“Hubo contribuciones directas de jueces o fiscales para no avanzar en los juicios de lesa humanidad”

Entrevista a Carolina Varsky y Lorena Balardini, autoras del artículo El blindaje judicial, obstáculos a la investigación de crímenes de lesa humanidad, del libro ¿Usted también, doctor?.“Sin duda el desmantelamiento de la amnistía por la vía parlamentaria y judicial fue clave pero la respuesta de los sectores contrarios a los juicios dentro del Poder Judicial no se hizo esperar”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Por qué puede hablarse de la contribución de funcionarios judiciales para impedir la investigación de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar? ¿Cómo se dio esta obstaculización?

Carolina Varsky/ Lorena Balardini: Nosotras hemos identificado una serie de acciones de determinados miembros de Poder Judicial que hemos denominado "blindaje", en tanto implicó una serie de medidas para consolidar la amnistía primero, y para obstaculizar el avance de los juicios después. Durante la etapa de impunidad, cuando el juzgamiento estaba limitado a causas por apropiación de menores, el blindaje operó a partir de fallos adversos a la prueba por la identidad, a la vez que rechazando las presentaciones por el derecho a la verdad. Durante la etapa de juicios que comenzó con el desmantelamiento de las leyes de impunidad del 2001 en adelante, los elementos aún vigentes de ese blindaje buscaron que operara como un muro de contención, especialmente a partir de estrategias procesales dilatorias que impedían que los casos lleguen a juicio. Hubo contribuciones directas de jueces o fiscales para no avanzar, en algunos casos hasta se manifestaron a favor del Terrorismo de Estado.

APU: ¿Cuándo comienzan a aparecer las fisuras al blindaje del Poder judicial? ¿Cuál fue la importancia en ese marco de los Juicios por la verdad?

CV/LB: Identificamos la decisión de la CIDH en el caso Lapacó y la prerrogativa tomada por las Cámaras Federales de varias ciudades del país como uno de los primeros elementos que contribuyó a las fisuras en el blindaje, también los juicios en el exterior y la reactivación de algunos casos a partir de la "nueva ola de rendición de cuentas" que tiene un claro impulso a partir de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Sin duda el desmantelamiento de la amnistía por la vía parlamentaria y judicial fue clave pero la respuesta de los sectores contrarios a los juicios dentro del Poder Judicial no se hizo esperar. También contribuyeron los juicios realizados en el exterior contra represores argentinos, tanto por ciudadanos de países europeos como ejerciendo la jurisdicción universal

APU: ¿Cuáles son las acciones que les permiten hablar de un “embate directo contra la continuidad de los juicios?

CV/LB: En el capítulo identificamos las demoras de la Corte Suprema de Justicia en declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, y que una vez declarada la Cámara Nacional de Casación Penal protagonizó una serie de medidas que desdelo procesal buscaban impedir el avance de los juicios. Desde cuestiones de forma, como la composición de tribunales, como de fondo, como la declaración de inconstitucionalidad de los indultos a los acusados de las causas ESMA y Primer Cuerpo, que se demoró entre tres y cuatro años.

Siempre discutimos desde las herramientas que los integrantes del campo jurídico tienen, en este caso aprovechar las limitaciones propias del sistema penal para casos complejos y llevarlas a extremos de demoras y parálisis injustificadas. Es interesante ver que aún con la amnistía (el principal elemento del blindaje) fuera del juego, existían aún estrategias a la mano de los jueces contrarios a que se active el juzgamiento para impedir el avance de los juicios. Fue necesario un cambio nodal al interior de dicha Cámara y la implementación de diversas estrategias de reactivación para subsanar los obstáculos impuestos. Una situación similar se vive en la actualidad en tanto hay varias jurisdicciones con problemas de integración de Tribunales o juzgados.