A pesar de que tenía funciones programadas para este año, la compañía que dirigía Iñaki Urlezaga fue discontinuada el mes pasado por el ministro de Cultura Pablo Avelluto. Se trataba del primer ballet clásico nacional de la historia, con una propuesta doblemente inclusiva.
En Alvear y Callao, los bailarines manifestaron su "angustia" frente al cierre del BND. Imagen: Bernardino Avila
“Nunca había visto bailarines de ballet”, dijo un trabajador que por allí pasaba, observando la particular escena. Sus palabras reflejan la esencia de lo que fue y dejó de ser, por decisión del ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Un grupo de integrantes del Ballet Nacional de Danza (BND), recientemente despedidos, mostraron este mediodía su arte en la intersección de Alvear y Callao. La clase y el celebrado ensayo abierto ocurrieron a dos cuadras de la sede del organismo que resolvió la disolución de la compañía dirigida por Iñaki Urlezaga. Doblemente inclusiva, estaba conformada por artistas de todo el país y acercaba la danza a un público amplio, también de todo el territorio nacional.
“Nuestro compromiso excede cualquier gestión política. Queremos expresar nuestra profunda angustia ante de la decisión de Avelluto de discontinuar la compañía, dejando así a 60 bailarines, además de técnicos, maestros y vestuaristas en la calle”, expresó una de las jóvenes artistas. La calle ya estaba cerrada a circulación. El sol del mediodía era abrasador. De los semáforos, los manifestantes habían colgado un cable con sus zapatillas de baile. La intérprete resaltó que el disuelto era “el primer y único ballet clásico nacional en la historia argentina”. También relató que, a fines de 2016, pasó de la órbita de Desarrollo Social a la cartera de Cultura, y ahí fue que comenzaron los problemas. Hubo un período de inactividad de ocho meses y demoras en los cobros. La noticia del cierre se conoció el 11 de enero. Ya había funciones previstas para 2018.
En cuatro años, este grupo logró “cosas inimaginables”, puntualizó: “Un proyecto de carácter federal e integrador, constituido por bailarines de todo el territorio argentino, elegidos a través de audiciones públicas y abiertas; una compañía que recorrió el territorio nacional, llegando a un público que jamás había tenido acceso al ballet, no sólo con funciones, también con clínicas y clases abiertas. Ha representado al país en el exterior, con funciones a sala llena, en diversos escenarios europeos”. “La cultura es un derecho de todos los argentinos. No se debe negociar. Y este ballet es del Estado, no de un gobierno”, definió.
Como el 16 de enero, cuando hicieron su primera manifestación, semejante a la de hoy, los bailarines reclamaron una audiencia al ministro de Cultura. En esta ocasión, contaron con el acompañamiento de ATE y CTA, los trabajadores del propio ministerio, Luis Zamora --quien les ofreció la presentación de un proyecto de ley a través del espacio político que conduce, Autodeterminación y libertad-- y colectivos artísticos, como Actuemos --de artistas escénicos-- y el Frente de Artistas del Partido Obrero. Estuvieron presentes, también, despedidos del INTI y trabajadores del Teatro Colón. Miembros de distintos coros entonaron una obra de Verdi: “Va, pensiero”, tercer acto de la ópera Nabucco, “el coro de los esclavos hebreos, que se entona en las protestas”, detallaron. Los integrantes del BND lucían calzas negras y remeras blancas con consignas como “No al vaciamiento cultural” y “No al cierre del Ballet Nacional”, replicadas también en volantes y banderas. Muchas personas que pasaban se quedaban mirando, sacando fotos, filmando. Otros, más que indiferentes a la belleza que se desplegaba delante de sus ojos, gritaban insultos desde sus vehículos.
Días atrás, en las últimas declaraciones que hizo sobre el tema, el ministro aludió al “funcionamiento particular” de la compañía, por la “triangulación” con la Universidad de San Martín, como si hubiera sido una de las razones del cierre. En realidad, esa es otra cara de la precarización laboral que sometió todo este tiempo a los trabajadores: en un comienzo, estuvieron contratados bajo el ala de la editorial Eudeba, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y en el último tiempo a través de contratos de locación con aquella casa de estudios. También dijo Avelluto, con tono despectivo, que la dirigida por Urlezaga era “una suerte de compañía privada que recibía subsidios del Estado”.
“Todavía no lo puedo creer”, repetían las bailarinas en las entrevistas. Margarita Peralta y Maia Cambero recordaban las tres noches “a sala llena” en Parque Centenario, en diciembre, cuando ni se imaginaban lo que iba a pasar. “Quedarte sin trabajo a los 30 años siendo bailarina es tremendo”, se lamentaron, y contaron que en las audiciones piden artistas cada vez más jóvenes. “Siempre el ballet fue medio elitista. Y nosotras veíamos a la gente acercarse con el mate a ver la función. Dimos clínicas en nuestras giras por las provincias, adonde no llega la danza. La gente agradecida, humilde. Eso te llena el alma”, recordó Cambero.
“Es hermoso lo que están haciendo”, elogió Zamora, uno de los oradores. Los integrantes del Ballet hicieron fragmentos de algunas de las obras de su repertorio, como La Traviata o El lago de los cisnes. “Es un símbolo de lo que son: sacar la música clásica a la calle, acercarla al pueblo. Están defendiendo sus fuentes laborales, pero también un arte para el pueblo”, concluyó.
Camioneros logró el respaldo de la central a la protesta contra las políticas del Gobierno, aunque de la reunión no participaron los Gordos y los independientes. La CTA de Yasky, las organizaciones sociales y PJ bonaerense apoyaron la manifestación.
Sandra Maiorano, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña anunciaron la decisión del consejo de la CGT.
La marcha sindical del 22 de febrero próximo promete ser multitudinaria: motivos políticos, sociales y económicos sobran. Ayer, el sindicato de Camioneros que dirige Hugo Moyano, promotor de la medida de acción directa, logró el acompañamiento de un sector de la CGT al aprobar el respaldo a la manifestación que podría realizarse en la Avenida 9 de Julio. La iniciativa de los Moyano consiguió también el acompañamiento de la CTA de Hugo Yasky, organizaciones sociales y hasta del PJ bonaerense. El respaldo cegetista se alcanzó luego de una reunión del Consejo Directivo donde estuvieron ausentes el sector de los Gordos y el de los independientes que apoya a Héctor Daer. Con la marcha, estos grupos buscan enfrentar y repudiar la persecución contra los sindicalistas, reafirmar la defensa de las condiciones laborales, los salarios, los convenios colectivos y rechazar las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri que se traducen en despidos, como resultado de una brusca caída de la actividad económica.
El encargado de justificar el respaldo de la CGT fue el triunviro Juan Carlos Schmid, a la sazón miembro de las huestes que respaldan a Moyano. En ese sentido, el titular de Dragado y Balizamiento indicó que en la CGT existe una gran preocupación por la situación socioeconómica del país, que “es muy similar a la de enero de 2016, cuando se sucedían en el país los despidos en el Estado y también en el sector privado, caían el consumo y el poder adquisitivo, no había inversiones ante la ausencia de tracción de la economía y no se acertaba a detener el proceso inflacionario”. En ese marco, explicó Schmid, el Consejo Directivo aprobó la Declaración de Mar del Plata “Quien quiera oír que oiga”, que promovieron Moyano y Luis Barrionuevo hace 15 días. “En especial, rechazó el intento de deslegitimación de la voz y el rol de los gremios en la sociedad que procura el Gobierno y repudió los masivos despidos en el sector estatal”, señaló.
Al encuentro llegó Pablo Moyano, secretario Gremial de la central obrera y que hacía tiempo no participaba de estos cónclaves. Pero el anuncio de la movilización no logró disimular la crisis interna que viven el triunvirato en particular y la CGT en general. La ausencia de Daer y los representantes de los gordos, como Armando Cavalieri (empleados de comercio), y los independientes Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN), da cuenta de la distancia que existe entre estos grupos y el moyanismo. Pero también hubo otras ausencias, como la de Abel Frutos (panaderos), un hombre de Moyano al que también le adjudican estrechos vínculos con el macrismo, o como la del canillita Omar Plaini.
Schmid intentó minimizar el tema al sostener que los ausentes deberán dar explicaciones en su momento y pronosticó que algunos anunciarán su adhesión a la protesta. En cuanto a Daer, dijo que estaba de vacaciones para luego reconocer que existen diferencias, a las que calificó como “matices”. Sin embargo, esta situación llevó a Schmid, quien encabezó la conferencia de prensa posterior junto a Carlos Acuña y la dirigente de los médicos de Santa Fe (AMRA), Sandra Maiorano, a insistir en que la decisión del Consejo se alcanzó “con quórum”. Una aclaración no habitual, pero a la que se recurrió ya que muchos de los dirigentes titulares de las secretarías del Consejo Directivo no estuvieron presentes y enviaron a representantes, como fue el caso de Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, Roberto Fernández, de colectiveros, y Omar Maturano, titular de La Fraternidad. En rigor, esos cargos no son transferibles a segundas líneas y aunque en general no se cuestionan, lo llamativo es que los faltazos se produjeron en el marco de una coyuntura compleja como la actual.
Schmid buscó desmentir que eso pruebe la fractura interna y, con cara de pocos amigos, condenó “los sesudos análisis periodísticos que, desde hace por lo menos un año, vaticinan la fractura de la CGT, las divisiones y las peleas intestinas diarias”. Una afirmación un tanto curiosa porque, cuando llegó a la reunión, reconoció ante los periodistas la existencia de “profundas diferencias”.
En cuanto a las razones por las que la CGT adhiere a la convocatoria de Moyano, el triunviro recordó que en el quinto punto de la Declaración de Mar del Plata se propuso que la CGT apoye y acompañe “activamente” a las organizaciones que estén en conflicto. Este es el caso de Camioneros que anunció la movilización en defensa del convenio colectivo y las fuentes laborales.
El llamado de Camioneros recibió varios respaldos, entre los que se encuentran el de Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria y el de la CTA que conduce Hugo Yasky. De hecho, ayer Pablo Moyano logró el respaldo de esta central obrera, la del líder del Suteba, Roberto Baradel, y el de ATE Capital, Daniel Catalano (ver nota aparte). Ayer, Facundo Moyano anunció también la presencia de las organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otras. Incluso, el también diputado del Frente Renovador consideró como posible que la multitudinaria marcha se realice en la Avenida 9 de Julio.
El Partido Justicialista bonaerense también anunció su respaldo a la marcha. La decisión del partido que conduce el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se tomó el pasado viernes en una reunión realizada en la localidad de Costa del Este y ayer lo ratificaron los colaboradores de Menéndez. La decisión está sintonía con el documento que emitieron en esa oportunidad, donde sostuvieron, entre otro temas, que ante la situación social el PJ bonaerense no se quedará de brazos cruzados: “Sólo vemos ajuste y gente viviendo peor. Este Gobierno es el gobierno de los ricos para los ricos. La política económica de Cambiemos es un fracaso rotundo”.
El poderoso secretario general de la gobernación Freddy Morales y once legisladores (siete radicales, tres justicialistas y un conservador popular) compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720 mil pesos y meses después se las revendieron para un programa de vivienda al Estado provincial en 30 millones. Gerardo Morales le hace autorizar los loteos a su vice. Para quienes lucran con la especulación inmobiliaria la obra social de Milagro Sala es un ejemplo intolerable que debe ser punido.
Gerardo y Walter Morales, quien conduce el instituto jujeño de vivienda. Todo queda en familia.
Milagro Sala se hizo conocida en todo el país por la construcción de viviendas sociales en el barrio de Alto Comedero, el mismo suburbio de San Salvador en cuya penitenciaría está privada en forma ilegal de su libertad desde hace un año. Muy cerca de allí, en el mismo Alto Comedero, realizó un gran negocio inmobiliario el hombre fuerte del gobierno de Jujuy, Freddy Morales, asociado con siete dirigentes de la Unión Cívica Radical, tres del justicialismo y uno del populismo jujeño del ex gobernador Horacio Guzman y su hija María Cristina. La prisión de Sala y los negocios de Morales y sus socios son una expresión inmejorable del sistema político jujeño, cuyo eje sigue siendo el Ingenio Ledesma, que es el principal terrateniente del NOA.
Servicio comunitario
La organización barrial Túpac Amaru construyó unidades populares, de bajo costo, con trabajo en cooperativa de quienes ocuparían las viviendas. De los fondos recibidos del Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) se asignaba una parte a la compra de materiales e infraestructura, otra a proveer ingresos para los cooperativistas, y un remanente se reinvertía en infraestructura para el barrio y obras de la Organización: un parque acuático de la magnitud del Parque Norte porteño y natatorios en cada barrio para que los chicos atisben que una vida digna es posible; una pileta cubierta climatizada con equipamiento que permite el acceso a discapacitados en sillas de ruedas; escuelas de los tres niveles de enseñanza, centros médicos, fábricas e incluso sitios ceremoniales como una réplica de un templo del Tiahuanaco boliviano, donde estatuas de Túpac Amaru y Micaela Bastidas presiden las ceremonias espirituales de los pueblos originarios. La reducción de los tiempos de construcción y el abaratamiento de los materiales por compra a granel, generaron excedentes que los convenios firmados por las cooperativas les permitían disponer para otros fines. En el caso de las cooperativas de la Tupac, esos excedentes se destinaron a la infraestructura del barrio y a la prestación de servicios básicos de acceso abierto para toda su población. En estas obras, que no estaban contempladas en los programas nacionales, provinciales y municipales de vivienda que contrataron a las cooperativas, se volcaron los recursos que el contador Gerardo Morales pretende que Milagro y la organización barrial Túpac Amaru “se robaron”. El gobierno provincial abandonó y dejó decaer esas obras, hasta que la comparación con el revanchismo gorila del 55 que llenó de cemento las piletas de la Fundación Eva Perón lo indujo a cambiar de táctica, rehabilitar algunas y utilizarlas para su propaganda política.
En contraste con esta concepción comunitaria de la Túpac, el emprendimiento de Freddy Morales y sus socios políticos ostenta las características de la especulación inmobiliaria tradicional, donde la tierra pública es adquirida por dirigentes políticos a precios irrisorios y luego revendida al propio Estado a precios astronómicos o loteada para construir viviendas de alto nivel. Esta diferencia conceptual, organizativa y ética está en la base de la enconada persecución contra Milagro Sala, que vino a perturbar negocios seguros realizados desde el poder a espaldas de las necesidades populares, razón verdadera por la cual está en la cárcel.
En 2009, en el pedido de informes en el que le declaró la guerra a Milagro Sala, el entonces senador Morales le recriminó “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Esta ley a la que se opusieron la UCR y el Frente Renovador que hoy gobiernan Jujuy abrió a las cooperativas de trabajadores el coto cerrado de las grandes constructoras que ahora lo recuperan, con el tercer hermano, Walter Morales al frente del Instituto de Vivienda y Urbanismo provincial, IVUJ.
Donde hay una necesidad
El 21 de julio de 2011, durante la clásica Marcha del Apagón que conmemora los secuestros y asesinatos de 1976 en el Ingenio Ledesma, 3.500 personas conducidas por la Corriente Clasista Combativa ocuparon 15 hectáreas de tierras del Ingenio Ledesma, el principal terrateniente provincial, con 157.556 hectáreas. Luego de diez días de tensión dos jueces provinciales ordenaron reprimir y la policía local y las fuerzas de seguridad privadas del Ingenio abrieron fuego sobre los ocupantes. Cuando ya se contaban cuatro muertos y 50 heridos, Milagro Sala y la Red de Organizaciones Sociales recorrieron la toma persuadiendo a los ocupantes de que se retiraran y reclamando al gobierno una solución racional. El gobernador justicialista Walter Barrionuevo creó por decreto-acuerdo 9190-H-11 del 7 de agosto de 2011 el plan “Un lote para cada familia que lo necesita”, por el que autorizó la expropiación o la compra directa de tierras para ese fin. Esta emergencia fue una oportunidad a medida para Freddy Morales y una docena de dirigentes radicales, justicialistas y del extinto Movimiento Popular Jujeño que habían acumulado centenares de hectáreas a la espera de una ocasión. Esas tierras se valorizaron por su vecindad con el barrio El Cantri de la Túpac Amaru, que realizó complejas obras de ingeniería civil para fijar un terreno cuya base era movediza, antes de proceder a su urbanización.
El decreto Nº 9861 que el gobernador Barrionuevo firmó tres meses después, el 22 de noviembre de 2011 dice que el dirigente radical René Jesús El Jadue y el populista jujeño Martín Durbal Jorge, ofrecieron “en venta una fracción a disgregarse del inmueble que poseen en condominio individualizado como Padrón A-96881, Matricula A-73230, Parcela 1156, Circ. 5, Secc. 2, del departamento Dr. Manuel Belgrano” y que el Tribunal de Tasaciones valuó en 240 mil pesos la hectárea en las condiciones en que se encuentran”. El gobierno provincial les propuso entonces adquirirles 150 hectáreas disgregadas de aquel condominio, “individualizado como Circ. 5, Secc. 2, Parcela 1170, Padrón A-98566”. Pero en vez de los 240 mil pesos por hectárea de la tasación, la provincia les ofreció 200 mil y el trato se cerró por un total de 30 millones de pesos. Los vendedores eran los ex legisladores provinciales Freddy Morales, Miguel Angel Giubergia, Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig y René Jesús El Jadue (todos radicales, varios de ellos testigos en el juicio contra Milagro Sala, funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de Gerardo Morales o jueces); Pedro Teófilo Lozano, Luis de la Zerda y Daniel Almirón (de distintas líneas justicialistas) y Martín Durbal Jorge (del Movimiento Popular Jujeño de los Guzmán). Pero se las habían adquirido nueve meses antes, por 727.540 pesos, al contador Luis Miguel Jiménez, según consta en la escritura pública N° 26, del registro del Escribano C.R. Frías, fechada el 15 de febrero de 2011, y que fue detectada por el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Ningún negocio decente permite una ganancia superior al 4000 por ciento en nueve meses.
¿Pero cómo llegaron a poseer esas tierras los doce apóstoles legislativos y quien es el contador Jiménez?
La versión que siempre circuló entre los políticos jujeños es que habían iniciado juicio a la provincia por una diferencia salarial, dado que no habían cobrado un aumento por la crónica crisis financiera de la provincia. El Banco de Jujuy residual (un ente de la provincia representado por el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes, que administraba los clavos luego de la privatización de 1998 a favor del Banco Macro de Jorge Brito) decidió ejecutar 350 hectáreas que una empresa fallida había hipotecado con el banco de la provincia de Jujuy y con ellas pagar la deuda a los legisladores. Esta versión indulgente oculta una historia más interesante.
Para ser Franco
El 20 de octubre de 2013 el periodista Franco Mizrahi mencionó en una investigación publicada por el diario Tiempo Argentino el expediente A-61817/92, iniciado en el Juzgado Civil y Comercial 7 de San Salvador de Jujuy, de la entonces jueza María González de Prada. Una empresa de la familia Bustamante Pérez ofreció un terreno en Alto Comedero, Los Alisos, como garantía de un crédito que habían tomado en el Banco de Jujuy. Cuando la empresa familiar quebró, las tierras hipotecadas cambiaron de manos. Según la documentación de la causa, que Mizrahi tuvo la gentileza de facilitarme, el 29 de mayo de 1997 los Bustamante Pérez firmaron un boleto de compraventa con el contador Luis Miguel Jiménez por el que “venden, ceden y transfieren al comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs) parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”. Al mes siguiente, el 2 de julio de 1997, la jueza María González de Prada, por la secretaría de Marisa Rondón de Dupont (quienes hoy han ascendido a camarista y jueza civil y comercial respectivamente) autorizaron la venta pactada con el contador Jiménez, a quien en la foja 471 de ese expediente mencionan como “comisionista”. Es decir que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes hasta entonces no identificados.
En su nota de 2013, Mizrahi añadió que Jiménez cedió los derechos y las acciones sobre esas tierras a los legisladores porque la ley de ética pública provincial les prohibía realizar negocios con el Estado. Otras fuentes alegan que Jiménez también adquirió tierras aledañas en las mismas condiciones excepcionales, que se van vendiendo para nuevos emprendimientos inmobiliarios a medida que se valorizan y crece la demanda.
Según la documentación del Registro Inmobiliario de la Dirección Provincial de Inmuebles la propiedad original identificada con el mencionado padrón A-53849, constaba de 849,6 hectáreas. En 2005 fue subdividida en otras parcelas, de 385 y 463 hectáreas. Una de ellas, identificada con la matrícula A-73230 es la que luego origina 305,3 hectáreas de la matrícula A-76611, parcela 1254, padrón A-98960, que apareció en la declaración jurada del Hermano Freddy. En el Registro figura el condominio de los dirigentes del bipartidismo jujeño, por la compraventa en 727.540 pesos a Jiménez, realizada el 15 de febrero de 2011, “en cumplimiento al boleto del 29.05.97”. Es notable que un boleto de compra-venta sea perfeccionado recién 14 años más tarde, justo cuando aparece la posibilidad de la ganancia especulativa, gracias a las necesidades insatisfechas de miles de personas sin vivienda, la valorización de la zona por la acción de los tupaqueros y la generosidad del Estado con los legisladores. En el caso de Freddy el registro dice que su participación se originó en “DACION EN PAGO PART INDIV. $70.000- EP nº 30, de fecha 16/02/2011” (al día siguiente de la compraventa de los otros once) con inscripción definitiva el 15/4/2011. Además, aparecen como condóminos varios miembros de las familias Palomares y Abud, históricos compañeros y amigos del Hermano Freddy durante sus varios periodos en la Contaduría General de la Provincia.
Firmaré y ganarán Millone
La compra a Jiménez pasó sin escándalo pero la reventa al Estado provincial fue objetada por la Fiscalía de Estado, invocando el artículo 64 de la Constitución Provincial, que prohíbe a “todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado”. En enero de 2012, cuando se pidió el acuerdo del Tribunal de Cuentas, tampoco aprobó la venta su Vocal contable, contador René Barrionuevo. En cambio, la Vocal Letrada Mariana Bernal (hermana de la entonces diputada nacional del PJ María E. Bernal), interpretó que no se da el beneficio mencionado en la Constitución porque vendieron a 200 mil pesos cada hectárea tasada a 240 mil. Pero omite que el mismo año de la operación habían pagado 4.850 pesos esa misma hectárea. Desempató la presidente del Tribunal de Cuentas designada por el gobernador Eduardo Fellner, Nora Millone Juncos. Según el diario “El Libertario”, que tituló su cobertura del 3 de febrero del 2012 “Negocios inmobiliarios de diputados en Jujuy”, para Millone Juncos “la Constitución no le prohíbe al funcionario contratar con el Estado” si los vendedores no obtienen beneficios con la operación. Aceptaron ganar sólo 41 veces lo que habían pagado. Si eso no es un beneficio habría que redefinir el vocablo. Millone fue confirmada en el cargo por el gobernador Gerardo Morales, quien además conchabó al oportuno contador Jiménez como Secretario de Egresos Públicos.
El año pasado, el gobernador Morales anunció que el plan “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” pasaría a llamarse “Jujuy Hábitat” y que los lotes se adjudicarían por sorteo a quienes vienen inscribiéndose desde 2011. El trámite de adjudicación está a cargo del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, cuyo titular es Walter Morales, el hermano de Gerardo y Freddy. El ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti dijo que habían “desarticulado los negociados de intermediarios inescrupulosos que pretenden lucrar con el Estado y la necesidad de la ciudadanía”. Qué bien.
Loteos al Amanecer
El decreto de compra del terreno de los legisladores se firmó el 22 de noviembre de 2011. El 4 de agosto, Freddy Morales había registrado junto a su esposa Patricia Reyna la marca “El Amanecer” en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dentro de la clase 36 que permite, entre otras cosas, la realización de negocios financieros e inmobiliarios. Pero esta relación no fue evidente porque el decreto del gobernador Barrionuevo recién se publicó en el Boletín Oficial en mayo de 2012, un lapso menos dilatado que los 14 años entre el boleto y la escritura, pero de todos modos fuera de lo común.
Aquella nota de Tiempo Argentino enumeraba cuatro inmuebles escriturados por Freddy Morales en el Registro de la Propiedad de Jujuy, según sus propias declaraciones juradas.
Padrón 57033; matrícula 48844.
Padrón 98962; matrícula 76613.
Padrón 82973; matrícula 59939 (en copropiedad con su esposa).
Padrón 98960; matrícula 76611.
Los colegas de “El Disenso” publicaron el decreto 1234-ISPTYvV/2016, del 11 de mayo de 2016, que aprueba la mensura y el anteproyecto de loteo del último de esos terrenos, el mismo que compraron y vendieron los legisladores, a solicitud del apoderado Miguel Giubergia, actual secretario del Comité Nacional de la UCR, director del Ente Nacional de Comunicaciones que reemplazó a la Afsca una vez derogada por decreto la ley audiovisual, y uno de los testigos ofrecidos por Gerardo Morales en el juicio contra Milagro Sala. Una curiosidad adicional es que el decreto que autoriza el loteo no fue firmado por Morales, sino por su vicegobernador Carlos Guillermo Haquim. Cumplieron así con la formalidad de que no fuera directamente Gerardo quien autorizara el negocio de Freddy, lo cual tranquilizó a la selectiva oficina anticorrupción de la ex diputada macrista Laura Alonso. La hermana del vice, Susana Haquim es la secretaria de Derechos Humanos de Morales, que justificó la detención de Milagro Sala ante organismos nacionales que la visitaron.
–¿Qué más necesitan para convencerse de que es una ladrona?- les preguntó con fastidio.
–Una condena firme en un juicio con garantías del debido proceso –le respondieron.
Dos culturas incompatibles, entre las que el diálogo es improbable.
“El Disenso” continúa con una pregunta retórica: “¿Sabés quien se está dedicando a comercializar loteos en Los Alisos? Si… adivinaste”, y sigue con el logotipo de El Amanecer, tan reminiscente del que identifica al IVUJ de Walter Morales. La oferta del Proyecto Amanecer en el Barrio Alto Comedero dice que las viviendas serán apareadas y/o en dúplex de dos dormitorios, cocina, comedor, y baño de entre 45 y 50 m2 y “excelente calidad en sus materiales y diseño constructivo”. Añade que contarán con agua potable, cloacas, gas natural, energía eléctrica, alumbrado público, calles asfaltadas, espacios verdes, espacios públicos y centro comercial. Amanecer Solidario es una mutual con sede en Balcarce 128, la misma oficina en la que funcionan otras empresas de Freddy Morales, como Viajes de Capricornio SRL o VC Turismo, una obvia fachada para otras actividades: cuando Mizrahi preguntó por un tour a Purmamarca, no supieron decirle si era posible y le pidieron que regresara en otro momento.
Tiros y amenazas
La nota de Mizrahi se publicó el domingo 20 de octubre de 2013. El lunes 21, una caminata del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUYO), con el que Milagro Sala se presentó por primera vez a las elecciones legislativas de ese año y obtuvo el 14 por ciento de los votos, fue atacada a tiros, en una emboscada que el fiscal Aldo Hernán Lozano calificó como tentativa de homicidio contra Milagro. Según el abogado de la Túpac, Luis Paz, “los militantes hicieron un escudo de protección a Milagro” y dos de sus integrantes fueron heridos de bala. Uno de los agresores, Cristian Mario Llanes, era empleado del municipio, ya en manos de la UCR. En octubre de 2015 fue condenado por ello a cinco años y medio de prisión Alejandro Sequeiros, cuñado de la ex diputada radical Natalia Sarapura, quien organizó las ceremonias a la Pachamama para Morales y Macrì en Humahuaca y Purmamarca y hoy es Secretaria de Asuntos Indígenas de Jujuy. El martes 22 de octubre de 2013, Freddy Morales publicó una solicitada en la prensa jujeña, en la que calificó la nota de Mizrahi como “agraviante, mal intencionada y claramente sustentada en información falsa”. Agregó que había “instruido a mis asesores jurídicos para que procedan a iniciar las acciones legales y penales que correspondan a fin de aclarar cada una de las injurias y calumnias sostenidas en la referida nota”. Parece que no correspondía porque cuatro años después, ni Morales ni sus once socios en el negocio del tráfico de tierras públicas han iniciado acción alguna contra Mizrahi ni explicado cuáles serían las informaciones falsas, las calumnias ni las injurias.
Un boleto de compraventa firmado en 1997.
Y una escritura que recién se firma en 2011. Una ganancia para los dirigentes políticos del 4000 por ciento.
Si Darío Kubar se alineara con las nuevas disposiciones, su intendencia quedaría casi vacía dado que entre sus funcionarios se multiplican hermanos, primos y cuñados. Se justificó diciendo que nombraba a gente de su confianza.
La gobernadora Vidal junto al intendente Darío Kubar en la recorrida que hicieron el 9 de enero pasado.
“Que este 2018 nos encuentre juntos, con paz y felicidad compartida, trabajando todos por un General Rodríguez próspero y con el futuro que se merece. Les deseo de corazón todo lo mejor del mundo. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga”, posteó Darío Kubar, el intendente macrista del municipio del oeste del conurbano bonaerense, acompañado de una foto familiar que lo muestra junto a su esposa y tres hijos en la red social Twitter el primer día del año. Su familia ha sido un sello de la gestión al frente del municipio. Unos 14 familiares directos integran la plantilla municipal en cargos importantes y la lista llegaría a 20 en otros cargos menores. Si Kubar se ve forzado a adherir a la tardía proclama presidencial de excluir de la administración estatal a los familiares directos de los principales funcionarios, su “equipo” comunal correría riesgo de quedar vacío. No es el caso de su hermano Florencio, que rompió políticamente con Darío y ahora acusa al jefe comunal de haberle mandado a quemar la camioneta y a golpearlo. La insólita interna familiar –de la rama que no tiene cargos– terminó con el intendente echando a sus propios padres de la quinta en que compartían para Navidad.
El escándalo que desató ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el nombramiento de una empleada familiar como interventora de la delegación San Fernando del SOMU, terminó con el presidente Mauricio Macri ratificándolo en el cargo y con un decreto para desplazar a familiares de integrantes del Ejecutivo en la administración pública nacional. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue de la primeras en encolumnarse con la decisión presidencial y desde su administración le apuntan a los municipios como el supuesto embrión del nepotismo. Con la lupa en las comunas, las intendencias en manos de Cambiemos no fueron la excepción y General Rodríguez emergió como una caso paradigmático.
El intendente Kubar tiene casi una veintena de familiares en su gestión municipal. Su esposa, Natalia Ruiz, es ahora concejal tras encabezar la boleta de Cambiemos en 2017, hasta entonces –desde 2015– fue su secretaria privada. Su hermano, Lucas Kubar, es secretario de Servicios Públicos mientras que su primo Carlos Kubar, coordinador de Políticas Socioeducativas. Sus cuñadas Graciela y Florencia Ruiz son directora del Museo Municipal y subdirectora de la Privada municipal, respectivamente. SU cuñada Miriam Conforti, esposa del secretario Lucas Kubar, es empleada en la Dirección de Entidades. Sus sobrinas Brenda y Wanda Lucero –hijas de la directora Graciela Ruiz– son directora de Juventud y empleada en la poblada Secretaría Privada, respectivamente. Mariano Pallet –sobrino político, marido de Florencia Ruiz–, es jefe de la Oficina Local del Anses. Marina Cordone –esposa del primo Carlos Kubar–, jueza de Faltas designada por su gobierno y ex concejal opositora hasta que le salió el cargo. Otro primo, Luis Moreno, es subdirector de Regularización Dominial. La pareja de Graciela Ruiz, Raúl Lucero, trabaja en la radio municipal mientras que a la esposa de su socio en el estudio de ingeniería, Patricia Piatta, la designó jueza de Faltas.
Para el periodista local Alejandro Krewsky (del semanario El Vecinal), que colaboró con PáginaI12 en la elaboración de la extensa lista, también explicó como los contactos familiares se multiplican más allá de la plantilla municipal. La comuna le alquila al primo del intendente, Juan José Kubar, la casa que utiliza el Juzgado de Faltas –creado en su administración– por más de un millón de pesos al año. También hay contratistas y personas que se encargan de controlar las ferias de artesanos que portan los familiares apellidos Kubar y Ruiz, que suman otros 20. Mientras que el resto de los principales funcionarios municipales –muchos de ellos provenientes de las administraciones derrotadas en Merlo y Malvinas Argentinas– replican en sus áreas la conducta del intendente.
“Cualquiera elegiría a una persona de confianza y no a un vecino que esté dando vueltas por ahí”, se justifico Kubar en una entrevista radial en la que defendió el nombramiento de su esposa y de su hermano, pero no hizo referencia al resto de la parentela en su gestión.
Kubar, que llegó a la intendencia en 2015 en la misma boleta que Macri y Vidal, ahora también quedó expuesto. Por su zigzagueante trayectoria política, el macrismo no termina de reconocerlo como propio. Kubar fue concejal del FpV y hacía campaña con unos pinguinos inflables en la plaza del pueblo. Luego pegó el salto al massista Frente Renovador y se alineó con el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en sus coqueteos con Cambiemos. Cariglino no terminó de cerrar su acuerdo pero Kubar fichó para el macrismo en General Rodríguez.
Ya el 2017 no había sido un buen año para su gestión casi familiar. La baja perfomance de Cambiemos en la primarias locales provocó la ruptura con su hermano Florencio, quien lo responsabilizó de acordar la llegada a la ciudad de “la mano de obra de desocupada de Jesús Cariglino, Raúl Othacehé y Mariano West”, los derrotados barones del Conurbano. A Florencio le quemaron su vehículo en la calle y sufrió un violento asalto en su Casa en pleno día. No dudó en apuntarle a su hermano intendente: “Cuando yo decido irme, me mandó a quemar una camioneta y después me mandó matones a que me aflojen todos los dientes”, afirmó Florencio al portal Infocielo.
Kubar perdió la elección legislativa de octubre a manos de Unidad Ciudadana, a pesar de haber jugado a su esposa como primera candidata a concejal. El 24 de diciembre, la interna familiar estalló y el jefe comunal echó a sus padres de la casa en que se preparaban para recibir la Navidad.
Pese a la derrota, la gobernadora Vidal buscó respaldarlo y el 9 de enero pasado, en su primera recorrida luego de visitar la Costa Atlántica, estuvo con Kubar en la reciclada guardia del hospital de agudos de la zona.
"Insisten con el 9, paramos el 9", anunció el titular del gremio Sergio Palazzo al convocar a la medida de fuerza para el viernes de la próxima semana. También adelantó que si las cámaras empresarias no mejoran su oferta, el plan de lucha contempla un paro de 48 horas el 19 y 20 de febrero.
La Asociación Bancaria convocó hoy a un paro nacional en todas las entidades del país -tanto de la banca pública como de la privada- para el próximo viernes 9 en rechazo a una propuesta salarial del 9 por ciento planteada por las cámaras empresarias en el marco de la negociación paritaria del sector, según lo anunciado este mediodía por el secretario general del gremio, Sergio Palazzo.
“Insisten con el 9, paramos el 9!!!”, escribió desde su cuenta de Twitter Palazzo, que convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al exiguo porcentaje de aumento ofrecido por los bancos de cara a las próximas paritarias. “Ante la provocación del ofrecimiento de un 9 por ciento bancarios en estado de alerta y movilización”, sostuvo también Luis Pablo Doublier, delegado gremial del Banco Nación. La medida fue decidida en el plenario de delegados de La Bancaria.
Tras el escándalo que provocó el "reconocimiento extraordinario" que había recibido el actual ministro de Agroindustria de parte de la Sociedad Rural, entidad que había presidido durante los últimos cinco años, el funcionario decidió devolver el dinero para poder "desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles".
Imagen: DyN
Dos meses después de la difusión de la noticia de que el ex presidente de la Sociedad Rural y flamante ministro de Agroindustria había cobrado 500 mil pesos en concepto de "reconocimiento extraordinario" de parte de la patronal que había presidido hasta el día en en que se incorporó al gabinete nacional, Luis Miguel Etchevehere decidió devolver el dinero a sus antiguos representados.
De acuerdo con el comunicado difundido por el actual funcionario, la decisión estuvo motivada por "la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles".
En su momento, Etchevehere había justificado el cobro de aquel bono como una “liquidación de sueldos pendientes”, y había afirmado que era "algo normal de donde venimos, pero parece extraordinario”.
Etchevehere, quien asumió como ministro el 21 de noviembre pasado, había argumentado que el cargo de presidente de la Sociedad Rural que él ocupaba era remunerado. “Se le paga un sueldo al presidente y al vice porque la entidad pide que se deje la actividad particular del dirigente. Para que éste la pueda dejar, se le da una remuneración para que pueda seguir adelante con su vida”, detalló en su momento.
El bono de 500 mil pesos había sido aprobado por la asamblea del consejo directivo de la Sociedad Rural en una votación dividida, que terminó con 14 votos favorables y 11 negativos y varios enojados. Un grupo de delegados del distrito 2 elevó una nota en donde calificaron el hecho como “un pésimo ejemplo y antecedente” que afectaba tanto el “buen nombre y honor” de la Sociedad Rural como “al sector Campo”. En esa nota que enviaron al actual presidenta de la SRA, Daniel Pelegrina, le agradecen a Etchevehere por sus cinco años de gestión pero afirmaron que “la persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor”.
A continuación el comunicado completo del actual funcionario:
