LA CORTE A LA DEFENSIVA

LORENZETTI DIO POR HECHO QUE EL MAXIMO TRIBUNAL DEBERA OPINAR SOBRE LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO Pronóstico de intervención de la Corte El presidente del tribunal estimó que será cuestionada la constitucionalidad de la reforma judicial. Avisó que llegado ese momento actuará con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Remarcó que a los jueces les importan las “personas” comunes. Por Irina Hauser El día después del anuncio de Cristina Kirchner de los proyectos de reforma judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un pequeño discurso con la excusa de la presentación de un plan de capacitación para jueces. Como una de las cosas que dijo fue que ni él ni sus colegas del tribunal opinarían sobre las propuestas del Poder Ejecutivo para “democratizar” la Justicia, que –aclaró– debe “discutir el Congreso”, pareció que no decía nada. Sin embargo, sí dijo. Primero, dio casi por hecho que una vez que se aprueben, las leyes en cuestión se judicializarán y la Corte tendrá que opinar sobre su constitucionalidad. Luego agregó que lo que sea que decida el tribunal será con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Fue muy insistente con ese concepto, como quien quiere marcar una diferencia. Remarcó que a ellos, los jueces, lo que les importa son las “personas” comunes, “el que transita por la calle y quiere vivir en paz”. Esa idea quedaba, así, en contraposición con ciertos rasgos de las iniciativas del Gobierno, más políticas y técnicas, que desnudan batallas de poder con las corporaciones (de jueces y abogados) y cuyos beneficios quizá la gente de a pie los pueda apreciar en un más largo plazo. Bajo el lema de una Justicia “legítima”, “ágil” y “para todos”, la Presidenta presentó el lunes seis proyectos que propician reformas de gran envergadura en el sistema judicial. El día de los anuncios, a Lorenzetti se lo vio sonriente, pero no del todo cómodo. No hubo otros jueces supremos en el evento. En el acto de ayer dijo que su presencia junto a la mandataria había sido “institucional” y que no iba a explayarse porque puede “haber litigios” donde tenga que fallar la Corte. “Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad” de “defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, afirmó. Cuando se conocieron, ayer, los textos de las propuestas que ingresaron al Congreso, quedaron en evidencia aspectos que implicarían el recorte de potestades a la Corte, por ejemplo, en la administración del presupuesto judicial. Un proyecto habla de reformar toda disposición “que importe un detrimento de facultades de la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura”. Durante los debates de febrero del movimiento “Justicia legítima”, hubo quienes señalaron que la Corte hacía un manejo discrecional y prebendario del presupuesto, planteo que evidentemente tuvo eco en la Casa Rosada. Un juez del máximo tribunal le dijo a este diario que si bien ni él ni sus colegas harían explícita su posición sobre la reforma, lo harían las asociaciones de jueces. Lorenzetti ayer habló ante referentes de la tradicional Asociación de Magistrados y entidades afines, camaristas de todo el país, de Casación, jueces federales, consejeros de la Magistratura opositores al kirchnerismo y dirigentes del gremio judicial. También estaba la defensora Stella Maris Martínez, referente de “Justicia legítima”. Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, volvió a decir que la elección popular de los integrantes (jueces, abogados y académicos) del Consejo de la Magistratura, en elecciones a través de partidos políticos, le parece inconstitucional porque según la Carta Magna “los consejeros, jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la matrícula, por lo tanto son ellos los únicos que pueden elegirlos”. Ese será, seguramente, uno de los tantos debates constitucionales que la Corte tendrá. Pero Cabral señaló otra crítica compartida incluso por sus oponentes en la entidad que dirige, que se coló en un reunión de presidentes de Cámara con Lorenzetti: la modificación de la mayoría en el Consejo para la toma de decisiones clave, como elegir jueces y acusarlos. Lo que hasta ahora requiere de dos tercios, se haría con mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del cuerpo). “Las mayorías especiales están en la ley para evitar que haya mayorías circunstanciales que puedan tomar decisiones institucionales graves”, advirtió. Entre los jueces que pululaban ayer por la sala de audiencias de la Corte algunos se quejaban porque, si prosperan los proyectos del Ejecutivo, no podrán designar a secretarios de confianza, que deberán concursar. A la vez, casi nadie objetaba el ingreso a tribunales, por el escalafón más bajo, mediante examen, pero en la Corte creen que es una competencia propia. Circulaban dudas sobre la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación. Están los que dicen que traerá más demoras. Y algunos jueces supremos descreen de que estén pensadas para descargarles trabajo sino para quitarle injerencia en algunas decisiones. En el máximo tribunal se respira cierto malestar aunque haya respeto por las propuestas y el debate. Lorenzetti usa atajos para dejarlo entrever. Ayer señalaba que el Poder Judicial aspira a generar cambios y que empezó a diseñarlos en la primera Conferencia Nacional de Jueces, en 2006, el evento que él ideó para juntar cada año a la corporación judicial en pleno. El lema es “poner la Justicia cerca de la gente”. En esas reuniones anuales, “se definen políticas de Estado consensuadas” y que “no queden en declaraciones abstractas”. Pero el ámbito de las conferencias de jueces tiene muchos de los condimentos de la familia judicial tradicional y burocrática que cuestiona “Justicia legítima”. El discurso de Lorenzetti de acercar la Justicia “a la gente”, a sus usuarios, se ubica en contraposición a otro supuestamente más complejo, técnico y detallista que proponen los proyectos del Poder Ejecutivo, con un concepto de participación ciudadana activa. El supremo parece advertir en esa complejidad una grieta, y su discurso se vuelve tan político como el de la Presidenta. Plegaria por Lorenzetti “Tal y como me solicita en su amable carta, cuente con mi plegaria. A Dios le hablaré de Usted y del importante quehacer que desempeña, y le diré que le ayude en su ardua labor y que asista con su luz y su gracia a cuantos imparten justicia en los distintos tribunales de ese amado país”, dice la carta que Jorge Bergoglio le mandó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, contestando su saludo por su asunción como Papa. El mensaje, que está fechado el 23 de marzo y fue remitido por el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig a Lorenzetti el 5 de abril, fue difundido ayer, luego de que la Presidenta anunciara el envío al Congreso de los proyectos para reformar el sistema judicial. En la carta, Bergoglio señala: “Administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no es fácil y, a menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el ánimo”. Las críticas de Piumato El titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, cuestionó los proyectos de reforma judicial impulsados por el gobierno nacional y consideró que “lejos de democratizar, se va por un callejón peligroso para la independencia de la Justicia”. El dirigente de la CGT moyanista marcó como contradictorio que la iniciativa para transparentar la selección de personal para la Justicia “se haya anunciado desde el Poder Ejecutivo y no se haya hecho un similar tratamiento para los empleados del Ejecutivo y de los organismos descentralizados del Estado”. En este sentido apuntó: “Habría sido bueno que (la Presidenta) hubiera impulsado el ingreso en las mismas condiciones y requisitos para los demás poderes”. Por otra parte, Piumato advirtió que los proyectos siguen la “doctrina Barra” (por el ex ministro de la Corte menemista) que decía que “la Justicia tiene que ir para el lado que van los gobiernos”. La reforma del Consejo de la Magistratura, sostuvo, “es inconstitucional” y “va contra el espíritu” de lo que sancionó el Congreso “con un proyecto que impulsó la propia Presidenta, cuando era senadora”. 10/04/13 Página|12 GB