BUZZI, EL CANDIDATO.

Por Mariano Beristain

El conflicto político que desató el sector más anquilosado de la Mesa de Enlace, encabezado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), muestra que aún hay tallos firmes de la patria corporativa empresarial que se resisten al cambio y que utilizan el ánima de los productores para defender intereses propios.
En nombre de la "épica" batalla en contra de la Resolución 125, que le permitió al Partido del Campo resistir (con el recordado apoyo en el Senado del radical y ex vicepresidente Julio César "Cleto" Cobos) la aprobación de las retenciones móviles a los granos, Eduardo Buzzi y Luis Etchevere, quieren arriar al ruralismo y a un segmento de la clase media, utilizándolos como quinta columna contra el gobierno.

Sin embargo, las razones que impulsan este nuevo conflicto y las circunstancias políticas ya no son las mismas. En el 2008, más allá de las críticas que se podían formular por el excesivo afán de lucro de los ruralistas, la Mesa de Enlace, se arropó con la bandera argentina con la excusa de que la 125 afectaba los intereses económicos del campo.

Dejando por un momento de lado el debate por legitimidad o no del reclamo, el trío de patrones rurales encabezados por Hugo Biolcati (SRA), Eduardo Buzzi (FAA) y el sutil Alfredo De Angelis, de la Federación Agraria de Entre Ríos, supieron transformarse en voceros y capitalizar la incertidumbre de un heterógeneo grupo de productores que temía por las consecuencias que podía tener la aplicación de las retenciones móviles en la rentabilidad de sus campos.

Aunque la aplicación efectiva de la 125 no afectará a los pequeños y medianos productores como intentó explicar el gobierno infructuosamente, el cambio en las reglas de juego y la efectiva campaña que logró instalar la corporación mediática-agraria (que incluyó entonces la contratación de una consultora especializada y el acompañamiento permanente de la dupla Clarín-La Nación) despertó una sensación confiscatoria entre los ruralistas y los sectores medios.

La victoria de 2008 de la Mesa de Enlace también contó con la ayuda de la torpeza histórica de Martín Lousteau, que recomendó en primera instancia la promulgación lisa y llana de la 125, que después quedó definitivamente sepultada en el Congreso, sin tomar en consideración que las estructuras tradicionales del campo se mantenían intactas, lo mismo que su poder de fuego.

La torpeza de Lousteau, un hombre dotado con gran capacidad para venderles libros de economía a señoras pudientes con tiempo libre, pero con escaso olfato político, también fue determinante porque sumado a otros errores, llevó al gobierno a un callejón sin salida.

Ahora, la realidad es otra, con raíces distintas, en las que no se pone en juego ningún interés particular de los productores sino que está teñida esencialmente por la defensa de derechos corporativos de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que lo único que buscan, en definitiva, es tratar de darle un marco épico a la defensa de dichos intereses

Tanto el reclamo de la Sociedad Rural como la airada queja de Federación Agraria responden a intereses gremiales empresarios muy alejados de los productores.

A saber: el predio de Palermo que pertenecía a la Sociedad Rural y que el Estado renacionalizó hace diez días era propiedad de una entidad que prácticamente no tiene asociados y cuyo predio los productores sólo visitaban una vez por año con motivo de la exposición agraria. Además, tenían que pagar el canon por la colocación de un stand o con comprar el boleto si eran visitantes.

En realidad, tal y como publicó Tiempo Argentino, la explotación del predio ferial era compartida por la compañía La Rural SA y el Grupo Fénix, de Diego Finkelstein y Marcelo Fígoli. En definitiva, los únicos beneficiarios del usufructuo de todas las actividades y exposiciones que se hacían en el predio de la Rural era la selecta Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y su entorno. Nunca está demás recordar que la Rural compró el predio en diciembre de 1991 al entonces presidente Carlos Menem en condiciones realmente ventajosas.

Pagó 30 millones de pesos-dólares cuando entonces la tasación del Banco Ciudad y el Hipotecario indicaron que valía más de 130 millones de pesos-dólares.

Una ganga, sobre todo si se toma en consideración que se comprometió a pagarlo con dos adelantos de 3 y 7 millones de dólares y los 20 millones restantes en diez cuotas anuales.

Sin embargo, nunca terminaron de pagar. Tanto es así que se inició una causa judicial por la cual aún se encuentran procesados 11 directivos de la Sociedad Rural y el ministro de Economía Domingo Cavallo. El Estado recuperó un predio cuya operación de compra-venta está marcada por las irregularidades y cuyos reditos económicos quedaban en manos de un grupo de ejecutivos de la Rural y las empresas que se encargaban de la explotación comercial del predio. Los productores que ahora la Sociedad Rural quiere sumar a la patriada anticonfiscatoria del gobierno jamás vieron un peso, excepto las vacas y los animales que participaban de la exposición. El afán nacionalista de la Federación Agraria tampoco responde a la defensa de los derechos de los chacareros ni a un resguardo de los intereses del ruralismo del interior del país. El jueves pasado, se publicó una resolución que le quitó a la Federación Agraria un negocio que le permitía recaudar a Eduardo Buzzi unos $ 30 millones anuales vendiendo el Formulario 1116 B y C, que se utiliza para constatar las operaciones de compra-venta de granos y las consignación.

Cada formulario costaba $ 35 y le garantizaba a Buzzi una caja de $ 2,5 millones mensuales para desarrollar sus ambiciones políticas. Ahora, esa operación, clave para controlar las operaciones del sector granario, se hará por vía electrónica y quedará en manos del Estado.

Lejos quedaron los tiempos en que la Federación Agraria y la Sociedad Rural hacían lobby por los intereses del campo, ahora detrás del escudo patrio sólo se esconde la defensa de intereses corporativos y la búsqueda de un sustento económico para desarrollar un proyecto político personalista.

30/12/12 Infonews

GB

GARCIA RECCHIA, UNA HISTORIA.

EL TRASCENDENTE FALLO DE LA CAMARA DE CASACION EN LA CAUSA POR LA APROPIACION DE GARCIA RECCHIA
La dimensión política de las víctimasJuliana García Recchia se convirtió en querellante en las causas que se abrieron por la apropiación de su hermana.
Imagen: Rafael Yohai

La Sala IV confirmó las condenas del Tribunal N° 5 de San Martín y legitimidad de la obtención de las muestras de ADN. Pero también marca el delito de apropiación de una niña como crimen de persecución por motivos políticos.

Por Alejandra Dandan

 

“Desde una perspectiva diferente, y sin que ello implique hacer a un lado el criterio (...) del delito de desaparición forzada de personas, creo oportuno mencionar a modo ilustrativo que esas conductas también pueden ser consideradas a la luz de la tipificación del crimen de persecución por motivos políticos”, indica el fallo de la sala IV integrada por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos y que a continuación citan artículos del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. “El carácter repetido de este tipo de actos denunciados en perjuicio de personas que resultaban perseguidas en virtud de su (real o ficta) pertenencia a la así llamada ‘subversión’ –si bien irrelevante a los efectos de determinar la calificación de las conductas como crímenes de lesa humanidad– permite inferir el ‘motivo político’ al que alude la norma internacional que sanciona el crimen de persecución por razones de esa clase”, indica.

 

El fallo inscribe en ese marco el operativo que terminó con el homicidio de Antonio Domingo García, el 12 de enero de 1977 en Villa Adelina. Y el secuestro de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, que dio a luz a Bárbara en el centro clandestino llamado “El Campito”, en Campo de Mayo, y quien permanece aún desaparecida. Bárbara recuperó su identidad en 2009 y su hermana Juliana se constituyó en querellante en cada una de las causas que se abrieron por su apropiación. En el contexto de esa causa, el fallo indica que entiende la apropiación de los niños durante la dictadura como un “crimen de lesa humanidad de persecución” fundado en razones políticas. Y señala que desde esa perspectiva “puede entenderse que las conductas por las que fueron juzgados los acusados en este caso resultan encuadrables dentro del denominado crimen de persecución”.

La Sala IV emitió la sentencia el viernes pasado en la llamada causa “Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ recurso de casación”, por la apropiación de Bárbara García Recchia durante la última dictadura. El Tribunal Oral de San Martín había condenado a Ricchiuti y a Hermann a 13 años y seis meses de prisión y a 8 años respectivamente por la apropiación de la niña a quien inscribieron como hija propia. Ricchiuti fue condenado además por haber insertado información falsa en su partida de nacimiento y tramitado el DNI de modo fraudulento. Los defensores apelaron el fallo. Además de la caracterización de la condena, cuestionaron la pena de 8 años de prisión para Hermann y pidieron la nulidad del procedimiento de obtención de muestras de ADN que permitió conocer su identidad.

En esa línea, la Cámara confirmó la condena de Hermann, un dato importante para los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, porque además es la condena más alta que hasta ahora un tribunal dio a una apropiadora. Y definió la legitimidad del procedimiento que había ordenado durante la primera instancia la jueza Sandra Arroyo Salgado. En ese sentido, la resolución de la Cámara también es importante por las características que tuvo el procedimiento y el momento en el que se produjo.

Arroyo Salgado tomó muestra de sangre cuando todavía no existía la ley de extracción de sangre por métodos alternativos y la Corte Suprema de Justicia no había emitido el fallo “Prieto”, que legitimó la realización de los análisis a través de objetos personales de las víctimas. El caso de Bárbara tuvo alguna de esas características. La jueza la citó en su despacho para comunicarle la necesidad del examen. Ella no fue, pero fueron dos abogados en su nombre, entre ellos un sobrino del denunciado ex fiscal Juan Martín Romero Victorica. La jueza volvió a citarla. Ella no fue. El juzgado ordenó un allanamiento durante el cual la jueza le explicó a Bárbara que si no deseaba hacerse la extracción podrían hacer el análisis a través de otros objetos de la casa. Bárbara vivía con los apropiadores, pero aceptó. Dio la muestra, pero el problema fue que después y ante un escribano dijo que había sido coaccionada. Sus abogados pidieron la nulidad de todo lo que siguió por esa situación. La Sala IV entendió, sin embargo, que el procedimiento fue legítimo. Entendieron que el consentimiento debe ser evaluado en el momento de la toma de la muestra, y no después. Y en el marco de esa evaluación, los camaristas se expidieron por primera vez en una sentencia definitiva acerca de la legitimidad de los procedimientos de obtención de muestras.

Otro dato importante de la sentencia es que consideró el delito de apropiación de menores como delito autónomo, es decir, a la víctima como un afectado directo más allá de lo que sucedió con sus padres. Esto es importante en el marco de las discusiones jurídicas en torno de cómo ve la Justicia a los menores víctimas de la última dictadura: si los piensa como sujetos plenos, capaces de ser víctimas autónomas o como sujetos jurídicos atados a la condición de sus padres. El Tribunal Oral Federal N° 6 ya los había pensado como víctimas autónomas en el causa “Rei” y en Plan sistemático. Ahora Casación confirma esta interpretación.

“Por otra parte, tal como puede desprenderse del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derehos Humanos en el citado caso ‘Gelman vs. Uruguay’, y como incluso ha propuesto el juez García en el caso ‘Rivas’ ya aludido, es altamente factible considerar directamente constitutivas de desaparición forzada a las acciones llevadas a cabo contra el/la niño/a luego apropiado/a”, indica el fallo. “Ello es así pues, luego de ocurrido el nacimiento el bebé, es víctima directa de la privación de libertad, junto con su madre, al menos hasta que se produce la separación de ella y la entrega a otra familia. Los actos posteriores, tendientes a ocultar los detalles de su nacimiento, su verdadera filiación e identidad, en tanto eficaces para la perseguida finalidad de suprimir todo rastro acerca del destino de la madre desaparecida, también constituyen acciones propias destinadas a desconocer el nacimiento y negar información sobre el propio destino del niño desaparecido, a quien sustituyen su verdadera identidad, con el ultraje que comporta colocarlo –dada su temprana madurez intelectual– en situación de manifiesta imposibilidad de acceder a su verdadero origen y de reclamar, en consecuencia, la protección de la ley.

31/12/12 Página|12

GB

LA ESTAFA POLITICA, POR ALEJANDRO HOROWITZ, OPINION.

Las múltiples posibilidades de las estafas políticas
Por Alejandro Horowicz

La Cámara de los jueces comprensivos tiene que fallar en el menor plazo posible, porque así lo volvió a pedir la Corte.


La pregunta por la estafa en el territorio de la lucha política remite a dos tradiciones. En una, su posibilidad misma depende de las virtudes del estafador y contiene el desprecio implícito por los estafados, podemos denominarla una especie de teoría del héroe (para Carlyle, los grandes hombres hacen andar las ruedas de la historia); la otra pone el peso en la situación histórica "objetiva". Un cuadro no posibilita una "solución" determinada, pero un segmento lo cree posible y por tanto la habilita. Esta última tradición podemos anclarla en la lógica analítica de Marx, y de alguna manera por el modo en que su lectura impactó el siglo XX, en la amplia franja de las denominadas ciencias sociales.

 La estafa política entendida como posibilidad objetiva. La situación nacional es percibida como catastrófica y por tanto para evitarla, para dejarla atrás, para poder volver a vivir tranquilos, las soluciones "no convencionales" adquieren estatuto de verosímiles. El candidato a ser estafado está decidido a impulsar, defender, justificar los caminos que permitirán salir de la "dictadura con votos", por lo tanto está colocado en su debido lugar. Basta que un estafador cínico o un simplote ingenuo acepte su papel para que esa potencialidad busque su vía de realización. En cada caso, los instrumentos no son nunca una cuestión menor.

Otra vez Clarín. La Corte rechazó el per saltum planteado por el gobierno, el Ejecutivo le pedía resolver si la Ley de Medios Audiovisuales es o no constitucional. Era "lógico" en términos de procedimiento. A juicio de los expertos ese recurso sólo se justifica cuando lo plantea quien perdió en Primera Instancia, y en esa instancia ganó el Estado. Por eso, en los pasillos de tribunales nadie pensaba posible que la Corte "salteara" a la Cámara, y menos, que dictara sentencia en unos pocos días.
En consecuencia la tan cuestionada Cámara –la de los jueces comprensivos– tiene que fallar en el menor plazo posible, ya que así lo volvió a pedir la Corte en su resolución, y no es presumible que el lapso atraviese este complejo verano. Eso no es todo. La Corte también resolvió el recurso extraordinario planteado contra el dictamen de la Cámara, validez o invalidez de la medida cautelar que impide el cumplimiento de la ley con relación al grupo Clarín.

Acá hay que distinguir, sostiene el especialista Alejandro Drucaroff Aguiar, dos planos del mismo problema: la medida cautelar y el plazo de aplicación.

1) El Estado pedía a la Corte que la medida cautelar se dejara sin efecto de inmediato, diciendo que los supremos habían fijado un límite que venció el 7D. Convine recordar que esto se planteó antes de que hubiera sentencia de Primera Instancia. La Corte rechazó esa posibilidad y, en consecuencia, se mantuvo la cautelar. No faltan quienes sostienen, como el propio Drucaroff Aguiar, que la resolución carece de "argumento fuerte", ya que si la sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda no existe "verosimilitud del derecho" (en buen romance, la constitucionalidad de una ley se presume hasta que no se demuestra lo contrario) y, por tanto, no correspondería mantener en suspenso su cumplimiento. Sin embargo, ese ha sido en rigor el talante de los supremos, ya que aceptaron para desinvertir el plazo ascendiera 36 meses. Un lapso que no guarda la debida proporción con la "cuestión a resolver". Esto es, la venta de activos rentables socialmente codiciados.

2) ¿El año para la desinversión corre desde la sentencia o ya está vencido? No se trata de una pregunta menor. Como recordarán, la Cámara dijo en su resolución que el plazo recién correría desde la sentencia, lo cual postergaba otra vez la aplicación de la Ley. En cambio, la Corte dejó definitivamente aclarado que el plazo de desinversión ya venció, lo que significa que en cuanto haya sentencia, Clarín debe adecuarse a la Ley inmediatamente.

Volvamos a empezar, si la Cámara confirma la sentencia dejaría sin efecto la cautelar (si no lo hace, el Estado podría pedir que lo haga) y a partir de allí se aplicaría la Ley. Si la Cámara en cambio declarase inconstitucional la Ley por percepción extrajurídica –repercusiones públicas de la decisión, un imaginario ataque a la libertad de expresión– estaríamos en presencia de una suerte de estafa legal. Una solución "política" que bloquea el funcionamiento del Congreso, al impedir la autorregulación del juego mediante la intervención del Estado.

Ese camino "no convencional", esa solución desesperada, no sólo violenta el orden político formal (la división de poderes), sino que pone en crisis la relación entre los tres poderes. Vale la pena explicarse: la legalidad imperante supone la autolimitación de cada poder, para salvaguardar el funcionamiento del otro y por tanto del sistema. Si así no fuera, si uno de los poderes avanzara sobre los demás –en este caso la judicatura–, el camino para contenerlo corre el riesgo de abandonar el terreno fijado por la Constitución nacional. Esa estafa, esa degradación política, difícilmente prospere, pero sería gravísimo siquiera que ese recurso fuera puesto en práctica.

31/12/12 Tiempo Argentino

GB

SAQUEROBOS EN BARILOCHE, INTENDENTE Y ALGUNOS MAS.

EL GOBERNADOR DE RIO NEGRO CONVOCO A OMAR GOYE A UNA REUNION POR LOS SAQUEOS EN BARILOCHE
Las miradas apuntan al intendente
El encuentro será el miércoles y allí podría definirse el futuro político del jefe comunal de Bariloche. En la gobernación lo acusan de, al menos, actuar de manera irresponsable. También denuncian vínculos con algunas organizaciones.

Las sospechas sobre la mano de sectores del PJ en la organización de los saqueos pusieron bajo la lupa a las intendencias donde ocurrieron los hechos de mayor gravedad, y el más complicado es el jefe comunal de Bariloche, Omar Goye. El intendente fue citado para el miércoles a presentarse en la gobernación de Río Negro a una reunión en la que podría definirse su futuro político. El gobernador Alberto Wereltineck y el senador Miguel Piche-tto van a transmitirle allí los alcances de las críticas que el gobierno nacional hace a su actuación.

El intendente fue además acusado por el ministro de Desarrollo Social provincial, Ernesto Paillalef, de haber actuado “con impericia e irresponsabilidad” frente a los saqueos del 20 de diciembre. “En Bariloche no hubo una situación de desborde social como la del 2001”, dijo ayer Paillalef a Página/12, “sino una mezcla de conspiración política, impericia y falta de responsabilidad”.

El ministro apuntó en ese sentido que la Justicia secuestró “una cantidad importante de vehículos con patentes posteriores al año 2000 que colaboraron con los saqueos” y que “las denuncias dicen que se entregó dinero para su organización”.

En ese marco, lo que le cuestionan al intendente es su manejo político de la crisis, porque en los días previos al 20 de diciembre estuvo haciendo declaraciones públicas sobre que los supermercados debían dar alimentos y eso creó un clima de “presaqueo”, en el sentido de las profecías autocumplidas.

Paillalef no acusó a Goye de organizar el ingreso a los supermercados, pero dijo que se lo cuestiona por “su forma de relacionarse con algunas organizaciones sociales, particularmente con una de ellas, de características duras, que fue la que tomó la decisión de entrar al supermercado Chango Más”, iniciando los saqueos, después de que el intendente declarara en un programa de televisión que ese supermercado no había colaborado con la entrega de alimentos.

La gobernación no tiene facultades para intervenir la intendencia, pero está claro que la audiencia del miércoles estará centrada en resolver la crisis institucional.

Después de los saqueos, parte del gabinete provincial se instaló en Bariloche para atender los reclamos sociales de la población, pero los funcionarios de la provincia trabajaron sin entrar en contacto con el intendente, que debió enfrentar la renuncia de parte del gabinete municipal. En esa situación, el ministro de Gobierno rionegrino, Luis Di Giácomo, sostuvo que el intendente “deberá decidir qué hacer de su vida en esta soledad en que se encuentra”.

Goye, a quien se atribuyen vínculos con dirigentes gremiales relacionados con Luis Barrionuevo, no dio hasta ahora señales de una eventual renuncia. Una de las alternativas posibles es que el Concejo Deliberante avance en su destitución.

Según el diario Río Negro, el intendente, un contador que asumió en el cargo hace menos de un año, tiene un procesamiento por presunta estafa agravada contra la administración pública por el manejo de un subsidio del gobierno nacional a la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (Arbos).

El caso se remonta a 1999, cuando la Arbos estaba muy mal económicamente, a punto de quebrar, y recibió como subsidio del gobierno nacional 2.022.989 pesos para obras en el policlínico.

Según la publicación, “los tres aportes que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Administración de Programas Especiales no tuvieron rendición de cuentas ni aparecieron en el activo de la Asociación cuando se analizó su patrimonio en el proceso de quiebra”.

En la causa, junto con Goye fueron procesados dirigentes de los sindicatos de Gastronómicos, Comercio y la Uocra de Bariloche. El sindicato de Comercio es uno de los sospechados de haber participado en los saqueos de la semana pasada.

31/12/12 Página|12

GB

DESIGUALDADES E INCLUSION, POR HORACIO MURACCIOLE, OPINION

Los que menos tienen y los que acumulan
Por Jorge Muracciole

Un nuevo verano austral atraviesa las vidas de los argentinos. Seguramente después de las fiestas de Fin de Año el pensamiento de la ciudadanía estará centrado en la cuenta regresiva del inicio de sus vacaciones. Pero más allá de ese común denominador que genera la fiebre veraniega, las profundas distancias entre los que menos tienen y los que claman por el fin del cepo cambiario se expresan en múltiples indicadores que se tornan incontrastables.

Unos, los que apenas llegan a fin de mes, cambiarán su rutina laboral por unos días arreglando cosas en la casita aún sin terminar, con el consuelo de estar trabajando en mejoras que redundarán en su vida en familia. Alguna escapada al arroyo más cercano y la posibilidad de extender el horario nocturno, antes de ir a descansar, tomando fresco en el terreno que desde hace poco tiempo escrituraron a su nombre por el plan de regularización de asentamientos territoriales.

Para aquellos centenares de miles que recuperaron un trabajo en blanco y pueden tomarse vacaciones pagas en su laburo, si consiguieron ahorrar unos pesos en el transcurso del año, o en su defecto haciendo uso de sus tarjetas, significará irse unos días a la costa. Siempre que hayan tenido la suerte de conseguir cupos en la amplia red de hoteles sindicales, aunque más no sea un fin de semana largo o, en su defecto, turnarse con un familiar cercano o amigos en algún chalecito o departamento en la extensa costa del Atlántico Sur.

Para el trabajador de cuello y corbata las alternativas de compartir el alquiler un chalecito con amigos prorrateando la quincena, le permitirá garantizar su semana larga en la sierra o en la costa. O el alquiler de una cabaña que le permitirá poner a prueba en una larga travesía su 0 km, adquirido en cuotas, y disfrutar de unas vacaciones distintas en un paraje paradisíaco del sur cordillerano.


Aquellos con salarios más elevados podrán aprovechar el mix de tarjeta y dólar bajo, para finanaciarse el paseo, según sus posibilidades, por balnearios cariocas o del sur brasileño. Para ese grupo selecto que tiene el privilegio de ingresos en cinco cifras –y que conforman un heterogéneo conglomerado constituido por propietarios agrarios enriquecidos con el boom de los precios internacionales de la soja de la última década, ademas de otros grandes y medianos rentistas rurales y urbanos, como también profesionales de actividades liberales de ingresos altos o cargos gerenciales de empresas multinacionales–, seguramente distribuirán su tiempo vacacional en veraneos en balnearios top de la Argentina, o en sus propiedades en Punta del Este, intercalando las estadías veraniegas con los habituales viajes de placer en el invierno austral al Viejo Continente, o a la Península de Florida, o la mismísima New York en Estados Unidos de América.

Estas amplísimas y desiguales formas de vacacionar, no sólo expresan los dispares niveles de ingresos entre propietarios y trabajadores sino que, en esa suerte de degrade de capacidades adquisitivas, la amplitud de rango de esa heterogénea constelación salarial entre un trabajador en negro, un empleado incluido en normas convencionales y las diversas categorías de asalariados de alto rango. Más allá de esta clasificación existe esa élite que no supera el 1% de la población, donde los tours de placer, las recurrentes vacaciones y los viajes de negocio son una intrincada madeja de difícil separación. A estos se los identifica de manera genérica con familias que durante décadas han decidido el destino de nuestro país. Esas grandes fortunas que entrelazan el histórico poder económico con el capital financiero, la renta diferencial de la tierra, y sus múltiples y diversificadas relaciones internacionales en el actual escenario de globalización. Ellos forman parte del llamado poder real más allá de los votos, la legalidad democrática y las vicisitudes de una supuesta voluntad soberana de la ciudadanía.

La paradoja de estas desiguales formas de vida y sus correspondientes usos del ocio tienen consecuencias en la subjetividad de los distintos grupos sociales que la conforman y su singular cosmovisión de la sociedad que les toca vivir. Lo curioso es que, a pesar de su trabajosa existencia y sus modestos lapsos vacacionales, los sectores más vulnerables de la sociedad post Convertibilidad valoran en general los logros en materia de inclusión y sus pequeño grandes progresos en materia de existencia cotidiana en términos comparativos respecto del lugar que ocupaban en el modelo neoliberal de los años noventa. Lo cierto es que en el imaginario de los nuevos incluidos y asalariados de capas bajas, el proyecto de desarrollo con inclusión es, a pesar de las asignaturas pendientes y de ciertas privaciones, una realidad y una esperanza de mejoras en su calidad de vida de cara al futuro.

Paradójicamente, según se va subiendo en la escala salarial o en los niveles de ingresos, las visiones del proyecto en curso van perdiendo adeptos.

Y en los asalariados de alto rango que ocupan puestos más cercanos a las gerencias, la tendencia crítica crece, a pesar de la existencia de no pocas excepciones. Cuando se llega a la cúspide de la pirámide social, la relación de la base favorable a las políticas de Estado se invierte en una posición claramente crítica a las políticas kirchneristas, en una suerte de cosmovisión que añora el disciplinamiento del Estado a las necesidades del capital y las grandes corporaciones, con un potente reforzamiento mediático de los medios conservadores. En busca de la consolidación de un sentido común que ligue a importantes sectores de los trabajadores al ideario privatista y neoliberal. En materia de paradojas el verano no será la excepción: los que menos tienen seguirán demostrando su infinita paciencia, en contraposición con aquellos a los que mejor les va, a pesar de ser parte determinante de los indignados del cepo cambiario, la inseguridad delincuencial y convertirse en los sempiternos adalides del libre mercado.

31/12/12 Tiempo Argentino

GB

ALTARES POPULARES.

Altar popular

Por Horacio Sacco


Las mismas escenas de un lejano y lluvioso julio de 1952, que solo vi en fotos grises, se repiten en la historia de los pueblos como una ceremonia inexorable que de golpe y porrazo dibuja la desgracia.

La misma procesión de lágrimas, de tristeza infinita, se reitera hasta el agobio. Ellos marchan juntos en dolorosa comunión solidaria y muestran sin vergüenza ni pudor la desnudez de su alma desgarrada.
Mágicamente replican, con dolorosa urgencia, el mismo altarcito, tan simple, tan brutalmente sincero y honesto. Solo una foto ajada, una vela prendida y nada más. Salvo una columna invisible y doliente que parece llegar hasta el cielo y preguntar a dios ¿por qué?, ¿por qué nos hacés esto?

Lo vi -lo viví- con Néstor, las lágrimas están tibias todavía. Lo vuelvo a ver con la enfermedad de Chávez. Algunos lo llaman populismo. Yo lo llamo amor y gratitud. Porque son siempre los más pobres, los grasitas de Eva, siempre los mismos los que más agradecen, siempre los mismos los que más sufren, siempre los mismos los que nunca traicionan.

No sé que pasará con Chávez, pero ya hay algo seguro: los que merecen estar en un altar del pueblo viven para siempre.


Horacio Sacco, al filo de la medianoche, 31 de diciembre de 2012.

GB

SI FALTARA CHAVEZ....

Si faltara Chávez
Por Néstor Franciawww.aporrea.org

Hay que reconocer crudamente la posibilidad de que Chávez se ausente definitivamente. Por más duro que parezca, es deber de las vanguardias políticas, sociales y comunicacionales prepararse mental y espiritualmente para lo peor, de manera de estar listos para enfrentar el inconmensurable dolor que nos embargaría y sobrepasarlo de inmediato para salir a las calles, a las pantallas, a los micrófonos, a las redes sociales para ayudar a levantar el ánimo del pueblo, proyectarle fortaleza, llamar a la más férrea unidad y a la lucha sin cuartel en defensa de la Revolución Bolivariana.

En lo inmediato, tendríamos que afrontar nuevas elecciones presidenciales. Ante algo como eso, sería nuestro primer deber mantener al pueblo unido, suspender temporalmente cualesquiera divergencias o acción de corrientes, y respaldar con la solidez de la roca al candidato de Chávez, Nicolás Maduro, y elegirlo como nuevo Presidente.

Sin duda que se revelarían todos los fantasmas. Los externos y los internos, los que pululan en el campo contrarrevolucionario y los que medran en el seno de la revolución. Esto supondría la apertura de un nuevo período lleno de peligros y también de nuevas expectativas. Se pondría a dura prueba la solidez de esta revolución y la conciencia del pueblo venezolano. Si lográramos salir airosos de un trance como ese, la Revolución Bolivariana aumentaría su luz como el faro del mundo nuevo, si no, quedaríamos en eterna deuda con los pueblos del mundo, y nuestra lucha continuaría en nuevas y mucho más complicadas condiciones.

En el mediano plazo, una vez logrado el objetivo de elegir Presidente a Nicolás Maduro, tendríamos que:

Mantenernos fieles a la Constitución Bolivariana votada por el pueblo.

Mantener el carácter democrático abierto de nuestra Revolución, permitiendo que siga existiendo una oposición contrarrevolucionaria con derecho a expresar sus opiniones y presentar candidatos a las distintas elecciones previstas.

Al mismo tiempo, profundizar el debate con esa oposición y llevarlo a todos los rincones con el pueblo en la calle, para contribuir al crecimiento de la conciencia revolucionaria y a que Venezuela se prepare para las grandes batallas que estarían planteadas, ya que la contrarrevolución creería llegado el momento de lanzar su contraofensiva final.

Evitar que la lucha de tendencias en la Revolución, que se desataría ante la ausencia del líder, se convierta en un factor incontrolable de división. Procesar las diferencias con el método del debate abierto con participación masiva del pueblo, y que este asuma las decisiones, si es necesario a través de métodos electorales
Continuar desarrollando el programa de la Patria 2013-2019 y la lucha por mayor eficiencia en la gestión de Gobierno.

Afianzar el desarrollo de una real dirección colectiva de la Revolución en todos sus niveles

Seguir la lucha en todas las regiones y localidades por la creación y crecimiento del Estado Comunal.

Prepararse con ahínco para la Guerra del Pueblo, ya que el imperialismo aumentará sus presiones y agresiones contra la Revolución.

Profundizar el desarrollo de la Integración Latinoamericana como herramienta fundamental de la independencia de nuestros pueblos, manteniendo vivos todos los organismos y todas las acciones emprendidas bajo el liderazgo de Chávez.

Mantener el corazón ardiendo y la mente fría, así como la creatividad, la libertad de expresión en el seno de la Revolución y la disposición al debate fraterno, y evitar la tentación del “todo o nada” en la lucha por el poder que se desataría entre las tendencias políticas e ideológicas presentes en la Revolución. Promover el diálogo y la capacidad de negociación en el seno del movimiento revolucionario. Y a fin de cuentas, permitir que sea la opinión consciente de la mayoría la que marque el camino.

Este artículo lo he escrito tras una noche muy dura y dolorosa. Llamo a todos a expresar se abiertamente y a reconocer la posibilidad de que nos falte el gran líder en algún momento, para ir preparando esta casa del amor que es la Revolución, antes de que se nos llene de lágrimas.

De todas formas, nuestra esperanza de que nuestro querido Chávez se recupere continúa viva.

Con Chávez viviremos y venceremos.

¡Viva Chávez!

31/12/12 - www.aporrea.org/actualidad/a156810.html
GB, VIVA...!!