Por David Cufré
El Banco Central tomó ayer una medida que reduce significativamente la influencia de las calificadoras de riesgo en la operatoria diaria del sistema financiero. Dejó sin efecto una resolución que obligaba a los bancos a contratar a esas agencias para evaluar su desempeño. Sin esa calificación estaban inhibidos para realizar operaciones habituales de financiamiento, como los pases entre bancos y transacciones similares. El directorio de la autoridad monetaria derogó esa disposición, sancionada a finales de los ’90 en base a los parámetros internacionales establecidos en Basilea II. En la práctica implicaba “una virtual privatización de las evaluaciones de riesgo”, como lo definió ante este diario Alejandro Vanoli, presidente del BCRA. A partir de la crisis global de 2008, el G-20 puso bajo revisión aquellos criterios y empezó a sugerir que los organismos públicos retomen el control de las mediciones de solvencia y desempeño del sistema financiero.
“La medida apunta a recuperar el carácter público de la supervisión”, destacó Vanoli. En lugar de requerir la nota de las calificadoras de riesgo, de acá en más los bancos deberán regirse por las exigencias que establece el Banco Central. “En el caso de exposiciones crediticias con otras entidades financieras, la calificación que deberá emplearse es la que asigna la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, utilizando el sistema Camelbig”, explicó el BCRA en un comunicado. El sistema Camelbig fija requisitos mínimos de liquidez, activos, capital y administración del management, entre otros.
La disposición del Central también elimina la exigencia que pesaba sobre empresas de obtener una calificación de una agencia de riesgo para poder solicitar financiamiento a los bancos en determinadas operaciones. Ahora alcanzará con que las compañías demuestren que se encuentran en situación normal en la central de Deudores del Sistema Financiero y que no registren cheques rechazados por insuficiencia de fondos en los últimos doce meses. En tanto, en exposiciones con compañías de seguros, se deberá realizar el análisis crediticio, teniendo en cuenta la información que publica la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que en el caso de los mercados de valores, éstos deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La decisión del Banco Central es uno de los pasos más firmes para reducir la injerencia de las calificadoras en el sistema financiero. “Haber dejado la supervisión en manos de esas agencias es una de las razones de la crisis internacional”, interpretó Vanoli ante Página/12. Reprochó, por ejemplo, el comportamiento procíclico de las agencias, que primero fueron permisivas para juzgar al sistema financiero cuando se inflaban burbujas especulativas como las hipotecas subprime en Estados Unidos y después actuaron con rigor para limitar el crédito cuando éste más se necesitaba en medio de la caída de las economías. “Las calificadoras pueden dar una opinión más, pero no determinar la política monetaria o de supervisión de los países”, explicó el titular del Central.
En las sucesivas cumbres de presidentes del G-20 se fueron marcando límites para el funcionamiento de las calificadoras, y de a poco el gobierno argentino y los organismos reguladores van aplicando esas recomendaciones. La ley de mercado de capitales aprobada hace dos años hizo avances en la misma dirección al permitir el funcionamiento de calificadoras universitarias.
El servicio de calificaciones está dominado a nivel internacional, y también local, por empresas como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Su participación todavía sigue siendo decisiva en las emisiones de deuda, pero de a poco su influencia se va recortando.
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