Opinión Extremos Conrado Yasenza. Periodista.

Como final paradójico y cruel, dos hechos que nos compelen a seguir debatiendo y pensando sobre las complejas características de nuestro tiempo y de nuestra sociedad.
El lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite geoestacionario, Arsat-1, diseñado y construido en su totalidad por científicos argentinos, demuestra que las políticas públicas que no persiguen fines cortoplacistas inciden materialmente en la recuperación de la autoestima y las posibilidades de desarrollo de un pueblo organizado cuando las políticas son orientadas en esa dirección y cuando las inversiones se realizan eficazmente pensando en “la modificación de una cultura empresarial histórica apegada a la especulación, el cortoplacismo y el atraso técnico”, como lo expresó el ensayista, docente y flamante miembro del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear Diego Hurtado.
El desarrollo y producción del satélite Arsat I es la prueba de que el modelo económico centrado en la industria de ensambles y armadurías junto al modelo agroexportador no es suficiente y no sirve para encarar las complejidades de un mundo capitalista en crisis. Quizás el debate pase por la inversión en producción y venta de paquetes tecnológicos que profundice el lugar de privilegio en el que nos ha colocado la creación del Arsat I. Así y todo, el país, con lo mucho realizado, es dual: desarrollo tecnológico y niños con hambre o muriendo por enfermedades como la diarrea en la Argentina profunda e invisibilizada o sobreexpuesta por los medios masivos con oscuros intereses.
El debate y los desafíos están planteados y dentro del heterogéneo campo kirchnerista la discusión se produce.
En el extremo radicalmente opuesto, en esa zona abisal de nuestro país en donde pervive una cultura represiva, una maldita máquina asesina de vidas vulneradas, herencia de la última dictadura cívico-militar no desterrada aún. Luego de cinco años y ocho meses, años en los que la familia nunca dejó de buscar y luchar por la verdad y la justicia, el viernes 17 de octubre pasado, Horacio Vertbisky, presidente del CELS, anunció que el cuerpo de Luciano Arruga fue hallado en el cementerio de la Chacarita enterrado como NN. Macabro (las resonancias lingüísticas del terror que se actualizan en la desaparición de Jorge Julio López). Macabro y cruel. Otro nombre para decir violencia institucional y negligencia/complicidad del aparato jurídico Estatal. Un chico que cruza una autopista es atropellado, asistido por quien lo embistió, trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni, nosocomio al que la familia fue esa misma noche y donde se le informó que no había registro alguno de un ingresado con ese nombre; Morgue Judicial, entierro como NN; un joven humilde y atormentado por el miedo hacia el poder policial, doblemente asesinado. Cabos de un caso que no termina de cerrar: Luciano había sido detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en varias oportunidades, torturado porque se resistía a robar para las “fuerzas de seguridad”. La noche del “accidente” los móviles policiales se salieron de su jurisdicción; hay peritajes de este hecho como también de los apremios que Luciano sufrió.
Luciano está muerto y fue hallado. Cinco años y ocho meses en los cuales la familia, desde el inicio de su desaparición, no paró nunca de buscarlo. El hábeas corpus presentado por Mónica Raquel Alegre y Vanesa Orieta –madre y hermana de Arruga– con el patrocinio de Juan Manuel Combi y Paula Litvachky (directora del Área Justicia y Seguridad del CELS) fue rechazado por el Juzgado Federal Número Uno de Morón, a cargo del magistrado Juan Pablo Salas y, luego, la Justicia federal de San Martín. Finalmente la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al hábeas corpus presentado por el organismo. Cinco años y ocho meses, y Luciano fue identificado luego de ser enterrado como NN. Habría muerto por un accidente automovilístico. No cierra.
El día de la conferencia de prensa, Vanesa, la hermana de Luciano, dijo con lucidez: “Hoy vencimos”. Vencieron a la maquinaria asesina de la violencia institucional, la estigmatización del joven pobre y la negligencia/complicidad del aparato burocrático-administrativo-sanitario y judicial del Estado. Un triste día de pequeña justicia. Una justicia que no cierra.