JUSTICIA PARA TODOS.

CRISTINA KIRCHNER PRESENTO LOS SEIS PROYECTOS DE LEY QUE ENVIARA AL CONGRESO PARA “DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA” “Una Justicia legítima y para todos” La Presidenta anunció los proyectos en un Museo del Bicentenario poblado de referentes de la Justicia. Explicó que busca darle “mayor legitimidad” a uno de los poderes del Estado. Propone llevar a 19 miembros el Consejo de la Magistratura y regular las cautelares contra el Estado. La oposición adelantó su rechazo. Por Julián Bruschtein “Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática”, sostuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al presentar seis proyectos de ley que enviará al Congreso para “democratizar la Justicia”. En el Museo del Bicentenario, colmado de personalidades de la Justicia y de la política, Fernández de Kirchner puso sobre la mesa el paquete de medidas que llegarán al Parlamento para mejorar y transparentar el Poder Judicial. “Merecemos jueces y juezas que garanticen que el Estado pueda seguir funcionando”, destacó CFK. “Esto requería una puesta a punto y una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige participación y conocimiento para darle mayor legitimidad a uno de los tres poderes del Estado”, destacó la Presidenta luego del video en el que se explicó cuáles serán los alcances de las modificaciones que se tratarán en el Parlamento. “Esto forma parte de un proyecto que se inició hace una década”, explicó y recordó que “fue el ex presidente Néstor Kirchner el que le dio legitimidad a un Poder Ejecutivo que venía sumamente desprestigiado”, y ante el nombre del santacruceño se escuchó el primer estallido de aplausos. Realzando la tarea de Kirchner, señaló que “no hay ningún ciudadano de los cuarenta millones de argentinos que dude que las decisiones del Poder Ejecutivo se toman en la Casa Rosada, y se toman por quien está sentado en el sillón de presidente o presidenta”. Con los bustos de José de San Martín y de Manuel Belgrano acompañándola a ambos lados, la Presidenta destacó que el concepto de “democratización de la Justicia” no quería decir que “el Poder Judicial sea antidemocrático” sino que existía “una larga y mala historia respecto de las instituciones en general”, y se intentaba “darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos de gobierno”. En el estrado la acompañaba el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak, y los presidentes de las dos cámaras del Congreso: la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich y el diputado Julián Domínguez. Atrás de las vallas se escuchaba a los militantes participantes en el acto, que no pararon de cantar sus consignas. Empujados por el sentimiento de compañerismo que les dejó ver a la Presidenta mezclada entre los militantes realizando y coordinando las tareas solidarias del fin de semana en La Plata, las agrupaciones La Cámpora, el Movimiento Evita, Kolina, el MUP y el Peronismo Militante, entre otras, mantuvieron la espera de la llegada presidencial entonando los clásicos que el kirchnerismo fue acuñando en los últimos años. “Porque Néstor no se fue, lo llevo en el corazón, con la jefa los soldados de Perón”, cantaban mientras los acompañaba más de un funcionario y dirigente. Los proyectos que se presentaron en un Museo del Bicentenario colmado de representantes de organizaciones de abogados, de magistrados y funcionarios del Estado como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, o el síndico general, Daniel Reposo, fueron seis: la reforma del Consejo de la Magistratura; otro que propone el ingreso democrático a la Justicia; dar a publicidad los actos del Poder Judicial y la creación de las Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo y de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial. Además enviará los proyectos de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado y el de regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados (ver página 2). Cuando hizo mención al proyecto que propone regular las cautelares, los militantes silbaron tímidamente ante una posible referencia al caso de la ley de medios y las dificultades planteadas por los grupos de medios concentrados. “Sin silbidos, ya se los dije”, salió tajante, pero con una sonrisa a cortar la iniciativa anticlarinista. “Parece que existe una nueva rama del derecho, que no existía cuando iba a la facultad: el derecho cautelar”, apuntó provocando el derrame de algunas risas cómplices. “A través de presentar medidas cautelares se interrumpe la aplicación de leyes, se dilata durante años. La ley de medios es el hecho más conocido, se sancionó hace más de tres años por amplia mayoría y todavía no se pudo aplicar en su totalidad. Es raro porque hubo leyes que se definieron por desempate y nadie dijo nada”, señaló recordando el episodio por las retenciones móviles: en el 2008 el voto del entonces vicepresidente Julio Cobos desempató e hizo caer la ley impulsada por el Poder Ejecutivo, acatando la presidencia y el oficialismo el resultado de la votación. El público y los invitados escuchaban atentos la presentación de los proyectos. Al frente, en primera fila, se encontraba el diputado Eduardo De Pedro y el senador Aníbal Fernández. Detrás, el secretario general de la CGT, Antonio Caló, junto a su adjunto Andrés Rodríguez y entre medio de ellos el titular de la CTA, Hugo Yasky. El único opositor que se animó a presenciar el acto de gobierno fue el senador radical Eugenio “Nito” Artaza, que dijo a Página/12 que “con algunos contenidos de los proyectos coincido, pero estar aquí no quiere decir que uno está totalmente de acuerdo con todo”. A su lado, el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel lo felicitaba por haber asistido a pesar de que la oposición había tomado la decisión de no presenciar el acto aunque hubieran sido invitados (ver aparte). “Quiero vivir en una sociedad donde cada ciudadano tenga derecho a vivir en paz. Por eso queremos una Justicia legítima, ágil y democrática, y para todos los argentinos”, destacó antes de finalizar su discurso. “Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática, de la misma manera que hubo presidentes que se jugaron para construir una sociedad más justa, más equitativa”, arengó, dando paso al “vengo bancando este proyecto”, que relanzaban los militantes antes de retirarse. LA OPOSICION NO FUE AL ACTO Y ANTICIPO SU RECHAZO La pelea ahora pasará al Congreso El presidente del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo, Agustín Rossi, consideró que la ausencia de los dirigentes opositores en la Casa Rosada “no fue una buena señal” y pidió una “actitud constructiva de la oposición a la hora del debate parlamentario”. La oposición, en tanto, ya había anticipado su rechazo al convite presidencial para asistir a la presentación de los proyectos que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Nación con el objetivo de “democratizar la Justicia”. Aunque con distintos argumentos, desde todo el arco opositor –la UCR, FAP, el PJ anti K, el PRO y la CC– también plantearon que “resistirán” las reformas al sistema judicial que Cristina Kirchner anunció ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento. El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, había desestimado la invitación y consideró la presencia de sus legisladores como “absolutamente innecesaria”. “Ahora el ámbito de discusión es el Congreso, con lo cual esperamos los textos de las iniciativas en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento”, afirmó el ex camarista federal en un comunicado en el que también señaló como “particularmente preocupante” que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular. “No vamos a ir a aplaudir algo que no sabemos de qué se trata”, se justificó el jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo. “Es un mensaje para la Corte Suprema, apunta a disciplinar la Justicia y condicionar a los jueces”, resumió el senador Jaime Linares (FAP-GEN). El diputado Francisco de Narváez afirmó hoy que “no” acompaña “el intento de limitar la independencia de la Justicia” y anunció que desde el PJ van a “resistirlo”. Elisa Carrió también le imprimió su sello a la negativa: “No puedo avalar proyectos cuya intención, entiendo, es la destrucción de la poca Justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial”. La reacción judicial El movimiento judicial crítico, conocido como “Justicia Legítima”, difundió anoche un comunicado en el que celebra los proyectos difundidos como “plenamente compatibles con la meta de alcanzar una Justicia más plural y más independiente y dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía entera”. El texto marca grandes coincidencias con algunas de las propuestas surgidas del encuentro de esta nueva organización que se hizo en febrero en la Biblioteca Nacional. El titular de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, consultado por este diario, dijo que sigue pensando que, entre los cambios impulsados por el Ejecutivo, la elección popular de consejeros de la Magistratura, “no se ajusta a la Constitución Nacional”. “En cambio otros puntos, como la exigencia de concursos previos para evitar juzgados vacantes, me parece bien”, dijo Cabral. LOS PROYECTOS DE LEY QUE EL PODER EJECUTIVO ENVIARA AL CONGRESO Las claves de la reforma Uno de los proyectos modifica el Consejo de la Magistratura. Propone la elección popular de seis académicos, tres jueces y tres abogados, lo que cambia el total de miembros. También fija límites temporales y de fondo a las cautelares contra el Estado. Por Irina Hauser El cambio en el sistema de judicial podría ser enorme si el Congreso aprueba las propuestas de reforma que anunció Cristina Kirchner como parte de su plan para lograr lo que llamó una “justicia legítima, democrática y ágil”. La Presidenta anunció un paquete de seis proyectos de ley, entre los cuales el que más sorpresa causó en la platea es el que apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura, con un evidente recorte de poder a las corporaciones de jueces y abogados: se eleva la composición de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas, o sea, no exclusivamente del ámbito del Derecho; para elegir y acusar jueces hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) del total de cuerpo, mientras que ahora se requiere dos tercios de los presentes; los consejeros serán elegidos por voto popular en las próximas elecciones. Los otros cambios que se avecinan son la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de un registro público de causas, la implementación del ingreso por examen al Poder Judicial y la publicidad obligatoria de las declaraciones juradas de bienes para los tres poderes. Hubo jueces y fiscales haciendo una cola de más de una cuadra en la puerta de la Casa Rosada durante casi dos horas para entrar al acto. En las butacas se vio mayoría casi total de legisladores oficialistas y en las primeras filas dos referentes de “Justicia Legítima”: la procuradora Alejandra Gils Carbó y la Defensora General Stella Maris Martínez. Había madres de Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y muy cerca el titular de la tradicional Asociación de Magistrados, Luis Cabral, entidad que anticipó críticas a la reforma. La Presidenta entró al escenario con un sonriente Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. Se proyectó un spot que sintetizaba los proyectos. Entrarán algunos por el Senado, otros por Diputados. Revolución en el Consejo Los cambios impulsados en el Consejo de la Magistratura son enormes y según definió Cristina Kirchner pretenden darle una “mayor participación a la ciudadanía” contra el “corporativismo”. Hoy el cuerpo, con 13 consejeros, está casi paralizado: un bloque opositor de cinco integrantes, donde manda el radicalismo, bloquea las grandes decisiones, como la acusación y selección de jueces, que requieren los votos de los tercios de los presentes. Actualmente el Consejo tiene: seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos de la minoría), un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Esa integración surgió de una ley impulsada por la propia presidenta cuando era senadora. Según el proyecto anunciado ayer, si se aprueba el nuevo esquema habrá cinco académicos o científicos más y se sumará otra abogado. Serán elegidos por voto popular los jueces, abogados y académicos/científicos. Con espíritu “interdisciplinario”, entre estos últimos podrá haber desde médicos, psicólogos, economistas, ingenieros u otras disciplinas. Se postularán, si la ley llega a tiempo, en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esas listas serán elegidas en todo el país. “Esto no es politización de la justicia”, aclaró la mandataria. Los mandatos de los consejeros actuales vencen en noviembre de 2014. La Presidenta dijo que seguirán en funciones hasta entonces. De ese modo, si los nuevos consejeros se eligen este año habrá un Consejo de transición de 25 miembros, hasta quedar en 19. Para las grandes decisiones hará falta mayoría absoluta (la mitad más uno) de todos los integrantes del cuerpo. Será de diez votos cuando los consejeros sean 19. La proporción es menor a los dos tercios requeridos actualmente, lo que podría oxigenar la posición del oficialismo en algunos debates. Las proporciones serán así: habrá cuatro académicos por el partido mayoritario y dos por la minoría; dos abogados por la mayoría y uno por la minoría, y los jueces también serán dos por la mayoría y uno por la minoría. El evidente recorte de poder a las corporaciones se verá también en los concursos, donde los jueces ya no integrarán los jurados. Sólo serán docentes de universidades públicas. A la hora de evaluar los antecedentes de los postulantes habrá una “mecánica de igualdad”. Venir de un cargo judicial no sumará puntos. Cualquier abogado de la matrícula que reúna condiciones podrá ser juez. No podrán ser jueces quienes hayan ocupado cargos en el Poder Judicial durante la última dictadura cívicomilitar. Para evitar el problema de los juzgados vacantes se realizará un “concurso previo”. Habrá concursos periódicamente por fuero e instancias de donde surgirá un orden de mérito de nombres disponibles de donde irán surgiendo ternas a medida que se produzcan vacantes. No se esperará que haya vacantes para llamar a concurso. Habrá tres nuevas cámaras de Casación. Ahora sólo hay en el fuero penal. Se sumarán una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otro de Trabajo y Seguridad Social. La Presidenta dijo que esto busca “descomprimir la tramitación de causas” en la Corte, acercarla al modelo de la Corte norteamericana que tramita unos 90 expedientes al año, y “unificar la jurisprudencia”. Sostiene que es para agilizar, aunque esto genera dudas en varios sectores de tribunales. Cautelares La modificación apunta a las medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados. Esas medidas provisorias tendrán un máximo de vigencia de seis meses “como plazo razonable” y luego el juez tendrá que dictar la sentencia de fondo, según anunció la Presidenta. El objetivo es evitar que se sigan usando las cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos. No puede haber medidas cautelares de efecto patrimonial para el Estado, porque se parte de la base de que nunca es insolvente, siempre podrá responder. Se podrán dictar en casos en que el perjuicio no sea reparable “cuando estén en juego la vida, la salud o los derechos alimentarios, pero no en cuestiones patrimoniales”, dijo la jefa de Estado. Además, hasta ahora no era obligatorio que el Estado fuera notificado ante una medida cautelar, pero con la nueva ley sería obligatorio. “Estamos enterándonos de medidas cautelares que estaban hacía años presentadas por distintos grupos de acuerdo a sus intereses”, dijo Cristina, más allá de la ley de medios. Y señaló los casos en que son resueltas por jueces subrogantes que luego se apartan del caso en sintonía con estudios jurídicos que hacen negocios. Patrimonio Uno de los proyectos es de “publicidad y acceso directo” a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes. Hoy el procedimiento es un tramiterío kafkiano, donde incluso se exige justificación. Todo apunta a que cualquier ciudadano pueda consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual, pero también la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos. Todos ellos tendrán la obligación de publicar su declaración jurada en forma directa. Ingreso democrático El ingreso “democrático”, por concurso, para ser empleado del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo, quedaría establecido por ley. Se tomará un examen de conocimientos básicos y se conformará una nómina de “ingresantes” y entre ellos se hará un sorteo junto a través de Lotería Nacional. “Hay muchos chicos que se reciben pero si no tienen un pariente o amigo no entran ni disfrazados de mono”, se rió la Presidenta. También habrá concursos para los cargos de secretario y prosecretario letrado, “que no pueden ser propiedad del juez”. Registro de causas Los jueces de todas las instancias estarán obligados por ley a publicar el ingreso de causas, los números de expedientes y estado procesal de los expedientes “y que cuando salga la sentencia no sea un delivery judicial” o para “la agenda mediática”. Será una base de datos de libre acceso. 09/04/13 Página|12 GB