HUGO CAÑON, PRESIDENTE DE LA COMISION PROVINCIAL DE LA MEMORIA.

HUGO CAÑON, PRESIDENTE DE LA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
“La Inteligencia fue la columna vertebral del sistema represivo”
Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

El organismo que preside guarda los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. El material sirvió como prueba en muchos juicios por delitos de lesa humanidad, pero ahora se abrirá una investigación específica sobre la ex dependencia policial. El aporte de los documentos.

Por Alejandra Dandan
Imagen: Télam

La sentencia del Circuito Camps tiene una densidad que terminará de verse con el tiempo. En aquel veredicto, los jueces del Tribunal Oral de La Plata impulsaron una investigación sobre la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la inmensidad de los agentes de la ex Dipba, cuyos archivos están a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria. El ex fiscal Hugo Cañón es el titular de ese organismo. En esta entrevista anuncia que la Comisión se presentará como Amicus curiae en ese expediente: “Nos parece fundamental que se investigue el rol de la Inteligencia militar que fue la columna vertebral del sistema represivo: estaba diseminado estratégicamente en todo el país como un ‘factor de infiltración’ dentro del cuerpo social, de toda la ciudadanía, para detectar lo que calificaban como ‘el mal’ a ser exterminado. En esto hay connivencias civiles muy fuertes y eclesiásticas. Creo que estamos en un debate esencial en este momento, un punto de inflexión, porque se está viendo los roles de cada quien y cada cual dentro de la historia”.

–¿Qué evaluación hace sobre el aporte de la ex Dipba en los juicios de lesa humanidad?

–Es un aporte fundamental porque implica una prueba documental irrebatible. Mientras algunas pruebas testimoniales pueden ser cuestionadas o son parte de una reconstrucción histórica que integra la subjetividad, esto es un dato oficial que, además, proviene de los mismos perpetradores de los crímenes. Nos sirvió para que jueces o Tribunales elaboraran el diseño de las sentencias en función de lo que surge de la documentación que acredita la estructuración del Plan sistemático a través de las áreas de inteligencia: una ‘comunidad informativa’ interconectada entre las Fuerzas de Seguridad y Armadas que confluía en diversos organismos de inteligencia. Uno es el archivo de la Dipba, pero no es el único.

–¿La Comisión está trabajando con otros archivos?

–También con la documentación de la Prefectura Naval Argentina que dependía de marina. El archivo es “Mar Argentino norte”, corresponde a la zona que va de Mar del Plata a Puerto Madryn. En octubre de 2006 logramos incautar gran cantidad de documentos que fueron digitalizados y procesados. Del cruce de datos y evaluación se fue viendo la profundidad del valor probatorio: convergían, como ex Dipba, datos sustanciales de la observación de la marina y hemos obtenido pruebas para juicios concretos como ESMA o los Juicios de Mar del Plata. Pero en general, en el último tiempo presentamos documentación en Chaco, Corrientes, Paraná, Santa Fe, Rosario, Jujuy. O sea, distintos puntos del interior, porque hasta ahora lo habíamos hecho en el ámbito del Primer Cuerpo como el Hospital Posadas y la causa (sobre el subcomisario Luis) Patti, en la que la Cámara de Casación confirmó el fallo y en la sentencia aludió a la actividad probatoria de la Comisión, que demuestra el fundamento del Plan criminal y el rol de la inteligencia en la configuración del enemigo fijado como blanco para ser exterminado.

–¿Cómo fue ese rol?

–Las órdenes del Plan importaban disponer detenciones de aquellos que se configuraban como enemigos y esas personas tenían como destino final la muerte y por excepción podían ser liberados o puestos a disposición del Poder Ejecutivo.

–¿Qué tipo de material da cuenta de eso? ¿Los materiales del Placintara, por ejemplo?

–El Placintara corresponde a la marina. Es un Plan de operaciones que anualmente la marina elabora para su funcionamiento habitual. Ocurre que el Plan del año ‘75 tiene que ver con la preparación del Plan criminal de exterminio que se va a desarrollar desde el 24 de marzo. Por eso tiene importancia lo que se obtiene de Prefectura vinculado con ese documento. Pero inclusive hay algo muy interesante en esa documentación: surge que ya la diagramación del sistema de exterminio estaba planificada a principios de la década del ‘70 durante el gobierno de Lanusse. Ya estaba diagramado cómo actuar, en el caso Trelew o en la cárcel de Rawson. Estaba configurado todo el país por zonas, subzonas, áreas. O sea, había una diagramación del territorio nacional con la responsabilidad primaria en el Ejército para ese plan criminal. Como sabemos, es una metodología tomada de los franceses, con militares argentinos como (Alcides) López Aufranc que viajaron especialmente para instruirse y ya se comienza a trabajar en la reforma de los estatutos y reglamentos militares en la década del ‘70. Hacen desaparecer los convenios de Ginebra y no respetan los derechos del tratamiento de un enemigo en los casos de guerra y ya se habla de “delincuentes subversivos” en lugar de “enemigos”, como sería en casos de guerra de externa.

–¿Esto ya se conocía? ¿O se sabe a partir del estudio de los archivos?

–Una primera aproximación apareció con los aportes que hizo (el general Acdel) Vilas por el año ‘87 cuando le tomamos declaración indagatoria en Bahía Blanca durante trece días. Hubo un aporte de reglamentos militares muy importantes como el R-C 9, el tratamiento del “enemigo interno”. Pero el trabajo metodológico de la Comisión a través del archivo de la Dipba implicó una desentrañamiento del diseño de la política de exterminio y la comprensión del fenómeno, de cómo se operaba. Ese trabajo sirvió de prueba contundente en algunos casos, se aportó nombres, apellidos, personajes designados en tal fecha que no podrían desconocer sus firmas en los documentos y, cuando se negaron, se hicieron pericias caligráficas, como en Mar del Plata. Por todo esto, la Comisión por la Memoria ve la necesidad de que se haga una investigación específica sobre los sectores de inteligencia militar y policial de las Fuerzas de Seguridad. Entendemos que todo el plan, más que la parte operativa y logística, se asentaba en lo que significaba el rol de Inteligencia. Por eso nos pareció una solución muy, muy positiva la del Tribunal que juzgó el Circuito Camps, que impulsó formar una causa por separado para investigar a la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires.

–¿Qué va a hacer en esa causa la Comisión?

–Nos vamos a presentar como Amicus curiae para hacer todos los aportes y explicar el diseño y funcionamiento de la Inteligencia, porque en esa “comunidad informativa” había una acumulación de datos que habilitaba, como en vasos comunicantes, la información que provenía de las propias fuentes militares, policiales, pero también de agentes civiles que estaban diseminados por todo el territorio. Por ejemplo, un agente bancario, un profesor universitario, y hablo de casos concretos, eran agentes de inteligencia. Civiles, pero que colectaban información y aportaban a la comunidad de inteligencia. Luego se procesaban los datos, se pautaba la decisión estratégica de fijar el blanco. Fijar el blanco era determinar quién iba a ser secuestrado y, dentro de una estructura determinada que ellos denominaban la configuración del enemigo, era definido así, y por lo tanto debía ser detenido y torturado, y desde ahí sacarle información para proceder a nuevos blancos.

–¿Cómo funcionaba en los hechos?

–Con procesamientos de datos entre todas las Fuerzas entre sí, la comunidad informativa analizaba aportes que realizaban sectores empresarios, como por ejemplo Ford, Mercedes Benz, que marcaban y señalizaban a dirigentes y delegados gremiales como blancos. Luego se decidía operativamente fijarlos como blancos y eran objetivos a ser secuestrados, trasladados al centro clandestino de detención, torturados, desaparecidos. Todo esto lo estamos viendo con mucha claridad.

–¿Cuál es la densidad de esa red? ¿De qué cantidad de “agentes” se habla?

–Estaba diseminado estratégicamente en todo el país. Era un “factor de infiltración”. Infiltración dentro del cuerpo social, de toda la ciudadanía, para detectar lo que calificaban como ‘el mal’ a ser exterminado. En Ford había lugares de aterrizaje de helicópteros; un jefe de Seguridad que respondía a la estructura del Ejército para realizar los operativos, podía decir que se procediera a las detenciones, que luego, en general, se hacían en horarios nocturnos. Esto es una idea general que queremos trabajar cuando se abra la causa. No queremos que se trate el tema, como hasta ahora, sólo por campos de concentración o por lugares de detención, sino como una estructura más general, para ver cómo funcionó la Inteligencia militar.

–¿Hasta ahora qué se sabe?

–Vilas decía que la información la enviaban a Buenos Aires. Pero después había capacidad de decisión en cada lugar y de alguna manera lo dice (el dictador Jorge Rafael) Videla en el último libro. Había capacidad de decisión de los Comandantes de Cuerpo para decidir en un ‘cónclave’, como denominaban los lugares donde tomaban la decisión sobre el destino. Le aclaro una cosa fundamental: la responsabilidad primaria del Plan criminal estaba a cargo del Ejército; la marina era responsable en las zonas costeras y aledañas a los ríos y lugares donde la Prefectura tenía incidencia. Luego, por una cuestión de reparto de poder, Massera extiende la jurisdicción a través de la ESMA y amplía la represión ilegal a otras áreas, sobre todo a Montoneros. La Fuerza Aérea tiene muy poco espacio, más vinculado a Palomar y dos o tres aeropuertos, y donde tenía un gobernador como La Rioja, porque se repartieron el poder del país en un porcentaje de 33 por ciento, pero la responsabilidad primaria la tenía el Ejército.

–En ese diseño, ¿cuál era el lugar de la Dipba y la Inteligencia?

–La Dipba tenía una fuerte incidencia en el Circuito Camps, que reportaba a Suárez Mason pero con autonomía muy fuerte. Tenía más dominio en el conurbano bonaerense, con un director de Investigación como (Miguel) Etchecolatz, que era a su vez su mano derecha y uno de los principales ejecutores del Plan. En el resto de la provincia, también tenía un trabajo de inteligencia pero de menor incidencia, porque en la zona del V Cuerpo se hacía a través de sus Comandantes de subzonas. Pero lo que surge del archivo de la Dipba no se limita al trabajo que hizo la policía de recolectar información y hacer espionaje interno, sino que por este sistema de vasos comunicantes hay datos de las otras fuerzas. La SIDE manda información a la Dipba, el Ejército manda informes a la Dipba, todo eso se va cruzando y va con copias. Sale una orden determinada y a cada lugar de Inteligencia va a parar una copia. Cada estructura del Ejército tiene varios departamentos. El G2 o D2 de cada lugar era lo medular. Había destacamentos de Inteligencia del Ejército en cada Cuerpo, que eran los que recolectaban información y fijaban el blanco. Insisto con esto: eran los que configuraban el enemigo a exterminar. Hay mucha información, por eso es necesario procesarla judicialmente en un contexto de análisis general de lo que fue la Inteligencia: eran los que ponían el rótulo del ‘endemoniado’, una cruz y la persona valía menos que un animal.

–¿Es nueva esta dimensión de sentido del rol de Inteligencia?

–Yo creo que estamos llegando a una comprensión cabal de lo que fue el sistema gracias al avance de los juicios. Se van abriendo puertas o ventanas que habilitan una profundización. Al principio uno se aproximaba a la cuestión tímidamente, ante el pacto del silencio parecía imposible romper esto y había que estudiarlo por reglamentos. Ahora los apartes probatorios son tan claros que permiten entender más. Habilitan investigación de inteligencia y ver las complicidades civiles y eclesiásticas, yo insisto con esto.

–A la luz de los documentos, ¿cómo se ven esas complicidades?

–La forma de hacer las clasificaciones era por mesas: mesa gremial, por clubes barriales, mesa del concejo deliberante, una serie de seguimientos que permitían hacer la convergencia de información para volcarla en cada una de esas Mesas. De acuerdo al origen, de acuerdo a las fuentes. El archivo existe desde la dictadura de la Revolución Libertadora, pero cuando comienza la última dictadura, la Mesa que se expande y adquiere una relevancia particular es la Mesa Delincuente Subversivo (DS). Los de la Mesa ‘comunistas’ pasan a la ‘delincuentes subversivos’, recalificados en función de esta configuración de subversivo que antes era comunista. También hay datos curiosos. Por ejemplo, todo lo vinculado al caso Graiver o Papel Prensa no estaba en la Mesa ‘DS’ sino en ‘delitos económicos’, lo que demuestra que la mirada estaba puesta en otro lugar. Aunque después se los clasificara como DS, se ve que no apuntaba a desentrañar vinculaciones con la subversión sino a la supuesta ilegalidad, visto desde la dictadura, de esos negocios económicos, que era en definitiva para beneficiar a la dictadura militar con la trasferencia que hicieron. La Comisión hizo un aporte muy fuerte en el tema Papel Prensa.

–La Inteligencia, por definición, era uno de los lugares más secretos. Es como si recién ahora pudieran correrse los tabiques, ver nombres, lugares.

–Lo dijo (el ex fiscal Luis) Moreno Ocampo alguna vez, que el Juicio a las Juntas era un muestreo y ahí se terminaba la cosa. Era a lo que se podía llegar. La idea de Raúl Alfonsín era eso, era mejor que Italo Luder, que prefería la autoanmistía, pero estaba pensada como una cosa limitada. Recién hoy, después de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el fallo de 2005 de la Corte Suprema, estamos en la plenitud de los juicios y crímenes que son necesarios para construir un proceso democrático serio sobre la base de la verdad y la justicia. Podemos ver qué pasó en el caso del abogado (Carlos) Moreno de Tandil, secuestrado en un campo particular. El Tribunal mandó investigar ahí a todo el directorio de Loma Negra y a dos jueces de la Corte de la Provincia, porque sabían de esa desaparición y no hicieron nada. Vemos el caso del INTA, que tiene que ver con un mecanismo de la Sociedad Rural y con (Jorge) Zorreguieta, que era el secretario de Agricultura en aquella época. Tenemos documentación en la Comisión sobre el INTA. Hay toda una red que tiene que ver con las corporaciones y el poder real que utilizó a los militares para la ejecución del Plan criminal que, en definitiva, era para montar el plan económico que se montó el 2 de abril del ’76 con José Alfredo Martínez de Hoz. Y hoy el establishment quiere, desde otros lugares, generar una imposibilidad en la idea de seguir adelante.

20/01/13 Página|12