"En esta carrera contra el tiempo, tiene que haber una decisión precisa de política judicial y criminal, porque recién vamos por la mitad del juzgamiento de todos los casos que constituyen el genocidio". María Ángeles Ramos habla pausado, nombra a sus colegas y es precisa en las definiciones sobre lo que hace falta hacer para revertir la tendencia que, por cuestiones estructurales, sumadas a la edad biológica de víctimas y victimarios, va ralentando el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Nacida en Tandil, Ramos es profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, ingresó al Poder Judicial en 2006 y está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde marzo de 2017, cuando se jubiló Jorge Auat. Mantuvo la línea de su predecesor en cuanto a acudir a las provincias para asistir a los representantes del Ministerio Público en su lucha contra la impunidad de los feudos, y asegura que todos los represores con arresto domiciliario deberían llevar tobillera electrónica porque "ese beneficio no puede ser sinónimo de una excarcelación encubierta".
Ramos comparte con su antecesor la preocupación porque el 40 por ciento de las causas en trámite todavía se encuentran en etapa de instrucción, por lo cual, al ritmo actual su trámite continuaría al menos hasta 2025. Según
datos de la Procuraduría , del total de personas investigadas desde la reactivación de los juicios
un 22 por ciento murieron. Y cada vez son más los que acceden al beneficio de la prisión domiciliaria. En la agenda del organismo sólo hay ocho juicios con fecha de inicio para 2020.
--¿Hay que resignarse a no llegar a juzgar a todos los represores?
--Sin duda que no, el trabajo en la Procuraduría es para revertir esa tendencia desalentadora. La realidad de la edad de los imputados determina que es una carrera contra el tiempo, como así la de las víctimas y los sobrevivientes. Se necesita una política criminal con claros objetivos. Hay que abordar la estructura administrativa, los tribunales incompletos y fiscalías vacantes son una imposibilidad material de iniciar juicios, tal el caso de La Plata. Los concursos están, las ternas también, hay que cubrir esas vacantes. Por otra parte, las causas de este tipo deben tener prioridad, es una necesidad especial porque vamos contrarreloj con 40 años de atraso, con un compromiso internacional asumido por el Estado. En Mar del Plata por ejemplo, un solo tribunal oral estuvo realizando en simultáneo tres juicios, entonces un juicio que podría durar seis meses tardó dos años y medio. Hay que habilitar más salas, mejorar el sistema de videoconferencias.
--¿Qué parte le toca al gobierno nacional para resolver esto?
--Es un sistema complejo, los poderes del Estado tienen que resolver las vacantes y las trabas administrativas. Además, hay demora en la confirmación o rechazo de las instancias revisoras de las sentencias. Cuando una sentencia queda pendiente de revisión los segundos tramos del juicio se paralizan. Los plazos deben ser más cortos.
--¿Cómo apretar el acelerador entre ministerios?
--Existe una mesa interinstitucional de trabajo, integrada por todos los poderes del Estado así como los organismos querellantes, es un buen canal de comunicación porque ahí el Consejo Magistratura, la Corte Suprema, el Ministerio Público y las querellas pueden exponer las prioridades para hacer una agenda efectiva. Esa mesa nunca se reunió. Es un reclamo concreto, sería muy bueno que lo hiciera.
--¿Por qué no se hizo la unificación de causas en su momento, y la disposición de que se puedan adjuntar los testimonios por escrito?
--Podría ser una solución unificar causas en la medida de que haya un consenso general para que no sea un juicio eterno. Es macrocriminalidad por el volumen de víctimas y la complejidad de los circuitos represivos. Si ponemos sobre la mesa la posibilidad de unificar casos que fueron investigados con algún criterio por separado, la acumulación se nos puede ir de las manos. Pasa en el juicio ESMA, donde concentraron lo más posible hechos y responsables pero el juicio duró cinco años. Habría que hacerlo de manera seria y responsable como en la Causa 13 (el juicio a las Juntas Militares de 1985), donde hubo gran unificación de casos, de imputados y de centros represivos y se realizó en jornadas consecutivas con lo que el juicio duró nueve meses. Es decir, se puede hacer, pero para eso hace falta una decisión política e institucional.
--¿Algo así como un Juicio a las Juntas II?
--Bueno, se podría unificar todo lo que queda por cuerpos de Ejército, hay muchas alternativas. Y se puede, en Mar del Plata logramos unificar once tramos, pero el juicio demoró por cuestiones administrativas. En cuanto a la incorporación de testimonios por escrito, hay acordadas que unifican los criterios para evitar la revictimización, que permiten reproducir declaraciones brindadas en juicios anteriores incluso orales, pero no todos los tribunales lo están receptando de la misma manera. De modo que yo como fiscal, si tengo que evaluar hacerlo de esa manera pero luego los jueces no le van a dar la misma validez que si lo hubieran escuchado, preferiría que la víctima acuda al juicio.
--¿En definitiva se trata de una decisión política?
--Sin duda, de política criminal, lo que permitió que en 2003 se reactivaran los juicios.
--¿No cree que cambió el clima de época? Hay quien aduce que ya se hizo lo posible.
--La respuesta nunca podría ser "hicimos lo posible". Hay un compromiso internacional del Estado argentino de juzgar esos hechos de manera adecuada. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que haya juicios por la tarde, no se pueden atrasar porque no haya una sala de audiencia. Puede ser que la política criminal se haya orientado estos años a casos económicos financieros, de corrupción o violencia institucional. Tiene que haber una nueva decisión porque aún falta juzgar la mitad del proceso.
--¿El arresto domiciliario se convirtió en una exigencia automática de los represores? ¿No es indignante para las víctimas su constante violación?
--La tendencia es en alza, que tiene que ver con la edad de los detenidos de lesa humanidad, pero la Corte Suprema definió claramente que no debe ser concedida así. No alcanza con tener 70 años, debe existir alguna cuestión grave de salud que no pueda ser atendida en un centro carcelario. Hace falta que haya en el Servicio Penitenciario la atención necesaria, con protocolo de contingencias y hospitales con convenio. El arresto domiciliario no sirve si la persona necesita cuidados específicos, eso es un error. Es real que en el interior del país, la comunidad conoce de manera directa la situación tanto de víctimas y victimarios, y al ser detectadas esas violaciones del beneficio se ha revertido revocándolo con monitoreo electrónico. Deberían tener tobillera electrónica en todos los casos, eso evita cualquier malentendido, sale del eje del radar automaticamente queda registrado. El Patronato de Liberados es un problema de larga data, no sólo tiene un déficit en las causas de lesa. En los barrios cerrados se complica el control sin la tobillera. Los arrestos domiciliarios no pueden ser sinónimo de una excarcelación encubierta: están detenidos fuera del ámbito penitenciario y el Poder Judicial debe poder controlarlos.
