Escándalo por coimas en la Ciudad | Un oficial detenido se quebró y reveló que José Potocar se llevaba entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales de comerciantes y trapitos.
Enrique Bustamante e Iris García Soler, secuestrados en enero de 1977 y desaparecidos.
Otro nieto que recuperó su identidad
Tiene 39 años, vive en el Interior y está haciendo el primer contacto con su familia biológica. Sus padres fueron secuestrados por la Policía Federal y su madre lo tuvo en la ESMA en julio de 1977.
l hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, ayer recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos.
El joven es hijo de García Soler, una joven mendocina, y Enrique Bustamante. Según informa Abuelas de Plaza de Mayo en su registro de nietos buscados, Soler y Bustamante eran militantes de Montoneros y fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en enero de 1977 en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires. Ella estaba embarazada de tres meses. Fueron vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionó en el cruce de Paseo Colón y San Juan. A Iris su familia la llamaba “Tita” o “Pajarita”, pero durante su cautiverio su apodo cambió. Sus compañeros de encierro comenzaron a llamarla “la lobita” por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el “Lobo”.
En julio de 1977 el embarazo de Iris llegó a término y entonces fue llevada a la Esma. Dio a luz a un varón que de inmediato se transformó en uno de los 400 niños y niñas apropiados durante en dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo hasta. La madre, al igual que Enrique, permanece desaparecidos.
Ese hijo tiene hoy 39 años, dos hijos porpios y no vive en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, está en proceso de recuperar su identidad y el contacto con su familia biológica, algunos de cuyos miembros supieron ayer de la noticia y la celebraron. “Quiero compartir esta emoción e indescriptible alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino apropiado”, escribió Alicia, prima hermana de Iris. “Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber que pronto este joven de 39 años, padre de dos hijos, que vive en el interior, podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizás una eterna búsqueda”, continuó.
Desde que asumió Cambiemos, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. El freno a la obra pública provocó una caída de 35 por ciento del empleo en la construcción. En otros rubros como vivienda, se envió cero peso en 16 meses.
El Gobierno de Mauricio Macri ahogó financiera y económicamente a la provincia de Santa Cruz durante sus primeros 16 meses de gestión. Esto puede corroborarse al analizar los datos que surgen de los adelantos de coparticipación y envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) comparados con los períodos previos a diciembre de 2015, el freno de la obra pública, que si bien fue algo que ocurrió en todo el país, en la provincia generó un incremento de la desocupación en el área de la construcción del 35 por ciento interanual, y una disminución de la actividad de YPF del 5 por ciento, lo que también generó despidos y una reducción de ingresos por regalías.
Durante el período 2011-2015, la gestión del ex gobernador Daniel Peralta incorporó a la gestión pública aproximadamente 10.000 trabajadores. En los primeros años de su segundo mandato, el gobernador recibió de la Administración Central una asistencia financiera en concepto de adelantos de coparticipación por 1665 millones de pesos, y sólo en 2015, la asistencia fue de 4736 millones de pesos, que luego fue incorporada al programa de desendeudamiento provincial. Ese salto abrupto puede explicarse por el incremento exponencial de la planta del Estado. Pero a pesar del aporte del Gobierno nacional, el déficit fue de 6700 millones de pesos.
En 2016, la administración de Mauricio Macri no solamente envió menos recursos en concepto de adelantos de coparticipación sino que una vez que ingresaba un adelanto a la provincia, era detraído casi automáticamente. Por ende, los adelantos de coparticipación se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015.
En 2017, la situación no cambió. La mayor cantidad de recursos que ingresan, sino todos, son destinados a salarios. La masa salarial de los docentes –cuyo gremio principal, ADOSAC, es el que fogonea el conflicto junto al radicalismo local– se lleva el 40 por ciento del total. La provincia hace frente a un total de 86.000 recibos de sueldo y haberes (trabajadores activos y pasivos de todas las áreas del Estado, algunos con más de un cargo o función). Esto equivale a decir que se necesita el 106 por ciento del presupuesto provincial para cubrir salarios. Este déficit se profundizó, según reconoce el propio Gobierno nacional, entre 2014 y 2015, cuando Peralta incorporó la mayor cantidad de trabajadores a la planta del Estado y conformó a algunos gremios con paritarias que no podrían sustentarse sin la asistencia de la Administración Nacional.
El Gobierno de Mauricio Macri ahogó financiera y económicamente a la provincia de Santa Cruz durante sus primeros 16 meses de gestión. Esto puede corroborarse al analizar los datos que surgen de los adelantos de coparticipación y envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) comparados con los períodos previos a diciembre de 2015, el freno de la obra pública, que si bien fue algo que ocurrió en todo el país, en la provincia generó un incremento de la desocupación en el área de la construcción del 35 por ciento interanual, y una disminución de la actividad de YPF del 5 por ciento, lo que también generó despidos y una reducción de ingresos por regalías.
Durante el período 2011-2015, la gestión del ex gobernador Daniel Peralta incorporó a la gestión pública aproximadamente 10.000 trabajadores. En los primeros años de su segundo mandato, el gobernador recibió de la Administración Central una asistencia financiera en concepto de adelantos de coparticipación por 1665 millones de pesos, y sólo en 2015, la asistencia fue de 4736 millones de pesos, que luego fue incorporada al programa de desendeudamiento provincial. Ese salto abrupto puede explicarse por el incremento exponencial de la planta del Estado. Pero a pesar del aporte del Gobierno nacional, el déficit fue de 6700 millones de pesos.
En 2016, la administración de Mauricio Macri no solamente envió menos recursos en concepto de adelantos de coparticipación sino que una vez que ingresaba un adelanto a la provincia, era detraído casi automáticamente. Por ende, los adelantos de coparticipación se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015.
En 2017, la situación no cambió. La mayor cantidad de recursos que ingresan, sino todos, son destinados a salarios. La masa salarial de los docentes –cuyo gremio principal, ADOSAC, es el que fogonea el conflicto junto al radicalismo local– se lleva el 40 por ciento del total. La provincia hace frente a un total de 86.000 recibos de sueldo y haberes (trabajadores activos y pasivos de todas las áreas del Estado, algunos con más de un cargo o función). Esto equivale a decir que se necesita el 106 por ciento del presupuesto provincial para cubrir salarios. Este déficit se profundizó, según reconoce el propio Gobierno nacional, entre 2014 y 2015, cuando Peralta incorporó la mayor cantidad de trabajadores a la planta del Estado y conformó a algunos gremios con paritarias que no podrían sustentarse sin la asistencia de la Administración Nacional.
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Obra Pública
El Presupuesto Nacional 2017 contemplaba para la provincia de Santa Cruz una inversión en infraestructura de 272 millones de pesos, es decir una disminución del 86 por ciento respecto a lo proyectado en el último Presupuesto elaborado por el kirchnerismo (1937 millones). Pero la obra pública se frenó del todo, por ende ese dinero no ingresó. Esta situación tuvo como resultado que la caída de los puestos de trabajo en el área de la construcción llegara al 35,2 por ciento entre diciembre de 2015 y el mismo período del año pasado.
El freno de la obra pública también afecto la recaudación provincial, y por ende la coparticipación a los municipios. La recaudación de Ingresos Brutos vinculada a esta área registró un descenso del 24,46 por ciento.
A pesar de las dificultades financieras a partir de la menor llegada de recursos de Nación, la provincia destinó 5000 pesos mensuales a 1200 trabajadores de la Uocra para sostener sus fuentes de ingresos. En un año, la provincia destinó aproximadamente 72 millones de pesos en concepto de subsidios. Otro ejemplo donde puede observarse el ensañamiento con la provincia es en el área de viviendas. La jurisdicción tiene asignadas 700 viviendas para ser construidas. En 16 meses de gestión, llegaron cero pesos por este rubro.
Caída de la actividad
Si se suma la suspensión de la obra pública en la provincia, más la disminución de la producción de crudo del 5 por ciento –donde la mayor incidencia está dada por la empresa YPF–, la caída de la actividad económica fue del 10 por ciento. Por otro lado, por la reducción del precio sostén al barril del crudo, Santa Cruz recibirá aproximadamente 700 millones de pesos menos en concepto de regalías. Y en 2017 también habrá un freno del sector pesquero, ya que el Gobierno nacional decidió eliminar los reembolsos a las exportaciones por Puertos Patagónicos. En la práctica, eso representará una pérdida de 346 millones de pesos en concepto de ingresos por certificados de origen.
La oposición local sostiene que la provincia “tiene recursos”. Sin embargo, esta misma información puede ser corroborada por los informes que se envían cada tres meses a la Legislatura (ejecución presupuestaria), la información desagregada de ingresos y egresos del Tesoro provincial y en los datos de la recaudación mensual publicados sistemáticamente.
Cristina Fernández de Kirchner denunció “un ataque planificado y organizado por Cambiemos” luego de que un grupo de manifestantes de izquierda intentara ingresar el viernes por la noche en la residencia oficial de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, donde también se encontraba la ex presidenta. “Quieren mi cabeza para la campaña electoral”, dijo la mandataria provincial ayer por la mañana, apuntando también contra el gobierno nacional, que según ella provocó la crisis en ese distrito recortando adrede la ayuda financiera. La oposición provincial denunció “represión” por parte de la policía. Mauricio Macri manifestó su solidaridad con los Kirchner a través de twitter, aunque no se comunicó directamente con ellos, y ordenó enviar fuerzas de seguridad federales a Río Gallegos, donde ayer continuaban las protestas.
Los incidentes comenzaron el viernes cerca de las nueve de la noche, cuando en el marco del conflicto entre estatales y el gobierno provincial, una veintena de militantes de izquierda se concentraron frente a la residencia de los gobernadores. Según relató CFK en un video difundido ayer por las redes, en la casa habían “solamente cinco mujeres y una beba de 18 meses”, la nieta de la ex presidenta. “No había ningún hombre. Ni siquiera había policías en la puerta porque nunca nadie espera que la violencia se apodere de grupos muy organizados que vinieron de forma planificada a atacar la residencia”.
Fernández de Kirchner mostró los piedrazos en las ventanas, las puertas que se intentaron forzar y excrementos arrojados dentro del jardín, y apuntó por lo sucedido al diputado por Cambiemos Eduardo Costa, a la Casa Rosada, a “partidos de ultraizquierda” y a los medios de comunicación que arengaron las protestas en vivo mientras estaban sucediendo. “Nadie está en contra de que la gente se manifieste pero yo no creo que la gente se manifieste saltando cercos y queriendo forzar la puerta de entrada a una casa”, dijo.
“Además de un ataque planificado lo que hubo fue una puesta en escena, el lanzamiento de la campaña al estilo Duran Barba –agregó la ex presidenta–. No les importa Santa Cruz en términos electorales porque es una provincia pequeña. Hay que cortar la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo. Primero también como un mensaje a los gobernadores que no pertenecen a Cambiemos y para mostrar en campaña que todos estamos muy bien, que lo que esta pasando, que no alcance el sueldo, que la inflación no para, eso no existe. Lo que existe son las escenas que monta el gobierno como las que montó acá en Santa Cruz.”
Alicia Kirchner, en declaraciones radiales a la mañana siguiente, también aseguró que se trató de un “ataque planificado”, agregó que “jamás” va a “defender la represión” y que la policía tuvo que intervenir porque los manifestantes “querían entrar a la vivienda” donde se encontraba con la ex Presidenta y su nieta. “Hacer una marcha, cortar una calle, todo está bien, pero querer entrar a una casa es una barbaridad. Rompieron vidrios y puertas, el cordón de la vereda, rompieron el nicho de gas”, dijo la gobernadora, que aseguró que hay un plan de algunos sectores políticos y los medios de comunicación para instalar que “todo lo que ha sido el proyecto nacional ha sido malo”.
Las protestas en Santa Cruz recrudecieron en los últimos días luego de que se demorara el pago a algunos empleados estatales, que en esa provincia representan cerca del ochenta por ciento de la población activa. “La provincia tiene recursos, vamos a salir pero necesito el apoyo de Nación. Casi todas las provincias pudieron endeudarse, yo todavía no”, dijo ayer la gobernadora, que destacó que a pesar del ahogo económico su administración no despidió a ningún trabajador en un contexto nacional de retracción del empleo. Alicia Kirchner adjudicó la operación al asesor estrella del Presidente, Jaime Durán Barba: “Qué bueno sería para Durán Barba afirmar ‘Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz’ para la campaña nacional”, dijo.
Con más énfasis y el mismo sentido, el diputado Máximo Kirchner dijo que “el Presidente no tiene límites” y que “montó un teatro de operaciones” como “como botón de muestra para los demás gobernadores, para seguir teniendo mayoría legislativa y seguir profundizando el plan de ajuste”. El referente de La Cámpora reconoció que si bien “es obvio que hay un problema provincial” y que es “legítimo que la gente quiera cobrar en término su sueldo”, el asunto pasa porque la Casa Rosada quiere “asfixiar económicamente” a Santa Cruz por motivos políticos. El diputado además aseguró que “no se reprimió en ningún momento, hasta que hubo rotura de portones, ruptura de las rejas”.
Desde el gobierno nacional la respuesta llegó vía twitter: “Muy grave el ataque a la residencia de la Gobernadora Kirchner. Repudiamos la violencia como método, siempre”, escribió Macri en su cuenta. No hubo, hasta anoche, una comunicación directa entre el Presidente y la gobernadora Kirchner, aunque el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se comunicó con el vice, Pablo González. Además, desde el ministerio de Seguridad se anunció ayer el envío de efectivos de Gendarmería y Policía Federal a Río Gallegos para garantizar que la situación no escale. En el kirchnerismo algunos temen que se trate de los pasos previos para realizar una intervención de la provincia.
Desde distintos sectores del peronismo hubo expresiones de respaldo a la gobernadora y la ex presidenta (ver aparte). En tanto que desde el sindicalismo y la izquierda hubo manifestaciones de repudio a la represión policial contra los atacantes. El consejo directivo de la CGT condenó el accionar policial e instó a buscar una solución al conflicto “por la vía de la negociación madura” porque “la dignidad y la vida de los trabajadores está en juego”. La CTA de la provincia de Buenos Aires, CTERA y otros gremios también repudiaron “la brutal represión en Santa Cruz” y la ex diputada del FIT, Myriam Bregman usó twitter para difundir su crítica: “Siempre apoyamos a los docentes, siempre repudiamos la represión”.
El diputado del Frente para la Victoria salió a contestarle al ministro del Intrerior, quien afirmó que Santa Cruz “hace 25 años que es gobernada por la misma familia". Máximo recordó que Néstor Kirchner dejó la gobernación en 2003 para asumir como Presidente y dijo que las declaraciones de Frigerio “quizás le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro”.
A través de un comunicado, el diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner rechazó las declaraciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio. “Desconoce o miente el ministro al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia”, sostuvo el legislador por Santa Cruz en medio de la crisis de la provincia. “Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro”. insistió.
Más temprano Frigerio había afirmado que la situación en Santa Cruz se debe a “malas gestiones” y consideró que “hace 25 años que la provincia es gobernada prácticamente por la misma familia".
“Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz 12 años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De La Rúa, recordó Máximo Kirchner. También le recomendó a Frigerio “consultar con Patricia Bullrich o Federico Sturzenegger”, integrantes del gobierno de la Alianza, por “el desastre económico en el que dejaron sumergido al país”.
El hijo del ex mandatario y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner añadió que el macrismo lleva “500 días de gestión con el manual de excusas”. “No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial”, le señaló a Frigerio.
A través de un comunicado, el diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner rechazó las declaraciones del ministro del Interior Rogelio Frigerio. “Desconoce o miente el ministro al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia”, sostuvo el legislador por Santa Cruz en medio de la crisis de la provincia. “Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro”. insistió.
Más temprano Frigerio había afirmado que la situación en Santa Cruz se debe a “malas gestiones” y consideró que “hace 25 años que la provincia es gobernada prácticamente por la misma familia".
“Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz 12 años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De La Rúa, recordó Máximo Kirchner. También le recomendó a Frigerio “consultar con Patricia Bullrich o Federico Sturzenegger”, integrantes del gobierno de la Alianza, por “el desastre económico en el que dejaron sumergido al país”.
El hijo del ex mandatario y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner añadió que el macrismo lleva “500 días de gestión con el manual de excusas”. “No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial”, le señaló a Frigerio.
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Remarcó que la situación en Santa Cruz, con protestas que llegaron el viernes por la noche hasta la casa de la gobernadora Alicia Kirchner y fueron reprimidas, “es similar a las de otras provincias”. Agregó que la diferencia es que a Santa Cruz “se la somete a una asfixia producto de la miopía política de la claque que rodea al Presidente”.
Por último, Máximo Kirchner afirmó que el ministro del Interior en realidad tiene “poco margen de acción” porque en realidad “quienes gobiernan” son el jefe de Gabinete Marcos Peña y los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. “El margen de gestión del ministro no es propio del cargo que ostenta”, completó.
La extorsión como método de gobierno en Jujuy. En la misma foto, el compañero del contador Gerardo Morales, que amenazó a Mabel Balconte con encarcelar a sus hijos si no acusaba a Milagro Sala, y el asesor del presidente del bloque radical en la Legislatura, que intentó extorsionar a un contratista de obra pública para que pagara una coima si quería cobrar. Un diálogo revelador de una época decadente. El poder de Morales descansa en los escándalos de corrupción y la violencia institucional.
El gobierno de Jujuy se encamina hacia una fase de disolución, jalonada por escándalos de corrupción y violencia institucional en el ministerio de Infaestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y en el de Seguridad. Un alto funcionario del gobierno radical-renovador del contador Gerardo Morales, quien dijo no actuar en nombre propio sino como enviado, intentó extorsionar a un contratista de obra pública, que lo grabó e hizo llegar el audio al gobierno en el mes de diciembre y por segunda vez en marzo. Recién cuando la grabación se hizo pública, Morales acusó recibo y ordenó intervenir al fiscal anticorrupción que por supuesto, accionará contra el mandadero y exculpará al mandatario.
Con una ayuda de los amigos
El lunes 17 el empresario Rodrigo Insausti, socio de la constructora Inber SRL, dirigió una carta a Morales sobre el audio en el que un emisario del gobierno le pide una coima no inferior a los 200.000 pesos para desaparecer cuatro expedientes en los que su empresa habría incumplido sus obligaciones contractuales. El Guasón Insausti, como todos lo llaman en Jujuy niega haber difundido el audio, pero admite que él lo grabó porque le pareció sospechosa la cita que le transmitió un abogado que se presentó como asesor del gobierno.
También dice que entregó la grabación “a dos funcionarios de la mayor jerarquía del Poder Ejecutivo Provincial el día 12 de diciembre de 2016 y el día 09 de marzo de 2017”. Agregó que “como usted puede apreciar de la grabación el abogado adujo que debe emitir dictámenes oficiales, que fue enviado por otra persona y que, para más, bajo amenazas y extorsiones nos propone hacer desaparecer los expedientes en trámite que llegaron a su poder y que los exhibió en el momento de la conversación, y todo ello condicionado al pago de sumas de dinero por importes superiores a 50.000 pesos por expediente, dándose a entender que sus supuestos mandantes no aceptarían cifras inferiores. La viralización del diálogo y sus contenidos surgió por la publicación realizada por la página denominada El Disenso”. Insausti también describe la mecánica de la extorsión, que deja a la vista los mecanismos de financiamiento espurio del gobierno provincial.
Por el decreto 2571/16 y la Resolución 96, de febrero de 2017, Morales y el ministro de Infaestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Jorge Rizzotti reasignó fondos para el pago de una serie de obras realizadas por distintas empresas. Pero mientras las demás cobraron lo adeudado, el pago a Inberg se demoró sin explicaciones a pesar de haberse realizado y ejecutado las obras “según especificaciones técnicas y presupuestos antes aprobados por los organismos competentes”, según la carta al gobernador, que Insausti hizo pública, “ya que se ha afectado el honor y dignidad de personas respetables”.
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–Usted tiene a Papá Noel acá– comienza la grabación.
Quien habla es el abogado Gastón Baigorria Siufi, quien asumió como prosecretario de la Legislatura el 11 de diciembre de 2015, al día siguiente de que Morales se convirtiera en gobernador. Todas las fuentes consultadas en Jujuy afirman que Baigorria es el hombre de confianza de Alberto Bernis, el Piki, quien conduce el bloque radical desde que Morales dejó de presidirlo para saltar a la escena nacional, primero como viceministro de Desarrollo Social de Graciela Fernández Meijide, cuando rebajaron 13 por ciento las jubilaciones para reducir el déficit fiscal, y luego como Senador Nacional.
–Cuatro expedientes tuyos me han llegado para dictaminar. Están por pasar a fiscalía anticorrupción. Los tengo en mi mano. Los saqué cinco minutos y los tengo que llevar de nuevo. Estás hasta la pija, compadre. Los dictámenes son terroríficos. Hay obras cobradas y no realizadas– dice el emisario oficial.
–Yo te aseguro que no hay ninguna que no se haya realizado– replica Insausti.
Baigorria busca en los expedientes, mientras se oye el pasar de las fojas como sonido de fondo. Agrega que según un informe del secretario de Infraestructura, Pablo Civetta, se pagaron anticipos financieros por obras no realizadas.
–Ninguna de esas están cobradas. Si hay medio anticipo, decime dónde está, boludo, porque no he cobrado nada.
–Me han encomendado esta tarea, quieren que arregle con vos. Hay cuatro expedientes tuyos en mis manos. Obviamente, yo voy a pedir que se investigue. Te lo puedo patear seis meses. Si surge que no hay correspondencia entre lo cobrado y lo realizado, eso pasa a la Oficina Anticorrupción.
Baigorria agrega que otra constructora complicada es Felipe Huespe, una de las empresas locales que prosperaron durante la gobernación de Eduardo Fellner.
–Con Felipe no arreglé nada porque es muy bocón, juega a dos puntas, va a hablar con uno y con otro. Yo soy amigo de Juani, voy al telo, me prepara las mejores piezas, me pone esto, me pone lo otro, pero con Felipe no puedo, es bocón– explica.
–Más prolijos no podemos ser. Está todo documentado y encima de todo no hemos cobrado– insiste Insausti.
Baigorria sube la apuesta y dice que además de la Oficina Anticorrupción los expedientes pasarán a la fiscalía penal.
–Ojo, yo no decido nada. A mí me mandan a preguntarte si querés arreglar. Si vos tenés todo en orden no arregles nada. Si vos les ofrecés 50.000 pesos por expediente, me van a decir: “No, decile que deje nomás”, y te van a clavar.
–¿De cuánta plata estamos hablando?
–El ofrecimiento hacémelo vos, Guasón, en función de las irregularidades que haya. Yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan, vayan con número cambiado a archivo y no los encuentran nunca más. Yo vengo porque te quiero y soy tu amigo. Hasta me debería excusar del expediente porque soy amigo tuyo. Si vos estás tranquilo, no arreglés un pingo.
–Ni en pedo voy a arreglar, doc, porque seguro que tengo todo en orden. Te voy a mandar…
–No me mandés nada, igual que por teléfono, no hablemos ni aka porque uno no sabe que mierda pasa. Yo tengo que llevar una respuesta, ¿qué querés que les diga?
–Deciles que no, yo estoy seguro de que lo que hice está bien hecho. Que hagan lo que tengan que hacer, más que claro– concluye Insausti.
Sin pérdida de tiempo el constructor denunció lo ocurrido a un alto funcionario. Lo reiteró en febrero, sin que el gobierno del contador Morales hiciera nada. La carta que le envió la semana pasada también le solicita que se le pague lo adeudado, ya que se basa en “actos administrativos firmes, y consentidos, imposibles de ser modificados por la Administración (antes mencionados) que han generado derechos adquiridos e ingresados a la propiedad de la empresa”. Tanto el Poder Ejecutivo como el bloque radical en la Legislatura negaron cualquier relación con Baigorria Siufi. Pero el Poder Ejecutivo no puede explicar cómo tenía en su poder los expedientes y el bloque radical que preside Bernis debe conformarse con decir que no desempeña funciones “desde el mes de enero de 2017”, es decir cuando supieron que la extorsión había fracasado y que El Guasón denunciaba lo ocurrido. La planilla adjunta muestra que en diciembre, cuando hizo la gestión, Papá Noel Baigorria era prosecretario de la Legislatura, con una remuneración mensual de 24.296 pesos. La foto que ilustra esta nota muestra a tres socios y amigos: Baigorria (de camisa blanca) con Bernis (de rosa) y con otro personaje significativo, Guillermo Adolfo Puertas (de verde), cuya remuneración en la Legislatura en enero de este año alcanzó a 134.000 pesos, tal vez porque su relación más próxima es con Morales, para quien hizo un trabajo sucio fundamental.
El Puertazo de Morales
En enero de 2016 fue detenida Milagro Sala. Junto con ella fue acusada por los mismos delitos de extorsión y defraudación su compañera Mabel Balconte, pero a ella el juez Gastón Mercau le respetó los fueros como legisladora por el Frente Unidos Organizados. Como se ve en la segunda planilla, Puertas ingresó a la Legislatura en abril de 2016. Fue un pago por anticipado. El 22 de ese mes, Mabel debía declarar ante el fiscal Darío Osinaga, pero dos días antes desapareció de los lugares que solía frecuentar. Uno de sus abogados la esperó en la puerta de la casa de Balconte, en San Pedro. Ella le contó que dos hombres la habían forzado a subir a un auto y con el vehículo en movimiento le dijeron que debía cambiar su declaración anterior, acusar a Milagro Sala y decir que una vez que ella le entregaba el dinero de los cheques endosados lo llevaban a Buenos Aires para entregárselo a Máximo Kirchner. Llorando agregó que le indicaron que debía renunciar al FUyO e ir a la indagatoria con el abogado Guillermo Adolfo Puertas, quien la asesoraría sobre su declaración. De lo contrario no sólo iría presa ella sino también sus dos hijos, que eran presidentes de cooperativas. Además, uno de ellos había sido denunciado también por violación. Balconte cumplió con la exigencia. El portal paraoficial Jujuy al Día, tituló “Nueva Ruta del Dinero K”.
El uso de los hijos para extorsionar a los padres es la operación más clásica de la mafia. El mismo tratamiento intentaron aplicarle al empresario de la construcción Lázaro Báez, señalándole a gritos por los medios que encarcelarían a uno de sus hijos si no se convertía en un imputado colaborador que señalara a Cristina y Máximo, operación que se revitalizó la semana pasada y que Báez volvió a rehusar. Una vez que salvó a sus hijos cumpliendo con el libreto, Balconte no soportó más y fue internada en la clínica Santa María de San Pedro, Jujuy, en estado de somnolencia por intoxicación con benzodiazepina. Jujuy se convirtió así en el laboratorio experimental sobre el uso de la justicia penal para el disciplinamiento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, en violación de los derechos y garantías básicos. En febrero de este año, Morales publicó en su Facebook un video del festejo del martes de chaya, cuando se termina el carnaval grande y se agradece a la Pachamama por los bienes adquiridos el año anterior. Morales prepara el asado, con un sombrero de paja. Colabora con él otro hombre. Ambos visten la remera celeste de la comparsa Chanca Chanca. Cuando Morales percibe la cámara, saluda con el cuchillo en alto. Su colaborador en cambio intenta salir de cuadro, pero no tan rápido como para impedir que se vea que es Guillermo Adolfo Puertas.
El arresto domiciliario
El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy concedió dos recursos extraordinarios presentados por la defensa de Milagro Sala. La Corte Suprema de Justicia dio traslado a la Procuración General, cuyos dictámenes dijeron que la dirigente de la organización barrial Túpac Amaru debía quedar en libertad, tal como lo solicitó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Si la Corte aceptara el planteo sobre los fueros que la asisten como parlamentaria del Mercosur, la libertad sería inmediata, a pesar de las nuevas causas que el contador Morales inició en su contra. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo a varios líderes políticos que su intención era concederle el arresto domiciliario a ella pero también a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. El primer paso se produjo el martes 18: la Corte ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal que reconsidere la negativa al arresto domiciliario solicitado por el militar Felipe Jorge Alespeiti. Formado por los hermanos Maristas de Rafaela, Lorenzetti impulsó esa decisión pero se abstuvo de firmarla, porque en esta columna se había anticipado su propósito. El caso fue elegido con cuidado, porque Alespeiti tiene 85 años, padece patologías cardíacas irreversibles, trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos e hipoacusia y posee limitada capacidad de locomoción, por lo que el riesgo de fuga hubiera debido fundamentarse tomando nota de esta condición. Es decir que no puede generalizarse a todos los casos en los que se pidió el arresto domiciliario. No obstante, hay una diferencia no menor: Milagro Sala no solicitó esa medida ni la acepta, porque sostiene que el arresto domiciliario es para los genocidas y que ella no ha cometido ningún delito. Lo que solicita es lisa y llanamente la libertad porque no corresponde que esté detenida mientras no haya una condena firme en su contra. La Corte Suprema también envió a los juzgados que ordenaron la detención de Milagro el informe del jefe de psiquiatría del Cuerpo Médico Forense, Leonardo Ghioldi. El psicólogo del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Zamar, la amenazó con internarla en una institución psiquiátrica y doparla. El secretario de Seguridad, le dijo que lo harían basándose en ese informe. Sin embargo, Ghioldi desaconsejó en forma explícita la internación, que sólo podría entenderse como un paso más en la escalada tendiente a la destrucción política, física y psicológica de la líder social que más inquietó al poder económico jujeño y nacional.
Trato cruel y degradante
El hostigamiento a Milagro Sala en la cárcel de mujeres de Alto Comedero se agravó en los últimos días con sistemáticas violaciones a su intimidad. El personal penitenciario le abre la puerta mientras se ducha o está haciendo sus necesidades en el baño y la despierta de noche apuntándole con una linterna. Durante el día es seguida todo el tiempo por una guardia y no puede hablar por teléfono sin que la escuchen, las celadoras intrigan entre las internas para que peleen entre ellas. Los abogados de Milagro Sala, Paloma Álvarez Carrera y Luis Paz presentaron la última semana una solicitud de pronto despacho para un reclamo del año pasado aún insatisfecho: que se les informe de la totalidad del o los expedientes, sumarios, sanciones y otras actuaciones administrativas relativas a la detención de Milagro Sala. La falta de respuesta desde septiembre (a pesar de que la unidad carcelaria debe mantener un Registro de Sanciones tal como lo prevé el artículo 68 del Decreto Nacional 18/97, reglamentario de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660, vigente en la provincia de acuerdo a lo establecido por la ley provincial 5131), viola su derecho a la defensa. El hostigamiento a Milagro Sala tiene un plus étnico, social y político pero no es excepcional en el sistema penitenciario jujeño bajo la administración actual. El lunes 3 de abril, en el mismo Penal de Mujeres de Alto Comedero tres mujeres fueron torturadas por personal penitenciario masculino y femenino y a una de ellas le fracturaron un brazo. Así consta en el recurso de hábeas corpus que presentaron los organismos jujeños de derechos humanos y la organización de abogadxs del noroeste ANDHES, que fue rechazado por el juez Gastón Mercau, el mismo que dispuso la detención de Milagro Sala. Una de las mujeres fue arrancada con violencia del lugar donde dormía desnuda. Le colocaron una manta en la cabeza y la llevaron a patadas a la celda de aislamiento conocida como los chanchos. Recién a la noche de ese día la llevaron al hospital para ser atendida por la fractura. Otras dos internas fueron obligadas a arrodillarse y en esa posición las golpearon. A pesar de la gravedad de sus lesiones, no recibieron atención médica externa. El juez Gastón Mercau, yerno de la presidente del Superior Tribunal, Titina Langhe de Falcone, constató las lesiones de las internas en el penal pero igual rechazó el pedido de hábeas córpus. Mercau recomendó al director del penal que evite “nuevos sucesos de similares características”. No obstante, avaló el uso de los chanchos al considerar que “el aislamiento provisional está previsto” para infracciones disciplinarias graves. Los organismos advirtieron que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, establecen “que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, como en este caso, donde la única infracción constatada es que las detenidas dormían.
La vergüenza
El único caso que tuvo trascendencia nacional fue el de la Universidad, cuando una docena de policías que llegaron en varios patrulleros ingresó de madrugada al predio de la facultad de Ciencias Agrarias y detuvo a los dirigentes estudiantiles Joaquín Quispe e Ignacio García. Como de costumbre, el gobierno provincial negó que la policía hubiera entrado al recinto protegido por la autonomía universitaria que consagran los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y una ley nacional. El jefe de policía, Aldo Soles, pretendió que el personal de los patrulleros había llamado a los estudiantes desde el exterior. Sólo el sentimiento de impunidad que les garantiza Morales explica tal afirmación cuando ya había circulado el video que otros estudiantes filmaron con sus teléfonos en el que incluso se escucha a Quispe pidiendo que no lo lastimen, cuando fornidos policías le tuercen un brazo dentro del campus. Incluso el ministro de Seguridad Ekel Meyer (quien en enero del año pasado encabezó el operativo de detención de Milagro Sala) ofreció la excusa inverosímil de que el asado con que se daba la bienvenida a los alumnos recién ingresados fue denunciado por los vecinos debido a la música fuerte y el consumo descontrolado de bebidas alcohólicas. Ya en la comisaría, Quispe, que tiene la complexión de un jockey, fue alzado del cuello con una toma de estrangulamiento y tirado de cara al piso con las manos esposadas a la espalda. Al recuperar la libertad por intervención del decano de su facultad estaba afónico, porque lo habían dejado a la intemperie durante la fría madrugada jujeña. El gobernador respaldó a sus funcionarios, hasta que constató la reacción unánime de la comunidad universitaria en todo el país e inclusive de la agrupación estudiantil Franja Morada, en la que inicia su militancia buena parte de la dirigencia radical, incluyendo al propio contador Morales. Recién entonces dijo que estaba avergonzado y pidió disculpas. La Universidad Nacional de Jujuy no las aceptó, hasta que se sancionara a los responsables. Morales cortó entonces por lo más delgado y cesanteó al comisario Soles y a su segundo, el comisario Natalio Ruiz, pero confirmó al Ministro y el Secretario de Seguridad, Meyer y Singh, al llamado “juez contravencional” Rubén Rafael Rodríguez (que pese a esa denominación es un funcionario del Poder Ejecutivo) y al director de Juventud, Matías Rivera, que son los ejecutores de sus políticas. La renuncia de todos ellos había sido solicitada por la Federación Universitaria de Jujuy. En un reportaje con el diario La Nación, Morales demostró que no tiene límites: dijo que la policía lo había engañado al decir que no había ingresado al campus, cuando el video que prueba lo contrario se difundió en forma inmediata. Ni sentido del ridículo: a su juicio hay malos policías porque hasta hace poco, Milagro Sala comandaba a la mitad de la fuerza. Era tan grande el contingente que rodeó al gobernador la noche del viernes que parecía la otra mitad. Morales inauguró quince postes de luz en el parque acuático del Cantri de Alto Comedero, mientras un grupo de vecinos le gritaba “El barrio es de la Flaca”. Al terminar su abreviada alocución Morales gritó que seguiría adelante a pesar de los gritos y que “los de afuera son de palo”.
El extorsionador oficial era prosecretario de la Legislatura en el bloque radical.
Trabajos sucios que se pagan por adelantado, a 134.000 pesos por mes.
Enrique Bustamante e Iris García Soler, secuestrados en enero de 1977 y desaparecidos. 
