EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES QUE INVOLUCRAN GRUPOS ECONOMICOS Responsabilidad empresaria

El año pasado se confirmaron los procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de tres directivos de Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores. Pero en muchas causas hay demoras. Por Alejandra Dandan Las investigaciones sobre la responsabilidad empresaria en crímenes de la dictadura avanzaron lentamente durante 2013. El dato más significativo fue la confirmación de la Cámara Federal de Salta de los dos procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y de su administrador Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros. Otro dato fue la confirmación de la Cámara Federal de San Martín del procesamiento de tres directivos de Ford por el secuestro de 24 obreros ocurridos durante 1976. Hubo también otros avances. El procesamiento con prisión preventiva dictado por Daniel Rafecas y confirmado por la Cámara de Casación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, amigo íntimo de Alfredo Martínez de Hoz, por su rol en la organización de un grupo de tareas destinado al secuestro del grupo empresario Grassi-Chavanne. En el contexto de las investigaciones a empresarios por su rol durante la última dictadura, este año, en la causa Papel Prensa, el Ministerio de Defensa aportó las actas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor. También fueron importantes los allanamientos promovidos por el juez Norberto Oyarbide a la empresa Acindar, la apertura de una causa para investigar la responsabilidad de Bunge y Born en la desaparición de un grupo de trabajadores de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata y el informe publicado por la Comisión Nacional de Valores en marzo del año pasado. Entre los avances, hubo procesamientos para los directivos de la empresa Mina el Aguilar de Jujuy, muchos de cuyos trabajadores pudieron declarar este año en el juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia. También hubo un impulso para la investigación por los desaparecidos y secuestrados del INTA. Pablo Llonto es abogado querellante de algunas causas emblemáticas que involucran a grupos empresarios. En su balance hay cuestiones positivas, pero también mucho pendiente: “Se avanzó en los casos de civiles con dos agregados importantes: la confirmación de los procesamientos de Blaquier y la resolución de Casación, que establece la citación a indagatoria del primer periodista en causas de lesa humanidad por hechos cometidos desde una acción periodística, como fue usar un reportaje a una secuestrada para encubrir los delitos que se cometían en la ESMA. El caso es el del periodista Agustín Botinelli, de la revista Para Ti, en el secuestro de Thelma Jara de Cabezas”. Pero todavía en materia de civiles, dice, “queda mucho por hacer con los directivos de las empresas que fueron partícipes de los secuestros de sus trabajadores y delegados. En el juzgado federal de San Martín se avanzó con los directivos de la Ford, pero hay que lograr que ello se extienda a toda la Argentina”. Una Conadep económica Otro dato significativo de 2013 fue la propuesta que hicieron Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el marco de la presentación del libro Cuentas pendientes: crear una Conadep que analice e investigue las causas de responsabilidad empresaria. En ese sentido, hubo un proyecto en la Legislatura de Río Negro que fue firmado por todos los legisladores del bloque del FpV. Y otro proyecto que elaboró el diputado Hector Recalde y que impulsa la creación “en el ámbito del Congreso de la Nación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”. En lógica de balance, Bohoslavsky señala que durante 2013 hubo “avances judiciales, administrativos, informativos, simbólicos y académicos en materia de responsabilidad por complicidad civil”. El mayor logro, sin embargo, “ha sido la consolidación de la narrativa que explica con argumentos racionales el involucramiento planificado y sistemático de los actores económicos en el plan criminal de la dictadura. También la disposición a pensar la responsabilidad por complicidad desde mecanismos de verdad, justicia y memoria que exceden largamente la reacción penal. Una explicación más amplia de lo que sucedió permite ubicar en un marco general piezas de información que han permanecido sueltas”. Y en ese sentido da un ejemplo que entendió cuando presentó el libro en Río Negro: “La represión de los chacareros cooperativistas de Río Negro, la sucesiva concentración de los negocios de la fruta en esa provincia y el terrorismo de Estado pueden pensarse ahora como engranajes de una misma maquinaria”. La importancia de los megajuicios En este momento hay 12 juicios orales en curso. En ellos, se juzga a 219 imputados por unas 2000 víctimas. Esto muestra que hay un promedio de 166 víctimas por cada juicio. Pero el “promedio” no refleja la situación real. Aún hay juicios fragmentados y pequeños, pero la política que se profundizó este año va hacia otro lugar. En la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo dos debates, ambos con características de megajuicio: Plan Cóndor, con 24 imputados por 106 víctimas y el juicio unificado de la ESMA, por 66 imputados y por casi 800 víctimas. En Córdoba sucede lo mismo: el juicio por los crímenes de La Perla tiene en el banquillo a 44 imputados por un total de 417 víctimas. Y juicios que terminaron este año con las mismas características alimentaron las estadísticas de condenas. Entre ellos estuvo el juicio de Tucumán con 41 acusados por 234 víctimas. Carolina Varsky, de la Procuración, señala que “a través de estos números ahora pueden verse los resultados de las políticas que viene impulsando la Procuración desde hace años con el pedido de unificación de las causas y también muestran el efecto, la importancia y el impacto que tienen los grandes juicios. Lo que se vio este año es la maduración del proceso. Y también el resultado del uso de las reglas de la Cámara de Casación, que no es menor”, agrega. Se refiere, por ejemplo, a las reglas que permiten a los testigos que ya declararon no tener que volver a hacerlo. “Esto permite aprovechar los días de audiencia, no repetir prueba que ya se obtuvo en juicios anteriores y ayuda a evitar que el testigo no se revictimice al tener que volver a actualizar todo”. Demoras en la Corte La demora en la confirmación de las sentencias por parte de la Corte Suprema es un tema que preocupa a los organismos de derechos humanos. Uno de los problemas que genera es que trunca el proceso de justicia. Los acusados que mueren antes de esa última confirmación, por ejemplo, no terminan jurídicamente condenados sino “sobreseídos por muerte”. Uno de los ejemplos fue el del dictador Jorge Rafael Videla. Tenía una sentencia firme del Juicio a las Juntas. Pero murió este año sin tener ninguna sentencia firme como producto de este nuevo proceso de justicia, apunta en este caso Lorena Balardini, del CELS. Otro dato paradigmático es el suboficial Gregorio Medina. Medina fue el primer condenado por una violación sexual como delito de lesa humanidad. La condena fue del año 2010. La dictó un tribunal de Mar del Plata. Casación confirmó ese fallo con una resolución muy importante, pero Medina quedó “sobreseído” porque murió antes de que la Corte confirmara la condena. “Llegamos al final 2013 con tan sólo 28 condenas firmes a genocidas desde la apertura de los juicios en 2006”, dice la abogada Liliana Alaniz, militante de Apel, representante de Justicia Ya! en el juicio ESMA. 02/01/14 Página|12