Por Werner Pertot
El Ministerio de Espacio Público está licitando a una empresa privada el control del contrato de la basura, que –por lejos– es el más oneroso para la Ciudad. Sin embargo, existe un organismo estatal que ya tiene como función ocuparse del control de las empresas recolectoras de la basura. El director del Ente Unico Regulador de Servicios Públicos porteños, Fernando Barrera, consideró que se trata de “la privatización del control del servicio de higiene urbana”. La licitación del control costará 472 millones de pesos. Barrera presentó una impugnación de la licitación junto con otro de los directores del ente. Desde el Ministerio de Espacio Público señalaron a este diario que el ente no tiene la capacidad para hacer el seguimiento de las empresas. La cuestión podría terminar en una causa judicial.
Como informó este diario, el contrato de la basura de la ciudad de Buenos Aires es el más caro del país. Según un trabajo del dirigente del GEN y precandidato a jefe de Gobierno, Martín Hourest, la recolección cuesta actualmente 1239 pesos por habitante, lo que supera ampliamente a ciudades como Córdoba (775 pesos) y Rosario (398 pesos), pero también a otras a nivel internacional que tienen una dimensión similar a Buenos Aires, como Madrid (660 pesos por habitante).
Tras años de mantener un contrato vencido y de una cuenta que aumentaba con más de una docena de renegociaciones de precios, el macrismo licitó un nuevo contrato de la basura, que se lanzó el 1º de octubre.
El contrato que renegoció la gestión PRO tiene un costo inicial que supera los 28 mil millones de pesos y un plazo de diez años. Como parte de la negociación de ese contrato se duplicó el plazo original de cinco años a cambio de que las empresas financiaran la compra de nuevos camiones. Sin embargo, luego el gobierno porteño les adelantó 1312 millones de pesos para la compra de los vehículos sin una contraprestación visible.
El Ministerio de Espacio Público lanzó una segunda licitación, en este caso para que una consultora controle a las empresas privadas que recolectan la basura. Ya se abrieron los sobres de las empresas que participaron, pero todavía no se adjudicó. La licitación es por cuatro años (prorrogables por otros cuatro) por una “Auditoría y Control Integral del Servicio de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires” y tiene un costo de 472 millones.
Ante esto, los directores del ente, Fernando Barrera y Julio Raffo, impugnaron esa licitación ante el Ministerio de Espacio Público el 6 de noviembre. Si no tienen respuesta, recurrirán a la vía judicial. En la impugnación, recuerdan que la Constitución porteña prevé que la tarea que le están encargando a un privado la realice el Ente Regulador de Servicios Públicos que él integra. Se trata de un órgano autárquico que tiene como propósito hacer el seguimiento de los servicios públicos en la Ciudad y tiene la potestad de aplicar sanciones cuando encuentra incumplimientos por parte de las concesionarias. Está integrado por miembros del Ejecutivo y del Legislativo, que incluyen a las minorías opositoras.
El pliego de la licitación indica una serie de funciones que cumplirá la empresa privada que se superponen con las del ente: entre otras, hacer una auditoría de la correcta prestación del servicio, controlar con índices la calidad del servicio, controlar que cumplan con los compromisos cuantitativos que fija el contrato (por ejemplo, frecuencias de recolección, recorridos). “Nos encontramos lisa y llanamente con la privatización de un servicio esencial del Estado porteño y la flagrante violación del orden constitucional”, afirmó Barrera.
“Las auditorías privadas existen desde hace años. Se hizo la licitación por el nuevo contrato de basura. El servicio de recolección tiene una auditoría que hace el Ceamse y, por otro lado, estas empresas privadas”, respondió a Página/12 el ministro de Espacio Público, Egdardo Cenzon. Otro funcionario de su cartera advirtió que, para ellos, el ente no cuenta con las herramientas para hacer la auditoría on line de la basura.
En cambio, Barrera considera que hay una decisión de privilegiar lo privado, incluso desde el presupuesto: advirtió que mientras la licitación para la auditoría privada prevé un presupuesto de 472 millones de pesos (unos 119 millones por año), el Ente Regulador de Servicios Públicos cuenta con un presupuesto de 183 millones por año para controlar no sólo el contrato de la basura, sino otros trece servicios públicos más, como el subte, AUSA, alumbrado público, parquímetros, entre otros.
“Es evidente que la contratación de privados para ejercer una función tan propia del Estado como es el control de un servicio público y la poca relevancia presupuestaria que le da al organismo constitucional especializado son parte de un modo de pensar las políticas públicas por parte de la gestión macrista”, sostuvo Barrera, quien advirtió que “el Ente controla otros 13 servicios públicos, por lo que sería más barato y ajustado al orden constitucional concentrar en un organismo especializado garantizando la transparencia en el control y la efectividad de los servicios”.
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