Alcances y límites en la distribución de energía

El colapso de las empresas concesionarias eléctricas motivó diferentes propuestas de acción que fueron desde la estatización a la aplicación de multas y las presiones para aumentar las tarifas. Cuáles son los márgenes de acción y la viabilidad que hay detrás de las posibles medidas. En los momentos de mayor tensión social por los prolongados cortes eléctricos, tanto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como el ministro de Planificación, Julio de Vido, vertieron la amenaza de una posible estatización de las distribuidoras. Esta advertencia fue replicada el pasado viernes por De Vido, quien afirmó que “no estamos analizando ahora la rescisión, sino la posibilidad de hacerlo en función de la gravísima situación”. Sin embargo, parece ser muy poco factible que el Gobierno avance en esta dirección, ya que una medida semejante iría a contramano del esfuerzo que desde fines del año pasado se encuentra realizando por restablecer vínculos con el mercado de crédito internacional, un espacio refractario a cualquier posibilidad de estatización, por justificada que esta sea. En efecto, si bien hasta el momento el Ejecutivo se mantiene firme en su política de no renovar deuda financiera, durante los últimos meses desarrolló una serie de iniciativas para lograr créditos productivos que, además impulsar obras de infraestructura –fundamentalmente energéticas– y planes de desarrollo social, permitan ingresar divisas para frenar el continuo drenaje de las reservas del Banco Central –que durante el año pasado se redujeron de 43.000 a 30.500 millones de dólares–, así como también facilitar y abaratar el crédito privado que muchas empresas argentinas aspiran a tomar en el exterior. Así, en octubre del año anterior el gobierno logró un acuerdo de indemnización por 500 millones de dólares con cinco multinacionales que prestaban servicios públicos a las que se les había rescindido unilateralmente los contratos. Si bien el Gobierno argumentaba severas falencias en los servicios prestados, dichas empresas habían obtenido sentencias favorables, tanto de los tribunales del Ciadi dependiente del Banco Mundial como del Cnudmi (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) asistido por el FMI, cuyos jueces suelen ser proclives a los intereses empresariales. Un detalle no menor y adicional, es que serían justamente estos tribunales quienes deberían efectuar una sentencia en el caso de que se estaticen las empresas distribuidoras de energía. La estrategia de acercamiento a los mercados de crédito internacional implicó, también, el preacuerdo de compensación con Repsol por sus acciones estatizadas en YPF, que posibilitará mayores inversiones a la petrolera estatal, y los anuncios de Capitanich sobre las negociaciones para acordar el pago de la deuda de 8.900 millones de dólares que desde 2001 se mantiene con diversos países nucleados en el Club de París. Queda claro, entonces, que más allá de las razones objetivas que podrían llegar a existir para la estatización de las distribuidoras eléctricas, una acción de esta envergadura iría a contramano de una estrategia que ya se vislumbra de forma clara. Por eso, suenan como más factibles las últimas propuestas del gobierno, orientadas a multar con 17,8 millones de pesos a Edesur y 8 millones a Edenor por su falta de inversión, así como obligarlas a efectuar una compensación a los usuarios de entre 490 y 870 pesos dependiendo el lapso de corte, la cual se realizará por medio de descuentos en las próximas facturas, en una medida que, de acuerdo al Gobierno, totalizará 221 millones de pesos para Edesur, y 77 millones de para Edenor. Con todo, en relación con las multas por parte del Estado, queda por saberse si estas medidas empezarán a cumplir su objetivo de efectuar una real sanción a las empresas, o si seguirán siendo cosméticas. Sucede que, según se informa desde el sitio Chequeado.com, un informe de la Auditoría General de la Nación expresa que “no surge con claridad el criterio adoptado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas a las distribuidoras”, ya que desde el mismo ENRE señalan que entre 2007 y 2011 se aplicaron 4.074 sanciones a Edenor, Edesur y Edelap por más de 820 millones de pesos, pero con un “saldo pendiente” de cobro de 629 millones, pues las empresas “han recurrido la mayor parte de las sanciones aplicadas por el ENRE”. Quienes sí parecen ser contundentes en su propuesta para salir de la crisis, son los voceros de la firma Edesur y ex funcionarios energéticos del menemismo, como Carlos Bastos y de la Alianza, como Daniel Montamat, quienes encuentran fuerte acogida en diversos medios hegemónicos. Desde allí se asegura que la crisis se debe a las severas dificultades económicas que atravesaban las empresas producto de la regulación gubernamental que impide elevar las tarifas a los consumidores. Sin embargo, no se aclaran las razones por las que entre enero y septiembre de ese año Edesur fue una de las 10 empresas que más dinero ganó en la Argentina, totalizando 1.123, millones de pesos. Tampoco las razones por las que Edenor, con los mismos ingresos relativos, tuvo una proporción de cortes cinco veces menor a la Edesur, y obtuvo también ganancias por 791 millones de pesos con acciones que fueron las que mayor rendimiento obtuvieron en la Bolsa argentina 2013, con una valorización del 234% (la justificación basada en el rumor de actualización de tarifas es, cuanto menos, inconsistente). Incluso, en una solicitada publicada el pasado viernes, esta última a empresa, además de pedir disculpas por los cortes “generados en la mayor ola de calor en 100 años”, aseguró inversiones por 1.970 millones de pesos para este año. Por eso, la idea de “compañías quebradas” que desde estos espacios se logró instalar, puede ser cuanto menos puesta en duda. No existen suspicacias, en cambio, sobre otra definición que lograron difundir en la opinión pública, la de “tarifas congeladas”. En efecto, tanto en 2007 (retroactivo a 2005) como en 2008 y en 2011 se les otorgó a las distribuidoras aumentos tarifarios parciales. A esto debe sumársele una mayor facturación producto del crecimiento en el consumo eléctrico, que de acuerdo a la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) fue de un 80% entre 2002 y 2011, y el aporte que desde el año pasado Edenor y Edesur comenzaron a recibir por parte de los consumidores, a través de un cargo fijo bimestral en las facturas conformaron el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) que en 2013 totalizó mil millones de pesos. Sí es cierto, en cambio, que estas actualizaciones fueron menores a la de la inflación, pero la tarea de un ENRE competente sería determinar y expresar públicamente si esta modificación en las ecuaciones de ingresos les impide prestar un normal servicio, o bien sólo redujo un formidable negocio. De acuerdo al trabajo “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales”, de los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, las empresas de distribución de energía eléctrica presentaron una rentabilidad media sobre patrimonio del 5,6% en franco y sistemático ascenso hasta 1998 (tras ese año, Edesur sufrió severas multas por provocar el mayor apagón en la historia argentina). Y de acuerdo a su Memoria y Estados Contables de esta empresa para Diciembre de 2002, sus utilidades netas durante el último año de la convertibilidad (2001) totalizaron 215 millones de pesos convertibles a dólares. Quien al igual que los voceros de Edesur y los ex secretarios de Energía durante el neoliberalismo fue contundente en adjudicar las causas de la crisis a las bajas tarifas abonadas por los usuarios, fue el referente económico del PRO, Federico Sturzenegger. En diálogo con el programa La Vuelta de Radio Continental, el actual diputado, afirmó que era “fácil” comenzar a resolver la crisis de distribución energética. En efecto, señaló que, además de modificar el uso horario, bastaba con incrementar las tarifas “en un promedio de 80 pesos por cliente”.