Temor a los desposeídos o la brutalidad de los poseedores Por Alejandro Horowicz

El fantasma del conflicto social gatilló las viejas fobias, ya es tiempo de cerrarle el paso. Todo indica que es perfectamente posible.

El temor a los desposeídos, no es exactamente una novedad. Desde que la Revolución Francesa estableció como regla de la igualdad política un hombre un voto, el temor a los desposeídos y el temor a la mayoría política corrieron por idéntico carril. A tal punto que la "ampliación del derecho al voto" fue resistida por los conservadores de fines del siglo XIX, como si se tratara de una lucha directa por evitar la expropiación de su riqueza. El razonamiento era simple y compartido: la mayoría, los pobres, usarían su poder numérico para gravar la riqueza de la minoría. El número terminaría aplastando la aristocrática "excelencia". La demagogia de los políticos sin escrúpulos – suena conocida esta partitura, verdad– nos terminaría arrojando al río sin orillas de la grisura democrática.

La victoria electoral de los pobres y la llegada del socialismo terminaban siendo, en este razonamiento aterrado y ultraconservador, una misma cosa. Por tanto, los preocupados británicos hicieron lo posible para evitar el voto obrero, y los argentinos, por su parte, identificaron voto obrero con voto de extranjeros –mayoría entre los trabajadores de esos días– y los extranjeros no votaban. Ni siquiera el radicalismo en formación defendió el derecho obrero a votar. Solo los socialistas de Juan B. Justo levantaron esa bandera, y por cierto no fueron escuchados. Basta leer las conferencias de Leopoldo Lugones en el Teatro Odeón, para entender hasta qué punto se sentían amenazados.

Conservemos el orden expositivo. La estructura impositiva británica en 1890 alentaba esa reactiva ilusión socializante. El tributo a los ingresos, base del sistema, tenía un piso de 50 libras anuales. Los que ganaban menos de esa cifra, los trabajadores de todo tipo, no lo pagaban. Pagar impuestos equivalía a formar parte de las clases poseedoras. Cada vez que una crisis amenazaba con derrumbar el orden, cada vez que la estabilidad tembló, el viejo temor de los poseedores golpeaba y todavía golpea fuerte.

Vale la pena observar cómo sucede, porque no afecta del mismo modo toda la pirámide social. Cuanto más cerca de la frontera, mayor el miedo. Es más difícil que un hombre o una mujer ricos desde que se acuerdan crean que pueden ser arrojados a las filas de los indigentes. En cambio, para los que a caballo de un enorme esfuerzo lograron cambiar de clase social, la sola posibilidad perder la nueva posición suele ser vivida como tragedia irremontable. Todos los métodos legales o ilegales que impidan este acontecimiento, real o imaginario, resultan legítimos. Ese es el conservatismo de las capas medias, basta que los rugidos de la crisis global se hagan sentir para que el repertorio completo de sus fobias recobre su oscura y potente coloratura.

Volvamos a retroceder. En 1902, bajo el segundo gobierno del general Roca, el Congreso vota la Ley de Residencia. Esta curiosa ley permitía expulsar a cualquier extranjero que alterara la paz social. Para que se entienda, expulsar a cualquier militante sindical por el simple delito de serlo. Es que la paz social se presupone y cualquiera que pretenda quebrantarla organizando un sindicato, socialista o anarquista, podía ser expulsado sin intervención judicial. Bastaba que el jefe de policía considerara que así era para que así terminara siendo. Y así se practicó hasta el gobierno de Arturo Frondizi. El estado de excepción permanente contra el movimiento obrero, ya que de eso se trata, permitió que sin intervención judicial y burlando sangrientamente –no se trata de una metáfora– las garantías de la Constitución Nacional, un extranjero pudiera ser expulsado sin aportar ninguna clase de prueba en su contra. Ni el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ni el de Juan Domingo Perón cambiaron, anularon esa espada de Damocles. El preámbulo de la Constitución que invita a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino" se reescribió definitivamente, sin que a los defensores del derecho constitucional se les desacomodara la gélida sonrisa.

Y la derogación de esta ley, la 4144, no supuso ninguna clase de democratización. Fue sustituida por la Plan Conintes, que permitía la formación de tribunales militares contra los trabajadores, pese a que los tribunales especiales están expresamente prohibidos por la Constitución Nacional. En 1969 los dirigentes obreros del Cordobazo Atilio López, UTA, Elpidio Torre, SMATA, y Agustín Tosco, Luz y Fuerza, fueron condenados a penas de prisión mediante la aplicación de este instrumento represivo. En esos años (dictadura oligárquica del general Juan Carlos Ongania, que impuso la pena de muerte por delitos políticos), pocos se preocupaban por las alteraciones del Estado de Derecho.

Una pregunta queda pendiente: ¿el miedo original tenía motivo? En la crisis capitalista encontramos la punta de la madeja. Las condiciones de existencia popular en Europa eran terribles, y el atentado anarquista fue parte de la respuesta. Todo comenzó con la movilización obrera del 1 de mayo del año 91, encabezada por anarquistas de Clichy, suburbio de Paris. La policía cargó, y en la escaramuza cinco agentes fueron lastimados. Nada grave. Hubo anarquistas detenidos, el fiscal pidió pena de muerte contra tres dirigentes. Condenas leves, la casa del juez Benoist volada, y arranca la cadena de represalias. El responsable de la explosión, capturado y juzgado, que respondía al nombre de Ravachol, el 11 de julio terminó guillotinado, transformándose en mito popular.

La calidad de las víctimas pega un salto. El 24 de junio de 1894 el presidente de Francia fue apuñalado por un anarquista italiano de 21 años. En 1895 se forma la Conféderation Genérale de Travail (CGT) dirigida por el anarquismo. En agosto de 1897, el presidente del Consejo de Ministros del rey de España, fue muerto de tres balazos, por otro anarquista italiano. El 10 de septiembre de 1898, en Ginebra, Isabel de Austria – la esposa del emperador Francisco José – muere a manos de un joven obrero anarquista, que por cierto es italiano. El 29 de julio de 1900 el rey de Italia recibe cuatro disparos a menos de dos metros y muere. Un militante anarquista italiano había cruzado el Atlántico, procedente de Paterson, USA, con ese propósito. El 1º de septiembre de 1901, un anarquista polaco, dispara con éxito contra el presidente de los Estados Unidos. La opinión pública estaba literalmente aterrada. En ese contexto y tras una serie de huelgas obreras se vota en la Argentina la 4144.

PASADO Y PRESENTE DE LA SEGURIDAD. Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente de Izquierda, presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores enfrentados con la multinacional Lear. Todos los bloques lo respaldaron. Legisladores del Frente para la Victoria anunciaron, a modo de corolario, que no aprobarían cláusulas legales que contradijeran la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidenta, y Cristina Fernández tuvo que admitir la posibilidad de volver a modificar la propuesta oficial para el Código Procesal Penal. El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto Ley 21.306, permitió establecer el signo y el sentido de esa legislación represiva derogada por Raúl Alfonsín. Difícil tolerar semejante retroceso en materia de migraciones. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica la ley vigente. La posibilidad de expulsión estaba legislada para delitos graves con condena en firme. Ahora se aplicaría sin juicio, por decisión policial y un vago consentimiento del imputado. Retorno liso y llano a la 4144.

Dicho sin ambages: la nueva política represiva criminaliza el conflicto social. Por tanto, los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, con presencia de inmigrantes latinoamericanos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, enfrentamientos con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano, serían motivo de expulsión. 

El fantasma del conflicto social gatilló las viejas fobias, ya es tiempo de cerrarle el paso. Todo indica que es perfectamente posible. Esa es la buena nueva.

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