Por Ailín Bullentini
En agosto de 2005, el entonces subcomisario Adolfo Porcel dirigió un allanamiento a la casa de quien por entonces se llamaba Alejandro Rei: buscaba, por orden de la jueza María Servini de Cubría, elementos que permitieran comparar el ADN del muchacho con el de hombres y mujeres desaparecidos durante la última dictadura. El joven, su novia y los testigos que participaron sabían, entonces, que todo era una farsa. También Porcel. El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín lo juzgará hoy por encubrir al represor Víctor Rei, quien falleció el año pasado en cumplimiento de su condena por la apropiación de Pedro Sandoval Fontana. El ex policía es la primera persona que, sin haber participado propiamente de la apropiación de un niño durante la dictadura, será juzgada por su encubrimiento.
Rei fue agente de Inteligencia de Gendarmería. En abril de 1978 se apropió junto a su mujer Alicia Arteach del bebé nacido de una prisionera de la última dictadura cívico-militar. Liliana Fontana y Pedro Sandoval habían sido secuestrados de su casa de Caseros y llevados al centro clandestino de detención Club Atlético. Pocos días antes, Liliana le había contado a su hermano que estaba embarazada de dos meses y semanas. Los genocidas la mantuvieron con vida hasta diciembre, cuando dio a luz a Pedro. Rei y su esposa lo rebautizaron Alejandro Adrián y fraguaron, con la ayuda del médico Julio Cáceres Moniére, su certificado de nacimiento.
Pedro fue Alejandro Rei hasta mediados de 2006: para librarlo de la versión que sus apropiadores le contaron de su historia, hizo falta más de un análisis genético. El primero, ordenado por Servini de Cubría en agosto de 2005, fue fraguado por Rei con la connivencia del muchacho, su novia y varios testigos. La mala conducta de Porcel contribuyó a que el operativo no pudiera llevar a resultados confiables. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Martín Niklison exigió en sus alegatos en el juicio contra Rei por la apropiación que la Justicia investigue “las motivaciones” del entonces subcomisario para falsear el acta de aquel primer allanamiento trunco a la casa de Sandoval.
El juicio, que se realizará hoy, evaluará su responsabilidad en la frustración de la investigación que intentaba dar con la verdadera identidad del hijo de Sandoval y Fontana. “Se lo va a juzgar por su intervención en los procedimientos. No fueron simples negligencias sino acciones con el claro propósito de frustrar la investigación”, explicó a Página/12 el abogado Alan Iud, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio. A través de un comunicado, la asociación dio por probado que el allanamiento “fue realizado sin los testigos exigidos por la ley, y que el joven y su novia fueron quienes indicaron a la policía qué objetos debían llevarse: un cepillo de dientes, dos fundas de almohada y una sábana. Ninguno de esos elementos tenía ADN de Pedro”, explicaron desde el organismo de derechos humanos.
Durante la audiencia declararán el nieto restituido Pedro Sandoval Fontana; Tamara Villar, quien estuvo presente en el allanamiento fraguado, y su padre, el ex policía Pedro Villar; Alejandro Antonio Ladra y Daniel Vergara, personal civil y suboficial de la Policía Federal, respectivamente, que participaron del allanamiento y fueron sobreseídos; y personal del Banco Nacional de Datos Genéticos.
El de Sandoval Fontana no fue el primero ni es el único caso en el que los operativos que buscan muestras de ADN en el marco de causas por presuntas apropiaciones durante la última dictadura son mal realizados. Sin embargo, fue un punto de inflexión: como consecuencia de este caso se creó el Grupo Especial de Asistencia Judicial –funciona en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación– con el objetivo de asesorar y acompañar a personal de las fuerzas policiales en la realización de este tipo de allanamientos.
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