El macrista Rodrigo Posse criticó la política del Gobierno nacional en la materia. Defendió al represor Jorge D´Amico. (Foto: Posse está ubicado a la izquierda de Macri).
Por Nicolás Adet Larcher
A unos pocos días de cumplirse los 39 años del Golpe de Estado en Argentina, Rodrigo Posse, empresario nocturno y referente del PRO en Santiago del Estero, fue entrevistado por Radio Universidad, perteneciente a la Universidad Nacional de dicha provincia. El tema central de la nota era el acuerdo llevado a cabo entre la UCR y el PRO. Posse, comenzó hablando de dicho pacto político, para luego extenderse en las críticas hacia el kirchnerismo.
El conductor del programa, Sergio Salerno, consultó al entrevistado sobre la política de Derechos Humanos llevada adelante por el gobierno nacional. Inmediatamente, el referente del PRO en Santiago brindó su opinión citando a Graciela Fernández Meijide, argumentando que este era un gobierno que lo único que logró fue “bastardear las instituciones de Derechos Humanos”. Comentó que a su parecer, “cuentan una historia cambiada” y que la misma se le quiere “imponer a los chicos en la escuela”.
“Creo que ha habido una caza de brujas demasiado grande” explicó Posse. En la entrevista le recordaron las condenas en la provincia a varios represores, como Musa Azar, Ramiro López y Tomás Garbi. Posse reconoció que en esos casos las condenas habían sido certeras, pero objetó la de Jorge D’ Amico porque “no tenía ninguna responsabilidad” y “era joven”.
Siguiendo con la entrevista, Posse expresó que “les cabe idéntica responsabilidad a Montoneros, ERP y a los militares” argumentando que “Montoneros y ERP comenzaron sus ataques durante gobiernos democráticos” y que muchos de ellos tenían algún tipo de relación con el Estado, “recibían dinero de alguna forma indirecta”.
A continuación, ofreció ejemplos a seguir en cuanto a una reconciliación y dijo que “habríamos demostrado mejor grandeza” siguiendo el ejemplo de Nelson Mandela. Afirmó que allí, quienes habían formado parte del Apartheid, “declaraban y contaban la verdad, teniendo un cierto perdón” pero que por estos crímenes cometidos, “no podían ejercer cargos públicos, perdían su jubilación” y se llevaba a cabo “un juicio de perdón”.
Críticas
Luego de la opinión de Posse, el presidente del Instituto de Espacio por la Memoria, Luis Garay, salió al cruce de los dichos del referente del PRO en la misma radio. Garay dijo “son palabras que representan al papel que juega y a las ideas del partido que él sostiene. Se contradice diciendo que debería ser una política de estado y no de gobierno. Yo entiendo que al estado lo maneja un gobierno, nunca vi que los derechos humanos estén despolitizados, los derechos humanos son política”.
Garay se refirió a “una mirada clasista” al mencionar que Rodrigo Posse solo dijo que la condena la merecían López, Musa Azar y Garbi. En palabras de Garay “D’Amico no la merece, porque es el militar, perteneciente a un sector de clase social que representa el señor Posse y a quien quiere caer en gracia evidentemente”. Concluyó que “está probado en la justicia la asociación ilícita” existente entre ellos, “donde D’Amico fue jefe de ellos en algunos casos”.
Quién es D´Amico
El represor defendido por Rodrigo Posse, Jorge D’Amico, fue condenado el año pasado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. D’Amico era jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 en Santiago y se encargaba de la parte de Inteligencia del Departamento de Informes Policiales (D-2) en la provincia. Luego, ya en democracia, fue “carapintada” durante el gobierno de Raúl Alfonsín y funcionario del régimen de Carlos Juárez. Antes de la perpetua del año pasado, D’Amico ya contaba con otras dos condenas por hechos vinculados a la dictadura militar.
Según el argumento del referente del PRO en Santiago, existe una “caza de brujas” desde el Gobierno Nacional hacia los militares, endilgando a la justicia de que la misma actúa en base a subjetividades y no a pruebas concretas. Este argumento de Posse queda dilapidado si uno accede a los números. Hasta el año 2012, según estadísticas llevadas a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se habían llevado a cabo 253 condenas y 20 absoluciones, lo que demuestra que cuando la prueba no es suficiente el imputado es liberado, respetando sus garantías.
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