“A los jueces en un contexto autoritario se les debe exigir que estén del lado de las víctimas”

Entrevista a Juan Pablo Bohoslavsky, editor del libro ¿Usted también, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura (Siglo XXI). “La Corte Suprema y el Poder Judicial no han hecho ese ejercicio de reflexionar acerca de cuál fue su contribución al proceso y eventualmente pedir disculpas a la sociedad en general pero a las víctimas en particular”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cómo se puede analizar la dimensión civil de la dictadura?

Juan Pablo Bohoslavsky: Hay información pública disponible y otra más o menos disponible, hay que ir a las fuentes, recolectar información, sistematizarla. Por ejemplo la jurisprudencia de la Corte es conocida, fácilmente accesible. Pero un tema que hasta ahora no se había investigado es el rol que tuvo la Procuración del Tesoro de la Nación y en general el servicio civil en asistencia jurídica del Poder Ejecutivo y ahí se tuvo que hacer un mayor esfuerzo a la hora de investigar. Esto en lo fáctico, en lo empírico. En la cuestión conceptual este tema en particular está muy subdesarrollado, no solamente en Argentina sino a nivel internacional: el rol de los jueces en contextos autoritarios. Así que de alguna manera fue un gran  desafío tratar de construir el marco jurídico que nos permitiera entender cuál era la relevancia real del poder judicial en el proceso.

APU: Incluso en el libro, Alegre y Franzki discuten el concepto del golpe cívico-militar.

JPB: Sí, el libro plantea preguntas crudamente y es muy plural en ese sentido. Por ejemplo los dos capítulos que examinan la jurisprudencia de la Corte Suprema no tienen el mismo punto de vista, hay un capítulo que le da mayor importancia a las disidencias internas que había en la Corte. Con esto quiero decir que el fenómeno de investigar es muy complejo y puede ser interpretado y mirado de diferentes perspectivas. Particularmente la sección final que mencionabas antes Hannah Franzky que es una jurista alemana y Mariano Alegre que es profesor de la UBA y yo discutimos acerca del concepto mismo de dictadura cívico-militar. Marcelo Alegre hace una pregunta muy provocativa que es muy interesante ¿estamos seguros que los jueces, hoy, asumirían una posición muy diferente a la que tomaron la mayoría en 1976 si hubiera un golpe de estado? Es una pregunta interesante y abierta, si los jueces de hoy son intrínsecamente distintos a los del 76.

APU: En relación con eso también plantean la pregunta sobre lo que podrían haber hecho los jueces en ese contexto.

JPB: Esta es una pregunta que también trata de contestarse el derecho internacional, qué se les debe exigir a los jueces en un contexto autoritario. Se les debe exigir que, al igual que en democracia, estén del lado de las víctimas, de los débiles, de los grupos vulnerables. Esto significaba, en el caso concreto de Argentina, hacer indagaciones acerca de los desaparecidos, cosa que no sucedió en la inmensa mayoría de los casos. Esa es una opción que algunos, que un puñado de funcionarios judiciales decidieron transitar. Otra opción es renunciar, cuando los jueces no pueden resistir la presión omnímoda de parte del Estado para poder ejercer libremente, de manera independiente sus funciones básicas, existe la obligación de renunciar y esto no sucedió. Es un ejercicio contrafáctico pero no deja de ser interesante ¿qué hubiese sucedido si el 25 de marzo del ´76 todos los funcionarios judiciales hubieran renunciado porque se subvirtió el orden constitucional y ya no son más jueces de la Constitución? Es muy difícil saber qué hubiera pasado, pero no tengo duda que la Junta, que le daba mucha importancia a la pantomima de mantener en pie algo más o menos parecido a un estado de derecho, la junta difícilmente hubiera podido resistir el costo de reputación que eso hubiera implicado; tanto para conseguir apoyo político y social interno como frente a su imagen ante la comunidad internacional. Con seguridad, si todos los funcionarios hubieran renunciado el 25 de marzo del ´76, el final de esta historia hubiera sido un poco menos trágico.

APU: ¿Por qué se puede hablar de una colaboración activa del Poder Judicial con la dictadura?

JPB: El libro trata de hacer justicia en el examen o en el estudio de los funcionarios que actuaron durante esa época. Así no hubo una capitulación generalizada pero al mismo tiempo hace un examen microscópico de qué hizo cada uno, por lo menos de cada uno de los que decidimos investigar. En la introducción se plantea que hubo tres grande grupos.

El primero que se denomina cómplices militantes, es decir, funcionarios que estaban comprometidos ideológicamente con la Junta, que tenían una animadversión especial contra las víctimas. En esta categoría se ubican los casos de complicidad más extremos: desde participar en indagatorias a prisioneros ilegales que fueron torturados, participar en consejos de guerra juzgando civiles, manipulación de expedientes judiciales para dar en adopción chicos cuyos padres habían sido desaparecidos, maniobras para disimular las causas de muerte, de cadáveres que llegaban a la morgue con veinte disparos y que eran despachados como muerte natural.

Luego la inmensa mayoría de los funcionarios se ubica en lo que la introducción denomina comocómplices banales: no tenían una especial animadversión o un compromiso contra las víctimas o con la Junta pero por una serie de motivos banales, por acción u omisión, eran funcionales a la Junta. Por temor a la represalia, porque tenían interés profesional en ser promovidos, porque creían que estaban en algo parecido a un estado de derecho, porque había una Corte Suprema que estaba formalmente funcionando. Esta complacencia banal se manifestaba, en términos judiciales, en indagaciones superficiales, tramitar un habeas corpus pidiendo informes a un comando y frente a la información de que esa persona no está cerrar los expedientes, son cómplices en el sentido de que fueron funcionales.

Y por otro lado, un puñado, por lo menos lo que pudimos investigar nosotros, de funcionarios judiciales que cumplieron con su rol, estar de lado de las víctimas, indagar, hacer allanamientos, insisto en que se trató de un puñado de éstos en todo el país.

APU: También se habla de la función que puede cumplir el Poder Judicial dentro de una dictadura: control social y legitimación.

JPB: Por un lado la Corte convalidó las normas represivas, la regulación del derecho a salir del país en un estadio de sitio, convalidó también el rechazo de los habeas corpus confirmados por las cámaras, en general convalidó las políticas represivas de la dictadura. Lo que pasa es que facilitó el control social de la población mediante métodos criminales y, por otro lado, prestaba legitimidad a la Junta mediante un uso cínico del Poder Judicial como institución. Por un lado la Corte Suprema nunca puso de manifiesto la dimensión sistemática de la violación de derechos humanos, a pesar de haber tomado conocimiento formal a través de los casos. Claramente acompañaba por omisión, es decir no exigiendo a los jueces de instancias inferiores investigar  la política represiva, pero al mismo tiempo la Junta y la propia Corte entendían que la imagen de independencia judicial era muy importante.

En algunos pocos casos la Corte hizo algunas correcciones de excesos de la Junta, por ejemplo cuando se había regulado el derecho a la opción de salir del país y quedaba a discreción total de la Junta, ahí hizo unos pequeños ajustes, siempre sin mostrar la dimensión sistémica del terrorismo de estado. En uno de esos casos, de esta corrección ornamental que hizo la jurisprudencia, hay una anécdota que contamos en un capítulo: Videla recibe de manos del presidente de la Corte una sentencia ordenándole la liberación de una persona (esto es un caso de cada cinco mil habeas corpus) y Videla le dice “lo felicito doctor, en Argentina hay justicia”. Esto da la pauta que tanto para la Junta como para la Corte la imagen de independencia era importante, porque implicaba, de alguna manera, legitimar a la Junta y su política represiva. En ese sentido, la Corte también cumplió con el rol que esperaba la Junta, por supuesto, porque todos los miembros de la Corte fueron designados por la Junta Militar a pocos días del golpe.

APU: En cuanto a la Corte, remarcan que hay una complicidad especial en lo que es la legislación laboral.

JPB: Hay un capítulo muy interesante de un jurista cordobés, Horacio Chicuri, que se tomó e trabajo de analizar específicamente la jurisprudencia en materia laboral e, invariablemente, la Corte le recortó derechos individuales y colectivos a los trabajadores, esto era consistente también con la política económica de la dictadura.

APU: También está mencionado el papel de los abogados de parte de la familia judicial.

JPB: Hubo complicidad en dos planos: uno gremial, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires explícita y públicamente apoya el régimen con solicitadas. Y por otro lado los abogados se dedicaron a la actividad académica, el capítulo se concentra en qué pasó en la Facultad de Derecho en la UBA durante el proceso. Y, mientras hubo algunas pocas voces que alertaban acerca de la subversión  del orden constitucional, hubo muchos jueces y muchos juristas y profesores que tuvieron un espacio protagónico en las editoriales jurídicas de la época que elaboraban argumentos acerca de la corrección desde el punto de vista jurídico del nuevo esquema Constitucional en la Argentina, donde el estatuto de la Junta se ubicaba al mismo nivel o por encima de la Constitución.

APU: ¿Por qué se tardó tanto en investigar esta parte de la complicidad civil?

JPB: Eso no lo sé. Sí tengo algunas pistas de por qué la sociedad argentina haya tardado tanto en procesar la dimensión judicial, lo mismo ha sucedido con la económica del proceso. La primera es que ha habido una información bastante limitada y dispersa acerca de lo que  hicieron los funcionarios judiciales, entonces es difícil entender que hay un sistema, una lógica, una racionalidad atrás del funcionamiento de la Corte, de los tribunales inferiores. Por otro lado es reciente que en Argentina, pero también en otros países, que la agenda de Verdad Memoria y Justicia pone el foco, no solamente en los actores represivos y militares, sino que también amplía su radar para entender el rol de los actores económicos, los medios de comunicación y también el Poder Judicial.

APU: El libro sale en un contexto en donde se discute el rol de la Justicia, ¿qué impacto cree que va a tener en esta discusión del presente?

JPB: Espero que enriquezca la discusión, que el Poder Judicial se mire al espejo, con respecto a lo que sucedió durante el proceso para contrastar fortalezas y sobre todo debilidades, de ese entonces y de ahora también. Es un ejercicio que no es estrictamente académico, es un ejercicio cívico. En la parte final del libro se propone la conformación de una comisión que debería estar conformada, no solo por miembros del Poder Judicial, para evitar corporativismo, que sea plural, con integrantes del poder ejecutivo, legislativo, sociedad civil, víctimas, académicos. Para indagar acerca de las puertas que este libro abre, y esto es sólo la punta del iceberg, queda mucho por saber y por entender acerca de cómo funcionaba el Poder Judicial como sistema y cuál era la contribución que le daba a la Junta. También hay una propuesta concreta para la Corte Suprema actual para que como cabeza institucional del Poder Judicial reflexione sobre el rol que tuvo en aquellos años; así como lo ha hecho el Estado Nacional cuando en los noventa se recompensó a las víctimas reconociendo la responsabilidad y desde 2003 a la fecha a habido muchos reconocimientos en lo simbólico.

La Corte Suprema y el Poder Judicial no han hecho ese ejercicio de reflexionar acerca de cuál fue su contribución al proceso y eventualmente pedir disculpas a la sociedad en general pero a las víctimas en particular. Esto puede tener un efecto de sanación importante para las víctimas, se trata de miles y miles de personas que presentaron habeas corpus, y en pocas horas en algunos casos fueron rechazados. No sería algo inédito en Argentina, en el 2013 la Asociación Nacional de Magistrados chilenos y la propia Corte chilena hicieron este ejercicio de reflexión pidiendo disculpas  por la capitulación colosal del poder judicial durante el pinochetismo. Sería sano que lo haga también la Corte Suprema porque sería una buena oportunidad para enviar un mensaje a toda la sociedad, pero sobre todo al Poder Judicial acerca de la importancia que tiene que los funcionarios judiciales siempre deben estar del lado del más débil, más desprotegido y más vulnerable, sea en contexto democrático o autoritario.

APU: Parte de esto sucede, como en el caso de los jueces de Mendoza. ¿Cómo analiza eso, cómo reacciona la familia judicial?

JPB: Yo tengo dificultades con el concepto de familia judicial porque dentro del Poder Judicial hay funcionarios con diferentes visiones acerca de cómo interpretar la promesa ínsita que trae el derecho. Con lo cual habría que analizar caso por caso, al igual que intentamos hacerlo en otros casos del proceso, había jueces verdaderamente heroicos y otros que eran sus propias victimas prisioneros de las mesas de tortura y otros que no indagaban porque esperaban un ascenso como camaristas.

APU: ¿Cómo cree que se realizan los juicios?

JPB: Hay mucha expectativa con el juicio en Mendoza, después de los tribunales militares de Núremberg donde se juzgaron a varios jueces alemanes que habían contribuido al régimen nazi, incluso algunos funcionarios del ministerio de justicia, fueron efectivamente condenados. Desde ese juicio que terminó en el 48 hasta el día de hoy no ha habido en el mundo un caso en el que se haya investigado e imputado concretamente, que yo sepa, un sistema judicial, por su actuación en un estado de autoritarismo. Con lo cual, este juicio en Mendoza, es, desde todo punto de vista, único en cómo poner en acción los conceptos jurídicos, sociológicos, desarrollados en el libro. Y como el movimiento de derechos humanos puede materializar esta idea de que los anillos de responsabilidad pueden ampliarse para comprender los actores que tuvieron un papel notable durante el proceso, creo que hay mucha expectativa y es muy interesante como se está dando este porceso.

APU: Para terminar, ¿cómo surge el libro? ¿Cómo fue la convocatoria a los autores?

JPB: Tendría que hacer memoria, ya van dos años y medio aproximadamente desde que empecé a diseñar los posibles autores, que somos 28 personas. Supongo que es una progresión académica natural de la ampliación de la agenda de Memoria, Verdad y Justicia que, no solamente en Argentina sino a nivel internacional, focaliza más en el rol que juegan los actores no militares o policiales en contextos autoritarios. Se ha trabajado mucho el rol de los medios de comunicación, o los actores económicos en el libro Cuentas pendientes de 2013. Percibíamos que había un espacio que debía ser llenado en materia de investigación sobre el rol de los funcionarios judiciales y los abogado durante el proceso; y eso es lo que he intentamos hacer. No conocía a todos los autores, a algunos jamás los he visto, solamente por mail, espero conocerlos pronto en la presentación. Pero cada una de las personas que convoqué son especialistas, expertos investigadores de los temas sobre los cuales han escrito.