El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de “intentos de desestabilización” las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.
“La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”, indicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.
El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”, dijo.
El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al “extremo” de hacer uso de la fuerza pública.
El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen “ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento”. A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. “(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país”, añadió.
Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. “Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, sostuvo Guevara.
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