domingo, 9 de diciembre de 2012

Y BINNER PREOCUPADO POR LA REPUBLICA QUE OPINA?

Cosecha Roja – Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica



Rosario: Escuchas que prueban la trama narcopolicial
Sebastián Ortega. Cosecha Roja.
El “Fantasma” Martín Paz esperaba en el semáforo al volante de su BMW cupé blanca. Lo acompañaban la mujer y el hijo de dos años. Era la hora de la siesta del sábado 8 de septiembre y las calles de Rosario estaban desiertas. Junto a la ventanilla izquierda se detuvo una moto negra. El conductor sacó una pistola y gatilló varias veces. El Fantasma logró arrancar y dobló por el bulevar 27 de febrero. El sicario se bajó de la moto, apuntó con la 9mm y vació el cargador. Antes de detenerse, el BMW hizo casi tres cuadras, zigzagueó y chocó contra tres autos estacionados. Cuando llegó la ambulancia el Fantasma ya estaba muerto. Había recibido cinco disparos: en el abdomen, el pecho, la espalda y dos en los brazos. Una sexta bala pegó en uno de los faros traseros del auto. Antes de subirse a la moto y escapar en contramano, el sicario golpeó dos veces la pistola contra el pecho a la altura del corazón y extendió su brazo derecho hacia el cielo.
El Fantasma Paz no tenía antecedentes penales. El apodo, explicaron fuentes judiciales, se lo ganó trabajando desde las sombras para la banda de Los Monos, el clan de la familia Cantero que domina la zona Sur de Rosario.La Justicia sospecha que el Fantasma –cuñado de un miembro de Los Monos- llevaba el control de las finanzas y blanqueaba la plata sucia. Esta hipótesis nunca pudo probarse.
Varias fuentes consultadas por Cosecha Roja confirmaron que el crimen fue una venganza de L.M (el nombre se omite por razones legales), capo de una las bandas que maneja la distribución de drogas en el noroeste de Rosario y en varias ciudades del sur santafesino.
Entre febrero y mayo, en los Tribunales provinciales aparecieron dos sobres con denuncias anónimas. El fiscal de Cámara que las recibió las giró a dos juzgados de instrucción y a los tribunales federales. A partir de esos anónimos se abrieron dos causas en las que se investiga a más de 50 policías, entre ellos el actual jefe de la fuerza, Cristian Sola. Según esas denuncias, L.M paga unos 120 mil pesos mensuales de coima a la policía por la distribución de droga y 2 mil pesos por cada uno de los puntos de venta.
-A ver, muchachos, vayan moviéndose que llega L.M- dijo un patovica de un boliche del barrio Pichincha a un grupo de jóvenes.
-¿Y ese quién es?- preguntó uno de los pibes, trago en mano, al amigo que ya se había levantado de la silla.
-Vamos, después te explico.
El jefe narco entró en medio de un operativo de seguridad. Entre los negocios legales de L.M hay dos boliches y varias concesionarias de autos de alta gama.
Hasta agosto, cuando uno de sus socios -acusado de ser el líder de una banda que se dedicaba al robo y desguace de autos-, fue detenido por Gendarmería, L.M vivía en la vecina localidad de Funes y solía moverse en un Audi A3. Según explicaron fuentes judiciales, desde la detención de su socio, el jefe narco empezó a sospechar que la justicia lo estaba investigando y se mudó un tiempo a Buenos Aires.
Hasta ese momento, Los Monos y L.M habían mantenido un pacto tácito de no agresión. Con la parcial retirada de L.M, el clan de Los Cantero quiso copar todo el mercado y extendió sus redes hacia el noroeste. L.M volvió a la ciudad a poner las cosas en su lugar.
El 7 de septiembre, el día anterior al asesinato del Fantasma Paz, un abogado penalista volvió a su estudio frente a los Tribunales después de tomar un café en un bar cercano. En la puerta lo esperaba un hombre.
-¿Usted es el doctor Tortajada?-le preguntó.
El abogado abrió la puerta y fue hasta el ascensor. Desde atrás, el desconocido le pegó tres tiros con una pistola calibre 22. El hombre lo había contactado varios días atrás para que defendiera a un familiar detenido por narcotráfico.
A los pocos días, en un intervalo de 48 horas, dos agencias de autos de alta gama fueron atacadas a tiros. Una de ellas con una ametralladora de guerra FMK3. El 16 de septiembre a la noche, un panadero de 52 años que iba con la mujer en un Fiat 147 fue asesinado desde una moto. Veinte minutos después, a dieciocho cuadras del lugar, Sebastián “el Gordo Santillán” Pérez murió al recibir seis balazos mientras manejaba su Peugeot 308 descapotable. En el baúl del auto había una imagen de San La Muerte y una frase: “Dios de larga vida a mis enemigos para que de pie vean mis triunfos”. Varias fuentes consultadas por Cosecha Roja vincularon estos hechos a la guerra narco.
La policía hizo aparecer todos estos episodios como hechos aislados. El 18 de septiembre el ministro de Seguridad Raúl Lamberto reconoció que estaban “ante una situación compleja” y que había organizaciones narcos en la provincia. “Estas bandas tienen amplio poder de conducción, manejo de dinero y son muy violentas. Estas bandas están rompiendo la convivencia armónica de los vecinos rosarinos”, dijo Lamberto.
Al poco tiempo la situación se calmó. En una mesa de un bar céntrico, sentado dando la espalda a la pared del fondo, un alto jefe policial con más de 25 años en la fuerza explicó que después de la seguidilla de asesinatos los líderes de las dos bandas se reunieron y sellaron una tregua. Esta información fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Seguridad. Según el policía, miembros de la propia fuerza habrían sido garantes de ese acuerdo. El funcionario no lo descartó.
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A principios de la década del 2000, la banda de Los Monos consolidó su poder en los barrios Las Flores y La Granada, en la zona sur de Rosario. Esta organización, manejada por la familia Cantero, mantuvo durante varios años una sangrienta disputa contra Los Garompas. Con varios enemigos muertos y otros tantos tras las rejas, los negocios de Los Monos se extendieron por toda la ciudad. Si bien la principal fuente de ingresos de este clan es la distribución de droga a nivel mayorista y el manejo de kiosquitos, también se dedican a la usura –tienen absoluto control de la zona del Casino-, la venta de protección y los crímenes por encargo.
El clan de los Cantero paga, según la denuncia investigada por la justicia, unos 40 mil pesos mensuales sólo por la venta mayorista de droga.
-Tienen fusiles con mira telescópica, ametralladoras FMK3, granadas y chalecos antibalas- detalló el jefe policial.
-¿Y ese armamento de dónde proviene?
-El mercado de las armas es muy grande. La mayoría de las veces se las vende la propia policía.
A fines del mes pasado, el entonces jefe de la división de drogas de Rosario, el comisario Oscar Romero, fue separado de su cargo por el faltante de una FMK3. Los investigadores sospechan que esta ametralladora podría haber sido comprada por alguna de las bandas.
En cada barrio, a su vez, grupos más pequeños se encargan de la venta directa. El control territorial de Los Monos en zona sur y de L.M en el noroeste no evita que muchas veces bandas se enfrenten a los tiros.
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El Negro Ezequiel, en alianza con la familia del Chucha –un histórico transa de Villa Moreno-, asaltó un búnker de su antiguo socio: Sergio “El Quemado” Rodríguez, un ex barrabrava de Newell’s que manejaba unos 10 kioscos en los barrios Alvear yLa Granada. ElQuemado tenía la protección de varios jefes de la policía rosarina y de la comisaría 15ª de Villa Moreno.
Este robo, ocurrido a mediados de octubre, fue el inicio de una guerra en la que fueron asesinados tres militantes del Movimiento 26 de Junio. En una causa por el triple crimen, varios policías están procesados por encubrimiento. Según consta en una de las denuncias anónimas, uno de ellos habría llamado al entonces subjefe de la policía provincial, Cristian Sola, para pedirle que libere la zona para que El Quemado pueda escapar.
-Esta vez no podemos hacer nada, fue mucho el ruido que hizo- habría respondido Sola.
Después de la masacre, el juez ordenó una serie de allanamientos para detener a la banda del Quemado.
-Si venían media hora antes los atrapaban- decían los vecinos cuando aparecía la policía. Hay quienes sostienen que los mismos uniformados daban el aviso.
En Villa Moreno, uno de los kioscos protegidos por la policía era el del Chucha -que respondía a uno de los hijos del líder de Los Monos-. Los familiares de las víctimas del triple crimen lo denunciaron en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y en reuniones con funcionarios del gobierno provincial. Pero el Chucha seguía trabajando tranquilo.
A mediados de agosto, los Cantero mandaron a un ahijado suyo a comprar cocaína al kiosquito. Tenían el dato de que El Chucha le robaba a sus propios clientes, algo intolerable en el negocio de la droga. El rumor se confirmó cuando el enviado regresó golpeado y sin la moto. Uno de los hijos del capo fue a solucionar el asunto: llegó en su 4×4 negra acompañado de sus hombres y le pegó varios tiros en las piernas. Una vez en el piso, le dieron una paliza.
Durante varios años, el Chucha había trabajado en el barrio sin problemas con la policía. Tres días después del ataque de Los Cantero,la Brigada Operativa Departamental allanó las tres casas donde funcionaba el negocio. Incautaron 2,5 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas. El Chucha no estaba, pero sí uno de sus hijos. Él cayó preso un tiempo después. Los  vecinos dicen que se acercó rengueando a ver un operativo policial. Que un uniformado lo reconoció, lo hizo cargo de un paquete y lo llevó detenido.
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Cuando estalló el narcoescándalo en la provincia de Santa Fe con la detención del ex jefe Hugo Tognoli, el gobierno provincial le quitó a la fuerza el manejo dela Dirección Provincial de Control y Prevención de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) y desplazó a más de veinte uniformados de esta división sospechados de proteger a los narcos. Estos cambios, explicó la fuente policial, generaron resistencia en la fuerza. “Muchos de ellos –contó- siguen trabajando desde afuera. Incluso hay un importante jefe, que antes pasó por la ex Drogas Peligrosas, que está asesorando a los capos narcos. Les dice que tienen que cambiar los autos, los celulares. Les explica cómo tienen que protegerse de la policía”, se quejó.
Al menos cuatro fuentes independientes entre sí consultadas por Cosecha Roja contaron que existe, desde hace algún tiempo, una fuerte interna en la policía provincial entre el Comando Radioeléctrico y la ex Drogas Peligrosas por ver quién se queda con el negocio narco.
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El Audi A3 de Ignacio “Ojito” Actis Caporale pasó a toda velocidad por bulevar Avellaneda. En el auto lo acompañaban Dante, Pablo y otro amigo. Un patrullero del Comando Radioeléctrico los vio y empezó la persecución. A la altura de calle Dr. Riva, a siete cuadras de la casa del padre de Ojito, los pibes se tirotearon con la policía. Una bala le atravesó la oreja izquierda a Ojito, que también se lastimó una pierna al chocar el auto. Caminando con dificultad se metió en una villa y zafó de la policía. El cuarto joven también logró escapar. Los policías detuvieron a Dante y Pablo. En el baúl del Audi encontraron un paquete con cocaína.
Ojito tiene 24 años, unos llamativos ojos azules que le valieron el apodo y un pedido de captura nacional e internacional que lo convirtió en el narco más buscado de Santa Fe. En pocos años pasó de vender drogas en fiestas electrónicas a ser el jefe de una banda que abastecía a dealers de varias localidades santafesinas; de la casa familiar de zona sur a varios departamentos en el centro, una decena de autos y una vida de lujos que incluía modelos porteñas y viajes al exterior.
A pedido de la fiscal Liliana Bettiolo,la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue la encargada de llevar adelante la investigación sobre la banda de Ojito. Bettiolo tenía la sospecha –luego confirmada- de que la policía santafesina formaba parte del negocio de la droga. Según consta en el expediente al que Cosecha Roja tuvo acceso, el domingo 22 de abril, la misma noche del tiroteo, empezaron las negociaciones entre Ojito y personal de la comisaría 18.
La situación no era sencilla: había dos detenidos, un paquete con droga y un auto baleado.
A la mañana siguiente, Ojito llamó a Darío, uno de los policías amigos. En la comisaría fraguaron un acta y los dos chicos detenidos pasaron a ser víctimas de un intento de secuestro.

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