Las grandes empresas radicadas en la Argentina, lo que se conoce en la jerga como el stablishment económico, cada vez se siente más huérfano de dirigentes políticos fuertes, sólidos y convincentes que sean capaces de representar integralmente sus intereses.
Por ello han decidido confrontar abiertamente con el doble propósito de debilitar al gobierno y marcarle la pizarra a los candidatos que aparecen con más expectativas en las elecciones de 2015.
Ya ni siquiera convocan a los políticos de la oposición para pedirles su opinión porque la plana mayor de UNEN, el Frente Renovador y los amarillo del PRO, ayer escucharon sentados, atentos y devotos los reclamos de los empresarios.
Los hombres de negocios aglutinados en el autodenominado Foro de Convergencia Empresarial, una suerte de herramienta de lobby colectivo, planteó un decálogo de principios de políticas públicas. Bajo el ropaje de la "defensa de la institucionalidad", Convergencia Empresarial viene organizando una verdadera orquesta de presiones. Se trata en definitiva de un reducto integrado en su mayoría por grandes firmas multinacionales e intereses foráneos que han definido en sucesivas reuniones públicas y algunas secretas cual es el camino que debe seguir la Argentina.
No cuentan con un candidato creíble ni se encuentran inscriptos legalmente como un partido político en condiciones de recibir periódicamente el testeo de las urnas como ocurre en un cualquier sistema democrático pero quieren imponer su propio régimen de gobierno, incluso se han inventado un lema: "Compromiso para una Argentina Posible". Además, transformaron a la pontificia Universidad Católica Argentina en una verdadera guarida de sus pensamientos, casi como una catedral de los grupos concentrados de la economía.
Han creado un foro permanente de lobby, tienen su pancarta y una propuesta de gobierno que responde a los intereses que representan. Además, ayer lograron que los principales exponentes de la oposición, encabezados por el empresario y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se sienten en primera fila y escuchen lo que tendrán que hacer si alcanzan el poder político.
La idea es llamativamente escandalosa porque busca habituar a la población a una situación de trata de personas en la que el cliente pasa a ser la clase política, el ciudadano, la puta, y los grandes empresarios nacionales y foráneos, el gigolo.
En cualquier otro país, la intromisión de intereses extranjeros, cada vez menos preocupados por esconder su intención de ejercer una presión sobre el poder político constituido, podría haber significado un reclamo formal de la cancillería a la nación en la que se encuentra la casa central de la compañía interesada en cambiar "las reglas" del país en cuestión.
Es llamativo que por los acuerdos bilaterales entre naciones las grandes firmas multinacionales se encuentren en condiciones de enjuiciar al país y llevar el reclamo económico al CIADI, pero cuando una empresa que tiene la casa matriz en una nación extranjera e integra una institución que pretende modificar las reglas de juego políticas de un país no deba, al menos, dar las explicaciones del caso y revertir su actitud hostil. Así como la Argentina ha decidido llevar a los foros internacionales el juicio del siglo de los fondos buitre, también debería denunciar los actos políticos que realizan las compañías internacionales con intereses en el territorio. "Fortalecer las instituciones es el punto central…Lo peor que puede pasar para el crecimiento de un país en la economía es la discrecionalidad del poder metiéndose en lo privado. No cambiar las reglas ayudaría a generar las inversiones", señaló altivo el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como si estuviera dictándole desde un púlpito el camino a seguir a los políticos presentes; los radicales Julio Cobos y Ernesto Sanz, Sergio Massa (Frente Renovador) y al socialista Hermes Binner. Los grandes empresarios los pusieron en primera fila para que escucharan lo que tenían que hacer y las políticas que debían implementar en el caso de que llegaran al poder político.
De hecho, los principales conceptos que vertieron ayer los ejecutivos los mostraron marcándole el paso al poder político, un antiguo vicio que los empresarios generalmente se reservan a espacios privados, pero que ahora optaron por hacerlo en público, creando un foro permanente de lobby que se amplifica utilizando toda la infraestructura mediática y propagandística que tienen en sus manos. Las compañías, en su condición de personas jurídicas, pueden defender sus intereses haciendo uso de las herramientas legales que ofrece la Argentina pero de ahí a utilizar su enorme influencia económica para tratar de indicar cuáles son las reglas que debe seguir la Argentina existe una enorme brecha, que es, justamente, la que separa a una nación soberana de una republiqueta. El pronunciamiento público de Convergencia Empresarial se da en un contexto particularmente delicado ya que se inscribe en una fecha en la que ciertos sectores gremiales y partidarios intentan recrear a fin de año una sensación de clima de crisis social promovido, muchas veces, con declaraciones altisonantes, desmesuradas y malintencionadas, entre otras cosas.
Lo curioso es que muchos de los empresarios o grupos de empresas vinculados al foro también integraron el listado de personas y sociedades que tienen cuentas en Suiza no declaradas, es decir que enviaron dinero al exterior sin pagar impuestos en la Argentina y ahora serán investigados por lavado de dinero por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Este es el caso de las firmas Cablevisión y Multicanal o de Pablo Cesar Casey, el sobrino de Héctor Magnetto el todopoderoso dueño del Grupo Clarín que ayer estaba en la primera fila de la presentación del mitin político de Convergencia Empresarial. Hay una enorme distancia entre el discurso institucionalista y la realidad, la praxis demostró que este sector del empresariado utilizó los resquicios de la ley para violarla y también pretende usar a los políticos con el propósito de obtener más beneficios aprovechándose de su séquito de empleados y de aquellos que los votan.
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Por ello han decidido confrontar abiertamente con el doble propósito de debilitar al gobierno y marcarle la pizarra a los candidatos que aparecen con más expectativas en las elecciones de 2015.
Ya ni siquiera convocan a los políticos de la oposición para pedirles su opinión porque la plana mayor de UNEN, el Frente Renovador y los amarillo del PRO, ayer escucharon sentados, atentos y devotos los reclamos de los empresarios.
Los hombres de negocios aglutinados en el autodenominado Foro de Convergencia Empresarial, una suerte de herramienta de lobby colectivo, planteó un decálogo de principios de políticas públicas. Bajo el ropaje de la "defensa de la institucionalidad", Convergencia Empresarial viene organizando una verdadera orquesta de presiones. Se trata en definitiva de un reducto integrado en su mayoría por grandes firmas multinacionales e intereses foráneos que han definido en sucesivas reuniones públicas y algunas secretas cual es el camino que debe seguir la Argentina.
No cuentan con un candidato creíble ni se encuentran inscriptos legalmente como un partido político en condiciones de recibir periódicamente el testeo de las urnas como ocurre en un cualquier sistema democrático pero quieren imponer su propio régimen de gobierno, incluso se han inventado un lema: "Compromiso para una Argentina Posible". Además, transformaron a la pontificia Universidad Católica Argentina en una verdadera guarida de sus pensamientos, casi como una catedral de los grupos concentrados de la economía.
Han creado un foro permanente de lobby, tienen su pancarta y una propuesta de gobierno que responde a los intereses que representan. Además, ayer lograron que los principales exponentes de la oposición, encabezados por el empresario y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se sienten en primera fila y escuchen lo que tendrán que hacer si alcanzan el poder político.
La idea es llamativamente escandalosa porque busca habituar a la población a una situación de trata de personas en la que el cliente pasa a ser la clase política, el ciudadano, la puta, y los grandes empresarios nacionales y foráneos, el gigolo.
En cualquier otro país, la intromisión de intereses extranjeros, cada vez menos preocupados por esconder su intención de ejercer una presión sobre el poder político constituido, podría haber significado un reclamo formal de la cancillería a la nación en la que se encuentra la casa central de la compañía interesada en cambiar "las reglas" del país en cuestión.
Es llamativo que por los acuerdos bilaterales entre naciones las grandes firmas multinacionales se encuentren en condiciones de enjuiciar al país y llevar el reclamo económico al CIADI, pero cuando una empresa que tiene la casa matriz en una nación extranjera e integra una institución que pretende modificar las reglas de juego políticas de un país no deba, al menos, dar las explicaciones del caso y revertir su actitud hostil. Así como la Argentina ha decidido llevar a los foros internacionales el juicio del siglo de los fondos buitre, también debería denunciar los actos políticos que realizan las compañías internacionales con intereses en el territorio. "Fortalecer las instituciones es el punto central…Lo peor que puede pasar para el crecimiento de un país en la economía es la discrecionalidad del poder metiéndose en lo privado. No cambiar las reglas ayudaría a generar las inversiones", señaló altivo el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como si estuviera dictándole desde un púlpito el camino a seguir a los políticos presentes; los radicales Julio Cobos y Ernesto Sanz, Sergio Massa (Frente Renovador) y al socialista Hermes Binner. Los grandes empresarios los pusieron en primera fila para que escucharan lo que tenían que hacer y las políticas que debían implementar en el caso de que llegaran al poder político.
De hecho, los principales conceptos que vertieron ayer los ejecutivos los mostraron marcándole el paso al poder político, un antiguo vicio que los empresarios generalmente se reservan a espacios privados, pero que ahora optaron por hacerlo en público, creando un foro permanente de lobby que se amplifica utilizando toda la infraestructura mediática y propagandística que tienen en sus manos. Las compañías, en su condición de personas jurídicas, pueden defender sus intereses haciendo uso de las herramientas legales que ofrece la Argentina pero de ahí a utilizar su enorme influencia económica para tratar de indicar cuáles son las reglas que debe seguir la Argentina existe una enorme brecha, que es, justamente, la que separa a una nación soberana de una republiqueta. El pronunciamiento público de Convergencia Empresarial se da en un contexto particularmente delicado ya que se inscribe en una fecha en la que ciertos sectores gremiales y partidarios intentan recrear a fin de año una sensación de clima de crisis social promovido, muchas veces, con declaraciones altisonantes, desmesuradas y malintencionadas, entre otras cosas.
Lo curioso es que muchos de los empresarios o grupos de empresas vinculados al foro también integraron el listado de personas y sociedades que tienen cuentas en Suiza no declaradas, es decir que enviaron dinero al exterior sin pagar impuestos en la Argentina y ahora serán investigados por lavado de dinero por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Este es el caso de las firmas Cablevisión y Multicanal o de Pablo Cesar Casey, el sobrino de Héctor Magnetto el todopoderoso dueño del Grupo Clarín que ayer estaba en la primera fila de la presentación del mitin político de Convergencia Empresarial. Hay una enorme distancia entre el discurso institucionalista y la realidad, la praxis demostró que este sector del empresariado utilizó los resquicios de la ley para violarla y también pretende usar a los políticos con el propósito de obtener más beneficios aprovechándose de su séquito de empleados y de aquellos que los votan.
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