El poderoso secretario general de la gobernación Freddy Morales y once legisladores (siete radicales, tres justicialistas y un conservador popular) compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720 mil pesos y meses después se las revendieron para un programa de vivienda al Estado provincial en 30 millones. Gerardo Morales le hace autorizar los loteos a su vice. Para quienes lucran con la especulación inmobiliaria la obra social de Milagro Sala es un ejemplo intolerable que debe ser punido.
Gerardo y Walter Morales, quien conduce el instituto jujeño de vivienda. Todo queda en familia.
Milagro Sala se hizo conocida en todo el país por la construcción de viviendas sociales en el barrio de Alto Comedero, el mismo suburbio de San Salvador en cuya penitenciaría está privada en forma ilegal de su libertad desde hace un año. Muy cerca de allí, en el mismo Alto Comedero, realizó un gran negocio inmobiliario el hombre fuerte del gobierno de Jujuy, Freddy Morales, asociado con siete dirigentes de la Unión Cívica Radical, tres del justicialismo y uno del populismo jujeño del ex gobernador Horacio Guzman y su hija María Cristina. La prisión de Sala y los negocios de Morales y sus socios son una expresión inmejorable del sistema político jujeño, cuyo eje sigue siendo el Ingenio Ledesma, que es el principal terrateniente del NOA.
Servicio comunitario
La organización barrial Túpac Amaru construyó unidades populares, de bajo costo, con trabajo en cooperativa de quienes ocuparían las viviendas. De los fondos recibidos del Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) se asignaba una parte a la compra de materiales e infraestructura, otra a proveer ingresos para los cooperativistas, y un remanente se reinvertía en infraestructura para el barrio y obras de la Organización: un parque acuático de la magnitud del Parque Norte porteño y natatorios en cada barrio para que los chicos atisben que una vida digna es posible; una pileta cubierta climatizada con equipamiento que permite el acceso a discapacitados en sillas de ruedas; escuelas de los tres niveles de enseñanza, centros médicos, fábricas e incluso sitios ceremoniales como una réplica de un templo del Tiahuanaco boliviano, donde estatuas de Túpac Amaru y Micaela Bastidas presiden las ceremonias espirituales de los pueblos originarios. La reducción de los tiempos de construcción y el abaratamiento de los materiales por compra a granel, generaron excedentes que los convenios firmados por las cooperativas les permitían disponer para otros fines. En el caso de las cooperativas de la Tupac, esos excedentes se destinaron a la infraestructura del barrio y a la prestación de servicios básicos de acceso abierto para toda su población. En estas obras, que no estaban contempladas en los programas nacionales, provinciales y municipales de vivienda que contrataron a las cooperativas, se volcaron los recursos que el contador Gerardo Morales pretende que Milagro y la organización barrial Túpac Amaru “se robaron”. El gobierno provincial abandonó y dejó decaer esas obras, hasta que la comparación con el revanchismo gorila del 55 que llenó de cemento las piletas de la Fundación Eva Perón lo indujo a cambiar de táctica, rehabilitar algunas y utilizarlas para su propaganda política.
En contraste con esta concepción comunitaria de la Túpac, el emprendimiento de Freddy Morales y sus socios políticos ostenta las características de la especulación inmobiliaria tradicional, donde la tierra pública es adquirida por dirigentes políticos a precios irrisorios y luego revendida al propio Estado a precios astronómicos o loteada para construir viviendas de alto nivel. Esta diferencia conceptual, organizativa y ética está en la base de la enconada persecución contra Milagro Sala, que vino a perturbar negocios seguros realizados desde el poder a espaldas de las necesidades populares, razón verdadera por la cual está en la cárcel.
En 2009, en el pedido de informes en el que le declaró la guerra a Milagro Sala, el entonces senador Morales le recriminó “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Esta ley a la que se opusieron la UCR y el Frente Renovador que hoy gobiernan Jujuy abrió a las cooperativas de trabajadores el coto cerrado de las grandes constructoras que ahora lo recuperan, con el tercer hermano, Walter Morales al frente del Instituto de Vivienda y Urbanismo provincial, IVUJ.
Donde hay una necesidad
El 21 de julio de 2011, durante la clásica Marcha del Apagón que conmemora los secuestros y asesinatos de 1976 en el Ingenio Ledesma, 3.500 personas conducidas por la Corriente Clasista Combativa ocuparon 15 hectáreas de tierras del Ingenio Ledesma, el principal terrateniente provincial, con 157.556 hectáreas. Luego de diez días de tensión dos jueces provinciales ordenaron reprimir y la policía local y las fuerzas de seguridad privadas del Ingenio abrieron fuego sobre los ocupantes. Cuando ya se contaban cuatro muertos y 50 heridos, Milagro Sala y la Red de Organizaciones Sociales recorrieron la toma persuadiendo a los ocupantes de que se retiraran y reclamando al gobierno una solución racional. El gobernador justicialista Walter Barrionuevo creó por decreto-acuerdo 9190-H-11 del 7 de agosto de 2011 el plan “Un lote para cada familia que lo necesita”, por el que autorizó la expropiación o la compra directa de tierras para ese fin. Esta emergencia fue una oportunidad a medida para Freddy Morales y una docena de dirigentes radicales, justicialistas y del extinto Movimiento Popular Jujeño que habían acumulado centenares de hectáreas a la espera de una ocasión. Esas tierras se valorizaron por su vecindad con el barrio El Cantri de la Túpac Amaru, que realizó complejas obras de ingeniería civil para fijar un terreno cuya base era movediza, antes de proceder a su urbanización.
El decreto Nº 9861 que el gobernador Barrionuevo firmó tres meses después, el 22 de noviembre de 2011 dice que el dirigente radical René Jesús El Jadue y el populista jujeño Martín Durbal Jorge, ofrecieron “en venta una fracción a disgregarse del inmueble que poseen en condominio individualizado como Padrón A-96881, Matricula A-73230, Parcela 1156, Circ. 5, Secc. 2, del departamento Dr. Manuel Belgrano” y que el Tribunal de Tasaciones valuó en 240 mil pesos la hectárea en las condiciones en que se encuentran”. El gobierno provincial les propuso entonces adquirirles 150 hectáreas disgregadas de aquel condominio, “individualizado como Circ. 5, Secc. 2, Parcela 1170, Padrón A-98566”. Pero en vez de los 240 mil pesos por hectárea de la tasación, la provincia les ofreció 200 mil y el trato se cerró por un total de 30 millones de pesos. Los vendedores eran los ex legisladores provinciales Freddy Morales, Miguel Angel Giubergia, Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig y René Jesús El Jadue (todos radicales, varios de ellos testigos en el juicio contra Milagro Sala, funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de Gerardo Morales o jueces); Pedro Teófilo Lozano, Luis de la Zerda y Daniel Almirón (de distintas líneas justicialistas) y Martín Durbal Jorge (del Movimiento Popular Jujeño de los Guzmán). Pero se las habían adquirido nueve meses antes, por 727.540 pesos, al contador Luis Miguel Jiménez, según consta en la escritura pública N° 26, del registro del Escribano C.R. Frías, fechada el 15 de febrero de 2011, y que fue detectada por el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Ningún negocio decente permite una ganancia superior al 4000 por ciento en nueve meses.
¿Pero cómo llegaron a poseer esas tierras los doce apóstoles legislativos y quien es el contador Jiménez?
La versión que siempre circuló entre los políticos jujeños es que habían iniciado juicio a la provincia por una diferencia salarial, dado que no habían cobrado un aumento por la crónica crisis financiera de la provincia. El Banco de Jujuy residual (un ente de la provincia representado por el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes, que administraba los clavos luego de la privatización de 1998 a favor del Banco Macro de Jorge Brito) decidió ejecutar 350 hectáreas que una empresa fallida había hipotecado con el banco de la provincia de Jujuy y con ellas pagar la deuda a los legisladores. Esta versión indulgente oculta una historia más interesante.
Para ser Franco
El 20 de octubre de 2013 el periodista Franco Mizrahi mencionó en una investigación publicada por el diario Tiempo Argentino el expediente A-61817/92, iniciado en el Juzgado Civil y Comercial 7 de San Salvador de Jujuy, de la entonces jueza María González de Prada. Una empresa de la familia Bustamante Pérez ofreció un terreno en Alto Comedero, Los Alisos, como garantía de un crédito que habían tomado en el Banco de Jujuy. Cuando la empresa familiar quebró, las tierras hipotecadas cambiaron de manos. Según la documentación de la causa, que Mizrahi tuvo la gentileza de facilitarme, el 29 de mayo de 1997 los Bustamante Pérez firmaron un boleto de compraventa con el contador Luis Miguel Jiménez por el que “venden, ceden y transfieren al comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs) parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”. Al mes siguiente, el 2 de julio de 1997, la jueza María González de Prada, por la secretaría de Marisa Rondón de Dupont (quienes hoy han ascendido a camarista y jueza civil y comercial respectivamente) autorizaron la venta pactada con el contador Jiménez, a quien en la foja 471 de ese expediente mencionan como “comisionista”. Es decir que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes hasta entonces no identificados.
En su nota de 2013, Mizrahi añadió que Jiménez cedió los derechos y las acciones sobre esas tierras a los legisladores porque la ley de ética pública provincial les prohibía realizar negocios con el Estado. Otras fuentes alegan que Jiménez también adquirió tierras aledañas en las mismas condiciones excepcionales, que se van vendiendo para nuevos emprendimientos inmobiliarios a medida que se valorizan y crece la demanda.
Según la documentación del Registro Inmobiliario de la Dirección Provincial de Inmuebles la propiedad original identificada con el mencionado padrón A-53849, constaba de 849,6 hectáreas. En 2005 fue subdividida en otras parcelas, de 385 y 463 hectáreas. Una de ellas, identificada con la matrícula A-73230 es la que luego origina 305,3 hectáreas de la matrícula A-76611, parcela 1254, padrón A-98960, que apareció en la declaración jurada del Hermano Freddy. En el Registro figura el condominio de los dirigentes del bipartidismo jujeño, por la compraventa en 727.540 pesos a Jiménez, realizada el 15 de febrero de 2011, “en cumplimiento al boleto del 29.05.97”. Es notable que un boleto de compra-venta sea perfeccionado recién 14 años más tarde, justo cuando aparece la posibilidad de la ganancia especulativa, gracias a las necesidades insatisfechas de miles de personas sin vivienda, la valorización de la zona por la acción de los tupaqueros y la generosidad del Estado con los legisladores. En el caso de Freddy el registro dice que su participación se originó en “DACION EN PAGO PART INDIV. $70.000- EP nº 30, de fecha 16/02/2011” (al día siguiente de la compraventa de los otros once) con inscripción definitiva el 15/4/2011. Además, aparecen como condóminos varios miembros de las familias Palomares y Abud, históricos compañeros y amigos del Hermano Freddy durante sus varios periodos en la Contaduría General de la Provincia.
Firmaré y ganarán Millone
La compra a Jiménez pasó sin escándalo pero la reventa al Estado provincial fue objetada por la Fiscalía de Estado, invocando el artículo 64 de la Constitución Provincial, que prohíbe a “todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado”. En enero de 2012, cuando se pidió el acuerdo del Tribunal de Cuentas, tampoco aprobó la venta su Vocal contable, contador René Barrionuevo. En cambio, la Vocal Letrada Mariana Bernal (hermana de la entonces diputada nacional del PJ María E. Bernal), interpretó que no se da el beneficio mencionado en la Constitución porque vendieron a 200 mil pesos cada hectárea tasada a 240 mil. Pero omite que el mismo año de la operación habían pagado 4.850 pesos esa misma hectárea. Desempató la presidente del Tribunal de Cuentas designada por el gobernador Eduardo Fellner, Nora Millone Juncos. Según el diario “El Libertario”, que tituló su cobertura del 3 de febrero del 2012 “Negocios inmobiliarios de diputados en Jujuy”, para Millone Juncos “la Constitución no le prohíbe al funcionario contratar con el Estado” si los vendedores no obtienen beneficios con la operación. Aceptaron ganar sólo 41 veces lo que habían pagado. Si eso no es un beneficio habría que redefinir el vocablo. Millone fue confirmada en el cargo por el gobernador Gerardo Morales, quien además conchabó al oportuno contador Jiménez como Secretario de Egresos Públicos.
El año pasado, el gobernador Morales anunció que el plan “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” pasaría a llamarse “Jujuy Hábitat” y que los lotes se adjudicarían por sorteo a quienes vienen inscribiéndose desde 2011. El trámite de adjudicación está a cargo del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, cuyo titular es Walter Morales, el hermano de Gerardo y Freddy. El ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti dijo que habían “desarticulado los negociados de intermediarios inescrupulosos que pretenden lucrar con el Estado y la necesidad de la ciudadanía”. Qué bien.
Loteos al Amanecer
El decreto de compra del terreno de los legisladores se firmó el 22 de noviembre de 2011. El 4 de agosto, Freddy Morales había registrado junto a su esposa Patricia Reyna la marca “El Amanecer” en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dentro de la clase 36 que permite, entre otras cosas, la realización de negocios financieros e inmobiliarios. Pero esta relación no fue evidente porque el decreto del gobernador Barrionuevo recién se publicó en el Boletín Oficial en mayo de 2012, un lapso menos dilatado que los 14 años entre el boleto y la escritura, pero de todos modos fuera de lo común.
Aquella nota de Tiempo Argentino enumeraba cuatro inmuebles escriturados por Freddy Morales en el Registro de la Propiedad de Jujuy, según sus propias declaraciones juradas.
- Padrón 57033; matrícula 48844.
- Padrón 98962; matrícula 76613.
- Padrón 82973; matrícula 59939 (en copropiedad con su esposa).
- Padrón 98960; matrícula 76611.
Los colegas de “El Disenso” publicaron el decreto 1234-ISPTYvV/2016, del 11 de mayo de 2016, que aprueba la mensura y el anteproyecto de loteo del último de esos terrenos, el mismo que compraron y vendieron los legisladores, a solicitud del apoderado Miguel Giubergia, actual secretario del Comité Nacional de la UCR, director del Ente Nacional de Comunicaciones que reemplazó a la Afsca una vez derogada por decreto la ley audiovisual, y uno de los testigos ofrecidos por Gerardo Morales en el juicio contra Milagro Sala. Una curiosidad adicional es que el decreto que autoriza el loteo no fue firmado por Morales, sino por su vicegobernador Carlos Guillermo Haquim. Cumplieron así con la formalidad de que no fuera directamente Gerardo quien autorizara el negocio de Freddy, lo cual tranquilizó a la selectiva oficina anticorrupción de la ex diputada macrista Laura Alonso. La hermana del vice, Susana Haquim es la secretaria de Derechos Humanos de Morales, que justificó la detención de Milagro Sala ante organismos nacionales que la visitaron.
–¿Qué más necesitan para convencerse de que es una ladrona?- les preguntó con fastidio.
–Una condena firme en un juicio con garantías del debido proceso –le respondieron.
Dos culturas incompatibles, entre las que el diálogo es improbable.
“El Disenso” continúa con una pregunta retórica: “¿Sabés quien se está dedicando a comercializar loteos en Los Alisos? Si… adivinaste”, y sigue con el logotipo de El Amanecer, tan reminiscente del que identifica al IVUJ de Walter Morales. La oferta del Proyecto Amanecer en el Barrio Alto Comedero dice que las viviendas serán apareadas y/o en dúplex de dos dormitorios, cocina, comedor, y baño de entre 45 y 50 m2 y “excelente calidad en sus materiales y diseño constructivo”. Añade que contarán con agua potable, cloacas, gas natural, energía eléctrica, alumbrado público, calles asfaltadas, espacios verdes, espacios públicos y centro comercial. Amanecer Solidario es una mutual con sede en Balcarce 128, la misma oficina en la que funcionan otras empresas de Freddy Morales, como Viajes de Capricornio SRL o VC Turismo, una obvia fachada para otras actividades: cuando Mizrahi preguntó por un tour a Purmamarca, no supieron decirle si era posible y le pidieron que regresara en otro momento.
Tiros y amenazas
La nota de Mizrahi se publicó el domingo 20 de octubre de 2013. El lunes 21, una caminata del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUYO), con el que Milagro Sala se presentó por primera vez a las elecciones legislativas de ese año y obtuvo el 14 por ciento de los votos, fue atacada a tiros, en una emboscada que el fiscal Aldo Hernán Lozano calificó como tentativa de homicidio contra Milagro. Según el abogado de la Túpac, Luis Paz, “los militantes hicieron un escudo de protección a Milagro” y dos de sus integrantes fueron heridos de bala. Uno de los agresores, Cristian Mario Llanes, era empleado del municipio, ya en manos de la UCR. En octubre de 2015 fue condenado por ello a cinco años y medio de prisión Alejandro Sequeiros, cuñado de la ex diputada radical Natalia Sarapura, quien organizó las ceremonias a la Pachamama para Morales y Macrì en Humahuaca y Purmamarca y hoy es Secretaria de Asuntos Indígenas de Jujuy. El martes 22 de octubre de 2013, Freddy Morales publicó una solicitada en la prensa jujeña, en la que calificó la nota de Mizrahi como “agraviante, mal intencionada y claramente sustentada en información falsa”. Agregó que había “instruido a mis asesores jurídicos para que procedan a iniciar las acciones legales y penales que correspondan a fin de aclarar cada una de las injurias y calumnias sostenidas en la referida nota”. Parece que no correspondía porque cuatro años después, ni Morales ni sus once socios en el negocio del tráfico de tierras públicas han iniciado acción alguna contra Mizrahi ni explicado cuáles serían las informaciones falsas, las calumnias ni las injurias.
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