Habría que repolitizar el caso Nisman con el propósito de que no se siga frivolizando. Lamentablemente no son los medios de comunicación los únicos encargados de banalizar un asunto grave que tuvo en vilo al país y, en alguna medida, sigue generando un tipo de expectativa mala que tiene por objeto seguir saltando desde la plataforma Nisman para dañar al Gobierno.
Ciertos sectores de la política, los que apuestan todo a la ayuda de los medios opositores para absorber sus ideas corporativas y de ese modo poder tener algo que decir, han hecho del caso un melodrama lamentable. No han reparado en nada para amplificar las repercusiones de la muerte de Nisman, dañando la imagen del país con una cantidad de cuentos policiales en los que sólo podría creer un mal lector del género. Desde que “el Gobierno lo mandó a matar” hasta valorar ciegamente la denuncia incomprensible que Nisman hizo contra la jefa del Estado, no ha habido especulación irracional que no se haya hecho. Lamentablemente, hay grupos de argentinos que dan crédito a esas fantasías. Afortunadamente, esos grupos son de las minorías predispuestas a la agresión y no hacen un país.
En estos dos meses ocurrieron hechos cuya secuencia puede verse con transparencia en cada una de sus unidades: 1) El fiscal Nisman presenta una denuncia oscura e inexplicable contra la Presidenta, recorre los medios incendiarios de la Argentina y acuerda con la oposición más acérrima una exposición de la denuncia en el Congreso, a condición de que sea a puertas cerradas; 2) El oficialismo propone que la exposición sea abierta y televisada para todo el país, es decir que desde el primer momento el Gobierno quiere escuchar a Nisman y, por supuesto, hacerle preguntas; 3) Cuatro días más tarde el fiscal aparece muerto; 4) Los medios reaccionarios y la oposición irresponsable agitan sin ninguna prueba la idea de que a Nisman lo mataron, insinuando o diciendo directamente que por orden del Gobierno; 5) La inconsistente denuncia es la herramienta de la que la oposición y los medios asociados se sirven para darle una nueva forma a su odio ideológico contra el Gobierno, y lo hacen con un propósito explícito: que al país lo gobierne la aristocracia del Poder Judicial. La marcha del 18-F es la cara “popular” de esa maniobra.
Quienes se especializan en insistir que Argentina es un país en el que la necrofilia tiene un valor político –como si hubiera alguno donde no ocurriera lo mismo- deberían agregar a la lista el modo en que las fuerzas conservadoras se reúnen alrededor del fiscal muerto. Son esas fuerzas las que no quieren por nada del mundo que Nisman abandone el escenario que prepararon para él, y a las que no le importa si lo ocupa vivo o muerto.
Lo curioso es que giran alrededor de un vacío porque la denuncia es nada. Si la denuncia hubiera sido consistente estaríamos hablando de un tema de justicia. Al no serlo, el asunto y el golpe que recibió el Gobierno fueron exclusivamente políticos y buscaron el desastre institucional. Lo que queda es la actuación desesperada y cada vez menos efectiva de quienes reducen la política a un régimen de operaciones judiciales y publicidad “republicana”.
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