Por Mariano Beristain
El conflicto político que desató el sector más anquilosado de la Mesa de Enlace, encabezado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), muestra que aún hay tallos firmes de la patria corporativa empresarial que se resisten al cambio y que utilizan el ánima de los productores para defender intereses propios.
En nombre de la "épica" batalla en contra de la Resolución 125, que le permitió al Partido del Campo resistir (con el recordado apoyo en el Senado del radical y ex vicepresidente Julio César "Cleto" Cobos) la aprobación de las retenciones móviles a los granos, Eduardo Buzzi y Luis Etchevere, quieren arriar al ruralismo y a un segmento de la clase media, utilizándolos como quinta columna contra el gobierno.
Sin embargo, las razones que impulsan este nuevo conflicto y las circunstancias políticas ya no son las mismas. En el 2008, más allá de las críticas que se podían formular por el excesivo afán de lucro de los ruralistas, la Mesa de Enlace, se arropó con la bandera argentina con la excusa de que la 125 afectaba los intereses económicos del campo.
Dejando por un momento de lado el debate por legitimidad o no del reclamo, el trío de patrones rurales encabezados por Hugo Biolcati (SRA), Eduardo Buzzi (FAA) y el sutil Alfredo De Angelis, de la Federación Agraria de Entre Ríos, supieron transformarse en voceros y capitalizar la incertidumbre de un heterógeneo grupo de productores que temía por las consecuencias que podía tener la aplicación de las retenciones móviles en la rentabilidad de sus campos.
Aunque la aplicación efectiva de la 125 no afectará a los pequeños y medianos productores como intentó explicar el gobierno infructuosamente, el cambio en las reglas de juego y la efectiva campaña que logró instalar la corporación mediática-agraria (que incluyó entonces la contratación de una consultora especializada y el acompañamiento permanente de la dupla Clarín-La Nación) despertó una sensación confiscatoria entre los ruralistas y los sectores medios.
La victoria de 2008 de la Mesa de Enlace también contó con la ayuda de la torpeza histórica de Martín Lousteau, que recomendó en primera instancia la promulgación lisa y llana de la 125, que después quedó definitivamente sepultada en el Congreso, sin tomar en consideración que las estructuras tradicionales del campo se mantenían intactas, lo mismo que su poder de fuego.
La torpeza de Lousteau, un hombre dotado con gran capacidad para venderles libros de economía a señoras pudientes con tiempo libre, pero con escaso olfato político, también fue determinante porque sumado a otros errores, llevó al gobierno a un callejón sin salida.
Ahora, la realidad es otra, con raíces distintas, en las que no se pone en juego ningún interés particular de los productores sino que está teñida esencialmente por la defensa de derechos corporativos de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que lo único que buscan, en definitiva, es tratar de darle un marco épico a la defensa de dichos intereses
El conflicto político que desató el sector más anquilosado de la Mesa de Enlace, encabezado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), muestra que aún hay tallos firmes de la patria corporativa empresarial que se resisten al cambio y que utilizan el ánima de los productores para defender intereses propios.
En nombre de la "épica" batalla en contra de la Resolución 125, que le permitió al Partido del Campo resistir (con el recordado apoyo en el Senado del radical y ex vicepresidente Julio César "Cleto" Cobos) la aprobación de las retenciones móviles a los granos, Eduardo Buzzi y Luis Etchevere, quieren arriar al ruralismo y a un segmento de la clase media, utilizándolos como quinta columna contra el gobierno.
Sin embargo, las razones que impulsan este nuevo conflicto y las circunstancias políticas ya no son las mismas. En el 2008, más allá de las críticas que se podían formular por el excesivo afán de lucro de los ruralistas, la Mesa de Enlace, se arropó con la bandera argentina con la excusa de que la 125 afectaba los intereses económicos del campo.
Dejando por un momento de lado el debate por legitimidad o no del reclamo, el trío de patrones rurales encabezados por Hugo Biolcati (SRA), Eduardo Buzzi (FAA) y el sutil Alfredo De Angelis, de la Federación Agraria de Entre Ríos, supieron transformarse en voceros y capitalizar la incertidumbre de un heterógeneo grupo de productores que temía por las consecuencias que podía tener la aplicación de las retenciones móviles en la rentabilidad de sus campos.
Aunque la aplicación efectiva de la 125 no afectará a los pequeños y medianos productores como intentó explicar el gobierno infructuosamente, el cambio en las reglas de juego y la efectiva campaña que logró instalar la corporación mediática-agraria (que incluyó entonces la contratación de una consultora especializada y el acompañamiento permanente de la dupla Clarín-La Nación) despertó una sensación confiscatoria entre los ruralistas y los sectores medios.
La victoria de 2008 de la Mesa de Enlace también contó con la ayuda de la torpeza histórica de Martín Lousteau, que recomendó en primera instancia la promulgación lisa y llana de la 125, que después quedó definitivamente sepultada en el Congreso, sin tomar en consideración que las estructuras tradicionales del campo se mantenían intactas, lo mismo que su poder de fuego.
La torpeza de Lousteau, un hombre dotado con gran capacidad para venderles libros de economía a señoras pudientes con tiempo libre, pero con escaso olfato político, también fue determinante porque sumado a otros errores, llevó al gobierno a un callejón sin salida.
Ahora, la realidad es otra, con raíces distintas, en las que no se pone en juego ningún interés particular de los productores sino que está teñida esencialmente por la defensa de derechos corporativos de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que lo único que buscan, en definitiva, es tratar de darle un marco épico a la defensa de dichos intereses
Tanto el reclamo de la Sociedad Rural como la airada queja de Federación Agraria responden a intereses gremiales empresarios muy alejados de los productores.
A saber: el predio de Palermo que pertenecía a la Sociedad Rural y que el Estado renacionalizó hace diez días era propiedad de una entidad que prácticamente no tiene asociados y cuyo predio los productores sólo visitaban una vez por año con motivo de la exposición agraria. Además, tenían que pagar el canon por la colocación de un stand o con comprar el boleto si eran visitantes.
En realidad, tal y como publicó Tiempo Argentino, la explotación del predio ferial era compartida por la compañía La Rural SA y el Grupo Fénix, de Diego Finkelstein y Marcelo Fígoli. En definitiva, los únicos beneficiarios del usufructuo de todas las actividades y exposiciones que se hacían en el predio de la Rural era la selecta Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y su entorno. Nunca está demás recordar que la Rural compró el predio en diciembre de 1991 al entonces presidente Carlos Menem en condiciones realmente ventajosas.
Pagó 30 millones de pesos-dólares cuando entonces la tasación del Banco Ciudad y el Hipotecario indicaron que valía más de 130 millones de pesos-dólares.
Una ganga, sobre todo si se toma en consideración que se comprometió a pagarlo con dos adelantos de 3 y 7 millones de dólares y los 20 millones restantes en diez cuotas anuales.
Sin embargo, nunca terminaron de pagar. Tanto es así que se inició una causa judicial por la cual aún se encuentran procesados 11 directivos de la Sociedad Rural y el ministro de Economía Domingo Cavallo. El Estado recuperó un predio cuya operación de compra-venta está marcada por las irregularidades y cuyos reditos económicos quedaban en manos de un grupo de ejecutivos de la Rural y las empresas que se encargaban de la explotación comercial del predio. Los productores que ahora la Sociedad Rural quiere sumar a la patriada anticonfiscatoria del gobierno jamás vieron un peso, excepto las vacas y los animales que participaban de la exposición. El afán nacionalista de la Federación Agraria tampoco responde a la defensa de los derechos de los chacareros ni a un resguardo de los intereses del ruralismo del interior del país. El jueves pasado, se publicó una resolución que le quitó a la Federación Agraria un negocio que le permitía recaudar a Eduardo Buzzi unos $ 30 millones anuales vendiendo el Formulario 1116 B y C, que se utiliza para constatar las operaciones de compra-venta de granos y las consignación.
Cada formulario costaba $ 35 y le garantizaba a Buzzi una caja de $ 2,5 millones mensuales para desarrollar sus ambiciones políticas. Ahora, esa operación, clave para controlar las operaciones del sector granario, se hará por vía electrónica y quedará en manos del Estado.
Lejos quedaron los tiempos en que la Federación Agraria y la Sociedad Rural hacían lobby por los intereses del campo, ahora detrás del escudo patrio sólo se esconde la defensa de intereses corporativos y la búsqueda de un sustento económico para desarrollar un proyecto político personalista.
30/12/12 Infonews
A saber: el predio de Palermo que pertenecía a la Sociedad Rural y que el Estado renacionalizó hace diez días era propiedad de una entidad que prácticamente no tiene asociados y cuyo predio los productores sólo visitaban una vez por año con motivo de la exposición agraria. Además, tenían que pagar el canon por la colocación de un stand o con comprar el boleto si eran visitantes.
En realidad, tal y como publicó Tiempo Argentino, la explotación del predio ferial era compartida por la compañía La Rural SA y el Grupo Fénix, de Diego Finkelstein y Marcelo Fígoli. En definitiva, los únicos beneficiarios del usufructuo de todas las actividades y exposiciones que se hacían en el predio de la Rural era la selecta Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y su entorno. Nunca está demás recordar que la Rural compró el predio en diciembre de 1991 al entonces presidente Carlos Menem en condiciones realmente ventajosas.
Pagó 30 millones de pesos-dólares cuando entonces la tasación del Banco Ciudad y el Hipotecario indicaron que valía más de 130 millones de pesos-dólares.
Una ganga, sobre todo si se toma en consideración que se comprometió a pagarlo con dos adelantos de 3 y 7 millones de dólares y los 20 millones restantes en diez cuotas anuales.
Sin embargo, nunca terminaron de pagar. Tanto es así que se inició una causa judicial por la cual aún se encuentran procesados 11 directivos de la Sociedad Rural y el ministro de Economía Domingo Cavallo. El Estado recuperó un predio cuya operación de compra-venta está marcada por las irregularidades y cuyos reditos económicos quedaban en manos de un grupo de ejecutivos de la Rural y las empresas que se encargaban de la explotación comercial del predio. Los productores que ahora la Sociedad Rural quiere sumar a la patriada anticonfiscatoria del gobierno jamás vieron un peso, excepto las vacas y los animales que participaban de la exposición. El afán nacionalista de la Federación Agraria tampoco responde a la defensa de los derechos de los chacareros ni a un resguardo de los intereses del ruralismo del interior del país. El jueves pasado, se publicó una resolución que le quitó a la Federación Agraria un negocio que le permitía recaudar a Eduardo Buzzi unos $ 30 millones anuales vendiendo el Formulario 1116 B y C, que se utiliza para constatar las operaciones de compra-venta de granos y las consignación.
Cada formulario costaba $ 35 y le garantizaba a Buzzi una caja de $ 2,5 millones mensuales para desarrollar sus ambiciones políticas. Ahora, esa operación, clave para controlar las operaciones del sector granario, se hará por vía electrónica y quedará en manos del Estado.
Lejos quedaron los tiempos en que la Federación Agraria y la Sociedad Rural hacían lobby por los intereses del campo, ahora detrás del escudo patrio sólo se esconde la defensa de intereses corporativos y la búsqueda de un sustento económico para desarrollar un proyecto político personalista.
30/12/12 Infonews
GB
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