Berenice Timpanaro es coordinadora general de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y ex directora de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su visión sobre la transformación del concepto de violencia instucional, a partir de la acción del crimen organizado en los barrios. Los desafíos de la democracia y el rol de los medios de comunicación.
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Por Santiago Asorey y Boris Katunaric
Agencia Paco Urondo: ¿Qué lectura tiene sobre la cobertura de los grandes medios de comunicación en relación a los asuntos vinculados a la violencia institucional?
Berenice Timpanaro: Termina siempre siendo el juzgamiento sobre la víctima de la violencia institucional, se termina invisibilizado los hechos de violencia porque, en definitiva, los grandes medios de comunicación terminan legitimando el accionar policial. Las fuentes periodísticas se nutren muchas veces de los partes policiales, obviamente entre bomberos no se pisan la manguera, y terminan justificando acciones represivos hacia los sectores más vulnerables de nuestra población.
APU: La semana pasada hicimos una nota a Manuel Tufro que nos contaba que el CELS estaba repensando el tema de la violencia institucional. Sobre todo por algunos casos resonantes de asesinatos de jóvenes en barrios pobres realizados no por las fuerzas de seguridad, sino por bandas delictivas, vinculadas con delitos como el narcotráfico. ¿Ustedes tienen una lectura sobre este problema?
BT: Vamos en camino hacia esa lectura: con la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional hemos acompañado varios de los hechos ocurridos en Rosario. Muchas veces los pibes son carne de cañón de las policías y también terminan siendo la variable de ajuste cuando se “combate” el crimen organizado. La idea de perseguir a consumidores o no ver al narcotráfico como un problema que en definitiva tiene que ver con el lavado de dinero apunta siempre a que sean los pibes de los barrios más vulnerables, los más pobres de nuestra patria los que terminan en medio de esa disyuntiva.
APU: En los últimos tiempos hubo casos muy resonantes en el Sur de Capital Federal, como los de Jonathan Mareco o Brían Ayaviri. ¿Qué evaluación hacen del accionar de las fuerzas de seguridad en el cordón sur?
BT: Más allá de tendencias que se pueden advertir, creo que la lectura que tenemos que hacer es no a partir de la foto del momento que, obviamente, es preocupante. Pero sí enmarcar la lectura desde la recuperación de la democracia para ver las condiciones de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias. Podemos discutir a partir de situaciones que se conocen más por el esfuerzo de familiares y de militantes por visibilizar estas situaciones.
Todavía muchas familias victimas quedan en soledad y todavía no logran encontrar esa fortaleza para salir a gritar las injusticias. Por eso a partir de lo que pasó con Franco Casco en Santa Fé y un montón de situaciones en el interior del país, debemos reflexionar con que no es una cuestión sólo de territorialidad sino de alianzas que no hemos podido desarticular desde el regreso de la democracia.
APU: Con respecto a la estigmatización que sufren los barrios más humildes por parte los grandes medios de comunicación ¿Cómo un periodista puede resolver este problema? ¿Hay algunas ideas respecto a posibles soluciones?
BT: Principalmente teniendo como voz protagonista a los vecinos y familiares y al entorno cercano de todos aquellos que sufrieron violencia institucional. Para que sea contado en primera persona y no mediatizado a través de otras fuentes que conllevan prejuicios y estigmatizaciones. Después, si bien hay que respetar determinadas líneas editoriales hay que empezar a hacer una crítica de estas situaciones y tener el desafío de ver más allá y poder ver a la persona.
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