viernes, 24 de febrero de 2017

“Vienen tres meses complicados para los precios”

EL presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, adelantó ayer que los próximos meses llegarán con complicaciones para la inflación. “Se vienen tres meses más delicados en materia de precios”, aseguró el titular de la autoridad monetaria. Afirmó que no hay margen para avanzar en una política de tasas de interés más relajada porque, sin importar qué ocurra con el mercado interno, la entidad se encuentra enfocada en cumplir la meta de inflación del 17 por ciento para este año. El funcionario habló en una conferencia del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y dio precisiones sobre cómo piensa el Central que deberían evolucionar las paritarias. Mencionó también que el tipo de cambio no se encuentra apreciado, en línea con los argumentos planteados esta semana por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. 
  “En los próximos meses, la corrección de precios regulados moverá al nivel general de la inflación algo por encima de lo que venimos experimentando, motivo por el cual el Central está tomando sus decisiones de política monetaria en pos de alcanzar un nivel de inflación núcleo que permita lograr el cumplimiento de las metas para el nivel general hacia fin de año”, indicó Sturzenegger. Y abrió el paraguas para los indicadores que se publicarán al cierre de este mes. “Les anticipo que en febrero estamos observando un repunte en la evolución de los precios. Por esto no vemos margen alguno para el relajamiento de la política monetaria (bajar la tasa de interés)”.
  El titular de la autoridad monetaria, pese a mostrar preocupación por el efecto de las tarifas para los próximos meses, insiste en la idea de que el proceso inflacionario es un resultado asociado con fenómenos monetarios. “Sin desequilibrios en el mercado monetario, la inflación tiene los días contados. Es desde este entendimiento que puede comprenderse la baja de inflación que ya ocurrió el año pasado y la que avizoramos para este año”, indicó. La imposibilidad de reconocer elementos estructurales como la puja distributiva que también intervienen en las tensiones de precios, según economistas heterodoxos, eleva el riesgo de cometer un grosero error de diagnóstico. El año pasado en el Gobierno estimaron una inflación del 25 por ciento y terminó en 41. Para éste, la meta es de 17 pero en el mercado la ubican arriba del 25 por ciento.  
  El presidente de la autoridad monetaria afirmó que este año las paritarias no tienen que centrarse en la inflación pasada sino en la futura. Usó el truco del promedio para “guiar” a los economistas sobre cómo medir el salario real. Aseguró que si un año la inflación sube al 20 por ciento y al otro 0 por ciento, con sólo incrementar los salarios el 10 por ciento al inicio del segundo periodo se consigue recuperar el poder adquisitivo porque el promedio de salario real para cada uno de esos dos años será idéntico.
  Las matemáticas es una de las herramientas más poderosa del ser humano pero no es una buena idea usarla para justificar la pérdida del poder adquisitivo de la población. El periodista económico Enrique Silberstein se mofaba de los “especialistas” que hacen gala de esta herramienta para justificar cosas sin sentido. Una frase que resume su argumento es la que sigue: “para un economista si una persona tiene los pies en el horno, y la cabeza en el freezer, en promedio está a la temperatura ideal”. El argumento de Sturzenegger pierde sentido incluso cuando se lo busca continuar en el tiempo: si el año 3 suben los precios al 20 por ciento y en el año 4 al 0, negociando de nuevo un 10 por ciento de incremento salarial el trabajador termina el último año con un salario real en promedio mucho más bajo que el del año 1.
 Los bancarios consiguieron un ajuste de 24 por ciento, con la consigna de recomponer lo perdido en 2016. Pero el Central le resta importancia a los antecedentes. “La discusión paritaria hoy gira en torno de las metas de inflación y no sobre la inflación pasada. Esto lo vemos como un logro”, insistió ayer Sturzenegger.

24 de febrero de 2017 | El país CFK llamó a marchar el 7 de marzo con la CGT

Cristina Kirchner llamó a marchar con la CGT el próximo 7 de marzo. La ex presidenta está citada ese día por el juez Claudio Bonadio a indagatoria en la causa Los Sauces y frente a ello muchos de sus seguidores empezaron a plantear la idea de concurrir a Tribunales para manifestarle su apoyo. “Ustedes hagan que el Gobierno vea al pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras”, proclamó CFK a través de su cuenta de Twitter, tras advertir sobre las consecuencias económicas y sociales que resultan del ajuste implementado por Mauricio Macri.
Hace unas semanas que mucha gente viene y me dice: “El 7 vamos a Comodoro Py.” Especialmente en estos últimos días...Por mi cumpleaños y el de Néstor. Tantos y tantas se han acercado con el afecto de siempre y esa misma idea fija...”, arrancó Cristina Kirchner una serie de tuits que publicó esta mañana.
El 7 de marzo la ex presidenta tiene la indagatoria que la fijó Bonadio en la causa Los Sauces. El juez empezó a tomarle esta semana declaración a todos los imputados y volvió a la carga con una imputación por asociación ilícita contra cada uno de ellos. En Tribunales sostienen que así está preparando el terreno para detender a CFK. Un día antes que ella, el 6 de marzo, están citados a declarar sus hijos Florencia y Máximo.
Cristina Kirchner señaló que una de las que convocó a movilizarse a Comodoyo Py fue la “entrañable” Hebe de Bonafini, pero pidió que no vayan allí. “El 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores”.
La convocatoria de la ex mandataria a sumarse a la marcha de la CGT se suma a los múltiples apoyos que la central sindical recibió en el marco de una ronda de consultas con distintos sectores políticos. A principios de esta misma semana la conducción del PJ estuvo con la cúpula cegetista y le dio su respaldo “orgánico e institucional” a la movilización. También los intendentes peronistas del grupo Esmeralda coincidieron en la evaluación de las consecuencias que trae aparejada la política económica macrista y dieron su aval a la manifestación. Hasta Sergio Massa manifestó su apoyo a la marcha y comprometió la participación activa del Frente Renovador. Solo la UCR rechazó adherir a la convocatoria del sindicalismo.
La razón por la cual CFK llamó a sumarse a la movilización que la CGT realizará ese día al Ministerio de Producción es que “la gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas”.
“Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos”, enumeró la ex presidenta en un rápido repaso de las consecuencias de la política económica de Macri.
CFK planteó que frente a ese escenario “poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena” porque “es muy grave lo que le está pasando al pueblo argentino. “Yo concurriré, como siempre, a la citación de Bonadio, a quien por los servicios prestados, le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura”, afirmó Cristina Kirchner, quien remarcó que “es el juez más cuestionado” del fuero federal porteño.
Por último, la ex mandataria agradeció “todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto” y reiteró su pedido de que en lugar de manifestar en los tribunales de Retiro el día que vaya a declarar, la gente se sume a la movilización de la CGT.
 “En serio... no caigamos en la trampa. El 7, yo lo veo a Bonadio, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras”. Cerró su mensaje con un “los quiero mucho”.

jueves, 23 de febrero de 2017

Artie Shaw : Begin the Beguine

Tapa del dia

23 de febrero de 2017 | Contratapa El “volver al mundo” de Macri en España

El firme discurso de Ínigo Errejón en el Congreso de España, replicado en redes sociales una y otra vez, habla a las claras sobre la percepción que se tiene en relación a nuestro país en el exterior. Errejón, conocedor cabal de la política argentina, desplegó un conjunto de contundentes argumentos para cuestionar al empresario devenido presidente: Panama Papers, tarifazos a los servicios públicos, recortes a programas sociales y educativos, y la detención arbitraria de Milagro Sala, cuestionada por ONU, Parlasur, Amnesty y hasta Human Rights Watch y la OEA.
“Es de los suyos” le dijo el jóven politólogo al gobernante Partido Popular, graficando una unidad que viene de larga data. Por esas críticas Podemos, el partido de Errejón, segundo en todas las encuestas conocidas en España detrás del propio PP, no participó de la gala que al Jefe de Estado se le ofreció, cuestionando la política de DDHH y la creciente pauperización social en nuestro país.
Pero la agenda de Macri en España va más allá de Rajoy y Felipe VI, hijo de Juan Carlos, receptor de la tristemente célebre frase “Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España”, que pronunciara MM en 2016 en referencia a los líderes independentistas. Su encuentro con José María Aznar, que busca hace ya tiempo mostrarse como un articulador de las derechas iberoamericanas, demuestra su intención de convertirse en la referencia de la derecha sudamericana, en un momento donde Temer y Cartes afrontan una creciente impopularidad, incluso mayor que la del Jefe de Estado argentino.
Aznar fue fundador de FAES, un think tank que se vinculó tempranamente con la Fundación Pensar, ligada al PRO, y que nucleó a diversas ONG´s de América Latina frente al avance de los gobiernos progresistas, nacional-populares y de la izquierda continental. La estrategia inicial de FAES fue contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, pero velozmente intentó expandirse en Ecuador, Bolivia y Argentina. “El padrinazgo ideológico de Aznar sobre Macri terminaría de sellarse con los congresos que la ONG española realizó en el 2013 y 2014 en Buenos Aires” recordaba sobre el tema Federico Vázquez en una nota de 2015, previa al ballotage argentino donde Cambiemos-PRO se impuso por escaso margen.
Es que Macri, a contrapelo de lo que dijo al iniciar su gobierno, tiene una profunda “ideologización” en su política exterior. Por ello buscó que Argentina ingrese a la Alianza del Pacífico, más no sea como observador, en vez de intentar fortalecer el Mercosur y Unasur tal como piden las circunstancias internacionales con el realineamiento provocado tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Y esa ideologización de las RRII se vincula con su estrategia partidaria: el PRO se unió, en enero de este año, a la autodenominada Unión Demócrata Internacional (IDU), donde se congregan casi un centenar de partidos de derecha, entre los cuales se encuentran nada menos que el Partido Republicano de EEUU, la CDU alemana, el propio PP español y la UDI de Chile, entre otros. ¿Y quién fundó a la IDU en los 80? Nada menos que Margaret Thatcher, a quien Macri le tomó “prestado” aquello de que “no hay alternativa” frente a las políticas ortodoxas que, en términos económicos, despliega nuevamente la Argentina.
Tiene razón Errejón: aún cuando Macri “es de los suyos”, la historia –a contrapelo de los postulados de Thatcher e incluso de Francis Fukuyama– siempre demuestra que hay alternativas al desaguisado social que producen administraciones como las de Rajoy y MM. Por lo pronto, el tan magnificado “volver al mundo” se convirtió apenas en un paraguas de la derecha internacional ante la tormenta perfecta (inflación, despidos, enfriamiento económico, aumento de la brecha entre quienes más y menos tienen, cuestionamientos internacionales a la política de DDHH) que vive nuestro país.
* Politólogo UBA / Analista Internacional.
@jmkarg

23 de febrero de 2017 | Cultura LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL ANUNCIÓ UN PLAN DE ACCIÓN FEDERAL



El estado del sector de la producción de contenidos audiovisuales de origen nacional es "alarmante". Así lo definió el miércoles la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción, y la Industria Audiovisual Nacional durante una masiva conferencia de prensa en la que anunció una "pronta movilización y plan de acción federal" para luchar por la vitalidad del sector. Si bien hace más de un año que se reúnen --desde que advirtieron una baja del más del 50 por ciento de la actividad--, la de esta semana fue la declaración pública más convocante de las entidades agrupadas, que hablaron frente a un auditorio lleno, cortaron la calle, y resolvieron llevar sus demandas al Congreso de la Nación.
El accionar de la Multisectorial comenzó con la preocupación por parte del sector del constante ingreso de producciones extranjeras (latas) a la televisión abierta argentina, en clara competencia dispar, algo que las entidades involucradas vienen denunciando hace meses. Pero la demanda no quedó ahí: a esa situación se sumó la "nula regulación" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de decretos que la modifican y la inacción del poder ejecutivo en pos de la producción local, algo que preocupa aún más a los sindicatos.
Pero el acento de la Multisectorial, y así quedó comprobado el miércoles, está puesto en el debate de lo que sería la nueva Ley de Comunicación Convergente, que el gobierno nacional planea dar este año en el Congreso. "Por lo que ha trascendido de su redacción, (la ley) tendría algunos puntos que dañarían aún más a nuestra industria. El más alarmante es que equipararía la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones, lo que provocaría la imposibilidad del estado de regular los contenidos, no pudiendo así asegurar el derecho de los pueblos a la transmisión de su cultura", alertó en la sede de la Asociación Argentina de Actores Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores. "Tampoco habría regulación de la cuota de pantalla a favor de los contenidos nacionales y se posibilitaría que se pongan en discusión la recaudación de los gravámenes previstos por la ley que nutren los distintos incentivos a las Industrias Culturales",  denunció y aseguró que en esas condiciones estaría en riesgo el reconocimiento del Derecho de Autor e Intérpretes.
   Tal como anunciaron el miércoles los distintos voceros -hablaron Daniel León, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Alejandra Darín, presidenta de Actores, Diani y Pepe Soriano, de SAGAI-, la Multisectorial dividió sus demandas en tres ejes, que son Trabajo, Identidad y Derecho. En esa línea, propuso que una Nueva Ley de Marco Regulatorio para el sector incorpore "una importante cuota de pantalla en la televisión de aire y cable, tal como lo hacen muchos de los países grandes productores de contenidos audiovisuales", "incentivos y fomentos a las productoras y señales que produzcan contenidos en el territorio nacional con trabajadores y artistas locales", y "fuertes gravámenes a las producciones extranjeras que limitan las fuentes laborales de todo el sector productivo, buscando estándares de equidad comercial internacional".
"Es necesario que haya leyes que fomenten, protejan y revaloricen la gran capacidad de trabajo que tenemos y la calidad en lo que hacemos. Hay dos formas de separarnos y son con el hacer, en el mejor de los casos, y el de deshacer, en el peor. Nosotros  elegimos pararnos en el hacer y luchar para que nuestros productos audiovisuales tengan la posibilidad de desarrollarse", contó a Página/12 Alejandra Darín, que confirmó que la Multisectorial hará una movilización, con fecha a definirse, porque "más allá de a los trabajadores que viven de esto, el deterioro en la industria audiovisual perjudica a toda la población".

23 de febrero de 2017 | Sociedad OTRA DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE

Por decreto, Macri vendió 53 propiedades del Estado
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
Franco Spinetta

 El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.
Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en  el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad. 
En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, “sancionada” durante la última dictadura cívico militar. Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra. 
De hecho, la jueza en lo Contencioso Administrativa del Juzgado Nº 19 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Danas, ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa. Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta, luego de que denunciaran que no sólo el edificio poseía valor patrimonial –es un petit hotel de estilo francés- sino que también se ponía en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.
“Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, el Presidente se está arrogando facultades del Congreso, haciendo uso de una norma que perdió vigencia hace más de seis años, constituyendo un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.
Entre los inmuebles que Macri quiere vender hay de todo: residencias de embajadores en el exterior, dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del Conurbano, tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El Ejecutivo quiere enajenar también casi 92 mil m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro, que serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II. La Legislatura porteña ya avanzó con su rezonificación, aun cuando ni siquiera fue subastado, para que una vez vendido el negocio esté al alcance de la mano.
Según los abogados denunciantes, estas tierras están predestinadas para quedar en manos de las “grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias -también amigos del Presidente- y sus socios, como Eduardo Elzstain (dueño de IRSA S.A.) y Nicky Caputo”, quienes ya son propietarios de gran parte de un terreno aledaño conocido como Catalinas Norte, vendido en 2009 por el entonces jefe de Gobierno porteño. 
Durante su jefatura del Gobierno, Macri recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado más de 300 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas. 
En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y sin fecha de reapertura confirmada.
Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.
En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis crónica por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.