Un Oscar para el todavía juez Bonadio Por Demetrio Iramain

El rol central del Poder Judicial actual es volver practicable la desigualdad, la violenta supremacía de una clase sobre otra.

La dominación de clase no funciona si no se legitima. Si no se hace la buena no resulta viable, ni creíble. He ahí el rol central del Poder Judicial: volver practicable la violenta supremacía de una clase sobre otra. La desigualdad social, que mide en desocupados, excluidos, enfermos curables sin acceso a la medicina, no aguanta 100 años si no maquilla de algún modo sus "daños colaterales". Cuando un gobierno popular, aun dentro de los estrechos márgenes que permite el sistema de clases, pone en blanco sobre negro los rasgos más extremos del capitalismo, para moderarlos o alterar las formas de esa dominación, los segmentos más corporativos del Poder Judicial reaccionan. Se activan sus mecanismos de clan. Se encienden las alarmas de la logia y actúan. Saben cómo hacerlo. Llevan muchas décadas tutelando en las sombras el sistema económico y su expresión política. Hasta legalizaron el golpe que produjo el genocidio. El insólito allanamiento del aun juez federal Claudio Bonadio sobre una propiedad vacía, que habría pertenecido a una sociedad que administra un hotel patagónico en el cual la presidenta tiene acciones, es la última novedad de ese movimiento.

El allanamiento es, en rigor, una medida procesal extrema, porque comprende una restricción a derechos elementales: la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Se justifica en virtud de la gravedad del delito investigado. Puede disponerlo un juez por sí solo. El todavía vigente Código de Procedimientos le permite a un magistrado autorizarse a sí mismo una medida de tal envergadura; tras la reforma, esa acción sólo podrá realizarla el fiscal, y el juez limitará su rol al control constitucional de ese acto, que podrá ser recurrido por la otra parte. A través del histriónico y extremo allanamiento el juez buscaba obtener una información impositiva que tranquilamente podría haber reunido mediante un oficio previo. Incluso indicando allí un plazo perentorio para su contestación. Hasta la diputada Stolbizer, que realizó la denuncia que motivó la investigación, admitió que las eventuales faltas de la firma en cuestión "no son delito" sino irregularidades administrativas. Pero no. El Partido Judicial necesitaba acción.

El juez convocó entonces a la Policía Metropolitana para allanar un departamento que estaría indirectamente vinculado a Cristina, casualmente justo un día después de que la corporación judicial perdiera en el Consejo de la Magistratura la presidencia del Cuerpo y la secretaría de administración, y se expresara en ese órgano colegiado un sólido bloque ajeno a la tutela de la Asociación de Magistrados. Demasiado obvio.

Así como el concepto de "libertad de empresa" embellece la natural tendencia del capital por convertirse en monopolio, el mito de "la independencia judicial" colorea la condición sine qua non del capitalismo: que los jueces respondan a la voluntad y el interés del poder económico. Cuando un juez reclama para sí únicamente "independencia del poder político", está encubriendo su dependencia de los poderes mediático, eclesiástico o financiero, según el caso. Y ahí también se sabe: el capital no respeta fronteras, ni Estados, ni división de poderes. Como las barras de fútbol, "no hace la amistad". Es una circunstancia intrínseca a la ley de valor y la tasa de ganancia. Lo mismo con la "libertad de expresión", derecho que se vuelve impreciso debido a un férreo condicionante: en el capitalismo el derecho humano a comunicarse resulta de una "libertad" previa: la libertad del capital.

De ahí que la Democratización de la Justicia que se propuso el kirchnerismo, sea, al mismo tiempo, una gesta épica y un acto de estricta racionalidad. El raid del juez Bonadio justifica la razón de ser de ese desafío institucional y cultural. Los sucesivos fallos de la Corte dictados el año pasado contra las leyes más sensibles del proyecto para reformar el Poder Judicial, el lock-out de los jueces, la sedición de las Cámaras federales de apelaciones, demostraron que el plan transformador iba en serio. No era cosmético. Fue ahí que surgió la verdadera "Justicia militante": militante de sí misma, de sus privilegios, y de conservar su poder.

De acuerdo: en los papeles el gobierno perdió ante los jueces, pero, a poco de andar, ganó una grieta al interior de los tribunales totalmente impensada hasta hace muy poco tiempo atrás. ¡Mentira que ese surco que parte en dos pedazos cada vez más irreconciliables la justicia nació con Lázaro Báez! ¡Campagnoli no es un adelantado! Desde el tratamiento judicial que se le dio a la Ley de Medios la magistratura perdió para siempre su aura, ese hipócrita hálito de neutralidad y supuesta ajenidad con la lucha política, en el que históricamente tejió sus, hasta ayer nomás, invisibles telarañas. ¿O ya se olvidaron de la disputa pública entre el ex camarista Bisordi y el entonces presidente

Kirchner, por la demora de Casación en condenar genocidas? ¿Qué dijo entonces la Asociación de Magistrados? Obvio: defendió sin dobleces al juez.

La derecha siempre quiso impedir que la democracia atienda los reclamos de los más postergados en la pirámide social, y los vuelva actores protagónicos de su sistema institucional, sujetos de su presente y futuro, y ya no más objeto de dominación. Para frustrarlo, las corporaciones económicas dictan que el pueblo es un decorado y que las mayorías no siempre tienen razón. Ya lo dijo Lorenzetti: "Las mayorías también cometen muchas equivocaciones". Para contrarrestar el vicio populista, el sistema contrata a los jueces como "contrapeso", con una única finalidad: asegurarles poder y continuidad a las minorías ilustradas que ellos componen. Los políticos pasan, pero el capital queda. Como los jueces vitalicios en sus cargos, los accionistas de los mega consorcios económicos mantienen su poderío, al menos hasta que decidan vender voluntariamente sus acciones (excepto la viuda de David Graiver en Papel Prensa). Su patrón de acumulación de poder prescinde deliberadamente de las masas, máxime si estas se encuentran en proceso de creciente organización. La derecha no consulta, ni da explicaciones a nadie. Manda a su chofer a responder, como una vez hizo Carlos Fayt para contestar una crítica puntual de la presidenta.

El Poder Judicial siempre fue el brazo legalizador de esa lógica. Está visto: no tiene ningún interés en ceder voluntariamente su especificidad dentro de ese esquema de poder. 

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