Por Irina Hauser
La Corte Suprema pidió por escrito que se tomen “con la mayor celeridad todas las medidas” que sean necesarias para que empiece el juicio oral por encubrimiento del atentado a la AMIA. Requirió un informe sobre “el estado general de la causa” y que se fije “la fecha en que se iniciará en definitiva el debate”. La exhortación está dedicada al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que tiene a cargo el caso, pero en el plano formal fue dirigida a Ana María Figueroa, la presidenta de la Cámara de Casación Penal Federal, que tiene facultades para imprimir exigencias o dar indicaciones a los jueces orales. El expediente lleva más de una década en trámite y desde hace dos años que está elevado a juicio sin avances.
La nota de la Corte está firmada por el secretario general, Alfredo Kraut, dice que la envía “por disposición de los ministros” y describe la causa como “de relevancia institucional”. El 9 de marzo último, representantes de Memoria Activa se habían reunido con el presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, y le plantearon sus quejas por las dilaciones en el inicio del juicio. “Nos dijo que se iba a ocupar, y parece que se hizo cargo. Hasta ahora en el Tribunal Oral nos daban argumentos como que no había sala disponible, pero además decidieron hacer primero el juicio por la tragedia de Once”, señaló Diana Malamud, de Memoria Activa, a Página/12. El escrito de la Corte informa que existen salas disponibles y que ya se designó un cuarto juez para el Tribunal Oral.
Sólo uno de los jueces del TOF2, su presidente, Jorge Gorini, coincide con los integrantes del tribunal que tiene la causa de Once, cuyas audiencias difícilmente terminen antes de fin de año. Para el juicio de AMIA la integración es diferente e incluye a miembros de otros tribunales: Karina Perilli y Néstor Costabel. El cuarto es Domingo Altieri. Gorini hasta ahora se ha negado a hacer los dos juicios a la vez. En diciembre del año pasado informó que proyectaba el de AMIA, con suerte, para el segundo semestre de 2015.
El expediente por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA se inició después que el Tribunal Oral Federal 3 anuló, al dictar sentencia en 2003, todo lo actuado en la causa sobre el ataque terrorista propiamente dicho, dijo que había sido todo un armado al servicio de intereses inescrupulosos y que los familiares de las víctimas tenían derecho a conocer la verdad. La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez Ariel Lijo y derivó en la elevación a juicio de algunos de los imputados: Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex número dos Juan Carlos Anchezar, el ex agente Patricio Finnen, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el desarmador de autos Carlos Telleldín, su esposa Anara Boragni y el abogado Víctor Stinfale, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y otro policía, Carlos Castañeda.
El juicio oral tendrá dos grandes ejes: uno será el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que diera una versión falsa, cambiando su declaración. En el juicio oral de más de diez años atrás quedó demostrado que el dinero había salido de la SIDE. En esta misma línea se juzgarán otros delitos asociados, como la privación de la libertad y extorsión a algunos testigos. El otro núcleo de las audiencias será el encubrimiento de la llamada pista siria, a partir de la vinculación a la investigación del ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul.
Los principales delitos que se juzgarán son encubrimiento, violación de medios de prueba, falsedad ideológica y abuso de autoridad. “Es increíble el tiempo que se ha perdido. Recién ahora se están moviendo cosas que pedimos hace mucho –dijo Malamud–. Desde la muerte de Alberto Nisman, a quien nosotros cuestionamos, esto se movió mucho más que en la última década. Esperamos el juicio este año.”
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