Cosecha roja Por Adrián Murano

El establishment está feliz. De a poco va fraguando su estrategia de amontonar a la oposición en un mismo frente electoral y llegar a octubre con la esperanza de contar con un candidato propio capaz de vencer al postulante K. Ernesto Sanz, uno de los dirigentes locales que mejor sintoniza con los deseos de las elites sociales y los sectores concentrados de la economía, acaba de sumar a la otrora progresista Unión Cívica Radical en una UTE con el PRO, del millonario heredero Mauricio Macri, y la Coalición Cívica, de la inflamada Elisa Carrió. El pacto avanzó como una topadora sobre los restos de FAUNEN y ahora se dirige hacia Sergio Massa, que intentará vender cara su renuncia para salvar algo de la fortuna política –y económica– que invirtió en una campaña presidencial que ahora resulta inconveniente para los dueños del dinero y del poder.

Si la declinación de Massa se les presenta como pan comido, al Círculo Rojo le queda un desafío duro de roer: convencer a las mayorías populares que la nueva alianza será mejor que la que estalló en 2001 junto al país. Para eso disponen de un formidable aparato de propaganda que, al mando del multimedios Clarín, intentará custodiar las espaldas del candidato y atacar al oponente que compita por la escudería K. Esta semana, justo después de la convención radical que corroboró la UTE, el Grupo dejó en claro que jugará a fondo: TN, el canal de noticias del grupo, sumó a los ultra anti K Carlos Pagni, Nicolás Dujovne y a la familia Leuco.

Para hacerle espacio a la nueva artillería pesada debió desplazar a los moderados Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda, que quedaron sin pantalla. En este año electoral, parece, en Clarín no habrá lugar para tibiezas.

Esa intransigencia es hija de la experiencia: varias veces el establishment dio por muerto el proyecto K, que resurgió de sus sucesivas crisis con medidas de alto impacto redistributivo que mortificaron a distintos estamentos del poder real. Fue el kirchnerismo que emergió de la derrota el que empujó la Ley de Medios, el matrimonio igualitario, la Asignación Universal y el plan Procrear. Fue después de un traspié electoral que el gobierno reestatizó el sistema provisional, recuperó a YPF y promovió la reforma electoral. Curiosidades del destino: la creación de las PASO, parte de esa reforma denostada por un sector de la oposición, colaboró para que ahora cuajara una alianza que el poder fáctico comenzó a cocinar varios años atrás.

Fue el propio Macri quien, ya hace un lustro, reconoció que el establishment le pedía que se juntara con el resto del elenco anti K. Por entonces el intendente identificó a los integrantes del Círculo Rojo como "personas del saber y del pensar" con influencia en la opinión pública, y confesó que ese club le insistía para que se plegara a una amalgama opositora. El convite no tuvo correlato electoral, pero derivó en la fundación del Grupo A, un polirubro parlamentario donde confluyeron varios bloques opositores.

Entonces, como ahora, Carrió se arrogó la creación de esa criatura que, a excepción de una polémica ley que pretendía modificar la percepción del impuesto a las Ganancias, sólo logró la parálisis del Congreso. Pero la experiencia sirvió para imantar a dirigentes del radicalismo y el PRO, que desde entonces coordinaron acciones para intentar bloquear las iniciativas del oficialismo.

No todos los socios, claro, se sentían cómodos con la situación. Los socialistas de Hermes Binner, por caso, varias veces fueron reprendidos por mostrar simpatía con algunas iniciativas K. El asunto despertó la desconfianza del Círculo Rojo, que comenzó a mirar de reojo al santafecino que salió segundo en los comicios donde reeligió CFK. Esta vez, sin embargo, debió bajarse rápido de la carrera: su ocasional kirchnerismo friendly implica un riesgo de continuidad que el establishment no está dispuesto a correr.

Un rápido y contundente operativo mediático convenció a Binner de que debía declinar su ambición presidencial. La ráfaga disparada desde Clarín incluyó el clásico ninguneo en las encuestas, las sugerencias incómodas sobre su vida privada y una lluvia de notas negativas sobre los graves problemas de violencia que asolan Santa Fe. El tiro de gracia fue el pase de Carlos Reutemann al macrismo y el respaldo explícito al cómico Miguel del Sel. La perspectiva de perder la provincia en manos del ex Midachi fue demasiado para Binner, quien aceptó bajar su candidatura a cambio de que el multimedios y sus satélites reduzcan su cobertura sobre los crímenes que a diario aterrorizan a los vecinos de Rosario y respalden a su candidato, Miguel Lifschitz. Esta semana Binner pudo corroborar que su renuncia no fue en vano: el lunes Clarín publicó una encuesta que da a Lifschitz primero en la intención de votos, con casi diez puntos por encima de Del Sel, al que ahora ubican tercero, incluso detrás de Omar Perotti, el candidato del FPV.

En el Círculo Rojo conviven razones ideológicas, económicas y prácticas por las que se propusieron erradicar al kirchnerismo de la faz política nacional. Una de ellas es el temor a terminar presos. El tema está presente en las cumbres que el baron del azúcar Carlos Blaquier organiza en su mansión de las Lomas de San Isidro. El propio anfitrión es parte interesada en el asunto: hasta hace pocos días estaba procesado y se dirigía hacia un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en sus dependencias jujeñas durante la dictadura cívico-militar. Pero un reciente y curioso fallo de la justicia federal norteña decidió librar de culpa y cargo al empresario en dos causas donde se investiga su presunto rol en la desaparición forzada de delegados sindicales y el aporte logístico al secuestro masivo de trabajadores conocido como La Noche del Apagón. La exculpación de Blaquier se dio casi en simultáneo con otros dos fallos polémicos de idéntico tenor. En Bahía Blanca, un abogado convocado como juez ad hoc desistió de investigar al propagandista de la dictadura Héctor Massot –dueño de un diario local y factótum de Adepa–, y en Buenos Aires un juez se negó a indagar a los dueños de Clarín y La Nación por la sospechosa apropiación de Papel Prensa.

La secuencia coincidió en tiempo y forma con la asonada judicial que busca minar el último año de gestión K. En los tribunales suelen envalentonarse con los poderosos cuando ya no tienen poder. La práctica es un clásico del fuero Federal: a medida que se acerca el fin de un mandato presidencial, jueces y fiscales se amontonan para empujar denuncias contra funcionarios que están prontos a dejar la gestión. Pero, ¿qué ocurre con los poderosos que nunca pierden poder? ¿Con empresarios, banqueros y barones judiciales que gozan de poder vitalicio, a diferencia de los funcionarios políticos cuyos mandatos tienen fecha de vencimiento por prescripción constitucional? Ya se sabe: poco y nada.

Es obvio que los delitos cometidos en el sector público deben ser castigados con especial severidad, pero no parece de buena práctica republicana apuntar los cañones judiciales sólo contra el Estado y hacerse los distraídos con los privados que se enriquecieron al amparo de la corrupción estatal. Los delitos económicos cometidos durante la dictadura fueron la expresión más brutal de esa complicidad. Pero no la única.

La política se dispara en el pie cuando encubre, e incluso alimenta, a los dueños del poder. Un ejemplo: la fuga de capitales, que en la mayoría de los casos deriva de la evasión fiscal o incluso de delitos mayores, reduce los recursos del Estado y lo pone a merced de golpes especulativos. El cepo cambiario, la inflación y otros traumas económicos de la era kirchnerista no hubiesen existido –o no hubiesen sido tan severos– si el sistema financiero argentino no fuera un colador por el que se fugaron unos 200 mil millones de dólares, según un cálculo oficial. El flagelo es global, pero existen modos de aplicarle un torniquete a esa sangría. El más eficaz es penalizar la elusión impositiva e impulsar el castigo social de los fugadores. Lo acaban de hacer en España, Francia y otros países sacudidos por el escándalo de los Swissleaks. Según denunció la AFIP, la Argentina es un capítulo importante de esa novela iniciada por la delación de Hervé Falciani, el empleado del HSBC de Ginebra que extrajo y distribuyó miles de cuentas con movimientos sospechosos. Unas 4040 de ellas corresponden a ciudadanos argentinos, y la mayoría de ellos no estaban declaradas, según el ente recaudador.

Entre los apellidos que quedaron bajo la lupa de la AFIP hay miembros vitalicios del Círculo Rojo. Varios de esos nombres, y sus empresas, se repiten en el expediente por el incendio intencional de Iron Mountain, el depósito donde el fuego devoró papeles que podían servir como evidencia si el Congreso decidiera, al fin, conformar la comisión investigadora que debiera investigar cómo volaron más de 3500 millones de dólares hacia la sucursal ginebrina del HSBC. Entre los papeles incinerados había documentos vinculados a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri en las que el heredero Mauricio desarrolló su efímera trayectoria empresarial. No parece ser casual que el establishment lo haya escogido para conducir el Estado, el único estamento capaz de terminar con tanta historia de impunidad. O de prolongarla. 

iNFO|news