El Gobierno de Mauricio Macri ahogó financiera y económicamente a la provincia de Santa Cruz durante sus primeros 16 meses de gestión. Esto puede corroborarse al analizar los datos que surgen de los adelantos de coparticipación y envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) comparados con los períodos previos a diciembre de 2015, el freno de la obra pública, que si bien fue algo que ocurrió en todo el país, en la provincia generó un incremento de la desocupación en el área de la construcción del 35 por ciento interanual, y una disminución de la actividad de YPF del 5 por ciento, lo que también generó despidos y una reducción de ingresos por regalías.

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Durante el período 2011-2015, la gestión del ex gobernador Daniel Peralta incorporó a la gestión pública aproximadamente 10.000 trabajadores. En los primeros años de su segundo mandato, el gobernador recibió de la Administración Central una asistencia financiera en concepto de adelantos de coparticipación por 1665 millones de pesos, y sólo en 2015, la asistencia fue de 4736 millones de pesos, que luego fue incorporada al programa de desendeudamiento provincial. Ese salto abrupto puede explicarse por el incremento exponencial de la planta del Estado. Pero a pesar del aporte del Gobierno nacional, el déficit fue de 6700 millones de pesos. 
En 2016, la administración de Mauricio Macri no solamente envió menos recursos en concepto de adelantos de coparticipación sino que una vez que ingresaba un adelanto a la provincia, era detraído casi automáticamente. Por ende, los adelantos de coparticipación se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. 
En 2017, la situación no cambió. La mayor cantidad de recursos que ingresan, sino todos, son destinados a salarios. La masa salarial de los docentes –cuyo gremio principal, ADOSAC,  es el que fogonea el conflicto junto al radicalismo local– se lleva el 40 por ciento del total. La provincia hace frente a un total de 86.000 recibos de sueldo y haberes (trabajadores activos y pasivos de todas las áreas del Estado, algunos con más de un cargo o función). Esto equivale a decir que se necesita el 106 por ciento del presupuesto provincial para cubrir salarios. Este déficit se profundizó, según reconoce el propio Gobierno nacional, entre 2014 y 2015, cuando Peralta incorporó la mayor cantidad de trabajadores a la planta del Estado y conformó a algunos gremios con paritarias que no podrían sustentarse sin la asistencia de la Administración Nacional.
El Gobierno de Mauricio Macri ahogó financiera y económicamente a la provincia de Santa Cruz durante sus primeros 16 meses de gestión. Esto puede corroborarse al analizar los datos que surgen de los adelantos de coparticipación y envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) comparados con los períodos previos a diciembre de 2015, el freno de la obra pública, que si bien fue algo que ocurrió en todo el país, en la provincia generó un incremento de la desocupación en el área de la construcción del 35 por ciento interanual, y una disminución de la actividad de YPF del 5 por ciento, lo que también generó despidos y una reducción de ingresos por regalías.

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Durante el período 2011-2015, la gestión del ex gobernador Daniel Peralta incorporó a la gestión pública aproximadamente 10.000 trabajadores. En los primeros años de su segundo mandato, el gobernador recibió de la Administración Central una asistencia financiera en concepto de adelantos de coparticipación por 1665 millones de pesos, y sólo en 2015, la asistencia fue de 4736 millones de pesos, que luego fue incorporada al programa de desendeudamiento provincial. Ese salto abrupto puede explicarse por el incremento exponencial de la planta del Estado. Pero a pesar del aporte del Gobierno nacional, el déficit fue de 6700 millones de pesos. 
En 2016, la administración de Mauricio Macri no solamente envió menos recursos en concepto de adelantos de coparticipación sino que una vez que ingresaba un adelanto a la provincia, era detraído casi automáticamente. Por ende, los adelantos de coparticipación se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. 
En 2017, la situación no cambió. La mayor cantidad de recursos que ingresan, sino todos, son destinados a salarios. La masa salarial de los docentes –cuyo gremio principal, ADOSAC,  es el que fogonea el conflicto junto al radicalismo local– se lleva el 40 por ciento del total. La provincia hace frente a un total de 86.000 recibos de sueldo y haberes (trabajadores activos y pasivos de todas las áreas del Estado, algunos con más de un cargo o función). Esto equivale a decir que se necesita el 106 por ciento del presupuesto provincial para cubrir salarios. Este déficit se profundizó, según reconoce el propio Gobierno nacional, entre 2014 y 2015, cuando Peralta incorporó la mayor cantidad de trabajadores a la planta del Estado y conformó a algunos gremios con paritarias que no podrían sustentarse sin la asistencia de la Administración Nacional.
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Obra Pública

El Presupuesto Nacional 2017 contemplaba para la provincia de Santa Cruz una inversión en infraestructura de 272 millones de pesos, es decir una disminución del 86 por ciento respecto a lo proyectado en el último Presupuesto elaborado por el kirchnerismo (1937 millones). Pero la obra pública se frenó del todo, por ende ese dinero no ingresó. Esta situación tuvo como resultado que la caída de los puestos de trabajo en el área de la construcción llegara al 35,2 por ciento entre diciembre de 2015 y el mismo período del año pasado. 
El freno de la obra pública también afecto la recaudación provincial, y por ende la coparticipación a los municipios. La recaudación de Ingresos Brutos vinculada a esta área registró un descenso del 24,46 por ciento.
A pesar de las dificultades financieras a partir de la menor llegada de recursos de Nación, la provincia destinó 5000 pesos mensuales a 1200 trabajadores de la Uocra para sostener sus fuentes de ingresos. En un año, la provincia destinó aproximadamente 72 millones de pesos en concepto de subsidios. Otro ejemplo donde puede observarse el ensañamiento con la provincia es en el área de viviendas. La jurisdicción tiene asignadas 700 viviendas para ser construidas. En 16 meses de gestión, llegaron cero pesos por este rubro. 

Caída de la actividad

Si se suma la suspensión de la obra pública en la provincia, más la disminución de la producción de crudo del 5 por ciento –donde la mayor incidencia está dada por la empresa YPF–, la caída de la actividad económica fue del 10 por ciento. Por otro lado, por la reducción del precio sostén al barril del crudo, Santa Cruz recibirá aproximadamente 700 millones de pesos menos en concepto de regalías. Y en 2017 también habrá un freno del sector pesquero, ya que el Gobierno nacional decidió eliminar los reembolsos a las exportaciones por Puertos Patagónicos. En la práctica, eso representará una pérdida de 346 millones de pesos en concepto de ingresos por certificados de origen. 
La oposición local sostiene que la provincia “tiene recursos”. Sin embargo, esta misma información puede ser corroborada por los informes que se envían cada tres meses a la Legislatura (ejecución presupuestaria), la información desagregada de ingresos y egresos del Tesoro provincial y en los datos de la recaudación mensual publicados sistemáticamente.