lunes, 21 de enero de 2019

SOCIEDAD 20 de enero de 2019 El desastre climático tiene responsables Por Mempo Giardinelli

El panorama en esta provincia es desolador. Lo que se ve y los medios concentrados tratan de invisibilizar es contundente: pueblos enteros bajo el agua, cientos de miles de personas con sus viviendas o taperas anegadas, desastre sanitario generalizado. 
Pero el futuro es peor si lo que más difunden y magnifican esos medios son las pérdidas que sufren “los productores”, que en su inmensa mayoría y desde sus organismos corporativos, aquí y allá, hacen lobbies para pedir subsidios y asistencias –justo ellos que odian el asistencialismo, cuando es social– a organismos estatales fundidosque seguro les van a proveer fondos para que sigan talando los bosques que quedan, y planten soja hasta en las banquinas. 
Aquí en el Chaco la situación es dramática y afecta a toda la provincia, pero la verdad es que el drama no es solamente local y tampoco se comprenderá bien si no se lo vincula con la concentración y maltrato a la tierra que atraviesa toda la historia argentina. 
Escribo estas líneas en un barrio anegado de las afueras de Resistencia, del otro lado del río Negro, pero podría escribirlo desde el piso 24 de alguna torre en construcción de las muchas que hoy dibujan aquí un ridículo paisaje dizque neoyorquino. Y esa mismidad tiene que ver con la abrumadora cantidad de hectáreas inundadas en cientos de kilómetros a la redonda, desde el río Bermejo hasta el sur santafesino, y del Paraná hasta Santiago del Estero, y todo eso sin contar las aguas desbordadas en la provincia de Corrientes. 
Sin ir muy lejos, los otrora riquísimos bajos submeridionales –límite chaqueño con Santa Fe– hoy son un mar de malezas y abandono. Si hasta Tostado, que fue una de las capitales de la Cuña Boscosa Santafesina, está totalmente bajo agua. Y aquellos bosques no existen más: hoy son un desierto inundado, producto del mismo ambienticidio –valga el neologismo– que devastó Santiago del Estero y ahora amenaza seriamente al Chaco.
Casi no hay barrios y pueblosde todo tamaño que no se hayan inundado, y toda la gente, allá y aquí, teme más tormentas para este que llaman “enero maldito”. Ha llovido en diez díasla mitad de lo que llueve en un año. Y no es sólo el agua sino la furia con que cae y los cambios de temperatura: el viernes en media hora descendió de casi 40 grados a 17, absurdos para el Chaco en verano. Y desesperantes para miles de familias carentes de todo. Porque hay que andar en patas en aguas barrosas hasta las rodillas, con tus humildes enseres echados a perder, los chicos sin escuela, las ollas populares insuficientes, y encima la bronca de ver que te sobrevuela unos minutos un presidente que no ve nada,no entiende ni le importa nada, yno siente nada. 
En este marco las defensas –o sea los terraplenes que desde hace décadas rodean Resistencia y se combinan con un complejo sistema de bombas extractoras y dos diques de regulación del río Negro, que cruza la ciudad– están funcionando a pleno pero no dan abasto. Y aunque hay chicanas políticas respecto de obras que se debieron hacer y no se hicieron, es justo reconocer que desde el poder se está asistiendo a muchos sectores marginales,como es práctica política desde hace añares. Tanto el gobierno provincial como los municipales de todos los signos están trabajando a pleno, y aquí en Resistencia a cualquiera le consta que el intendente Capitanich encabeza personalmente la asistencia, que sin embargo resulta siempre insuficiente, aquíydonde sea.
Porque el problema no está solamente en las gestiones, como fogonean maliciosamente algunos medios, porteños y también locales. 
El problema es mucho mayor y es histórico, y se llamaconcentración y maltrato a la tierra. Una factura que un millón de chaqueños pagamos ahora, como millares de compatriotas de Formosa, Corrientes y Santa Fe, por lo menos.
El problema estructural que no resuelve ni resolverá el actual ni ningún otro gobierno neoliberal se relaciona con esa que es la más vieja cuestión de la Argentina: la cuestión de la tierra. O sea el mal uso y abuso. O sea la propiedad hiperconcentrada y la histórica y permanente negación del latifundio. O sea la irracionalidad en la explotación agropecuaria. 
Y basta un solo ejemplo, que cualquier chacarero conoce: las pasturas naturales, como los bosques naturales, siempre absorbieron rápida y eficientemente todos los excedentes hídricos. Pero al sojizarse intensivamente los campos se acabó la absorción y por eso –exactamente– el agua permanece ahora sobre la superficie. Como si se hubiesen pavimentado los campos.
“El centro del problema –sostiene desde hace años Pedro Peretti, chacarero y escritor santafesino, acaso quien más sabe de esto en el país– es el modelo productivo de sojización con concentración de tierras y rentas”.En el libro “La Argentina agropecuaria”, que acabamos de escribir a dúo, sostenemos que las grandes inundaciones son consecuencia de la sojización, que destruye campos ganaderos y montes naturales.
Luego entonces la verdadera responsabilidad de las inundaciones recae enla oligarquía agraria y sus nuevos patrones: las compañías transnacionales que se están apoderando también de la tierra. 
Un reciente informe de la FAO, citado por Greenpeace en su página oficial el 3 de abril de 2017, con el título “Las inundaciones que sufre la Argentina se deben a la deforestación y al cambio climático”, ubicó a nuestro país “entre los 10 países que más desmontaron durante los últimos 25 años; se perdieron 7.600.000 hectáreas, una superficie similar a la Provincia de Entre Ríos, a razón de 300.000 hectáreas por año”. 
Esto continúa, a diario y en muchas provincias, y por si fuera poco hay datos oficiales que delatan que desde la sanción de la Ley de Bosques (a fines de 2007) se desmontaron 2.403.240 hectáreas. Y durante todo 2017 el 42 por ciento de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Ahí está la explicación a estas inundaciones, que tienen nombres y apellidos. 

21 de enero de 2019 · Actualizado hace 5 hs Las subastará entre las telefónicas El Gobierno privatizó frecuencias de ARSAT

El presidente Mauricio Macri decidió hoy privatizar frecuencias del espacio radioeléctrico asignadas de forma exclusiva a ARSAT. El decreto 58/2019 publicado en el Boletín Oficial modifica y contradice la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y habilita al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a poner en concurso  bandas de frecuencia de 3G y 4G para las empresas de Telecomunicaciones, lo que les permitirá avanzar en todo el país con la oferta de servicios audiovisuales. El decreto, al mismo tiempo que propone "generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional" critica la velocidad de los "trámites legislativos" frente "a la realidad dinámica del mercado", una excusa sistemática de Cambiemos en materia de políticas de telecomunicaciones. 
El nuevo decreto señala que la participación en las nuevas señales no podrá ser menor al 20 por ciento, lo que beneficia al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro. Un nuevo avance en la política comunicacional de la gestión Cambiemos, que inició el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pocos días después de llegar a la Casa Rosada. El Ejecutivo, inclusive, recoge el reclamo del sector cooperativo para ingresar al negocio de la telefonía móvil al habilitar la participación a operadores locales.  
La decisión presidencial llega ante la imposibilidad del oficialismo de obtener en el periodo legislativo 2018 la aprobación de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia Tic, conocida como "ley corta", debido a la oposición de sectores del peronismo a la privatización del espectro asignado a la estatal ARSAT, cuya ley (la 27208) obliga a debatir en el Congreso cualquier decisión que modifique el espectro "preferencial" asignado a ARSAT.
"El DNU, por un lado, invoca la autoridad de la ley 27208 de desarrollo satelital que otorgaba preeminencia a la empresa estatal ArSat, mientras que decreta el desmonte de sus recursos y de las atribuciones legales fijadas por dicha norma en noviembre de 2015", advirtió el docente e investigador Martín Becerra, quien criticó la condición de "urgente" de la medida teniendo en cuenta que "el gobierno ya superó tres años de administración".  
Con el decreto 1340 de 2016, el Gobierno había abierto el camino para que las telefónicas ingresan al mercado de los servicios audiovisuales y con la "ley corta" afianzaba aquella dirección, ya que a comienzos de año vencía el plazo para que las telefónicas comenzarán a ofrecer servicios audiovisuales a través de la cobertura satelital en todas las localidades del país de más de 80 mil habitantes. 
La iniciativa obtuvo media sanción del Senado en julio de 2018, pero la discusión quedó estancada en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja y debía retomarse en este año. La norma con media sanción del Senado había introducido modificaciones al proyecto oficial y ampliaba los plazos para que las grandes empresas pudieran prestar servicios de radiodifusión y TV satelital en el interior hasta julio de 2020 para Buenos Aires, Córdoba y Rosario, hasta enero de 2021 en las ciudades de más de 100 mil habitantes y hasta enero de 2022 en las localidades de menor densidad poblacional.
En el debate de la Cámara alta, solo 11 senadores se opusieron a la normativa y le recordaron al oficialismo la promesa pendiente de un proyecto integral de ley de comunicaciones convergentes. Por su parte, el titular del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, acompañó la aprobación con una cruda síntesis de los objetivos de la norma: "Estamos habilitando a Telefónica y a Claro a que pongan plata en Argentina, a ver si lo hacen, que pongan fibra óptica, tienen dos años." Días antes de aquella sesión, la Comisión de Defensa a la competencia aprobó la fusión de Telecom y Cablevisión, empresa que se transformó en la más grande del sector. 
"Demorar decisiones que implican el tendido de redes y la incorporación de operadores regionales a la oferta de servicios móviles implicaría desigualdad competitiva entre los grandes y medianos operadores, así como privar a los consumidores de mayores opciones", se justificó el Gobierno, que no esperó la reanudación del debate parlamentario. El DNU deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral, donde el oficialismo no tiene una mayoría asegurada. 
"¿Por qué sancionar un DNU sobre un tema que tenía una iniciativa de diputados del Gobierno con media sanción en Senadores? ¿Para qué apurar la sanción de un decreto que regule un espectro específico que ya está siendo regulado y está en proceso administrativo?", se preguntó el especialista Santiago Marino, quien inscribió la decisión del oficialismo como un "rasgo característico de la Política de Comunicación de Cambiemos".

20 de enero de 2019 A cambio, Trump ofrece alivio para cientos de miles de “soñadores” El presidente insiste con su muro

Trump anunció un nuevo plan migratorio que consiste en extender por tres años el estatus legal de unos 740.000 “dreamers” a cambio de que aprueben los 5700 millones de dólares que necesita para construir el muro. Pelosi rechazó la propuesta.
Trump presentó su plan migratorio ayer en el Salón Diplomático de la Casa Blanca.
Trump presentó su plan migratorio ayer en el Salón Diplomático de la Casa Blanca. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer un nuevo plan migratorio para poner fin al cierre de la Administración pero sin renunciar a la idea de construir un muro fronterizo con México. Sin embargo minutos antes de la alocución presidencial, la presidenta demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, anunció en Twitter que rechazarían la propuesta. Desde la Casa Blanca, Trump ofreció a los demócratas un nuevo plan que consiste en extender por tres años el estatus legal de unos 740.000 “dreamers” a cambio de que aprueben los 5700 millones de dólares que necesita para construir el muro.  
“Desafortunadamente nuestro sistema de inmigración está fallado y ahora estamos viviendo las trágicas consecuencias”, dijo Trump dando inicio a su discurso. “Hay crisis humanitaria y de seguridad. Una de cada tres mujeres es agredida sexualmente por criminales y miles de personas al año son afectadas por las drogas”, prosiguió enfatizando que su propuesta apunta a poner fin a lo que describió como una situación caótica. “Cuando fui candidato prometí que iba a arreglar esto y así lo haré. El sistema de inmigración es algo de lo que tenemos que estar orgullosos no algo que nos avergüence. La buena noticia es que todos estos problemas pueden ser arreglados pero solo si tenemos el coraje de hacerlo”, declaró el mandatario estadounidense en su intervención de no más de diez minutos. Hacia el final se dedicó a explicar los puntos de su propuesta migratoria que incluyen principalmente más seguridad fronteriza, 800 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria, otros tantos para comprar tecnología que permita la detección de drogas en la frontera  y un nuevo equipo de 75 jueces dedicados exclusivamente a resolver los problemas migratorios. Asimismo, ofreció una medida similar para los afectados por la cancelación de otro amparo migratorio, el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a más de 436.000 inmigrantes en EE.UU. “Esta propuesta apunta a resolver de inmediato la crisis humanitaria, inédita en nuestra historia, lleva tranquilidad a los ciudadanos, y abre de inmediato nuestro administración”, dijo. 
Trump detalló que su plan contempla tres años de alivio legislativo para 700.000 “dreamers”, lo que, según él, les puede permitir tener acceso a permisos de trabajo, números de la seguridad social y protección ante la deportación. La propuesta incluye además 5700 millones de dólares para el desarrollo estratégico de barreras físicas, o el muro, según precisó. “Esto no es una estructura de hormigón de 2000 millas (unos 3220 kilómetros) de mar a mar. Son barreras de acero en ubicaciones de alta prioridad”, matizó. Finalmente agregó que en la mayor parte de la frontera con México hay barreras naturales como montañas y agua, y subrayó que ya hay muchos kilómetros de valla construida, como las 250 millas (unos 402 kilómetros) que se están erigiendo actualmente, de acuerdo a sus datos. 
Minutos antes del anuncio oficial, Pelosi dejó clara la posición demócrata: “Desafortunadamente, su propuesta es una compilación de varias iniciativas rechazadas anteriormente, cada una de las cuales es inaceptable y, en total, no representa un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas. Es poco probable que alguna de estas disposiciones, por sí sola, sea aprobada por la Cámara de Representantes y, en conjunto, no se inicie. Por un lado, esta propuesta no incluye la solución permanente para los dreamers que nuestro país necesita y respalda”, señaló la líder demócrata. La de ayer fue la segunda alocución presidencial en los 28 días de “shutdown” o cierre y desde entonces hasta ahora el mandatario parece no haber escuchado las demandas de los demócratas. Y mientras sigue el tire y afloje entre rojos y azules hay más de 800.000 de empleados que no cobraron sus salarios y otras tantas secretarias y ministerios cerrados por el falta de financiamiento. Este “shutdown”, tercero en los tres años de gobierno ya superó al que había sido el más largo de la historia, el que lideró Hill Clinton entre fines de 19995 y principios de 1996. 
Según Pelosi, la decisión tomada por Trump el 22 de diciembre socava la seguridad de los norteamericanos. “No estamos pagando a las personas que nos mantienen seguros”, lamentó en referencia a la falta de presupuesto para los agentes de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte), agentes del FBI y funcionarios de inmigración que patrullan la frontera. En su mensaje, si bien no dudó de la profesionalidad de los agentes, si insistió en que deberían recibir sus nóminas por proteger a los dirigentes del país.

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