Por Alejandra Dandan
A treinta años de las primeras denuncias, y con buena parte de las pruebas incorporadas desde hace años al expediente, la causa por el secuestro de los trabajadores de Mercedes-Benz Argentina finalmente dio un pequeño gran paso. Los fiscales federales de San Martín frenaron la elevación a juicio de la causa que hasta ahora sólo contemplaba la responsabilidad penal de los militares y pidieron indagatorias de dos ex directivos de la empresa por facilitar los datos y la ubicación de los trabajadores secuestrados. Los ex directivos son el gerente de Producción, cuyo nombre es de los más conocidos, Juan Tasselkraut, y el jefe de Asuntos Jurídicos, Rubén Pablo Cuevas. Ahora, la jueza federal Alicia Vence debe decidir si finalmente la causa avanza y acepta, o no, esos pedidos. Son los primeros movimientos en la causa después de mucho tiempo de parálisis y luego de una división de las víctimas en dos partes, de acuerdo con el criterio de centros clandestinos. Las nuevas lecturas del expediente incorporan una mirada previa sobre lo sucedido antes del golpe de Estado y el análisis sobre el eje conflictividad obrera-burocracia sindical-complicidad empresaria. Con eso se piensa el contexto como una prueba, en un escenario donde los fiscales ya indican que los integrantes de la automotriz “apoyaron, colaboraron y facilitaron la cruenta represión”.
Los hechos en Mercedes-Benz son de las denuncias más antiguas sobre la complicidad empresaria con la dictadura. Después del golpe del ’76, fueron secuestradas dieciocho personas que pertenecían a la planta de esa empresa en Gonzalez Catán, diecisiete de ellos obreros y un supervisor, todos integrantes en algún momento de la comisión interna enfrentada a la dirección de la empresa y a la dirección del Smata, en manos de la burocracia sindical representada por José Rodríguez. A diferencia de Ford, la mayor parte de los secuestrados están desaparecidos. Sólo hubo tres sobrevivientes: Héctor Aníbal Ratto, Alfredo Martín y Juan José Martín. Ratto dio testimonio en el Juicio a las Juntas. Desde entonces señaló que Tasselkraut lo mandó a llamar y en su oficina le dijo que se tenía que retirar, que iba a esperar que llegara una comisión militar para que lo llevaran. En ese ínterin, Ratto escuchó cómo Tasselkraut informaba por teléfono la dirección de Diego Eustaquio Núñez, otro de los trabajadores secuestrados esa noche. Desde entonces el expediente acumula pruebas y documentación pero nunca la Justicia llamó a indagatorias. Para que eso ocurra ahora algo cambió.
Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti son los fiscales federales que tienen la causa. En el pedido de indagatoria señalan como uno de los motivos “la resistencia” del Poder Judicial. Si bien “pareciera” que este pedido, dicen, “podría retrasar el normal desarrollo del proceso, resulta indispensable para que puedan comprenderse acabadamente los acontecimientos que sucedieron con los empleados de la empresa mencionada, y (no hacerlo al) desdoblar la investigación respecto de las siete víctimas, todas pertenecientes a una comisión interna enfrentada con la gerencia de la empresa y con el gremio de Smata, resulta fraccionar las responsabilidades de los hechos que se investigan y son consecuencia de una resistencia por parte de los operadores de la Justicia de ahondar las investigaciones hacia los sectores civiles –empresariales en este caso– que apoyaron, colaboraron y facilitaron como veremos la cruenta represión que ocurrió durante el terrorismo de Estado”.
En línea con la querella representada por el CELS, sitúan el comienzo del análisis de los hechos antes del golpe. Una línea que el CELS también repite en otras causas como Molinos, por ejemplo. Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de litigios del CELS, explica que “señalamos estas cosas porque son denominadores comunes en varias causas que muestran la combatividad obrera en el escenario previo al golpe y que se va a resolver de forma represiva posgolpe”, dice.
Entre los antecedentes del caso de Mercedes-Benz, Palmas Zaldúa se detiene en 1975 cuando ya había una tensión importante entre obreros, empresa y el Smata. “En ese momento se hace una elección para elegir a los representantes gremiales, es una elección fraudulenta y en octubre de 1975 se hace un paro en la planta de Gonzalez Catán donde despiden a 115 trabajadores. Así comienza un plan de lucha en el que se pide la reincorporación de los trabajadores. La empresa finalmente acepta y reconoce a la comisión interna, pero nunca se recompuso del todo la relación entre los trabajadores y la empresa.”
Hay dos datos importantes en esa coyuntura, según señala y que están en la causa. “Uno, es una nota firmada por José Rodríguez, de Smata, al ministro de Justicia en la que pide la intervención de Mercedes-Benz llamando ‘subversivos’ a los que promovieron la huelga. Y otro es que luego de ese período de tensión, los trabajadores no pudieron recomponer la relación con la empresa, pero sí lo hace el Smata, que firma un convenio con la empresa en diciembre de 1975 en el que la empresa se compromete a aportar al sindicato el 1 por ciento de la facturación por venta de unidades. En este tipo de acuerdos de empresa y sindicato quedan en el medio los trabajadores desprotegidos y señalados por el propio sindicato como subversivos.”
Otro dato que consignan el CELS y el dictamen es la relación entre la empresa y la cúpula militar. “Cabe destacar que Mercedes-Benz, que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación –señalan los fiscales– y era uno de los principales complejos industriales, tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog.”
Después del golpe
Arribado el golpe militar, fueron secuestrados dieciocho trabajadores. Los tres sobrevivientes señalaron que mientras estuvieron secuestrados y fueron torturados, “los interrogatorios siempre se refirieron a cuestiones relativas a su tarea gremial dentro de la empresa donde trabajaban”, según indica el escrito de la fiscalía.
Los datos que los fiscales mencionan, entre otros, para valorar el aporte de la compañía en esos secuestros son:
- Testimonio de Alfredo Manuel Martín, sobreviviente que estuvo secuestrado en la Brigada de San Justo y que reconoció que uno de sus captores fue quien luego en el año 1978 fue designado jefe de vigilancia de la planta de González Catán: Rubén Lavallén. “Es un dato no menor –dice el escrito–, dado que la citada víctima sobreviviente lo reconoció perfectamente como una de las personas que lo secuestró y lo torturó.” Lavallén fue comisario en San Justo y apropiador de una beba, por lo cual fue condenado.
- Declaración de la secretaria de Cuevas, que señaló la relación de su jefe con la cúpula militar y las reuniones continuas con él. También “llamativamente la testigo recuerda a Tasselkraut y a Lavallén, incluso recuerda cuando esté último adoptó una beba”.
- Otros dos trabajadores, Víctor Hugo Ventura y Alfredo Reimer, fueron detenidos luego de tener una reunión, en su carácter de representantes gremiales de la comisión interna, con los directivos de Mercedes-Benz en la sede central de la empresa. En la reunión les dijeron que sí a todos sus reclamos y esa misma noche los secuestraron.
En ese contexto, los fiscales están convencidos de que “quienes aportaron los nombres y las direcciones de las víctimas fueron los directivos de Mercedes-Benz Argentina”. Como para dar antecedentes del acceso a la información y la distribución de los datos, recuerdan por ejemplo que cuando Montoneros secuestró al jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz, en 1975, Cuevas aportó un listado de la comisión interna. También menciona el testimonio de José Barreiro, uno de los trabajadores, que se había mudado pero que supo que lo fueron a buscar al domicilio que la empresa tenía de é
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