VERBITSKY IV

Mal de muchos

En ese contexto, el secretario general de una de las cinco centrales sindicales de trabajadores, Hugo Moyano, amenazó con un nuevo paro para marzo. De realizarlo, mostraría un nuevo descenso en su declinante poder de convocatoria, aunque algún intelectual de la paleoizquierda irredenta considere que el fiasco del 20 de noviembre fue el gran acontecimiento del 2012. El consumo eléctrico de ese día no mostró variaciones con el anterior ni con el siguiente, lo cual reduce aquella jornada a un gran piquetazo que vació el centro de la Capital, favorecido por la invariable decisión oficial de no reprimir la movilización política de protesta. Para salvar la incongruencia de su cambio de posición, el ex ultrakirchnerista Moyano justifica su ruptura con dos argumentos: el tope salarial que el gobierno impondría en las negociaciones paritarias y lo que su agrupación denomina el impuesto al trabajo. Son afirmaciones discutibles.

El gobierno no tiene intención de fijar ningún tope a los acuerdos que puedan alcanzarse entre empleadores y empleados, ya que advierte que cualquiera sea el número que fije habilitaría a Moyano para levantar la vara de su exigencia. De modo que tanto la cuestión impositiva como la negociación salarial se darán en la subcomisión de empleo del Consejo del Salario. La eliminación del impuesto a los ingresos para la cuarta categoría sólo reforzaría la heterogeneidad que hoy caracteriza a la clase trabajadora, en beneficio de la elite que representan Moyano y su sindicato de camioneros, quien cuenta con el paradójico apoyo del estibador rural Venegas y del gastronómico Luis Barrionuevo de Camaño. Paradójica porque los afiliados de ambos padecen las más altas tasas de informalidad.

 La motivación es política: Moyano y Venegas están organizando sus propios partidos y Barrionuevo ha declarado su apoyo a la ilusoria candidatura presidencial del gobernador de Córdoba, José de la Sota. Su primera experiencia en esas lides fue en 1988, cuando integró como precandidato a vicepresidente la fórmula que encabezaba Antonio Cafiero. De la Sota se ganó la aversión del sector al que ahora corteja al declarar que el sindicalismo era la rama seca del justicialismo. Esos agravios han sido olvidados, acaso porque en este cuarto de siglo De la Sota se ha resecado tanto o más que la rama sindical. La fracción gremial del metalúrgico Antonio Caló presentó un proyecto que intenta compensar los ingresos que el Estado obtiene por el impuesto a los réditos de la cuarta categoría con tributos a las transacciones financieras, la comercialización externa de productos mineros y un nuevo revalúo fiscal de los campos de la región núcleo. En un cálculo de extremo optimismo, realizado en el vacío político de un laboratorio, estima que de ese modo se recaudarían unos 13.000 millones de pesos adicionales.

 También propone cuatro alternativas de modificación de las escalas sobre las que se cobra el impuesto a la cuarta categoría y un incremento de las deducciones admisibles. Como regla general, el tributarista Jorge Gaggero sostiene que “en ningún país serio del mundo se ha eliminado el impuesto a los ingresos para los altos salarios de los trabajadores formales, afiliados a sindicatos con fuerte poder de presión. Es más, los actuales mínimos no imponibles son similares a los de los países mediterráneos de Europa”. Pero Gaggero también reclama la reforma impositiva de fondo, que los sindicalistas bosquejan y el Estado resiste. El gobierno se comprometió a dar una respuesta, aunque adelanta que la dificultad reside en las categorías inferiores de la escala. Quienes perciben remuneraciones de entre 7 y 15.000 pesos mensuales son las tres cuartas partes del universo alcanzado por el impuesto.

 Con alícuotas del 1 por ciento quienes ganan menos de 10.000 pesos, del 3 por ciento hasta 12.500 y del 7 por ciento hasta 15.000 su contribución ronda los 7000 millones de pesos anuales, cuya falta dejaría sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles. Los técnicos del gobierno afirman que los impuestos alternativos propuestos no compensarían esa merma. Tal vez, pero como mínimo es indiscutible su valor simbólico, igual que en el caso de los jueces. La idea de la equidad no puede subestimarse. Si es justo que paguen los asalariados más favorecidos, no hay argumento por el que deban exceptuarse los inversores financieros. Con el retraso de la actualización de los mínimos en los últimos años, el 22 por ciento de los asalariados entraron en el radar de la AFIP. En las reuniones mantenidas en las últimas semanas, los representantes oficiales anticiparon que las readecuaciones posibles procurarán mantener ese porcentaje, porque de otro modo al ritmo del incremento actual de precios pronto alcanzaría al 30 por ciento de los trabajadores. Pero dijeron en forma explícita que no volverían los tiempos en que sólo tributaban el 8 por ciento de los trabajadores. Lo que el gobierno está preparando y podría anunciar la presidente al regreso de su gira asiática son medidas muy fuertes para reducir la informalidad laboral, que afecta a un tercio de la mano de obra que no paga impuesto a los ingresos, profundizando aquello que con tanta nitidez describió Mitre en el despectivo reportaje brasileño: “Há no país uma elite que pensa de uma maneira e uma classe baixa que não se informa, não escuta, não toma consciência e segue a presidente”. Acaso porque sabe que esa fidelidad es recíproca.

20/01/13 Página|12