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A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
miércoles, 31 de enero de 2018
Opinión La promesa del macrismo: los pobres bien lejos
Imagen: Leandro Teysseire
La llegada de una factura de luz impagable no es (ni será) el fin de la adhesión al gobierno de Mauricio Macri. Al contrario. Es lo que la explica. Es el precio que muchos “pagan” voluntariamente para mantenerse a salvo del otro.
Supongamos que el gobierno de Macri, representante de esa indudable derecha dudosamente democrática y moderna, sostiene un pacto más o menos implícito con su electorado (llamémosle) “de clase media”.
¿En qué consiste ese pacto? Por un lado, estos votantes “de clase media” aceptan sin muchas vueltas una reducción de su poder adquisitivo (más o menos significativa de acuerdo al caso). Por otro lado, el gobierno promete mantenerlos a salvo del achicamiento de las distancias sociales: a salvo de tener que mandar a sus hijos a la misma escuela, al mismo hospital, al mismo club, que los hijos de los (llamémosles) “sectores populares”. Y por supuesto, claro está, a salvo de la amenaza que representan estos sectores populares movilizados, de la politización de la vida pública, de la “grieta K”, de las cadenas nacionales, y de esos intolerables etcéteras.
Solemos considerar a ese votante “de clase media” como irracional. Nos preguntamos con cierta desesperación “¿pero cómo (¡¿cómo?!) van a votar a un gobierno que los empobrece, que gobierna para unos pocos, que gobierna para los ricos? ¿Es que no se dan cuenta?”. A continuación, a veces, nos tranquilizamos con “¡ya van a ver cuando no puedan pagar las tarifas de la luz, del gas, de la prepaga!”, y etcéteras.
Sin embargo, y a la luz de los hechos cotidianos, tal vez sea hora de que nos replanteemos estas lógicas. Tal vez sea hora de que abandonemos nuestras sospechas o acusaciones de irracionalidad sobre estos votantes “que no se dan cuenta”. La evidencia concreta y contundente de la perdurabilidad de las adhesiones al macrismo ¿no debería llevarnos a sospechar de la eficacia de estas “interpretaciones economicistas” o materialistas, que de tan obvias hasta parecen ciertas?
¿No será hora de convencernos de que la clave para entender las adhesiones al macrismo está en desentrañar su potencia simbólica, ideológica y cultural, mucho más que en medir su performance “material” (económica)?
Dejemos de esperar que “se den cuenta”. Porque, precisamente, esas facturas impagables son el precio que vastos sectores “pagan”, voluntariamente, para mantenerse a salvo del otro. Que, no lo dudemos a este paso, va a ser, lejos, el primero en no poder pagar y en empezar a transformarse en un número de la UCA.
De ser así, el fin de las adhesiones a este proyecto de despojo, curiosamente asistido por los propios despojados, no va a desencadenarse cuando éstos no puedan pagar la factura de luz (o de otros servicios), cuando no puedan pagar la prepaga, cuando no puedan pagar la escuela privada, y esos etcéteras.
El malestar de los adherentes al macrismo se va a desatar cuando el gobierno deje de garantizarles el mantenimiento de las jerarquías y de las distancias sociales, del orden de clase que había sido puesto en tensión por las políticas de inclusión del kirchnerismo, más allá de todos sus errores (valga el paréntesis, sobre los que es indispensable empezar a pensar y a discutir en serio).
Por eso, no nos sorprendamos de que el gobierno de Mauricio Macri no pare de buscar, recrear, agitar, a toda costa, un clima de visceral odio social. Porque es allí donde está su fortaleza, su parte del pacto, su promesa: su capacidad para mantener las distancias sociales.
El rico, que mande. La clase media, media. El pobre, bien pobre, y bien lejos de todos de los demás.
Dejemos de esperar que “dejen de votarlos cuando se den cuenta de que no pueden pagar la luz”. Porque esa factura impagable es el precio que muchos pagan, voluntariamente, por mantenerse a salvo del otro. Por mantenerse, en suma, con los pobres bien lejos.
* Conicet, UBA, Unsam.
Con la imagen en caída, Macri anunció una poda de cargos y que los familiares de ministros no podrán ser funcionarios El sacrificio de las hermanas Triaca
El Presidente anunció también un recorte del 25 por ciento de los cargos políticos, un porcentaje similar a lo que incrementó cuando asumió. Las hermanas del ministro de Trabajo presentaron ayer la renuncia a sus cargos.
El presidente Mauricio Macri adelantó en la Casa Rosada que los funcionarios no tendrán aumento este año.
Imagen: EFE
Imagen: EFE
Mauricio Macri se jugó a recuperar la iniciativa luego de la caída sostenida de su imagen como consecuencia del recorte a los jubilados y del escándalo de la ex casera del ministro de Trabajo. El presidente anunció el postergado recorte de cargos políticos, que llegaría a un 25 por ciento. Se trata de un porcentaje similar al que Macri aumentó esos cargos cuando llegó al gobierno. También informó que este año los funcionarios no recibirán aumentos: se aplicará para quienes cobran de 150 mil pesos para arriba. Por último, en respuesta a lo ocurrido con Triaca, anunció que decretará que los familiares de los funcionarios no podrán continuar trabajando en el Estado. Ayer comenzaron a renunciar diversos familiares de los ministros, incluyendo las hermanas de Jorge Triaca, a quien Macri ratificó en su cargo (ver página 5). El anuncio se da en medio de una segunda oleada de despidos de trabajadores estatales.
Macri no perdió el tiempo. Apenas volvió de su gira por Rusia, Suiza y Francia, hizo el anuncio que venía anticipando desde fines del año pasado. “Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Ejecutivo nacional. Y este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo”, indicó. Como informó este diario, esto implicará un gesto de “austeridad” de aquellos que cobran sueldos por encima de los 150 mil pesos, mientras el Gobierno busca conseguir un techo para las paritarias del 15 por ciento.
Mauricio Macri se jugó a recuperar la iniciativa luego de la caída sostenida de su imagen como consecuencia del recorte a los jubilados y del escándalo de la ex casera del ministro de Trabajo. El presidente anunció el postergado recorte de cargos políticos, que llegaría a un 25 por ciento. Se trata de un porcentaje similar al que Macri aumentó esos cargos cuando llegó al gobierno. También informó que este año los funcionarios no recibirán aumentos: se aplicará para quienes cobran de 150 mil pesos para arriba. Por último, en respuesta a lo ocurrido con Triaca, anunció que decretará que los familiares de los funcionarios no podrán continuar trabajando en el Estado. Ayer comenzaron a renunciar diversos familiares de los ministros, incluyendo las hermanas de Jorge Triaca, a quien Macri ratificó en su cargo (ver página 5). El anuncio se da en medio de una segunda oleada de despidos de trabajadores estatales.
Macri no perdió el tiempo. Apenas volvió de su gira por Rusia, Suiza y Francia, hizo el anuncio que venía anticipando desde fines del año pasado. “Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Ejecutivo nacional. Y este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo”, indicó. Como informó este diario, esto implicará un gesto de “austeridad” de aquellos que cobran sueldos por encima de los 150 mil pesos, mientras el Gobierno busca conseguir un techo para las paritarias del 15 por ciento.
“La austeridad tiene que partir de la política. Como servidores públicos nuestra única prioridad es trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos”, afirmó Macri. Con el congelamiento, el mandatario seguirá cobrando 208 mil pesos por mes, la vicepresidenta 192 mil pesos por mes y los ministros, 183 mil pesos por mes. El congelamiento salarial alcanzará a 324 funcionarios.
Poda de cargos
Son unos mil cargos los que se eliminarán. No obstante, el recorte de cargos políticos no se aplica sobre la base de los que dejó el Gobierno anterior, sino sobre el Estado aumentado en cargos políticos por parte de macrismo. Con la llegada de Macri, se crearon cinco nuevos ministerios y las secretarías de Estado pasaron de 70 a 87, mientras que las subsecretarías subieron de 169 a 207. Se calculó en su momento un incremento del 25 por ciento de las estructuras jerárquicas. Es el mismo porcentaje que ahora se afirman que reducirán, aunque sólo con la letra chica del recorte se sabrá si el Estado quedó más grande o más chico que cuando llegó Macri. En el Ministerio de Modernización, ayer sostenían que estaban afinando los números.
Algunos ministros se jugaron, no obstante, más que otros por aplicar el ajuste. Mientras se definen los números finales, ayer se supo que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, prevé una reducción del 40 por ciento de sus cargos políticos. Se eliminará ocho de las veinte subsecretarías y secretarías que tiene a su cargo. También anunció que recortarán un 20 por ciento de cargos operativos, por lo que eliminará 34 direcciones generales, coordinadores y otros cargos similares. En el ministerio, calculaban que el ahorro salarial será del 21 por ciento.
No obstante, la medida en líneas generales representa un 0,01 por ciento del presupuesto nacional: es decir, no tiene un impacto real, sino que se trata de una señal hacia los sindicatos y hacia otros gobiernos provinciales a los que Macri llamó a sumarse al ajuste.
Hasta ahora, solo anunciaron medidas similares gobiernos propios o aliados: el de Juan Manuel Urtubey en Salta, el de Gustavo Bordet en Entre Ríos, el de Omar Gutiérrez en Neuquén y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que tras su anuncio de recortar 20 por ciento de los cargos debió lidiar con el crecimiento de las estructuras del Consejo de la Magistratura porteño. Finalmente, dieron marcha atrás con ese incremento.
Familiares afuera
La tercera decisión –y la más inesperada– fue la prohibición de que familiares de funcionarios sigan trabajando en el Estado. Como respuesta al escándalo de la ex casera de Triaca, que contó como el ministro consiguió que la nombraran en la intervención del SOMU, Macri tomó una medida general que plasmará en un DNU con aplicación retroactiva. “Ningún ministro puede tener familiares en el Gobierno. Con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente”, sostuvo Macri. “A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno”, insistió el presidente.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, debió salir después a precisar hasta qué grado de consanguineidad llegará la medida. Según indicaron ayer en el Gobierno, todavía estaban trabajando en afinar la redacción, pero hasta ayer el texto establecía que “ningún ministro del gobierno nacional podrá tener un familiar (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) designado o contratado en ninguna dependencia de la Administración Pública Nacional, Organismos Descentralizados y/o Desconcentrados, ni tampoco en las empresas públicas”. Esto implica padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos y cónyuges.
Ayer se empezaron a conocer las primeras renuncias: se fueron Mariana y Lorena Triaca, que ocupaban cargos en el directorio del Banco Nación y en la Agencia de Inversiones respectivamente. También se fue el titular de Arsat, Rodrigo De Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y Matías Santos, el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos.
La decisión planteará problemas en términos de políticas de género. Por ejemplo, ¿quién deberá irse en el caso de los cónyuges como son Marina Klemensiewicz –quien hace una década trabaja en las áreas sociales de las gestiones PRO– y su esposo, el vocero personal del presidente, Iván Pavlovsky?
Aranguren justificó las subas en luz y gas de diciembre pasado, la de febrero, la del resto del año y las de los siguientes Cuando el tarifazo se convierte en obsesión
“Cuando no hay tarifa, no se invierte”, es la máxima que repite el ministro de Energía para avanzar firme en los ajustes tarifarios en luz y gas. También defendió los incrementos en combustibles. “No hay que asustarse por la cartelización”.
Las tarifas de electricidad y gas subirán entre 18 y 20 por ciento a partir de mañana, recordó Aranguren.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ofreció ayer un interesante ayudamemoria a quienes deban armar su presupuesto familiar de los próximos meses. Recordó que, desde mañana (1º de febrero), los usuarios de luz y de gas recibirá aumentos “de entre 18 y 20 por ciento, luego restan otros incrementos (en el año), pero son menores”. “Creo que el aumento de este año será un 20 por ciento más y falta un 25 a 30 por ciento adicional, aproximadamente, además de la inflación”. Y recordó que desde el año próximo “las tarifas se ajustarán semestralmente”, según nueva fórmula incluida en los contratos de concesión, que incluye tres componentes de actualización: costo de vida, costo mayorista y salarios. El ex CEO de Shell también recordó que, hasta ahora, la gestión de Cambiemos logró bajar los subsidios del Estado a las tarifas de gas y luz de un equivalente a 3,3 por ciento del PBI anual a casi la tercera parte: 1,2 por ciento, pero que el año próximo se disminuirán a 0,3 puntos del PBI. Menos subsidios estatales son más aumentos de tarifas, que Aranguren justificó subrayando que son necesarios para tener un buen servicio. “Cuando no hay tarifa, no se invierte y por lo tanto no hay mantenimiento”, enfatizó.
En un reportaje con Radio Mitre, el titular de Energía admitió que su área tenía, “en parte”, la responsabilidad por la alta inflación, en función del impacto sobre el costo de vida de los tarifazos a la luz, el gas y también los aumentos de los combustibles. “En parte sí y en parte no, depende cómo se analiza, si es en el corto o en el largo plazo. Porque desde el punto de vista tarifario este es un proceso. Tenemos que recuperar un sistema energético porque la gente quiere tener calidad de servicio, y pagar por un servicio que se le preste que sea acorde a lo que está pagando: lo que se destruyó en doce años, lleva un tiempo en recomponerlo”, se cubrió.
Al ser consultado por la baja en la producción de petróleo, que aleja al país de la meta del autoabastecimiento, Aranguren se atajó afirmando que “es claro que bajó en los últimos tres años, no ahora”. Y responsabilizó una vez más al kirchnerismo, pero remontándose en este caso al año 2007. Relató que el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, “le hizo firmar” al ministro de Economía, Miguel Peirano, “una resolución que decía que si el precio del petróleo pasaba de 61 dólares por barril, todo lo que superase ese valor iba a las arcas del Estado. ¿Quién va a poner un mango (en inversión) si se lo lleva otro? Era un absurdo”, reflexionó. El actual ministro se refiere a la resolución que estableció retenciones móviles para las exportaciones de crudo, una medida con la cual se protegía el mercado interno, aunque Aranguren la sigue interpretando desde su visión de empresario del sector. De todos modos, responsabilizó a aquella medida por el inicio de un proceso de caída de la producción que, aseguró, “ahora estamos revirtiendo”.
El titular de Energía también tuvo oportunidad de referirse a los cuestionados aumentos en los combustibles, que se aceleraron notablemente a partir de la desregulación de precios dispuestas en octubre pasado. Aranguren justificó el aumento en los surtidores por el incremento del crudo a nivel internacional, el cual consideró circunstancial. “Todavía no experimentamos la oportunidad de seguir al mercado, porque cuando baja el precio del crudo tiene que bajar el combustible acá”. Recordó que el precio del petróleo tuvo un período de brusco descenso desde 2014 en adelante, pero “ahora se ha recompuesto”, aunque consideró que los 70 dólares por barril actual es un valor excesivo. “Muchos creemos que es un precio alto, que va a estar (estabilizado) en 60 dólares. Vamos a ver la oportunidad en el año de que baje”, manifestó.
Admitió, sin embargo, que el gobierno investiga una posible cartelización de las petroleras para coordinar los movimientos de precios en el mercado, que involucra a las empresas Shell, Axion y Oil por los últimos aumentos aplicados. De todos modos, Aranguren justificó la conducta empresaria. “Los últimos tres aumentos siguieron los aumentos del crudo, que subió en forma pareja de 50 a 70 dólares el barril, (pero) no tenemos que asustarnos por la cartelización. Es un mercado corto, cuando se separa (en precios) mucho del competidor, el competidor absorbe las ventas, pero como el que absorbe no tiene mucha más posibilidad de producción, tiene que importar”. Y se quejó de la falta de competencia por el rol preponderante de YPF en el mercado (ver nota aparte en esta misma página). Vale recordar que ya existían las mismas sospechas de cartelización del mercado petrolero en los años previos a la actual gestión, cuando Shell era la principal competidora de YPF. El presidente de Shell Argentina fue, durante más de una década y hasta mediados de 2015, el propio Juan José Aranguren.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ofreció ayer un interesante ayudamemoria a quienes deban armar su presupuesto familiar de los próximos meses. Recordó que, desde mañana (1º de febrero), los usuarios de luz y de gas recibirá aumentos “de entre 18 y 20 por ciento, luego restan otros incrementos (en el año), pero son menores”. “Creo que el aumento de este año será un 20 por ciento más y falta un 25 a 30 por ciento adicional, aproximadamente, además de la inflación”. Y recordó que desde el año próximo “las tarifas se ajustarán semestralmente”, según nueva fórmula incluida en los contratos de concesión, que incluye tres componentes de actualización: costo de vida, costo mayorista y salarios. El ex CEO de Shell también recordó que, hasta ahora, la gestión de Cambiemos logró bajar los subsidios del Estado a las tarifas de gas y luz de un equivalente a 3,3 por ciento del PBI anual a casi la tercera parte: 1,2 por ciento, pero que el año próximo se disminuirán a 0,3 puntos del PBI. Menos subsidios estatales son más aumentos de tarifas, que Aranguren justificó subrayando que son necesarios para tener un buen servicio. “Cuando no hay tarifa, no se invierte y por lo tanto no hay mantenimiento”, enfatizó.
En un reportaje con Radio Mitre, el titular de Energía admitió que su área tenía, “en parte”, la responsabilidad por la alta inflación, en función del impacto sobre el costo de vida de los tarifazos a la luz, el gas y también los aumentos de los combustibles. “En parte sí y en parte no, depende cómo se analiza, si es en el corto o en el largo plazo. Porque desde el punto de vista tarifario este es un proceso. Tenemos que recuperar un sistema energético porque la gente quiere tener calidad de servicio, y pagar por un servicio que se le preste que sea acorde a lo que está pagando: lo que se destruyó en doce años, lleva un tiempo en recomponerlo”, se cubrió.
Al ser consultado por la baja en la producción de petróleo, que aleja al país de la meta del autoabastecimiento, Aranguren se atajó afirmando que “es claro que bajó en los últimos tres años, no ahora”. Y responsabilizó una vez más al kirchnerismo, pero remontándose en este caso al año 2007. Relató que el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, “le hizo firmar” al ministro de Economía, Miguel Peirano, “una resolución que decía que si el precio del petróleo pasaba de 61 dólares por barril, todo lo que superase ese valor iba a las arcas del Estado. ¿Quién va a poner un mango (en inversión) si se lo lleva otro? Era un absurdo”, reflexionó. El actual ministro se refiere a la resolución que estableció retenciones móviles para las exportaciones de crudo, una medida con la cual se protegía el mercado interno, aunque Aranguren la sigue interpretando desde su visión de empresario del sector. De todos modos, responsabilizó a aquella medida por el inicio de un proceso de caída de la producción que, aseguró, “ahora estamos revirtiendo”.
El titular de Energía también tuvo oportunidad de referirse a los cuestionados aumentos en los combustibles, que se aceleraron notablemente a partir de la desregulación de precios dispuestas en octubre pasado. Aranguren justificó el aumento en los surtidores por el incremento del crudo a nivel internacional, el cual consideró circunstancial. “Todavía no experimentamos la oportunidad de seguir al mercado, porque cuando baja el precio del crudo tiene que bajar el combustible acá”. Recordó que el precio del petróleo tuvo un período de brusco descenso desde 2014 en adelante, pero “ahora se ha recompuesto”, aunque consideró que los 70 dólares por barril actual es un valor excesivo. “Muchos creemos que es un precio alto, que va a estar (estabilizado) en 60 dólares. Vamos a ver la oportunidad en el año de que baje”, manifestó.
Admitió, sin embargo, que el gobierno investiga una posible cartelización de las petroleras para coordinar los movimientos de precios en el mercado, que involucra a las empresas Shell, Axion y Oil por los últimos aumentos aplicados. De todos modos, Aranguren justificó la conducta empresaria. “Los últimos tres aumentos siguieron los aumentos del crudo, que subió en forma pareja de 50 a 70 dólares el barril, (pero) no tenemos que asustarnos por la cartelización. Es un mercado corto, cuando se separa (en precios) mucho del competidor, el competidor absorbe las ventas, pero como el que absorbe no tiene mucha más posibilidad de producción, tiene que importar”. Y se quejó de la falta de competencia por el rol preponderante de YPF en el mercado (ver nota aparte en esta misma página). Vale recordar que ya existían las mismas sospechas de cartelización del mercado petrolero en los años previos a la actual gestión, cuando Shell era la principal competidora de YPF. El presidente de Shell Argentina fue, durante más de una década y hasta mediados de 2015, el propio Juan José Aranguren.
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