salvador y Guatemala, e impulsó el narcotráfico mediante la operación Irán- contras. Thatcher impuso la guerra sucia en Irlanda contra los combatientes independentistas y, en la guerra contra Argentina, recurrió a una crueldad tan extremada como innecesaria (recuérdese el hundimiento inútil del General Belgrano) y desplegó armas nucleares en una región que había decidido prohibirlas. En el gobierno de Salinas fueron asesinados cientos de opositores políticos. Fujimori está actualmente preso por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, parte del cual fue una desembozada dictadura; Menem indultó a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Pinochet está muerto. Reagan también está muerto y ahora se les ha unido Margaret Thatcher. Pero dejaron herederos de segunda generación, como Sebastián Piñera –hermano menor del Chicago Boy que privatizó las pensiones chilenas–, Mariano Rajoy, operador de un implacable plan económico antipopular en España; la jefa real del anterior, Angela Merkel, y Enrique Peña Nieto, discípulo de Salinas, entusiasta de las privatizaciones de bienes públicos y del recorte de derechos laborales, y autoritario si los hay. Sólo unos ejemplos. El neoliberalismo va en retirada en el mundo, pero la batalla contra la revolución conservadora aún no ha terminado. navegaciones@yahoo.com http://navegaciones.blogspot.com Twitter: @Navegaciones La Jornada, México GB

JUSTICIA PARA TODOS.

CRISTINA KIRCHNER PRESENTO LOS SEIS PROYECTOS DE LEY QUE ENVIARA AL CONGRESO PARA “DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA” “Una Justicia legítima y para todos” La Presidenta anunció los proyectos en un Museo del Bicentenario poblado de referentes de la Justicia. Explicó que busca darle “mayor legitimidad” a uno de los poderes del Estado. Propone llevar a 19 miembros el Consejo de la Magistratura y regular las cautelares contra el Estado. La oposición adelantó su rechazo. Por Julián Bruschtein “Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática”, sostuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al presentar seis proyectos de ley que enviará al Congreso para “democratizar la Justicia”. En el Museo del Bicentenario, colmado de personalidades de la Justicia y de la política, Fernández de Kirchner puso sobre la mesa el paquete de medidas que llegarán al Parlamento para mejorar y transparentar el Poder Judicial. “Merecemos jueces y juezas que garanticen que el Estado pueda seguir funcionando”, destacó CFK. “Esto requería una puesta a punto y una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige participación y conocimiento para darle mayor legitimidad a uno de los tres poderes del Estado”, destacó la Presidenta luego del video en el que se explicó cuáles serán los alcances de las modificaciones que se tratarán en el Parlamento. “Esto forma parte de un proyecto que se inició hace una década”, explicó y recordó que “fue el ex presidente Néstor Kirchner el que le dio legitimidad a un Poder Ejecutivo que venía sumamente desprestigiado”, y ante el nombre del santacruceño se escuchó el primer estallido de aplausos. Realzando la tarea de Kirchner, señaló que “no hay ningún ciudadano de los cuarenta millones de argentinos que dude que las decisiones del Poder Ejecutivo se toman en la Casa Rosada, y se toman por quien está sentado en el sillón de presidente o presidenta”. Con los bustos de José de San Martín y de Manuel Belgrano acompañándola a ambos lados, la Presidenta destacó que el concepto de “democratización de la Justicia” no quería decir que “el Poder Judicial sea antidemocrático” sino que existía “una larga y mala historia respecto de las instituciones en general”, y se intentaba “darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos de gobierno”. En el estrado la acompañaba el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak, y los presidentes de las dos cámaras del Congreso: la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich y el diputado Julián Domínguez. Atrás de las vallas se escuchaba a los militantes participantes en el acto, que no pararon de cantar sus consignas. Empujados por el sentimiento de compañerismo que les dejó ver a la Presidenta mezclada entre los militantes realizando y coordinando las tareas solidarias del fin de semana en La Plata, las agrupaciones La Cámpora, el Movimiento Evita, Kolina, el MUP y el Peronismo Militante, entre otras, mantuvieron la espera de la llegada presidencial entonando los clásicos que el kirchnerismo fue acuñando en los últimos años. “Porque Néstor no se fue, lo llevo en el corazón, con la jefa los soldados de Perón”, cantaban mientras los acompañaba más de un funcionario y dirigente. Los proyectos que se presentaron en un Museo del Bicentenario colmado de representantes de organizaciones de abogados, de magistrados y funcionarios del Estado como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, o el síndico general, Daniel Reposo, fueron seis: la reforma del Consejo de la Magistratura; otro que propone el ingreso democrático a la Justicia; dar a publicidad los actos del Poder Judicial y la creación de las Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo y de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial. Además enviará los proyectos de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado y el de regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados (ver página 2). Cuando hizo mención al proyecto que propone regular las cautelares, los militantes silbaron tímidamente ante una posible referencia al caso de la ley de medios y las dificultades planteadas por los grupos de medios concentrados. “Sin silbidos, ya se los dije”, salió tajante, pero con una sonrisa a cortar la iniciativa anticlarinista. “Parece que existe una nueva rama del derecho, que no existía cuando iba a la facultad: el derecho cautelar”, apuntó provocando el derrame de algunas risas cómplices. “A través de presentar medidas cautelares se interrumpe la aplicación de leyes, se dilata durante años. La ley de medios es el hecho más conocido, se sancionó hace más de tres años por amplia mayoría y todavía no se pudo aplicar en su totalidad. Es raro porque hubo leyes que se definieron por desempate y nadie dijo nada”, señaló recordando el episodio por las retenciones móviles: en el 2008 el voto del entonces vicepresidente Julio Cobos desempató e hizo caer la ley impulsada por el Poder Ejecutivo, acatando la presidencia y el oficialismo el resultado de la votación. El público y los invitados escuchaban atentos la presentación de los proyectos. Al frente, en primera fila, se encontraba el diputado Eduardo De Pedro y el senador Aníbal Fernández. Detrás, el secretario general de la CGT, Antonio Caló, junto a su adjunto Andrés Rodríguez y entre medio de ellos el titular de la CTA, Hugo Yasky. El único opositor que se animó a presenciar el acto de gobierno fue el senador radical Eugenio “Nito” Artaza, que dijo a Página/12 que “con algunos contenidos de los proyectos coincido, pero estar aquí no quiere decir que uno está totalmente de acuerdo con todo”. A su lado, el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel lo felicitaba por haber asistido a pesar de que la oposición había tomado la decisión de no presenciar el acto aunque hubieran sido invitados (ver aparte). “Quiero vivir en una sociedad donde cada ciudadano tenga derecho a vivir en paz. Por eso queremos una Justicia legítima, ágil y democrática, y para todos los argentinos”, destacó antes de finalizar su discurso. “Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática, de la misma manera que hubo presidentes que se jugaron para construir una sociedad más justa, más equitativa”, arengó, dando paso al “vengo bancando este proyecto”, que relanzaban los militantes antes de retirarse. LA OPOSICION NO FUE AL ACTO Y ANTICIPO SU RECHAZO La pelea ahora pasará al Congreso El presidente del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo, Agustín Rossi, consideró que la ausencia de los dirigentes opositores en la Casa Rosada “no fue una buena señal” y pidió una “actitud constructiva de la oposición a la hora del debate parlamentario”. La oposición, en tanto, ya había anticipado su rechazo al convite presidencial para asistir a la presentación de los proyectos que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Nación con el objetivo de “democratizar la Justicia”. Aunque con distintos argumentos, desde todo el arco opositor –la UCR, FAP, el PJ anti K, el PRO y la CC– también plantearon que “resistirán” las reformas al sistema judicial que Cristina Kirchner anunció ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento. El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, había desestimado la invitación y consideró la presencia de sus legisladores como “absolutamente innecesaria”. “Ahora el ámbito de discusión es el Congreso, con lo cual esperamos los textos de las iniciativas en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento”, afirmó el ex camarista federal en un comunicado en el que también señaló como “particularmente preocupante” que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular. “No vamos a ir a aplaudir algo que no sabemos de qué se trata”, se justificó el jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo. “Es un mensaje para la Corte Suprema, apunta a disciplinar la Justicia y condicionar a los jueces”, resumió el senador Jaime Linares (FAP-GEN). El diputado Francisco de Narváez afirmó hoy que “no” acompaña “el intento de limitar la independencia de la Justicia” y anunció que desde el PJ van a “resistirlo”. Elisa Carrió también le imprimió su sello a la negativa: “No puedo avalar proyectos cuya intención, entiendo, es la destrucción de la poca Justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial”. La reacción judicial El movimiento judicial crítico, conocido como “Justicia Legítima”, difundió anoche un comunicado en el que celebra los proyectos difundidos como “plenamente compatibles con la meta de alcanzar una Justicia más plural y más independiente y dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía entera”. El texto marca grandes coincidencias con algunas de las propuestas surgidas del encuentro de esta nueva organización que se hizo en febrero en la Biblioteca Nacional. El titular de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, consultado por este diario, dijo que sigue pensando que, entre los cambios impulsados por el Ejecutivo, la elección popular de consejeros de la Magistratura, “no se ajusta a la Constitución Nacional”. “En cambio otros puntos, como la exigencia de concursos previos para evitar juzgados vacantes, me parece bien”, dijo Cabral. LOS PROYECTOS DE LEY QUE EL PODER EJECUTIVO ENVIARA AL CONGRESO Las claves de la reforma Uno de los proyectos modifica el Consejo de la Magistratura. Propone la elección popular de seis académicos, tres jueces y tres abogados, lo que cambia el total de miembros. También fija límites temporales y de fondo a las cautelares contra el Estado. Por Irina Hauser El cambio en el sistema de judicial podría ser enorme si el Congreso aprueba las propuestas de reforma que anunció Cristina Kirchner como parte de su plan para lograr lo que llamó una “justicia legítima, democrática y ágil”. La Presidenta anunció un paquete de seis proyectos de ley, entre los cuales el que más sorpresa causó en la platea es el que apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura, con un evidente recorte de poder a las corporaciones de jueces y abogados: se eleva la composición de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas, o sea, no exclusivamente del ámbito del Derecho; para elegir y acusar jueces hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) del total de cuerpo, mientras que ahora se requiere dos tercios de los presentes; los consejeros serán elegidos por voto popular en las próximas elecciones. Los otros cambios que se avecinan son la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de un registro público de causas, la implementación del ingreso por examen al Poder Judicial y la publicidad obligatoria de las declaraciones juradas de bienes para los tres poderes. Hubo jueces y fiscales haciendo una cola de más de una cuadra en la puerta de la Casa Rosada durante casi dos horas para entrar al acto. En las butacas se vio mayoría casi total de legisladores oficialistas y en las primeras filas dos referentes de “Justicia Legítima”: la procuradora Alejandra Gils Carbó y la Defensora General Stella Maris Martínez. Había madres de Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y muy cerca el titular de la tradicional Asociación de Magistrados, Luis Cabral, entidad que anticipó críticas a la reforma. La Presidenta entró al escenario con un sonriente Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. Se proyectó un spot que sintetizaba los proyectos. Entrarán algunos por el Senado, otros por Diputados. Revolución en el Consejo Los cambios impulsados en el Consejo de la Magistratura son enormes y según definió Cristina Kirchner pretenden darle una “mayor participación a la ciudadanía” contra el “corporativismo”. Hoy el cuerpo, con 13 consejeros, está casi paralizado: un bloque opositor de cinco integrantes, donde manda el radicalismo, bloquea las grandes decisiones, como la acusación y selección de jueces, que requieren los votos de los tercios de los presentes. Actualmente el Consejo tiene: seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos de la minoría), un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Esa integración surgió de una ley impulsada por la propia presidenta cuando era senadora. Según el proyecto anunciado ayer, si se aprueba el nuevo esquema habrá cinco académicos o científicos más y se sumará otra abogado. Serán elegidos por voto popular los jueces, abogados y académicos/científicos. Con espíritu “interdisciplinario”, entre estos últimos podrá haber desde médicos, psicólogos, economistas, ingenieros u otras disciplinas. Se postularán, si la ley llega a tiempo, en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esas listas serán elegidas en todo el país. “Esto no es politización de la justicia”, aclaró la mandataria. Los mandatos de los consejeros actuales vencen en noviembre de 2014. La Presidenta dijo que seguirán en funciones hasta entonces. De ese modo, si los nuevos consejeros se eligen este año habrá un Consejo de transición de 25 miembros, hasta quedar en 19. Para las grandes decisiones hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) de todos los integrantes del cuerpo. Será de diez votos cuando los consejeros sean 19. La proporción es menor a los dos tercios requeridos actualmente, lo que podría oxigenar la posición del oficialismo en algunos debates. Las proporciones serán así: habrá cuatro académicos por el partido mayoritario y dos por la minoría; dos abogados por la mayoría y uno por la minoría, y los jueces también serán dos por la mayoría y uno por la minoría. El evidente recorte de poder a las corporaciones se verá también en los concursos, donde los jueces ya no integrarán los jurados. Sólo serán docentes de universidades públicas. A la hora de evaluar los antecedentes de los postulantes habrá una “mecánica de igualdad”. Venir de un cargo judicial no sumará puntos. Cualquier abogado de la matrícula que reúna condiciones podrá ser juez. No podrán ser jueces quienes hayan ocupado cargos en el Poder Judicial durante la última dictadura cívicomilitar. Para evitar el problema de los juzgados vacantes se realizará un “concurso previo”. Habrá concursos periódicamente por fuero e instancias de donde surgirá un orden de mérito de nombres disponibles de donde irán surgiendo ternas a medida que se produzcan vacantes. No se esperará que haya vacantes para llamar a concurso. Habrá tres nuevas cámaras de Casación. Ahora sólo hay en el fuero penal. Se sumarán una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otro de Trabajo y Seguridad Social. La Presidenta dijo que esto busca “descomprimir la tramitación de causas” en la Corte, acercarla al modelo de la Corte norteamericana que tramita unos 90 expedientes al año, y “unificar la jurisprudencia”. Sostiene que es para agilizar, aunque esto genera dudas en varios sectores de tribunales. Cautelares La modificación apunta a las medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados. Esas medidas provisorias tendrán un máximo de vigencia de seis meses “como plazo razonable” y luego el juez tendrá que dictar la sentencia de fondo, según anunció la Presidenta. El objetivo es evitar que se sigan usando las cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos. No puede haber medidas cautelares de efecto patrimonial para el Estado, porque se parte de la base de que nunca es insolvente, siempre podrá responder. Se podrán dictar en casos en que el perjuicio no sea reparable “cuando estén en juego la vida, la salud o los derechos alimentarios, pero no en cuestiones patrimoniales”, dijo la jefa de Estado. Además, hasta ahora no era obligatorio que el Estado fuera notificado ante una medida cautelar, pero con la nueva ley sería obligatorio. “Estamos enterándonos de medidas cautelares que estaban hacía años presentadas por distintos grupos de acuerdo a sus intereses”, dijo Cristina, más allá de la ley de medios. Y señaló los casos en que son resueltas por jueces subrogantes que luego se apartan del caso en sintonía con estudios jurídicos que hacen negocios. Patrimonio Uno de los proyectos es de “publicidad y acceso directo” a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes. Hoy el procedimiento es un tramiterío kafkiano, donde incluso se exige justificación. Todo apunta a que cualquier ciudadano pueda consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual, pero también la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos. Todos ellos tendrán la obligación de publicar su declaración jurada en forma directa. Ingreso democrático El ingreso “democrático”, por concurso, para ser empleado del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo, quedaría establecido por ley. Se tomará un examen de conocimientos básicos y se conformará una nómina de “ingresantes” y entre ellos se hará un sorteo junto a través de Lotería Nacional. “Hay muchos chicos que se reciben pero si no tienen un pariente o amigo no entran ni disfrazados de mono”, se rió la Presidenta. También habrá concursos para los cargos de secretario y prosecretario letrado, “que no pueden ser propiedad del juez”. Registro de causas Los jueces de todas las instancias estarán obligados por ley a publicar el ingreso de causas, los números de expedientes y estado procesal de los expedientes “y que cuando salga la sentencia no sea un delivery judicial” o para “la agenda mediática”. Será una base de datos de libre acceso. 09/04/13 Página|12 GB